Sentencia Penal 8/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 75/2022 de 09 de marzo del 2023

Primero.- Ante todo conviene resaltar que la defensa del procesado en el recurso de apelación interpuesto no cuestiona los hechos probados, ni su calificación jurídico penal, sino que únicamente, en realidad, propugna la exención de su responsabilidad penal, al considerar al procesado inimputable en base al artículo 20, 1ª del CP.

Bien es verdad que con muy discutible técnica jurídica se construyen algunas alegaciones absolutamente improcedentes en el marco de la cuestión controvertida, que es primero de naturaleza fáctica y solo después jurídica.

Por ello debemos descartar de plano las consideraciones claramente inconsistentes relativas a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia que se vierten en la alegación segunda.

Nada de tales vulneraciones se observa. Frente a lo que se afirma en el recurso la actuación del Juzgado de instrucción en el caso durante las primeras diligencias fue absolutamente impecable.

En atención a la naturaleza de los hechos la instructora ordenó el mismo día de los hechos el examen y valoración de la imputabilidad y capacidad de entender y comprensión del investigado y detenido en ese momento, considerando incluso los antecedentes de un posible tratamiento médico, y dicho examen lo llevó a cabo el día siguiente la Médico forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Castilla-La Mancha (Subdirección de Guadalajara) que se encontraba de servicio de guardia, profesional que concluyó en la existencia de una reacción depresiva o DIRECCION003 que aconsejaba una revisión psiquiátrica en profundidad, pero descartando un influjo del mismo en su capacidad de comprensión de la ilicitud de los hechos entendiendo que conservaba su facultades intelectivas y volitivas. Sin embargo, como indicamos, dicho informe ya advertía que era necesario un seguimiento y valoración de tipo psiquiátrico de mayor profundidad, razón por la que la Magistrada del Juzgado de instrucción, muy correctamente acordó realizar el traslado del detenido a la Unidad Psiquiátrica del HOSPITAL000, que tras un examen de tres horas también coincidieron con el criterio de la Médico Forense y su diagnóstico acerca del DIRECCION000 del detenido, pero descartando la influencia del mismo en sus facultades de entendimiento, comprensión y voluntad en relación con la ilicitud de los hechos, que consideró conservaba.

Por tanto, las decisiones adoptadas durante la fase de instrucción que se han mantenido hasta el momento de esta revisión en apelación decretando la prisión provisional comunicada y sin fianza no se revelan como vulneradoras del derecho de tutela judicial efectiva y del derecho de presunción de inocencia, sino que son fruto de unas conclusiones periciales, de las que dispuso la instructora en ese momento, que avalaban su decisión en atención la gravedad de los hechos, calificación jurídico penal previsible y riesgo de fuga y peligrosidad del investigado que además estaba involucrado en una investigación penal en la que no se descartaba en este momento inicial un móvil de las acciones de naturaleza terrorista vinculada a los movimientos de tipo islámico radical, por la analogía de estas conductas con otros hechos ocurridos en otras ciudades europeas en atención al origen del procesado.

Cuestión diferente es que a medida que ha ido avanzando la instrucción y enjuiciamiento de los hechos, hubiera sido preciso decretar un estudio psiquiátrico más profundo, si bien se conformó solo con el de los Forenses del Instituto de Medicina Legal.

No obsta igualmente que esta Sala, tras una revisión y estudio profundo de las pruebas periciales y material del enjuiciamiento difiera de las conclusiones fácticas de la sentencia apelada, como veremos a continuación, pero no porque se hayan vulnerado los derechos fundamentales del procesado sino porque discrepamos de las conclusiones de hecho en relación con la valoración de la prueba a las que ha llegado la Sala en nuestra función de revisión de la segunda instancia y tras reconocer como veremos a continuación que dicha conclusión no ha sido tarea fácil y ha exigido una revisión completa de todo el material probatorio ante la contradicción palpable de las conclusiones de los Médicos forenses y psiquiatras del HOSPITAL000, donde fue inicialmente reconocido el investigado, con las conclusiones y contenido de los informes médico psiquiátricos periciales evacuados durante el juicio, con los conocimientos especializados que aportan los peritos que depusieron en el juicio y elaboraron dichas conclusiones, tras - insistimos - un examen detenido y profundo.

Las decisiones cautelares adoptadas eran necesarias y ajustadas a Derecho con el material de instrucción disponible y la limitación de los derechos que impusieron no cercenó sus derechos fundamentales invocados, que han estado a salvo en la medida en que ha podido proponer pruebas para la defensa de su derecho y acreditar su estado y capacidad de imputabilidad y hacerlas valer en juicio ante el Tribunal que le enjuició, y ante este Tribunal que frente a su decisión ha procedido a revisar dicha cuestión en las demás alegaciones.

Por otro lado, la alegación cuarta invoca determinadas contradicciones que a su juicio se han producido, pero las mismas hay que estimar que se relacionan con su disconformidad con la valoración de las pruebas y por tanto deben canalizarse adecuadamente por la vía de la denuncia del error de hecho en la valoración de la prueba que correctamente se invoca en la alegación primera, que examinaremos a continuación.

Segundo.- Este primer fundamento nos permite centrar adecuadamente la principal cuestión controvertida que parte de una disconformidad de la defensa del procesado con la valoración de la prueba y con la denuncia de un error en la valoración probatoria.

