Sentencia Penal 112/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 120/2023 de 14 de marzo del 2023

PRIMERO.- La representación procesal de la acusación particular ejercitada por Dª Edurne en el juicio oral seguida ante la Audiencia Provincial que da lugar a esta alzada impugna tal resolución basando su discrepancia, en síntesis, en las siguientes alegaciones:

PRELIMINAR.- HECHOS PROBADOS EN LA SENTENCIA.

Reproducía los hechos probados de la Sentencia recurrida, sin mayores consideraciones o comentarios.

SEGUNDA.- INFRACCIÓN DE LEY DEL ARTÍCULO 846 BIS C) B) POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA .

Señaló al respecto que el procesado si realizó los hechos por los que se le acusa, cuestionándose la aplicación por el Tribunal de la presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española.

Añadía que lo cierto es que el procesado había consumido cocaína, sustancia tóxica que le alteró el estado de ánimo y le llevó a cometer la agresión sexual a la víctima.

La declaración testifical del acusado en el sentido de no estar en disposición de hacer esfuerzos no se corresponde con la realidad de lo que sucedió.

La declaración de la víctima en el juicio oral acredita la realidad de lo sucedido y se convierte en prueba de cargo fundamental aportada al Tribunal de forma persistente, veraz y congruente conforme a la jurisprudencia del TS (Sentencia de 15- 12-2016) y del Tribunal Constitucional.

Terminaba afirmando que tiene miedo y sufre estrés cada vez que ve al procesado por la calle al lado de su vivienda y por el barrio.

TERCERA.- Error en la valoración de la prueba, error en la calificación jurídica de los hechos y sin la motivación suficiente. Infracción del artículo 120 de la Constitución Española por insuficiencia de motivación de la sentencia recurrida y del artículo 9.3 de la Constitución Española referido a la interdicción de la Arbitrariedad de los poderes públicos.

En este tercer apartado refería que el Tribunal no ha valorado el sufrimiento y estrés de la víctima cada vez que se encuentra al procesado por las calles de su barrio al lado de su vivienda.

Que existe un riesgo para la integridad física y moral de ella que fue valorado correctamente por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid estableciendo una prohibición al procesado de aproximación a menos de 100 metros de aquella. El Tribunal no ha valorado dicho riesgo de forma incomprensible ni siquiera en una mínima parte.

La declaración de la víctima incrimina al procesado de forma persistente, veraz y congruente, siendo además corroborada por el informe psicológico realizado (folios 169 a 172 de las actuaciones).

El Ministerio Fiscal estimó correcta la sentencia pronunciada, interesando su íntegra confirmación. Lo mismo interesó la defensa del acusado.

SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis particular de los motivos de impugnación en que se sustenta el recurso que origina esta alzada, resulta procedente invocar algunas consideraciones generales sobre la naturaleza y alcance del Recurso de Apelación, tal como ha venido a configurarse no sólo en su regulación legal, sino además en su delimitación jurisprudencial.

Según constante doctrina, de la que -entre otras muchas- son exponente las Sentencias -ya clásicas- del Tribunal Constitucional 102/1994, 17/1997 y 196/1998, la apelación había venido considerándose como un recurso ordinario, omnicomprensivo y abierto, sin motivos de impugnación tasados y tipificados que da lugar a un nuevo juicio con posibilidad de revisar, tanto los elementos de hecho como de derecho, contenidos en la sentencia de instancia. Ahora bien, resulta necesario destacar que este carácter de nuevo juicio que se otorga a la apelación no participa de una extensión ilimitada. Y ello dado que en relación con la valoración de las pruebas testificales y declaración de los implicados, el juzgador de instancia se encuentra en una posición privilegiada, pues al llevarse a cabo la actividad probatoria en el acto del juicio conforme al principio de inmediación, se pueden apreciar por el mismo una serie de matices y circunstancias que acompañan a las declaraciones que no pueden ser apreciadas por el Tribunal de apelación, y que sirven, en muchos casos, para establecer quien o quienes son los declarantes que se ajustan a la realidad, lo que conduce, en definitiva, a evaluar la prueba conforme a los parámetros establecidos en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En una línea constante, de la que puede citarse como resumen nuestra Sentencia 17 de enero de 2018 (ROJ: STSJ M 374/2019 ) hemos venido afirmando como criterio que la capacidad de la Sala al conocer de la apelación "para valorar, con las debidas garantías, las pruebas practicadas en la primera instancia, no abarca el reexamen de esas pruebas para extraer sus propias conclusiones. El control que le corresponde en esta alzada se limita necesariamente, al no contar con la debida inmediación derivada de haber presenciado la práctica de las pruebas, a analizar la regularidad en la obtención de las pruebas, en su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y en la racionalidad de la motivación contenida en la sentencia apelada".

