Sentencia Penal 205/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 227/2024 de 17 de mayo del 2024

PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal se alza frente a la sentencia de primer grado jurisdiccional postulando se acuerde su nulidad con devolución al órgano de instancia a fin de que dicte nueva resolución con distinta valoración de la prueba practicada en el plenario, o en su caso, si se considera que la nulidad ha de extenderse al juicio oral, se disponga un nuevo enjuiciamiento de la causa; asimismo postula el decomiso de varios vehículos si no prosperasen los anteriores pedimentos.

El desacuerdo se ciñe - junto al rechazo de la incautación de cinco vehículos - a la libre absolución de Teodoro y Paloma por el delito contra la salud pública que les era imputado, y, conviene aclarar, son consentidos y quedan por tanto al margen del recurso los pronunciamientos absolutorios de Estanislao y Paloma por delito de tenencia ilícita de arma, infracción ésta mencionada por el recurrente en la introducción de su escrito de apelación pero a la que no se refiere al desarrollar los motivos con que argumenta la irracionalidad atribuida a la sentencia, como tampoco en el petitum.

TERCERO.- I. El primer motivo se formula al amparo del artículo 846 bis c) a y b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del artículo 24.1 de la Constitución española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, achacando a la sentencia motivación arbitraria e irrazonable sobre la prueba practicada en el juicio. En su exposición la parte recurrente distingue los pronunciamientos absolutorios relativos a Teodoro y Paloma.

En referencia a Teodoro el Ministerio Fiscal, tras subrayar que siete acusados han reconocido los hechos pormenorizadamente, reexamina las declaraciones de Juan Francisco y Estanislao, inculpatorias de Teodoro por cuanto lo sitúan como receptor y posterior transmitente de un kilogramo de cocaína el día 23 de agosto de 2023, en coherencia con otras pruebas cual el testimonio de los agentes de la UDYCO, en concreto del funcionario con carnet profesional NUM026.

En otro orden de cosas, la absolución de Paloma por falta de prueba de su participación en el delito de tenencia y tráfico de drogas es asimismo objeto de crítica por irracional motivación, como punto de partida porque estima el recurrente contradictorio que la Sala conceda crédito a la declaración exculpatoria de la Sra. Paloma prestada por Estanislao - su marido - y en cambio niegue verosimilitud al mismo cuando inculpa a Teodoro; y, a mayor abundamiento, revisa el análisis exculpatorio abordando el conjunto heurístico que la situaría en la misma posición que Estanislao, como receptores de la sustancia estupefaciente en el domicilio común, su custodia y ocultación, con disfrute de medios económicos de injustificada procedencia, todo lo cual hace descartable, en tesis del recurso, que la Sra. Paloma estuviera al margen de la ilícita actividad.

II. Nuestra postura, como en anteriores ocasiones - v.gr. sentencias de 4 de julio y 14 de diciembre de 2023 y 12 de abril de 2024 - en que hemos analizado la eventual revocación de sentencias absolutorias - ídem en caso de resoluciones en parte absolutorias o cuando se aspire a agravar una condenatoria - parte de la disciplina legislativa introducida por ley 41/2015, de 5 de octubre, en los artículos 790.2 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de cuya conjunta lectura resulta que cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria habrá de justificar, bien la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, bien el apartamiento de máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre prueba relevante o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada, sin que la sentencia de apelación pueda condenar al absuelto ni agravar la condena impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo de aquél, no obstante su posible anulación devolviendo en tal caso las actuaciones al órgano a quo con indicación de los términos y alcance de la nulidad.

Junto a la nueva regulación hemos de atender a los límites que la doctrina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo han establecido en torno a las posibilidades de revocación de sentencias absolutorias, y en concreto, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2017 razona lo siguiente:

"...este Tribunal ha recordado que es criterio consolidado por el Tribunal Constitucional, que "al igual que no existe "un principio de legalidad invertido", que otorgue al acusador un derecho a la condena penal cuando concurran sus presupuestos legales ( STC 41/1997, de 10 de marzo , F. 4), tampoco existe una especie de "derecho a la presunción de inocencia invertido", de titularidad del acusador, que exija la constatación de una conducta delictiva cuando la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas" ( STC 141/2006 , FJ 3, STS número 350/2015, de 6 de mayo).

