Sentencia Penal 360/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 543/2023 de 10 de octubre del 2023

PRIMERO.- La representación procesal del acusado Artemio en el juicio oral seguida ante la Audiencia Provincial que da lugar a esta alzada impugna tal resolución basando su discrepancia, en síntesis, en los siguientes argumentos:

PRIMERA Y ÚNICA. RECURSO DE APELACIÓN.

Señalaba que el error en la apreciación de la prueba, la infracción del principio constitucional de presunción de inocencia, la vulneración del derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 de la Constitución se ponían de manifiesto en este caso en que no había quedado probado en ningún momento la autoría de los hechos imputados al acusado.

La valoración que se realiza parte de la única prueba con la que se cuenta que es la declaración de la supuesta víctima que presentó una denuncia en febrero de 2019 afirmando que en junio de 2018, 9 meses antes, sin ninguna posibilidad de obtener restos o muestras, sufrió una agresión sexual y de forma continuada abusos sexuales. En su declaración en el plenario dice que le tocaba los glúteos de forma descarada en clase, pero nadie lo ve y que la llevó en su coche en 4 o 5 ocasiones (ni tiene coche ni carnet de conducir) metiéndole mano y llegando a tocarle la vagina, habiéndola violado en el mes de junio de 2018 en un descampado al que la llevó.

Que dicho testimonio era emotivo actualmente, pero que distaba mucho del que prestó inicialmente en el Juzgado de Instrucción, declaración que hizo sin tal emotividad, sin lloros o sollozos.

Y que el relato que hace de lo ocurrido en junio de 2018 es imposible porque, como resulta fácil de imaginar, al usar los dos brazos no pudo bajarle los pantalones y ropa interior, aparte de no poder acceder a ella por la diferencia de altura ya que el mide 1,80 de estatura y ella 1,50.

Es inverosímil, además, que luego volviera a dar clases con su agresor como si nada hubiera ocurrido en los tres meses siguientes, no tratándose de una clase obligatoria de baile y habiéndole denunciado por despecho al no dejar a su pareja y sentirse atraía por él. Todos los testigos y peritos son de referencia, sin que se haya comprobado la existencia de restos o huellas de lo que dice que ocurrió al ser imposible por el tiempo pasado, habiendo pasado más de 4 años para celebrar un juicio con paralizaciones de más de 1 año y refiriendo las periciales que la denunciante tenía trastornos previos a los hechos, debiendo aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal.

El Ministerio Fiscal estimó correcta la sentencia pronunciada por la Audiencia.

SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis particular de los motivos de impugnación en que se sustenta el recurso que origina esta alzada, resulta procedente invocar algunas consideraciones generales sobre la naturaleza y alcance del Recurso de Apelación, tal como ha venido a configurarse no sólo en su regulación legal, sino además en su delimitación jurisprudencial.

Según constante doctrina, de la que -entre otras muchas- son exponente las Sentencias -ya clásicas- del Tribunal Constitucional 102/1994, 17/1997 y 196/1998, la apelación había venido considerándose como un recurso ordinario, omnicomprensivo y abierto, sin motivos de impugnación tasados y tipificados que da lugar a un nuevo juicio con posibilidad de revisar, tanto los elementos de hecho como de derecho, contenidos en la sentencia de instancia. Ahora bien, resulta necesario destacar que este carácter de nuevo juicio que se otorga a la apelación no participa de una extensión ilimitada. Y ello dado que en relación con la valoración de las pruebas testificales y declaración de los implicados, el juzgador de instancia se encuentra en una posición privilegiada, pues al llevarse a cabo la actividad probatoria en el acto del juicio conforme al principio de inmediación, se pueden apreciar por el mismo una serie de matices y circunstancias que acompañan a las declaraciones que no pueden ser apreciadas por el Tribunal de apelación, y que sirven, en muchos casos, para establecer quien o quienes son los declarantes que se ajustan a la realidad, lo que conduce, en definitiva, a evaluar la prueba conforme a los parámetros establecidos en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En una línea constante, de la que puede citarse como resumen nuestra Sentencia 17 de enero de 2018 (ROJ: STSJ M 374/2019 ) hemos venido afirmando como criterio que la capacidad de la Sala al conocer de la apelación "para valorar, con las debidas garantías, las pruebas practicadas en la primera instancia, no abarca el reexamen de esas pruebas para extraer sus propias conclusiones. El control que le corresponde en esta alzada se limita necesariamente, al no contar con la debida inmediación derivada de haber presenciado la práctica de las pruebas, a analizar la regularidad en la obtención de las pruebas, en su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y en la racionalidad de la motivación contenida en la sentencia apelada".