Concretamente la discrepancia del recurso se centra en la denuncia de un error en la valoración de los diferentes medios de prueba practicados en el juicio en orden a la imputabilidad del procesado, pues la defensa invocaba e invoca la concurrencia de una eximente completa por la concurrencia de la circunstancia prevista en el nº 1 del artículo 20 del CP.

Ello nos obliga primero a recordar en síntesis la doctrina que sobre las facultades de revisión de la prueba en la segunda instancia ostenta este Tribunal que hemos fijado en diversas sentencias.

Venimos resaltado que existe una limitación clara cuando se trata de sentencias absolutorias. En estos casos, si lo que se pretende es impugnar la sentencia con base al error en la apreciación de la prueba únicamente es posible de acuerdo con lo establecido en el artículo 792.2 de la LECRIM en aquellos casos como señala el artículo 790. 2 en que se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o alguna de las pruebas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada, en cuyos casos únicamente cabe la nulidad de la sentencia, pero no una sentencia condenatoria o de agravación del fallo, y ello porque se estima que un pronunciamiento de esta naturaleza solo puede hacerse tras haber oído al acusado y presenciado con inmediación las pruebas practicadas.

Nada dice específicamente la LECRIM sobre el recurso de apelación frente a sentencias condenatorias cuando se alegue el error en la valoración de la prueba. Pero se viene abriendo paso en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo la tesis de que "cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena el tribunal ad quem dispone de plenas facultades revisoras. Así lo afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2022 ( ROJ: STS 1938/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1938 ) en la que se señala que

El efecto devolutivo transfiere también la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena, como sostiene el apelante, sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia. Afirmación de principio que solo permite una ligera modulación cuando se trata del recurso de apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado.

Este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia.

La STC 184/2013 ya lo destacaba:

"El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba (...) pues toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior y a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. (...). Negarse a ello, como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002 , no solo revela el déficit de motivación aducido y de incongruencia con sus pretensiones, sino, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria".

La inmediación no puede convertirse por ello en blindaje frente al control de la valoración de la prueba pro reo en apelación. "La inmediación -y volvemos a tomar prestado el discurso de la STS 136/2022 - constituye, solo, un medio o método de acceso a la información probatoria. La inmediación nunca puede concebirse como una atribución al juez de instancia de una suerte de facultad genuina, intransferible e incontrolable de selección o descarte de los medios probatorios producidos en el plenario. Ni puede confundirse, tampoco, con la valoración de la prueba, desplazando las exigentes cargas de justificación que incumben al juez de instancia. La inmediación no blinda a la resolución recurrida del control cognitivo por parte del tribunal superior.

Por otro lado, como se señala en las sentencias del TS núm. 431/2020, de 8 de septiembre y 275/2020, de 3 de junio , con remisión a la sentencia núm. 162/2019, de 26 de marzo , "mientras que en el recurso de casación la revisión del juicio fáctico de la sentencia de instancia se puede realizar a través del análisis de la presunción de inocencia (artículo 852), del error en la valoración de la prueba basado en documentos literosuficientes (artículo 849.2) y por defectos de forma de la sentencia (artículos 851.1º y 2º), el ámbito del recurso de apelación es más amplio. En apelación, además de la posible invocación de la presunción de inocencia y de cualquier defecto de forma de la sentencia, se puede combatir el relato fáctico a través de la invocación del error en la valoración de la prueba, cuya justificación no se ciñe o limita a la valoración de documentos literosuficientes. En apelación el error puede derivarse no sólo de documentos sino de cualquier prueba y de su valoración conjunta.

Indicábamos en la citada sentencia en relación al régimen de apelación regulado en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , aplicable al recurso de apelación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales competencia del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que éste "se configura como una verdadera segunda instancia, de modo que el Tribunal superior puede controlar de forma efectiva " [...] la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto [...]" ( STC Pleno 184/2013 de 4 nov . FJ7, con cita de otras SSTC).

En principio y con determinadas limitaciones, el Tribunal de apelación está en la misma posición que el juez 'a quo' para la determinación de los hechos a través de la valoración de la prueba, para examinar y corregir la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia y para subsumir los hechos en la norma ( STC Pleno 167/2002, de 18 de septiembre y STC Pleno 184/2013, de 4 de noviembre FJ 6º).

Así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en muchas sentencias de las que destacamos por su claridad la sentencia 157/1995, de 6 de noviembre , afirmando sobre el recurso de apelación que "existen varias modalidades para los recursos y entre ellas la más común es la apelación, cuya naturaleza de medio ordinario de impugnación está reconocida por todos y conlleva, con el llamado efecto devolutivo que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. En tal sentido hemos explicado muchas veces que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium" ( SSTC 124/83 , 54/85 , 145/87 , 194/90 y 21/93 )".

Esa facultad deriva del derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, que controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( SSTC 70/2002, de 3 de abril , FJ 7 ; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2 ; y 136/2006, de 8 de mayo , FJ 3).

Ese derecho está consagrado en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ratificado por España el 28 de agosto de 2009) y que forma parte de las garantías del proceso justo consagradas en el art. 24.2 CE (por todas, SSTC 42/1982, de 5 de julio , FJ 3 ; 76/1982, de 14 de diciembre , FJ 5 ; 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 5). (...)