También en Sentencia de 24 de julio de 2.018 , reiterada entre otras muchas en la de 6 de febrero de 2019 (ROJ: STSJ M 981/2019) , hemos recordado que "es constante doctrina jurisprudencial, en relación con el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos penales, la que establece que aun cuando se trata de un recurso amplio, respecto del cual el Tribunal " ad quem" puede examinar el objeto del mismo con igual amplitud y potestad con que lo hizo el Tribunal " a quo", ha de tenerse en cuenta que el acto del juicio oral tiene lugar ante éste último, que recibe con inmediación las pruebas, de lo que cabe deducir que, pese a aquella amplitud del recurso, en la generalidad de los casos, y en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación que de la prueba en conjunto y subsiguiente valoración de los hechos haya realizado el tribunal de instancia, al ser el que puede aprovechar mejor las ventajas de haber presenciado directamente la práctica de dichas pruebas".

TERCERO.- 1. El primer motivo de la apelación a considerar ha de ser el 3º de los numerados en el recurso de apelación formulado, al estar basado esencialmente en la infracción del art. 120 de la Constitución Española por falta de motivación suficiente de la Sentencia dictada por la Audiencia y el error en la valoración de la prueba imputada a la decisión absolutoria de la Sala de instancia, añadiendo a tales argumentos un aducido error en la calificación jurídica de los hechos y la infracción del art. 9.3 de la Constitución referido a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2. En un extenso y fundado escrito de recurso la defensa del acusado intenta rebatir las consideraciones fácticas que le llevan a la Sala de instancia a no estimar acreditados los hechos que constituyen el objeto de la acusación formulada inicialmente por el Ministerio Fiscal y sostenida permanentemente por la acusación particular. En definitiva, viene a mostrar una radical oposición a la inexistencia de responsabilidad criminal del acusado que, desde siempre, ha negado la existencia del delito del que viene acusado.

3. Se impone, pues, la revisión del extenso material probatorio tenido en cuenta por el Tribunal de instancia para comprobar si han tenido lugar o no lugar las infracciones denunciadas en este tercer motivo del que se trata en este momento, a excepción de la referencia añadida al motivo sobre la existencia de error en la calificación jurídica de los hechos pues esta referencia trata de la cuestión referida a la tipificación adecuada de los hechos y eso se analizaría en el caso de entrarse en el fondo del asunto, o sea si se estimara improcedente este motivo de apelación en esa parte antes referida.

4. Recordemos que, de la combinada aplicación de los arts. 792.2 y 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se colige imperativamente que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas...No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa...Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Aunque la apelante no pide expresamente la referida nulidad, tal pretensión a analizar con carácter previo se infiere de la genérica formulación del motivo en cuestión, así como de la pretensión referida a la indebida aplicación de la presunción de inocencia constitucional del art. 24 de la Constitución Española, ésta contenida en el 2º de los motivos de la impugnación traída a este Tribunal.

5. Es cierto que el acusado ha mantenido desde el principio su inocencia y que se practicó un informe psicológico (folios 169 al 172 de las actuaciones), y también lo es que la sentencia impugnada está ampliamente razonada y motivada, por lo que ha de analizarse la fundamentación contrastada de la misma con las alegaciones plurales del recurso que, esencialmente, se centran en la existencia de prueba de cargo suficiente y en la existencia de una declaración de la víctima persistente, veraz y congruente, que relata en su exposición.

Añadía la recurrente que el Tribunal de instancia no había valorado el estrés y sufrimiento de la víctima cada vez que se encuentra al procesado por las calles de su barrio al lado de su vivienda, existiendo un riesgo para su integridad física y moral tampoco considerado. Pero estos extremos, como es obvio, dependen y están relacionados con la procedencia o no de decretar una sentencia condenatoria, extremo este que no se ha producido al momento actual.

6. Cuestiona ampliamente la recurrente, tal y como se ha anticipado ya, las valoraciones probatorias realizadas en la instancia sobre lo acontecido desde el punto de vista fáctico en el plenario o juicio oral, particularmente, tras la detallada descripción del material probatorio contenida en el FJ 2º, la valoración probatoria del FJ 3º de la Sentencia recurrida.

Por otro lado, tampoco puede apreciarse contradicción alguna entre la declaración de la víctima, que la Sala de instancia califica como " la única prueba incriminatoria con la que cuenta ", y el resto de pruebas periféricas concurrentes en tanto que, como se verá, la práctica totalidad de ellas son de carácter exculpatorio.