La doctrina sobre esta cuestión sostenida por los distintos Tribunales se puede desarrollar en los siguientes apartados:

1) Así, indica la sentencia de esta Sala número 374/2015, de 28 de mayo , que "la doctrina del Tribunal Constitucional ha ido evolucionando desde la STC 167/2002 , así como la de esta Sala y siguiendo ambas en este aspecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han establecido severas restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias para consignar un nuevo relato de hechos probados al que unir un pronunciamiento condenatorio contra quien había resultado absuelto en la instancia. Esta jurisprudencia exige desde el derecho a un proceso con todas las garantías, que, cuando las cuestiones a resolver afecten a los hechos, tanto objetivos como subjetivos, y sea necesaria para su resolución la valoración de pruebas personales, se practiquen éstas ante el Tribunal que resuelve el recurso; en consecuencia desde la perspectiva del derecho de defensa, es preciso dar al acusado absuelto en la instancia la posibilidad de ser oído directamente por dicho Tribunal, en tanto que es el primero que en vía penal dicta una sentencia condenatoria contra aquél.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia del caso Ekbatani contra Suecia de 28 de Mayo 1988 , ha venido argumentando que en aquellos casos en los que el Tribunal que conoce del recurso haya de resolver sobre cuestiones de hecho y de derecho, planteándose en general la cuestión de la culpabilidad o inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, adoptar una decisión sin la apreciación directa del testimonio del acusado que ha negado la comisión del hecho delictivo que se le imputa, entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu contra Rumania, ap. 55 ; 6 de julio de 2004, Dondarini contra San Marino, ap. 27; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec contra Rumania, ap. 39; 18 de octubre de 2006, caso Hermi contra Italia, ap. 64; 10 de marzo de 2009, caso Coll contra España, ap. 27; y la sentencia ya citada, caso Ekbatani contra Suecia. En idéntico sentido, entre las más recientes las SSTEDH caso Marcos Barrios contra España, de 21 de septiembre de 2010 y García Hernández contra España, de 16 de noviembre de 2010 STEDH de 25 de octubre de 2011 caso Almenara Álvarez contra España; STEDH de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España; STEDH, 13 de diciembre de 2011 caso Valbuena Redondo contra España o STEDH de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Conteras contra España. En algunas ocasiones, entre otras en las tres últimas sentencias citadas, el TEDH ha extendido la necesidad del examen incluso a los testigos cuando sus testimonios deban ser valorados para resolver los hechos cuestionados.

2) Consecuente con esta doctrina, esta Sala ha estimado, de manera unánime, que el carácter extraordinario del recurso de casación descarta arbitrar un trámite de audiencia del acusado absuelto, que carece de cobertura legal y que se concilia mal con el significado procesal de la impugnación ante el Tribunal Supremo. De ahí que la posibilidad de revocar pronunciamientos absolutorios en casación se reduce a un doble supuesto y con distinto alcance: en primer lugar, a través del motivo de infracción del Ley al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con intervención de la defensa técnica pero sin audiencia personal del reo. La revisión en este caso se concreta en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia. Y en esa posibilidad de corrección de errores de subsunción se incluye la de los errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado, cuando la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica sin modificar la valoración de sus presupuestos fácticos. (En el mismo sentido STS de 12 de diciembre de 2013; de 24 de febrero de 2014; de 25 de marzo de 2014; y de 19 de diciembre de 2014, entre otras). En segundo lugar, la otra posibilidad de revisión de pronunciamientos absolutorios en casación es posible cuando la pretensión punitiva de la parte recurrente no ha obtenido respuesta alguna del Tribunal de instancia o bien la misma ha sido arbitraria, irrazonable o absurda, de manera que de esta forma ha vulnerado lo recogido en los artículos 24.1º, 9.3º y 120.3º, todos ellos de la Constitución , en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos ( SSTS de 23 de febrero de 2011 o de 29 de septiembre de 2014) .