Ahora bien, siendo cierto que la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación."

En el mismo sentido STS, Penal 1 del 12 de enero de 2022 ( ROJ: STS 87/2022 - ECLI:ES:TS:2022:87 ) al tratar de las facultades del Tribunal de apelación en relación con este tipo de recurso señalaba en relación con el error en la apreciación de la prueba la existencia de " dos planos distintos, uno dependiente de la inmediación, como es lo relativo a la percepción personal de la prueba, propio del tribunal que la presencia, y otro el control sobre la valoración de esa prueba realizada por el tribunal inferior, a través de la vía del recurso, por parte del tribunal superior, ajeno a la percepción sensorial, de ahí que la estructura racional del discurso valorativo quepa revisarla con ocasión del recurso, en que el visionado del juicio puede ser utilidad."

"Si como consecuencia de ese control no se supera el juicio de revisión, el visionado del juicio adquiere un papel de relevancia de cara a la conformación de un nuevo relato histórico, base de la sentencia absolutoria que se dicte por estimación del recurso de apelación. No se trata, pues, de que el tribunal de apelación, sin más, imponga la valoración de la prueba que el mismo pueda realizar sobre la que realizó el tribunal a quo, sino de que, no superado el juicio de revisión, rectifique el relato histórico tras el examen de lo actuado, en que no cabe ignorar la importancia del visionado del juicio."

En definitiva, como hemos señalado en diversos pronunciamientos (por ejemplo en la reciente STSJ, de esta Sala de fecha 29 de julio de 2022 ( ROJ: STSJ CLM 2315/2022 - ECLI:ES:TSJCLM:2022:2315 ) cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio, y que dicha valoración de acuerdo con la motivación fáctica expuesta por la Sentencia no incurre en arbitrariedad, errores palmarios, o inexactitudes incompatibles con las reglas de valoración de los diferentes medios probatorios practicados y se acomoda a las exigencias de la lógica y de las máximas de experiencia; para ello puede tenerse en cuenta en un aspecto puramente objetivo de constatación el acta del juicio de acuerdo con la grabación aportada bajo la fe pública. En dicha tarea han de quedar a salvo las apreciaciones subjetivas que dependen estrictamente de la percepción sensorial de acuerdo a la inmediación. En el caso de que no se supere ese filtro y se aprecie la existencia de errores o inexactitudes o una arbitrariedad en la valoración puede el Tribunal de apelación establecer sus propias conclusiones fácticas y sustituir los errores cometidos por el Tribunal a quo.

También hemos declarado en diversas ocasiones que en la segunda instancia, salvo que tenga lugar la practica nueva prueba, habrá de darse primacía a la valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia, especialmente de desde el punto de vista subjetivo, cuando se trate de pruebas de naturaleza personal sometidas a los principios de inmediación y contradicción cuando hayan sido valoradas conjuntamente siempre que se compruebe que la estructura racional de los juicios del Tribunal a quo es coherente, racional y concuerda con el resultado de tal prueba, de acuerdo con el contenido del acta videográfica del juicio oral, sin poder sustituir sus conclusiones fácticas obtenidas de manera conjunta por pura disconformidad salvo que se compruebe la existencia de errores palmarios o se observen conclusiones contrarias a la experiencia, a la lógica o a la razón o se infrinjan las reglas o principios que rigen constitucional o legalmente la valoración de las pruebas. Sentencia de 20 de Febrero de 2020 que sigue la doctrina de otros precedentes de esta misma Sala de 25 de octubre de 2017 (ROJ: STSJ CLM 2388/2017 -ECLI:ES:TSJCLM:2017:2388) y del 15 de noviembre de 2017 (ROJ: STSJ CLM 2647/2017 - ECLI:ES:TSJCLM:2017:2647), del 03 de abril de 2018 (ROJ: STSJ CLM 733/2018 - ECLI:ES:TSJCLM:2018:733) y de 9 de Abril de 2019 (ROJ STSJ CLM 1411/2019 - ECLI:ES:TSJCLM:2019:1411). Y en las más reciente STSJCLM, 1 del 09 de marzo de 2022 ( ROJ: STSJ CLM 592/2022 - ECLI:ES:TSJCLM:2022:592 ) y 29 de julio de 2022 ( ROJ: STSJ CLM 2315/2022 - ECLI:ES:TSJCLM:2022:2315 ).

Tercero.- Partiendo de la anterior doctrina hemos de resaltar que esta Sala no trata de sustituir por una mera decisión subjetiva sobre el resultado de los medios de prueba practicados en la instancia la tarea realizada al respecto por el Tribunal sentenciador, sino de dar una respuesta lo más ponderada posible a una cuestión nada fácil desde el momento en que como hemos dicho se enfrentan dos opiniones periciales netamente contrapuestas sobre la imputabilidad del sujeto activo del delito al detectar una contradicción interna importante en el propio razonamiento de la sentencia apelada, que nos lleva a revisar en profundidad todo el material probatorio en su conjunto llevando hasta sus últimas consecuencias el efecto devolutivo del recurso de apelación.

En efecto, tenemos que resaltar que el Tribunal a quo se apoya en el resultado de tres medios de prueba fundamentales.