También en Sentencia de 24 de julio de 2.018 , reiterada entre otras muchas en la de 6 de febrero de 2019 (ROJ: STSJ M 981/2019) , hemos recordado que " es constante doctrina jurisprudencial, en relación con el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos penales, la que establece que aun cuando se trata de un recurso amplio, respecto del cual el Tribunal ad quem puede examinar el objeto del mismo con igual amplitud y potestad con que lo hizo el Tribunal "a quo", ha de tenerse en cuenta que el acto del juicio oral tiene lugar ante éste último, que recibe con inmediación las pruebas, de lo que cabe deducir que, pese a aquella amplitud del recurso, en la generalidad de los casos, y en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación que de la prueba en conjunto y subsiguiente valoración de los hechos haya realizado el tribunal de instancia, al ser el que puede aprovechar mejor las ventajas de haber presenciado directamente la práctica de dichas pruebas".

TERCERO.- Al invocarse en el recurso como motivo de la apelación el de la vulneración y errónea interpretación del derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24 de la Constitución Española por parte del órgano de enjuiciamiento, además de la infracción de la racional y lógica valoración de la prueba practicada en el plenario celebrado ante la Audiencia, todo ello en relación con los arts. 792 y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conviene también, como hemos hecho en numerosas ocasiones anteriores, dejar constancia de algunas ideas centrales en torno a la delimitación de este argumento de impugnación.

Como hemos dicho en nuestra Sentencia de 28 de septiembre de 2020 (Rec. 221/2020) la importancia de la práctica contradictoria y con todas las garantías en el acto del juicio determina que tan sólo la sentencia basada en estas pruebas puede verse revocada si adolece de arbitrariedad en su interpretación, entendiendo por tal un grado de incoherencia, de contradicción con lo realizado en juicio o de apartamiento de las máximas de la experiencia de semejante entidad que debiliten la lógica interpretativa hasta el punto de dejar sin efecto la condena por basarse en una insostenible lectura de la prueba en su conjunto. Así lo indica el art. 790.2, párrafo tercero, de la Ley Procesal Penal al indicar que " cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

CUARTO.- En el apartado referido a la valoración de la prueba y en los FJ 1º a 4º de la Sentencia apelada, la Audiencia Provincial analiza ponderada, detenidamente, con gran detalle y racionalidad consistente, el acervo probatorio practicado en el acto del juicio oral, con inmediatez y de forma contradictoria, con todas las garantías propias del debido proceso. Veamos,

1.- Partiendo de lo que dice el citado art. 790.2, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hace, pues, imprescindible el análisis del razonamiento contenido en la resolución final impugnada para comprobar si se han cumplido o no los parámetros exigidos legalmente para considerar ajustada a derecho la absolución pronunciada en la primera instancia penal.

Por su parte, el art. 792.2 de la misma Ley Procesal penal, al complementar dicha regla para el caso de sentencias absolutorias indica que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida . La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

En vista de ello, el acusado recurrente interesa la revocación de la sentencia condenatoria del mismo dictada en la primera instancia y la subsiguiente absolución de aquel por el delito que fue objeto de la acusación pública y particular estimadas, pidiendo también la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal, aun de manera subsidiaria, tal y como se desprende de su escrito de apelación debidamente fundado y al que se ha hecho referencia, sucintamente, con anterioridad.

En estos casos, la jurisprudencia de la Sala 2ª es conteste en el sentido de no ser estimable el recurso de apelación planteado en tanto que se estiman inadecuadas las condenas pronunciadas si la condena en la segunda instancia, a pesar de que se mantuvo inmodificado el relato de hechos probados de la Sentencia revocada, se fundamenta en una reconsideración de esos hechos probados para derivar de ello tanto el elemento normativo de delito, referido al carácter abusivo de los acuerdos adoptados, como el elemento subjetivo, referido al ánimo de perjudicar al querellante. Además, esa reconsideración se realiza valorando aspectos concernientes tanto a las declaraciones de los recurrentes, como del querellante, que no fueron practicadas a su presencia, como se pone de manifiesto en la argumentación de la Sentencia de apelación al considerar concurrente el elemento subjetivo, discrepando sobre la credibilidad que se había dado por el órgano judicial de instancia a las declaración de los acusados sobre quién era el responsable de que no hubiera podido llegarse a un acuerdo para la compra de las participaciones del querellante ( STS de 21-12-2017, 7-2 y 24-5-2018, y de esta Sala, Sección 2ª, de 2-3-2022).