3) Por último, en lo que se refiere a los documentos en los que la parte recurrente instrumentaliza su alegación de error en la apreciación de la prueba, conviene destacar que, como señala la sentencia citada más arriba, de 28 de mayo de 2015 , "la posibilidad de rectificar el hecho probado con adiciones o supresiones que tengan por fundamento algunos de los documentos que obren en la causa y que "...demuestren la equivocación del juzgador", ha sido consustancial al significado del recurso de casación. Sin embargo, conviene tener presente que la valoración de documentos por esa vía impugnativa no puede entenderse sin el inciso final del mencionado artículo 849.2 de la LECrim. En él se exige que esos documentos no resulten "...contradichos por otros elementos probatorios". Quiere ello decir que la aproximación del Tribunal de casación a la valoración del documento en el que se pretende fundar el error sufrido en la instancia, no puede realizarse sin el contraste con otros elementos probatorios, entre los que se incluye, como no podía ser de otro modo, el resultado arrojado por las pruebas personales practicadas en el plenario. Se entra así de lleno en el terreno de la prohibición ya consolidada en la jurisprudencia constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de esta Sala de valorar pruebas personales, aunque sean de simple contraste para concluir acerca de la suficiencia probatoria del documento invocado, que no han sido presenciadas por el órgano jurisdiccional que va a dejar sin efecto un pronunciamiento absolutorio (entre otras, SSTS de 30 de diciembre de 2013 y de 14 de febrero de 2014)".

III. A la vez, importa reiterar que aunque el recurso de apelación autoriza al Tribunal de segundo grado a revisar la apreciación probatoria efectuada en la instancia anterior, tal facultad tiene límites, y no cabe, sin más, sustituir la valoración previa, pues conforme a la doctrina legal relativa a la eventual revisión por el órgano de segunda instancia en materia penal, en la apelación cabe una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas como autoriza el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en general para aquellos aspectos no comprometidos por la inmediación. El tribunal de segunda instancia puede tomar en consideración si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas, o equivocaciones de valoración evidentes, de asaz significación para modificar la falta de valoración de medios que comportarían una conclusión diferente, y, en general, hacer un análisis crítico de la evaluación probatoria, dejando al margen los aspectos que dependen sustancialmente de la inmediación. Por tanto, la función del tribunal de apelación consiste no en valorar de nuevo la prueba sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal a quo, y, si aprecia error, rectificar el factum y sustituirlo por uno propio, respetando aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas - vid SSTS de 26 de marzo, 24 de abril y 13 de noviembre de 2019 -.

IV. Por último, es destacable que la jurisprudencia de la Sala Segunda, ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser invocado por el Ministerio Fiscal, o la acusación particular, cuando su pretensión punitiva, dándose los presupuestos procesales para ello, no obtiene respuesta alguna del Tribunal de Instancia o bien la misma es arbitraria, irrazonable o absurda, vulnerándose de esta forma lo recogido en los arts. 24.1, 9.3 y 120.3, todos ellos de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos ( STS 178/2011, de 23 de febrero).

Si bien, no puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que construyendo una imagen especular de este derecho fundamental primigenio, lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, y tornarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados que es para quien se ha establecido constitucionalmente como cimiento básico de todo nuestro sistema penal de justicia ( SSTS 631/2014, de 29 de septiembre ó 901/2014, de 30 de diciembre).

De modo que, advierte la última de las resoluciones citadas, la supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés. Y tampoco se pueden aplicar para la valoración de la supuesta arbitrariedad en sentencias absolutorias los mismos parámetros que en las condenatorias, porque eso significaría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia probatoria, en sentido objetivo, como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable.