En primer lugar la declaración testifical de la Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de DIRECCION004 que atendió en su consulta al procesado el mismo día de los hechos. Se trata de la Doctora D Noemi, que - recogiendo las referencias de la sentencia de instancia - manifiesta que es paciente suyo y acudía a su consulta periódicamente, desde hacía muchos años, para cuestiones de salud habituales. No obstante, admite que "en el 2016 acudió con un tratamiento de depresión que le habían puesto en Marruecos"; "no traía informe alguno, sino unas cajas con pastillas"; "un tratamiento antidepresivo" y ella "le remitió para que le valoraran si había depresión a la unidad de psiquiatría", que le refirió que estaba "bajo de ánimos y en esa consulta le receto fluoxetina y le remitió a psiquiatría". "No consta que acudiera a dicha consulta". "Que en la semana de los hechos asistió al procesal, presentaba problemas urológicos, acudió con su hermano; le diagnostico prostatitis y el citó para revisión." "Acudió el día 26 de marzo en la mañana de los hechos, y le refirió que llevaba unos días con ánimo bajo y se quejó del sueño por problemas laborales y familiares. No tenía ganas de hacer cosas, pero estaba bien a nivel cognitivo; que no apreció alguna alteración psicopatológica, solo un DIRECCION003 y le pautó un depresivo, le dijo que empezara con media pastilla y después con una, escitalopram 10 mg; "que desde que le pautó fluoxetina no le siguió en el tratamiento, porque no fue más. Nos dice que no tenía ideas delirantes ni pensamientos recurrentes, que estaba bajo de ánimo y se quejaba de ello. Ella en ningún momento refirió a la Guardia Civil que fuera un paciente con esquizofrenia; ella diría que hicieran una valoración, que ella no había hecho ni otro especialista tampoco. Refiere que tenía un DIRECCION003 y ella trata la patología leve. No tenía ideas de autolesionarse ni de hacer ni hacerse daño.

Por su parte, en segundo lugar, y lo más importante los médicos forenses, adscritos al IML con Carné profesional número C.I. NUM000 y C.I. NUM002 se ratifican en su informe forense que obra en las actuaciones, Ac. 526 en donde concluyen que: " Torcuato, en el momento de los hechos no presentaba alteraciones en la esfera intelectiva y volitiva que conduzcan a una disminución de su responsabilidad, no existiendo circunstancia psicopatológicas indicativas de una alteración o trastorno psíquico con naturaleza suficiente como para incidir y modificar la comprensión de los hechos o en poder actuar conforme a esa comprensión".

En relación con este dictamen la Sala también resalta que una vez ocurridos los hechos, nada más pasadas unas horas, fue explorado por la Médico forense de Guardia, que emite su informe (Ac 13), en donde concluye con un diagnóstico de " DIRECCION003. Pero con tres conclusiones precisas= 1.- Que, comprende la ilicitud de los hechos y no presenta alteraciones que le impidan actuar en consecuencia.= 2.- Que, en el momento actual no presenta signos agudos que requieran asistencia médica de urgencias, ni alteraciones psicopatológicas que le impidan declarar.= 3.- Que, dada su falta de seguimiento por el diagnóstico referido, es aconsejable que sea valorado por el servicio de Psiquiatría para mayor profundidad".

Es por ello que siguiendo lo indicado por la Médico forense de Guardia, el Juzgado ordenó que fuera trasladado al día siguiente (27 de marzo) para valoración por especialistas de la Unidad de Psiquiatría del HOSPITAL000 ( Ac. 293) que en su informe concluyó que el paciente " tranquilo y colaborador" conservaba "capacidades cognitivas y volitivas y no presenta ideación autolítica o psicopatología aguda que por sí solas expliquen los hechos descritos o que pudieran beneficiarse de ingreso en Psiquiatría". Este es el tercer elemento de prueba aducido por la sentencia apelada para llegar a sus conclusiones.

Con base en estos elementos probatorios, y en especial la exploración inmediata realizada en el momento de los hechos por los profesionales médicos que le atendieron y especialistas en Psiquiatría así como Médico forense de guardia, la sentencia apelada considera que no se ha probado que el acusado estuviera afectado por padecimiento que alterase su capacidad de comprender y actuar de acuerdo con su compresión; pues lo cierto es que los mismos "no detectan anomalía alguna capaz de anular su capacidad intelectual y volitiva".

Descarta totalmente el valor probatorio del dictamen presentado a instancia de la defensa por el Doctor D Pedro Enrique, que no merece credibilidad a la Audiencia Provincial por considerar que su examen y dictamen carece de la "proximidad entre lo sucedido y el examen del acusado", frente a los dictámenes forenses.

A lo que añade el comportamiento del acusado "después de llevar a cabo los atropellos", pues el mismo "salió corriendo del lugar de los hechos y no presentaba alteración alguna, más allá de la comprensible a tenor de lo sucedido, pues se le practicó el test de alcohol y sustancias por la Guarida Civil, resultando negativos y las personas que lo retuvieron dicen que sabía lo que había hecho".

Pues bien, como hemos anticipado la primera objeción que encuentra la Sala a este razonamiento es la contradicción que contiene la fundamentación de la sentencia apelada en relación con la valoración del resto de las pruebas.