Para empezar, y así se comprueba con el visionado del video del juicio oral, la denunciante tardó varios días (5-9 de julio) en poner la denuncia sin que lo hiciera su exmarido pese a lo que declaró ella ya que este manifestó que él no puso de denuncia y que se enteró de lo ocurrido con la declaración de ella ante la policía. A continuación, consta acreditado que acudió Edurne al Hospital el día anterior a la denuncia, el 8 de julio, y que se le observaron lesiones, presentando un hematoma periorbitario izquierdo y equimosis de tres centímetros de diámetro mayor a nivel de ambos brazos en caras mediales, no manifestando a los facultativos que hubiera sido objeto de una agresión sexual antes. Al Tribunal de instancia le llama poderosamente la atención esta circunstancia y que su exmarido negó que fuera a la policía porque el se lo dijera, pues este se enteró de los hechos en ese momento de declarar ella.

El testigo Fausto, que estuvo inicialmente en el piso del acusado, aunque luego se marchó, declaró que ella se presentó en dicha vivienda con lesiones en el cuerpo y en la cara, por lo tanto ocasionadas con anterioridad.

Lógica, asimismo, parece la extrañeza de la Sala de instancia frente a la actitud inmediata posterior de la denunciante, que, pese a la gravedad de lo que dice haber ocurrido por haber sido violentada íntimamente sin su consentimiento, permanece en la vivienda del acusado sin que, pese a decir que al otro piso del mismo edificio en el que vivía ella con su exmarido y su hija no podía ir porque tenían cerrada la puerta, muestre temor alguno a seguir durmiendo con el acusado, y desea tener una conversación con él dos días más tarde. A esto último se negó el acusado, bloqueándola en el móvil, lo que, certeramente, indica la Sala como posible indicio de un móvil espurio por despecho.

También relata el Tribunal " a quo" que en el juicio oral se constató que la denunciante " tiene al menos otros dos conflictos por hechos similares " con otro denunciado y se han colocado cámaras en el edificio para evitar denuncias. Del informe citado por la recurrente (folios 169 a 172) se desprende que se inició tal informe porque contaba con orden de protección de su expareja, denunciando la agresión de otro hombre, por lo que no se puede saber si la sintomatología que presentaba Edurne se debía a los hechos objeto del proceso en cuestión o a los hechos que provocaron la intervención psicológica.

Asimismo, por último, dado que la Sentencia recurrida destaca y relata ampliamente cada una de los hechos probados respecto de lo que fue objeto de la acusación inicialmente formulada, haciéndolo con el suficiente detalle y separación exigidas por el análisis exigido al respecto, llegando a la conclusión absolutoria respecto del acusado, sin embargo, efectuando un relato equilibrado, desprovisto de cualquier prejuicio o atisbo de arbitrariedad, irracionalidad o ausencia de reglas y máximas de la experiencia. En ese sentido, partiendo, eso sí, de la declaración del denunciante Ceferino, le añade datos periféricos que han venido a corroborar la justeza de las apreciaciones incriminatorias y de condena contenidas en la Sentencia recurrida. Lo vemos a continuación.

7. El conjunto de datos periféricos a su testimonio revela, de esa manera, la ocurrencia de los hechos en la forma relatada por el relato de hechos probados contenido en la sentencia apelada, no habiendo conseguido la acusación desvirtuar la presunción de inocencia del acusado