V. Partiendo de esas consideraciones legales y jurisprudenciales, hemos de convenir en que la sentencia impugnada no adolece de falta de motivación ni sus argumentos fácticos y jurídicos son contrarios a la razón, menos aún arbitrarios. Los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la resolución explican el vacío probatorio sobre la participación delictiva de Paloma y Teodoro. Respecto a aquélla señala el tribunal la declaración uniforme de la acusada y su marido - condenado tras reconocer los hechos - que desvincula a la Sra. Paloma de la actividad ilícita e incluso niega tuviera noticia del acopio oculto en su domicilio, y la Sala relativiza los signos de bonanza económica descubiertos, descartando un alto nivel de vida injustificado según sus ingresos laborales o irregularidad en la procedencia de una suma de 2.650 euros hallada en un bolso a ella perteneciente; otros indicios de culpabilidad no son tales, v.gr. la tenencia de un machete y dos perros, o la titularidad de tres vehículos - ciclomotor, motocicleta y automóvil - adquiridos de segunda mano, y no conducen de forma llana y directa a una conclusión inculpatoria. Respecto al Sr. Estanislao la Sala analiza las declaraciones de cargo vertidas por los coacusados Juan Francisco - quien lo señala como la persona intermediaria para la entrega de un alijo en Pamplona -, y Estanislao, hermano del absuelto, quien también lo relaciona con esa operación, y enfatiza el tribunal que ambos, tras alcanzar sendos acuerdos con el Ministerio Fiscal, se limitaron en el juicio a contestar las preguntas de la Acusación Pública y su Defensa, mas no las que pudieran formular los otros letrados para someter a contradicción esos asertos de signo inculpatorio; además, respecto al "reconocimiento" hecho en el curso de la investigación policial, que valió a los agentes para identificar a Teodoro como la persona que accedió al vehículo conducido por Juan Francisco en la ocasión de autos, el tribunal desgrana la falta de persistencia y solidez de la identificación, el error supuestamente cometido por semejanza física con otra persona, filiada como Leonardo, y el dato muy revelador de que el seguimiento no fue completo, lo que mella la certeza sobre la participación, junto a otras contradicciones e imprecisiones que restan valor al testimonio policial, de tal forma que al entender de la Sala de instancia la participación del acusado carece del preciso refrendo probatorio, tesis que a nuestro parecer es objetiva y razonable, desde la imparcialidad que debe presidir la actuación judicial. Ilustrativo sobre estos aspectos es el testimonio prestado en el juicio por el agente de policía con carnet profesional Nº NUM027.

VI. Por lo demás, el enfoque jurídico de las cuestiones enlazadas con la valoración del acervo probatorio es acertado y respetuoso de la doctrina legal.

A propósito de la determinación de responsabilidad penal de la Sra. Paloma la Audiencia Provincial trae a colación jurisprudencia representada por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2021, en punto a la convivencia y su significado, en estos términos:

"1. De manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala ha afirmado que el mero hecho de cohabitar en el domicilio donde se realiza una actividad encaminada al almacenamiento y distribución de droga no es suficiente para atribuir participación punible en la misma, ni aun cuando se tenga conocimiento de ella. Se requiere además que se participe en alguna actividad que por su tendencia pueda ser calificada de facilitación del tráfico. El recurso invoca esa doctrina, con cita de la STS 858/2016, de 14 de noviembre, y las que la misma condensa.

En el mismo sentido explicábamos en la STS 270/2018, de 5 de junio, que "entre los principios fundamentales del Derecho Penal se encuentra, sin excepciones, el de la responsabilidad personal, conforme al cual la base de la responsabilidad penal requiere, como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. El Tribunal Constitucional ha sostenido que ese principio obliga a establecer claras delimitaciones objetivas en los tipos en los que el aspecto exterior de la conducta está descrito en la Ley de manera tan ambigua que no es posible una aplicación literal del mismo, como sucede en los supuestos de tenencia de drogas con propósito de tráfico. El mero conocimiento de la existencia de la droga no supone participación en el delito (entre otras, STS 3/2008 de 26 de diciembre)."