Primero y principalmente con del dictamen o pericia solicitada al Médico Psiquiatra del Centro Penitenciario Madrid 2 donde ha estado ingresado el procesado durante toda esta fase de prisión preventiva desde que le ha asistido a los pocos días de producirse dicho ingreso. Se trata de dictamen del Doctor D Agapito, incorporado a petición de la defensa en su escrito de conclusiones provisionales y que ha sido ratificado y ampliado de forma plenamente convincente en el juicio oral, teniendo oportunidad esta Sala - que ha revisado todo el juicio oral - de examinarlo en profundidad.

Lo primero que se advierte - como hemos dicho - es que la Sentencia apelada acepta sus conclusiones.

Así en el fundamente de derecho tercero declara con base al mismo " que el acusado que padece una enfermedad mental grave de naturaleza crónica" y que "en las sucesivas revisiones se constató DIRECCION003, la existencia de DIRECCION000 con alteraciones de la percepción y del pensamiento, con ideación delirante cronificadas que, según manifiesta las presentaba desde hace muchos años",

Son frases que recoge la sentencia del informe escrito de dicho perito remitido al Tribunal con fecha 21 de septiembre de 2022.

Y decimos que llama la atención porque la plasmación en la sentencia de un juicio clínico diagnóstico que admite una enfermedad mental de DIRECCION003 y DIRECCION000, de tipo "crónico" que - acepta siguiendo ese dictamen - padecida durante varios años y que califica de "grave", resulta claramente contradictoria con la afirmación que se deduce de las conclusiones derivadas del examen de las anteriores pericias y pruebas médicas donde se alude simplemente a una DIRECCION003" que no guarda relación con los hechos enjuiciados y conducta criminal atribuida o imputada, y las afirmaciones de que durante los mismos el procesado conservaba su percepción y capacidad de comprensión y voluntad.

Es más resulta contradictorio dicho juicio clínico - admitido - transcribiendo literalmente párrafos o expresiones literales pronunciadas por dicho Médico Psiquiatra durante su dictamen en el juicio con la conclusión fáctica alcanzada en los hechos probados, en los que no se da cabida a dicho diagnóstico, recogido expresamente en el Fundamento de derecho citado de la sentencia, sino que por el contrario se relaciona en los hechos probados con "una depresión leve que afectaba, ligeramente, su capacidad intelectual y volitiva sin llegar a anularla total o parcialmente", dando lugar a una atenuante analógica de alteración en la percepción.

En otras palabras, no se compadece el reconocimiento de un juicio clínico que lleva a admitir un trastorno mental grave de tipo DIRECCION003 con DIRECCION000 de tipo crónico con una DIRECCION003 y menos derivar de ella una alteración de tipo leve por analogía con el artículo 20, 1ª del CP.

Detectada esa contradicción clara e insalvable, se hace obligado sustituir la primacía de la valoración inmediata de las pruebas personales practicadas en el juicio a través de la revisión del acta grabada del juicio, y en particular primero que nada de las pruebas periciales practicadas, y en particular el dictamen del citado Psiquiatra del Centro Penitenciario, profesional cualificado y experimentado que ha podido valorar y tratar al procesado, interno preventivo en el Centro Penitenciario, durante varias sesiones que se reflejan en el expediente o historia clínica remitida.

Basta seguir con atención su informe para llegar a la convicción de su acierto y rigor.

Ante todo resalta la dificultad de diagnosticar el trastorno mental del procesado, que considera cronificado y que no pudo establecer en las primeras entrevistas pues si bien en el historial y en ellas no pudo apreciar la DIRECCION000, porque el paciente se mostraba reservado, introvertido y ocultaba información, precisamente por esa ofuscación y delirios de tipo persecutorio, esos síntomas fueron apareciendo posteriormente y permiten establecer la conclusión y diagnóstico de DIRECCION003, o DIRECCION000, que llevó a la inclusión del procesado en el programa de tratamiento de enfermos mentales graves denominado PAIEM.

Precisamente el Psiquiatra del centro Penitenciario fue interrogado por el Ministerio Fiscal sobre la posibilidad de que este trastorno no existiera en el momento de realizar los hechos y se le puso de manifiesto el juicio de los Psiquiatras del Hospital y de la Médico forense de guardia en cuanto a la no apreciación de DIRECCION000 y se le preguntó si a la vista de estos dictámenes pudiera ocurrir que el procesado conservara sus capacidades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos, y sus razonamientos fueron a juicio de esta Sala contundentes pues sin perjuicio de señalar que sus conclusiones tienen una naturaleza clínica, motivada por el tratamiento médico psiquiátrico dispensado al paciente en el Centro Penitenciario, señala que estamos ante un DIRECCION000 que produce alteraciones en el pensamiento y en la voluntad del paciente, de naturaleza crónica y muchos años de evolución, constando antecedentes en su historia que lo refieren ya al año 2016, y que por la tipología del mismo, debía existir en el momento de los hechos, aunque por esa actitud de perjuicio y reservada o introvertida del sujeto no se revelara la DIRECCION000 en las exploraciones realizadas por los Médicos forenses y psiquiatras del Hospital, datando el síndrome con un origen o antigüedad de varios años y por su puesto existente en el momento de los hechos. Por otro parte, dado el tipo de trastorno considera que el mismo persistía durante la realización de los hechos y lo relaciona con los mismos pues ya cuando le examina en el Centro Penitenciario se encontraba descompensado por lo que es lógico pensar que se encontrara descompensado en el momento de llevar a cabo la conducta por la que es enjuiciado, y a su juicio esta patología produce una alteración grave considerando anuladas o alteradas gravemente sus facultades mentales. Es verdad que ese juicio no se hace o proyecta sobre la conducta concreta enjuiciada, sino que tiene una naturaleza clínica pero sus afirmaciones permiten lógicamente establecer esa conclusión.