8. Respecto a la valoración sobre la credibilidad del testimonio de la víctima, cuestión sobre la que la defensa del acusado centra gran parte de su extenso y prolijo recurso de apelación, además de las cuestiones periféricas relevantes relatadas con detalle en la sentencia recurrida y en la presente, se ha de tener en consideración que la Sala 2ª tiene dicho al respecto que " este Tribunal Supremo de forma recurrente, --por todas, en nuestra reciente sentencia número 570/2021, de 30 de junio --, ha señalado que, conforme al sistema de valoración libre de la prueba que preside nuestro enjuiciamiento criminal, --frente al sistema de valoración legal o tasada--, resulta plenamente posible que el derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado pueda reputarse enervado sobre la base de un testimonio único, también cuando proceda de quien se presenta como víctima de los hechos enjuiciados, y con independencia de que el procedimiento haya sido iniciado incluso, como no será infrecuente, a su instancia. Ello no empece a que, si siempre la valoración probatoria ha de venir presidida por la cautela, la unicidad de la prueba de cargo imponga o refuerce la necesidad de ponderar con detalle los aspectos que conforman esta fuente única de información probatoria. A estos efectos, ya desde antiguo este Tribunal Supremo ha venido destacando que en el trance de valoración del testimonio único, deberá ponderarse su credibilidad subjetiva, --cuidando de reparar en la posible existencia de móviles o propósitos espurios que pudieran estar animando el testimonio; y ponderando también las cualidades personales del testigo vinculadas a su capacidad de percepción--; su credibilidad objetiva, --que tomará en cuenta la solidez y persistencia de su relato--; y analizando, por último, el posible concurso de elementos objetivos, en tanto ajenos a la sola voluntad del testigo de cargo, que pudieran corroborar, al menos, ciertos aspectos colaterales o periféricos del relato (ya que no los nucleares pues, en tal caso, no estaríamos, en realidad, ante un testimonio único). Estos tres elementos o parámetros valorativos han venido a conformar lo que la práctica forense conoce ya, por economía en el lenguaje, como " triple test ". Sin embargo, aunque creemos que se trata de un expediente útil en el marco de la valoración probatoria, no deben ser maximizados sus efectos, ni mucho menos aún debe incurrirse en una especie de "valoración taxonómica" de la prueba, compartimentándola en tres (o más) "requisitos", ni analizarse cada uno de aquellos parámetros como condiciones de posibilidad al efecto de que el testimonio único pueda (o no pueda) enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, de tal manera que "si y solo si" cuando concurran aquellos se producirá este efecto; y cuando alguno falta no será, en cambio, posible reputar enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Lo explicaba, por ejemplo, nuestra sentencia número nº 69/2020, de 24 de febrero : "una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. El clásico axioma testis unus testis nullus fue felizmente erradicado del moderno proceso penal ( STS 584/2014 ). Ese abandono no acarrea ni una relajación del rigor con que debe examinarse la prueba, ni una debilitación del in dubio. Es secuela y consecuencia de la inconveniencia de encorsetar la valoración probatoria en rígidos moldes legales distintos de las máximas de experiencia y reglas de la lógica. El hecho de que la prueba esencial fundante de la condena sea básicamente un testimonio, el de la víctima, es compatible con la presunción de inocencia. Están superadas épocas en que se desdeñaba esa prueba única (testimonium unius non valet), considerándola insuficiente por "imperativo legal" y no como conclusión emanada de la valoración libre y racional de un Tribunal. Esa evolución no es una concesión al defensismo o a unas ansias de seguridad que repelerían la impunidad de algunos delitos. Eso es excusa para degradar la presunción de inocencia. Las razones de la derogación de esa regla hay que buscarlas en el sistema de valoración racional de la prueba y no en un pragmatismo defensista que obligase a excepcionar principios esenciales. La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. Ahora bien, la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la sentencia hace imposible fundar una condena sobre la base de la mera "creencia" en la palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe" ( STS 18-5-2022).

9. Desde este plano jurisprudencial referido más arriba, que debemos estimar aplicable en este caso, la sentencia no contiene omisiones que presenten relevancia, como ya se ha anticipado, sino que, por el contrario, recoge un relato coherente con las pruebas practicadas, absolutamente lógico y racional. Los requisitos de la verosimilitud del testimonio de la denunciante se tienen en cuenta en la sentencia, aunque para rechazarla en razón de las pruebas y datos periféricas realizados y comprobados, y se razona extensa, suficientemente y con completitud sobre los requisitos jurisprudencialmente exigidos y sobre las circunstancias periféricas concurrentes. Ello tiene lugar así en los FJ 2º y 3º, describiéndose de manera extensa y pormenorizada todas las circunstancias concurrentes en el testimonio de la denunciante.

10. Un punto relevante que plantea en su recurso la defensa del acusado, es el relativo a la presunta existencia de un previo consumo de cocaína que le llevó a alterar su ánimo y a cometer la agresión, pero lo cierto es que tal circunstancia puesta de relieve por vez primera en la apelación no está contrastada de manera alguna.

También es un hecho debidamente contrastado, aunque la defensa de la recurrente disminuya su relevancia, siendo otro hecho periférico añadido a considerar, el consistente en que el acusado había sido recientemente intervenido de una hernia y que no podía realizar esfuerzos por tal motivo.

Con todo ello, se da puntual respuesta al segundo de los motivos de apelación planteados sin que, dada la certeza de la apreciación absolutoria del acusado, aprecie este Tribunal arbitrariedad alguna, deficiencia de motivación o infracción de preceptos sustantivos penales.

11. Así pues, analizadas las manifestaciones de la denunciante, y el resto de circunstancias periféricas concurrentes, se dan todas las circunstancias exigidas jurisprudencialmente para su consideración como pruebas y datos no adecuados e insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, existiendo pruebas periféricas de corroboración en sentido claramente exculpatorio de la responsabilidad penal del mismo, plurales y ya descritas, sin que existan contradicciones y habiéndose razonado con lógica su ponderación y valoración, habiendo aplicado la Sala de instancia debidamente el " in dubio pro reo".

CUARTO.- La Sala considera adecuado el pronunciamiento absolutorio de la instancia en atención a los hechos ocurridos declarados probados y a la motivación contenida en la sentencia recurrida.

Por todo ello, procede confirmar en su integridad la sentencia pronunciada por la Audiencia.

QUINTO.- Procediéndose asimismo a la declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,