2.- La Sala estimó que había que analizar la prueba principal practicada, consistente en la declaración de la víctima, así como las pruebas periféricas o accesorias concurrentes en el caso analizado, fundamentalmente testificales y periciales. Asimismo, como no podía ser de otra manera, hacía hincapié en la imprescindible necesidad de que, ante la negativa del acusado a reconocer su culpabilidad, es la acusación, pública y particular, la que debía acreditar cumplidamente la responsabilidad criminal del acusado atendiendo siempre al derecho constitucional a la presunción de inocencia en el caso de que la prueba inculpatoria presentada acuse la existencia de dudas sobre su fortaleza o consistencia para determinar una decisión de condena. Debe así analizarse si la decisión absolutoria fue correcta, si se motivó con consistencia y sin error u omisión, con coherencia o si, por el contrario, la prueba de cargo practicada revestía la suficiente consistencia precisa para que procediera, contrariamente a lo acordado, otra decisión que no se articuló sino con ausencia de la debida motivación y que devendría en decisión anulatoria y devolutiva para la adecuada y completa motivación coherente, congruente y completa.

3.- Como bien destaca la motivación expuesta en la sentencia impugnada, la prueba testifical de la víctima acreditó que los hechos ocurrieron en la forma y manera contenida en la descripción de hechos o fáctica contenida en la sentencia recurrida.

Como sintetiza de manera el escrito de la acusación particular, la discrepancia del recurrente se contiene en varios apartados o cuestiones que han de ser objeto de tratamiento separado e individualizado.

El primero trata de una cuestión inocua en tanto que el transcurso de varios meses, de junio a febrero del año siguiente, entre la denuncia de la agresión más grave y su producción, estaría explicado en la pericia practicada en atención a las consecuencias psicológicas y trastornos que se objetivaron en la denunciante, a la sazón menor de 16 años al momento de los hechos, tratándose, por lo tanto, de adolescente y de persona que ya padecía de antes un TAD diagnosticado. La Sala hace de este extremo y del resto un discurso lógico, hilvanado, coherente y marcado por la lógica de la argumentación en presencia de la valoración coherente de las pruebas practicadas con inmediación.

Respecto del segundo extremo de su recurso, referido a los precedentes y actos posteriores a dicha agresión con penetración, la víctima mantuvo sin contradicciones dignas de mención en el recurso del acusado que este le tocaba los glúteos de forma descarada en clase, reconociendo ella que sentía admiración por la persona del mismo como profesor de baile.

Respecto del cuestionamiento referido a que también ella declaró que la llevó en su coche en 4 o 5 ocasiones, pese a que ni tiene coche ni posee carnet de conducir, metiéndole mano y llegando a tocarle la vagina en varias ocasiones, tales circunstancias ni impiden que usara otro vehículo ni que sepa conducir aun sin estar legalmente habilitado en España, no existiendo razones concluyentes para dudar de la certeza de la declaración cuestionada, surgiendo solo en la imaginación del recurrente, como mera opinión, la consistente en estimar que haya habido despecho de la agredida por el hecho de no dejar el acusado a su pareja.

También sostiene el recurrente que dicho testimonio era emotivo actualmente, pero que distaba mucho del que prestó inicialmente en el Juzgado de Instrucción, declaración que hizo sin tal emotividad, sin lloros o sollozos. Pero ello no se compadece con la claridad de las secuelas psíquicas objetivadas con consecuencias traumáticas para aquella, derivadas de lo ocurrido por la actuación delictiva y contra la libertad sexual de Olga.

A continuación, la argumentación del recurso sostiene, asimismo, que el relato que hace de lo ocurrido en junio de 2018 es imposible porque, como resulta fácil de imaginar, al usar los dos brazos no pudo bajarle los pantalones y ropa interior, aparte de no poder acceder a ella por la diferencia de altura ya que el mide 1,80 de estatura y ella 1,45-1,50. Tal apreciación propia de un argumento defensivo, de nuevo, esgrime una opinión no corroborada más que por un relato interesado y que no desvanece en absoluto una serie de secuencias que llevaron a la consumación de la agresión con penetración, siendo la imposibilidad descrita carente de apoyatura en pericia alguna o argumentación de evidencia absoluta y plena

En sexto lugar, se sostiene, también, que resulta inverosímil, además, que luego volviera a dar clases con su agresor como si nada hubiera ocurrido en los tres meses siguientes, no tratándose de una clase obligatoria de baile y habiéndole denunciado por despecho al no dejar a su pareja y sentirse atraía por él. Esas dos conclusiones no dejan de ser argumentos de defensa que, frente a la lógica y coherencia general de la sentencia recurrida no pueden prevalecer ya que se trata de opiniones defendibles como tales, pero no objetivadas con soporte o apoyatura alguna, siéndolo, por el contrario, las corroboraciones de la declaración de la denunciante descritas ampliamente en la sentencia recurrida, y reuniendo dicha declaración las circunstancias del test de credibilidad exigidas al respecto, y descritas con pulcra exactitud en la sentencia impugnada.