Por otro lado como sostiene el informe del citado psiquiatra no es extraño que esa DIRECCION000 pasara desaparecida durante las entrevistas y exámenes que realizaron la Médico forense - una única entrevista cuya duración no consta y que complementó con otra entrevista por video conferencia posterior para realizar el informe sobre imputabilidad - y los Psiquiatras del HOSPITAL000, en un examen de unas tres horas desde que ingresó en dicha unidad hasta su salida, sin que ello suponga - a juicio de este Tribunal - un demérito o descalificación del trabajo al de estos profesionales sino la evidencia de la necesidad de un examen y estudio más profundo para llegar al diagnóstico expuesto que por su calidad expositiva profesional y en cuanto resultado de un seguimiento prolongado evidencia a juicio de esta Sala la necesidad de corregir el juicio de hecho erróneo de la Sala de instancia.

Por consiguiente, ese dictamen fundamenta la conclusión fáctica de que el procesado padecía en el momento de los hechos una enfermedad grave de tipo crónico de la que se encontraba descompensado por una falta de tratamiento adecuado con DIRECCION000 que anulaba claramente su capacidad de entender y querer.

Ahora bien esta conclusión no es fruto de un solo dictamen sino que este dictamen viene avalado o corroborado además por otras pruebas.

En primer lugar, por el dictamen pericial también de un Médico Psiquiatra especializado, el Doctor D Pedro Enrique, con conclusiones y estudio, a no descartar por el hecho de tratarse de una pericial aportada por la defensa, fundamentalmente porque dichas conclusiones y estudio concuerdan con las de un Psiquiatra profesionalmente idóneo y preparado por su inserción en el sistema público de Instituciones Penitenciarias, y que a juicio de esta Sala no es posible rechazar por el simple hecho de que su examen esté distanciado respecto de la data de los hechos a diferencia de los informes de los forenses y de las conclusiones de la Doctora del Centro de salud - médico de cabecera - que le atendía en su consulta y que le examinó el día de los hechos.

Por el contrario, tras revisar su contenido y exposición en el juicio oral, esta Sala considera que su contenido constituye cuando menos una corroboración razonada, extensa y pormenorizada del juicio clínico que sobre la enfermedad mental padecida por el procesado hemos detallado.

En efecto, en el mismo se cataloga de forma coincidente dicho proceso patológico como un DIRECCION000, que califica de DIRECCION000 (F22. 9 de la CIE-10) con DIRECCION003 versus DIRECCION001 (F25.0 de la CIE-10), de naturaleza grave, que por la ausencia de tratamiento, ha llegado a alcanzar un alto grado de severidad, y que a su juicio ha influido claramente en relación causal con su conducta en los hechos enjuiciados, resaltando la insensatez y despropósito de dichos actos, y la ausencia de toda motivación racional propia de los estados psicóticos, lo que determina que las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto estuvieran plenamente anuladas en el momento de los hechos.

A juicio de la Sala la metodología del informe es particularmente acertada por cuanto además de la entrevista realizada al informado y examen de toda la documentación e historias clínicas se ha recabado información complementaria importante a su familia, su mujer ( Estibaliz), su hermano, ( Pedro Miguel), y dos de sus sobrinos, ( Abilio y Adriano),

De acuerdo con esta información familiar se refieren antecedentes de DIRECCION000 de muchos años atrás, que sitúan hace 23 años, y que se manifiestan por ejemplo cuando nace su hija, hace 13 años, y comenzó el delirio de que le habían cambiado a su hija cuando nació, pero que son numerosos, y variados y dan origen a pensamientos e ideas delirantes y de perjuicio recurrentes, por ejemplo que los demás se reían y hablaban de él.

Toda esta DIRECCION000 se recrudece desde hace 5 años; siendo desde entonces que el informado relata como empieza a desarrollar una percepción delirante consistente en la sensación de que sus testículos decrecen; circunstancia que interpreta delirantemente, manteniendo la convicción de que le han envenenado y asegurando que la gente se ríe de él por este motivo.

Con motivo de este recrudecimiento sintomático, en agosto de 2016 es atendido por su Médico de Atención Primaria en el Área Integrada de Atención Primaria Turriano, quien diagnóstica " DIRECCION003" según confirma el dictamen pericial examinado y pauta medicación antidepresiva (fluoxetina). Además, es derivado a Psiquiatría, pero no llega a acudir a la primera cita, pues según afirma la familia coincidió en un momento de recrudecimiento delirante y el informado no se atrevía a salir de su casa: "Cuando está mal no puede conducir porque le da miedo. No sale de casa. Se queda paralizado."