Y resaltábamos en la citada STS 270/2018, que especialmente esta Sala se ha pronunciado sobre la cuestión en supuestos de convivencia familiar, para señalar que el acceso a la droga que tiene el cónyuge o conviviente, el progenitor o el hijo, no puede comportar por sí solo la realización del tipo penal. "Es preciso excluir la responsabilidad penal por hechos ajenos, lo que exige que se acrediten circunstancias adicionales que vayan más allá de la mera convivencia familiar y que permitan deducir la coautoría en el sentido de real coposesión de las drogas (entre otras SSTS 4 de diciembre 1991, 196/2000 de 4 de abril, 1888/2001 de 4 de febrero de 2002, SSTS 415/2006 de 18 de abril, 771/2010 de 23 de septiembre, 1322/2011 de 7 de diciembre)"."

Otras resoluciones del alto tribunal abordan también ese aspecto, sosteniendo que la mera convivencia - y consiguiente noticia de la actividad- con quien se dedica a comercialiazar drogas no transforma en partícipe del delito al conviviente - vid. STS de 23 de enero de 2013 y las en ella citadas -, excluyéndose la condena de convivientes que se limitan a conocer y tolerar la actividad delictiva ajena, y tratándose de cónyuges o personas ligadas por relación afectiva equiparable esto armoniza con la exención del deber de denuncia ex artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues se exige una colaboración en la actividad del conviviente mediante acciones que supongan facilitación del ilícito negocio, más allá de actuaciones neutras.

VII. En lo tocante al valor de las declaraciones de los coimputados, se atiene el Tribunal de instancia también a la doctrina legal e interpretación del Tribunal Constitucional, conforme a la síntesis de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2021, en estos términos:

"Respecto a la suficiencia de las declaraciones de los coimputados para poder enervar el derecho a la presunción de inocencia, cuando estas declaraciones se presentan como únicas pruebas de cargo, diferentes pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional y de esta misma Sala, han consolidado una importante doctrina al respecto.

El propio Tribunal Constitucional en su sentencia 258/2006, de 11 septiembre ( con cita de la Sentencia 160/2006, de 22 de mayo) decía: "Tal como se puso de manifiesto en dichos pronunciamientos [contenidos en las SSTC 207/2002, de 11 de noviembre, F. 2 , y 233/2002, de 9 de diciembre , F. 3], cabe distinguir una primera fase, de la que son exponentes las SSTC 137/1988, de 7 de julio, F. 4 ; 98/1990, de 24 de mayo, F. 2 ; 50/1992, de 2 de abril, F. 3 ; y 51/1995, de 23 de febrero , F. 4, en la que este Tribunal venía considerando carente de relevancia constitucional, a los efectos de la presunción de inocencia, que los órganos judiciales basaran su convicción sobre los hechos probados en la declaración incriminatoria de los coimputados, con el argumento de que dichas declaraciones constituían actividad probatoria de cargo bastante, al no haber norma expresa que descalificara su valor probatorio, de tal modo que el hecho de que el testimonio se realizara sin prestar juramento y, por tanto, fuera susceptible de ser utilizado con fines autoexculpatorios, se consideraba que no afectaba a su cualidad o aptitud como prueba de cargo suficiente, sino a la ponderación sobre la credibilidad que merecía la declaración en relación con los factores particularmente concurrentes, lo que era función exclusiva de la jurisdicción ordinaria en los términos del artículo 117.3 de la Constitución Española .

Un punto de inflexión en esta doctrina lo representaron las SSTC 153/1997, de 29 de agosto, F. 6 ; 49/1998, de 2 de marzo, F. 5 ; y 115/1998, de 1 de junio , F. 5, en las que este Tribunal, destacando que al acusado, a diferencia del testigo, le asisten los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable ( art. 24.2 de la CE) , ya mantuvo que las declaraciones incriminatorias de los coimputados carecían de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultaban mínimamente corroboradas por otras pruebas, de tal modo que ante la omisión de ese mínimo de corroboración no podía hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia suficientemente sólida o consistente desde la perspectiva constitucional que demarca la presunción de inocencia.