Se dice, asimismo, que todos los testigos y peritos son de referencia, sin que se haya comprobado la existencia de restos o huellas de lo que dice que ocurrió al ser imposible por el tiempo pasado, habiendo pasado más de 4 años para celebrar un juicio con paralizaciones de más de 1 año y refiriendo las periciales que la denunciante tenía trastornos previos a los hechos, debiendo aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal. Lo primero es una obviedad referida a los testigos, pues no suele ser habitual la publicidad en este tipo de delitos, siendo las periciales practicadas de la entidad científica y solvencia no desvirtuada por el hecho de partir del sujeto o persona estudiada, ni descartándose sus apreciaciones por la simple opinión disidente del recurrente, habiéndose ya tratado antes sobre el retraso justificado en la presentación de la denuncia origen de las diligencias y del juicio posterior.

La Sala de instancia, respecto de las diligencias probatorias practicadas, estima, y ello lo ha corroborado este Tribunal de apelación, que las periciales practicadas han sido valoradas de manera ponderada y atendiendo a los conocimientos científicos de los profesionales que las emitieron. Se puede comprobar y, por lo tanto, valorar el contenido de dichas manifestaciones y así lo hizo correctamente la Sala apreciando, como ya antes se dijo, la persistencia en las declaraciones de la víctima y la propia ausencia constatada de motivación espuria alguna, salvedad hecha de manifestaciones carentes de soporte de acreditación alguno.

4.- Por el contrario, como se ha repetido, el recurso articulado cuestiona la valoración de los hechos realizada por la Sala, tachándolos de ilógicos e irracionales, incluso de inidoneidad de valoración de alguna de las pruebas practicadas, no siendo ello cierto en tanto que la sentencia, aun en varios apartados diferentes, procede a efectuar una valoración detallada, completa y ponderada de todo el material probatorio presentado por las dos acusaciones, la pública y la particular, entonces actuantes ante la Sala de instancia.

Además, la Sala muestra, ahora ya respecto de la cuarta cuestión que suscita el acusado en su recurso, su conformidad con la circunstancia consistente en encontrarse el Tribunal de instancia ante una agresión sexual perpetrada frente a una mujer de menos de 16 años de edad a la fecha de los hechos, de forma continuada en el tiempo y agravada con una violación.

La credibilidad del testimonio de la víctima, por eso, y por la no presencia de contraindicios, se muestra para la Sala de instancia y para este Tribunal no dudosa, existiendo otros elementos que sirvan para corroborar la posible implicación de aquel en el hecho delictivo enjuiciado, esencialmente los testimonios descritos en la sentencia recurrida y a los que nos remitimos en su integridad por su adecuada valoración, complementados con la intensidad de las periciales presentadas.

Respecto de la novedosa formulación de la posible concurrencia de la atenuante de dilaciones del art. 21.6 del Código Penal, planteada con carácter subsidiario respecto de la petición principal de absolución con nulidad de la condena pronunciada, se ha de señalar que tal novedad introducida en el debate de la apelación por vez primera no puede ser atendida por este Tribunal de alzada, además de por no haber sido debatida en la instancia, porque las alegaciones vertidas para sustentarla hablan por una parte de manera genérica y sin concretar período cronológica exacto de una paralización de un año y, por otra, de una causa que ha durado más de cuatro años. Tales indeterminaciones, que exigirían un buceo inapropiado a este Tribunal son, justamente, las que han llevado a la Sala 2ª del TS a rechazar tales planteamientos no concretos o en exceso genéricos, habiéndose dicho al respecto que " este tribunal no está en condiciones de pronunciarse al respecto, pues para hacerlo tendría que bucear directamente en el acta o en la grabación del juicio para enfrentarse, también de forma directa o de primera mano, con los actos de prueba, lo que equivaldría a subrogarse en el papel del juzgador de instancia" ( STS 10-11-2016).

5.- Por el contrario de lo sostenido en el recurso en orden a la motivación de la resolución recurrida, dicha motivación se ha de considerar extensa, ponderada, racionalmente comprensiva de un análisis completo de todas las circunstancias concurrentes de hecho, y a considerar, así como de los pros y de los contras de la acusación formulada y de la posible culpabilidad del acusado. Esa razonada consistente prueba de cargo adecuada hizo no prevalecer la duda a favor del acusado y, en definitiva, que la presunción de inocencia haya sido desvirtuada por prueba de tal clase y suficiente, obtenida merced a las diversas sesiones del juicio oral celebrado. Por otra parte, el Tribunal de instancia no mostró dudas que le avocaran a una condena indebida, sino que, por el contrario, valoró con lógica el material o pruebas de cargo que le fueron presentadas oportunamente.

QUINTO.- Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado, procediéndose asimismo a la declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,