Por otro lado, según refiere su familia, le ha costado mucho mantener un empleo, "no por ser mal trabajador, sino por sus paranoias ya que creía que la gente iba a atentar contra él y que hablaban de él cuando estos se reunían...cree que le quieren envenenar". Relatan que: "Es callado y apartado. Prefiere estar en su burbuja, en su mundo. Muy reservado. Evita tener contacto con gente con la que no conoce. Siempre piensa que le están mirando y que hablan mal de él".

Durante el último año, a raíz del estado de alarma, su familia describe como este status paranoide se incrementa aún más:

- "Empezó a trabajar en la agricultura y tenía una manía persecutoria con la guardia civil, él se dirigía a su trabajo y cada vez que veía un control le daba ansiedad, pensaba que solo estaban ahí para vigilarle a él, que le perseguían y que por la noche le vigilaban";

- "Cuando estaba trabajando e iban a comer, él no se comía su bocadillo porque pensaba que sus compañeros le habían echado alguna sustancia."

- "Cuando había gente pasando y charlando pensaba que hablaban sobre él y que iban a atentar sobre su persona."

Durante los últimos días previos a los hechos el informe refiere que "La familia describe que durante la semana previa a los hechos se instaura una clínica que correspondería con una PSICÓSIS AGUDA DE CARACTERÍSTICAS GRAVES: "empezó con la paranoia más grave, empezó con que le dolía la cabeza, los testículos y la tripa. La noche del domingo no durmió absolutamente nada; veía gente colándose en su casa, y su mujer no veía a nadie, el afirmaba que sí que los veía entrar que estaban escondidos en el baño, pero en realidad no había nadie, veía un coche parado enfrente de su casa y pensaba que ahí estaban vigilando. Toda esa semana se quedó sin dormir vigilando por la ventana con un hacha en la mano pensando que en cualquier momento le iban a entrar."

La madrugada del 22 de marzo de 2021 el informado le comenta a su mujer que "está entrando gente por la ventana, me van a quitar niños, la guardia civil me va a quitar a los niños, hay espías de Mohamed VI que me están vigilando, hablan de mi...". Es entonces cuando, según relata su hermano Pedro Miguel, su esposa se pone en contacto con él, quien le lleva a las urgencias del HOSPITAL001 a la 7 de la mañana del 23 de marzo, donde afirma que no le atendieron y le derivaron al Centro Atención Primaria Turriano. Su hermano acompaña al informado al Médico de Atención Primaria, a la cual (según afirma el hermano) se le explicó toda la problemática insistiendo de la gravedad, si bien la doctora solamente recoge en la anamnesis que "refiere desde hace 1 semana molestias miccionales y dolor en zona pélvica, que impiden mantener relaciones sexuales", diagnosticando de "prostatitis aguda" y pautando tratamiento con antibiótico (ciprofloxacino) y antiinflamatorios (Enantyum).

El 25 de marzo, relata su hermano Pedro Miguel que vuelve a su casa por la tarde para ver cómo se encontraba: "Le encuentro fatal, me quedo con él hasta las 12 de la noche. Se enfada y se sube a la habitación. Teníamos miedo de que se suicidase.". Además, afirma que le comentó: "están entrando por la ventana, ahí está la marca...soy un guarro, me están engañando en mi propia casa".

Al día siguiente, la mañana del viernes 26 de marzo, a las 10:20 horas, acude de nuevo con su mujer a las urgencias al Centro Atención Primaria Turriano, donde es diagnosticado de " DIRECCION003" y se le pauta tratamiento con medicación antidepresiva y medicación hipnótica: "ESCITALOPRAM STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG, Posologla: 1.0 / 24H, Durante: 56: Dlas + MELATONINA antes de acostarse". Además, en la Historia Clínica del informado también se refleja: "Anamnesis. Mejoría de sd. prostático, NO FIEBRE ; pero hoy acude con su mujer y refiere que desde hace 15 días está más triste , llora frecuente porque piensa mucho sobre su familia -> mujer y cuatro hijos , el actualmente está parado y trabaja su hijo mayor media jornada. Exploración. bajo ánimo , baja autoestima , le cuesta levantarse de la cama , iniciar tareas como ir a centro de educación de mayores, donde acude su mujer , poco apetito , insomnio de conciliación y de s despertares frecuentes; No ideas de autolesionarse , ni de suicidio".

Su mujer relata que, aproximadamente a las 13 horas de la tarde del 26 de marzo, "se tomó la medicación y empezó a sentirse alterado en casa (daba vueltas por la casa y a llorar) ... horas después ocurrió el accidente". Por su parte, el informado, mantiene que no recuerda nada respecto a los hechos, que lo último que recuerda es que antes de coger el coche "estaba como volando".

La información expuesta en su esencia coincide, con la facilitada por los familiares del procesado que han declarado en el juicio confirmando los antecedentes de la enfermedad que son particularmente significativos y cuyas declaraciones merecen también a esta Sala credibilidad tras revisar el contenido de sus declaraciones testificales realizadas en el plenario. Desde nuestro punto de vista tienen un valor corroborador de los antecedentes expuestos por el referido informe y se corresponden con otras declaraciones a las que ahora nos referiremos de testigos que han depuesto en el acto del juicio.