Un nuevo paso se da en las SSTC 68/2001 y 69/2001, de 17 de marzo, FF. 5 y 32, respectivamente, en las que el Pleno del Tribunal clarificó que la exigencia de corroboración se concretaba en dos ideas: por una parte, que la corroboración no ha de ser plena, ya que ello exigiría entrar a valorar la prueba, posibilidad que está vedada a este Tribunal, sino mínima; y, por otra, que no cabe establecer qué ha de entenderse por corroboración en términos generales, más allá de la idea obvia de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejar al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no (ideas que fueron reiterándose en las SSTC 76/2001, de 26 de marzo, F. 4; 182/2001, de 17 de agosto, F. 6 ; 57/2002, de 11 de marzo, F. 4 ; 68/2002, de 21 de marzo, F. 6 ; 70/2002, de 3 de abril, F. 11; 125/2002, de 20 de mayo, F. 3 , y 155/2002, de 22 de junio , F. 11).

Esta jurisprudencia fue perfilándose con muy diversos elementos que, aunque hoy ya están asentados en la doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, y sólo entre las últimas, SSTC 55/2005, de 14 de marzo, F. 1, o 312/2005, de 12 de diciembre, F. 1), sin embargo, son el resultado de distintas aportaciones en momentos cronológicos diferentes. Así, la STC 72/2001, de 26 de marzo, F. 5, vino a consolidar que la declaración de un coimputado no constituye corroboración mínima de la declaración de otro coimputado. La STC 181/2002, de 14 de octubre, F. 4, estableció que los elementos cuyo carácter corroborador ha de ser valorado por el Tribunal de revisión son exclusivamente los que aparezcan expresados en las resoluciones judiciales impugnadas como fundamentos probatorios de la condena. La STC 207/2002, de 11 de noviembre, F. 4, determinó que es necesario que los datos externos que corroboren la versión del coimputado se produzcan, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados. La STC 233/2002, de 9 de diciembre, F. 4, precisó que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el mantenimiento o no de la declaración o su coherencia interna- carecen de relevancia como factores externos de corroboración, por lo que sólo podrán entrar en juego una vez que la prueba alcance la aptitud constitucional necesaria para enervar la presunción de inocencia. Las SSTC 17/2004, de 23 de febrero, F. 5, y 30/2005, de 14 de febrero , F. 6, especificaron que el control respecto de la existencia de corroboración al menos mínima ha de ser especialmente intenso en aquellos supuestos en que concurran excepcionales circunstancias en relación con la regularidad constitucional en la práctica de la declaración del coimputado. Y, por último, las SSTC 55/2005, de 14 de marzo, F. 5, y 165/2005, de 20 de junio, F. 15, descartaron que la futilidad del testimonio de descargo del acusado pueda ser utilizada como elemento de corroboración mínima de la declaración de un coimputado cuando, en sí misma, no sea determinante para corroborar la concreta participación que se atribuye al acusado en los hechos. En parecidos términos se expresa la STC 125/2009, de 18 mayo.

En el mismo sentido, esta Sala de casación ha recogido con reiteración (SSTS 60/2012, de 8 de febrero; 84/2010, de 18 de febrero; o 1290/2009, de 23 de diciembre, entre otras) que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio.

Sin embargo, hemos llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece en calidad de testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino que lo hace como acusado, por lo que está asistido del derecho a no declarar en su contra y no reconocerse culpable, y exento en cuanto tal de cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse de un relato mendaz. Superar las reticencias que se derivan de esta posición procesal exige de unas pautas de valoración de la credibilidad de su testimonio particularmente rigurosas, que se han centrado en la comprobación de inexistencia de motivos espurios que pudieran privar de credibilidad a tales declaraciones y la concurrencia de otros elementos probatorios que permitan corroborar mínimamente la versión que así se sostiene ( STC 115/1998, 118/2004, de 12 de julio o 190/2003, de 27 de octubre).