En efecto, tanto los testigos que retuvieron al acusado tras detenerse el vehículo, una vez cometidos los atropellos y circulación temeraria por las calles de Yunquera de Henares, y salió del mismo corriendo, de un lado Mateo, y Moises, como de otro lado, los dos agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar nada más producirse aquellos hechos y se hicieron cargo del acusado, confirman que hablaba y decía cosas incoherentes, como culpando a la Guardia Civil de lo sucedido insistiendo que "le habían quitado a sus hijos", lo que confirma que estaba padeciendo un DIRECCION002, el mismo que refiere a la Médico Forense en la primera entrevista.

Por tanto, estas referencias testificales no pueden avalar la conclusión de la sentencia apelada de que no presentaba alteración ninguna, pues es obvio que refería constantes incoherencias que corresponden con las DIRECCION000 de las que ha sido diagnosticado por los anteriores informes, de donde se puede inferir racionalmente de acuerdo con los mismos y estas corroboraciones que su conducta está determinada por dicha alteración psíquica.

Por tanto, a la vista de todo ello esta Sala acepta y concluye en la concurrencia del error fáctico referido en la valoración de la prueba con estimación del motivo del recurso interpuesto al amparo del artículo 790. 2 de la LECRIM, modificando las conclusiones fácticas en los hechos probados de acuerdo con las afirmaciones que hemos recogido, en el sentido de que el procesado en el momento de realizar los hechos padecía " un DIRECCION003 considerado grave y de tipo crónico y persistente y DIRECCION000 que alteraba gravemente sus facultades y capacidad de entender y querer anulándolas totalmente".

Cuarto.- Consecuencia de la aceptación del error de hecho en la valoración de la prueba y de la modificación del relato de hechos probados, resulta obligada la estimación del motivo del recurso que por infracción de ley se articula en la alegación Tercera del recurso, por no aplicación de la eximente completa regulada en el artículo 20, 1ª del CP pues es patente que dicha alteración de las facultades mentales, en la capacidad de pensamiento y de la voluntad es plena y grave y anula totalmente la imputabilidad del sujeto activo del delito.

En efecto se trata de un trastorno o alternación psíquica, que se ha calificado de grave, de DIRECCION000, caracterizado por la existencia de una base patológica profunda y crónica que además por falta de tratamiento se ha agravado, y encaja plenamente en la noción de DIRECCION000 con cabida por tanto en las anomalías o trastornos que conforme a dicho precepto dan soporte a la eximente completa, por cuanto concurren los dos requisitos exigidos por la jurisprudencia ( Sentencias 51/93, de 20 de Enero, 1400/99 de 9 de Octubre, 2006/2002 de 3 de diciembre, 251/2004, de 26 de Febrero, 962/2022 de 15 de diciembre entre otras muchas) para que tenga incidencia sobre la imputabilidad, por un lado, tenga una causa biopatológica como es el caso, al tratarse de una anomalía considerada como enfermedad mental grave de DIRECCION000 y desplegar un efecto psicológico o psíquico sobre la imputabilidad del sujeto, al anular o afectar de forma grave la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar su comportamiento con arreglo a esa comprensión, esto es, se concluye en una relación causal entre la alteración o anomalía psíquica y los hechos realizados o cometidos por el procesado, lo que determina la apreciación de la eximente completa invocada o solicitada por la defensa.

Por consiguiente, procede declarar exento de responsabilidad penal al procesado y, dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas, y conforme a lo establecido en el artículo 101, 1 del CP imponerle la medida de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se ha apreciado, establecimiento a determinar por el Tribunal sentenciador, y preferentemente público y si existiere y fuere adecuado, de la Administración de Instituciones Penitenciarias, por un tiempo que no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable que coincide con el fijado por la Audiencia Provincial cuya penalidad en función de la calificación jurídico penal no se ha discutido o cuestionado, esto es, OCHO AÑOS NUEVE MESES Y UN DÍA.

Y todo ello, sin perjuicio de las facultades del Tribunal sentenciador del artículo 97 del CP, valorando en su caso especialmente las medidas de libertad vigilada y de privación del permiso de conducir por el tiempo que estime necesario.

Además el Ministerio Fiscal podrá - una vez firme - en defecto de la familia promover las medidas de apoyo a personas con discapacidad que considere necesarias.

En cuanto a la responsabilidad civil la exención de la responsabilidad civil ex delicto no tiene eficacia alguna, por cuanto conforme a lo establecido en el artículo 118, 1. Regla 1ª son igualmente responsables civiles los declarados exentos de responsabilidad penal en el caso de este tipo de exención, y si bien se puede declarar la responsabilidad civil de quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte, no existe base a la vista de las circunstancias fácticas concurrentes para que entre en juego este tipo de responsabilidad complementaria, ni existe una base para atribuir ese apoyo legal o de hecho ni se ha conferido audiencia al efecto a los familiares en su caso a los que se pudiera considerar que ostentaran de hecho ese apoyo.

Tampoco la exención de responsabilidad penal modifica la responsabilidad civil directa de la Compañía Aseguradora, declarada en sentencia.

Quinto.- Por lo expuesto procede la estimación del recurso de apelación, sin que por dicha razón sea posible condena en las costas procesales de esta alzada, y con declaración de oficio de las de la primera instancia o juicio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecede; siendo Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Vicente Manuel Rouco Rodríguez;