En todo caso, nuestra Jurisprudencia ha ido otorgando un valor creciente a las pautas objetivas de valoración de la credibilidad de la declaración del coimputado, expresando ( SSTS 763/2013, de 14 de octubre; 679/2013, de 25 de septiembre; 558/2013, de 1 de julio; 248/2012, de 12 de abril o 1168/2010, de 28 de diciembre, entre muchas otras) que la operatividad de la declaración del coimputado como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia -cuando sea prueba única- podía concretarse en las siguientes reglas:

a) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.

b) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente, como prueba única, y no constituye por sí sola actividad probatoria de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia.

c) La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.

d) Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

e) La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso.

f) La declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro coimputado.

En lo que hace referencia a cuándo debe considerarse mínimamente corroborado el contenido de la declaración del coimputado que incrimina, en orden a enervar el derecho a la presunción de inocencia de un acusado y respecto de una acusación concreta, la jurisprudencia de esta Sala refleja que para ello deben aportarse hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

Pero hemos concretado que una visión respetuosa con el núcleo esencial del derecho constitucional afectado no pasa por que la demostración de veracidad se proyecte sobre cualquier extremo del relato sometido a análisis, sino sobre un punto de la declaración que esté específica y directamente relacionado con los hechos punibles. Dicho de otro modo, por más que la corroboración objetiva no alcance la plenitud de la tesis acusatoria, esto es, de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que pretende aplicarse, así como de la participación que pudiera tener en ellos el acusado, pues en tal coyuntura nos encontraríamos con la adecuada y perfecta aportación de un cuadro probatorio que sostiene la declaración de responsabilidad, sí que es preciso que se justifique fría e impersonalmente que la veracidad de las afirmaciones del coimputado se cernía sobre el pasaje específico de atribución de responsabilidad, lo que exige la acreditación de alguno de los extremos esenciales relativos a la puesta en peligro del bien jurídico y a la participación en ella del acusado ( STC 207/2002, de 11 de noviembre, F. 4; o STS 675/2017, de 16 de octubre)."

Es este el momento de recordar dos cosas, en primer término que Estanislao reconoció en el juicio no mantener buena relación con su hermano, incluso insinuando haber recibido amenazas de su entorno, de lo que tuvo noticia a través de la madre de ambos, y, además que ni Estanislao ni Juan Francisco - a cuyas manifestaciones fía el Ministerio Fiscal la implicación de Teodoro - quisieron responder a las preguntas del letrado defensor de éste, como igualmente sucedió con los asertos relativos a Paloma, de tal forma que no fueron sometidos a contradicción y su virtualidad inculpatoria se desdibuja, por no haberse obtenido con todas las garantías.

VIII. En definitiva, el Tribunal sentenciador no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional, no se aparta de las máximas de experiencia ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante, y late en el recurso desacuerdo con la apreciación judicial amparada en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que desvela un quehacer valorativo acorde a baremos homologados jurisprudencialmente y en términos esclarecedores para entender cumplido el deber de motivación impuesto por el artículo 120.3 de la Constitución española, aunque ciertamente llegue a conclusiones distintas o las del Ministerio Fiscal.

Así, el tribunal analiza los elementos probatorios que pudieran refrendar la realidad del hecho y concluye la inexistencia de material probatorio que permita tenerlo por acreditado, argumentos que el apelante estima erróneos, y ofrece una alternativa de apreciación probatoria en mérito a razones que no son atendibles pues en el fondo ahora se pretende una reconsideración de pruebas de naturaleza personal - declaraciones de los acusados y de los testigos, y dictámenes periciales explicados, aclarados y ampliados en el juicio oral - cuya correcta y adecuada apreciación exige práctica en presencia del órgano judicial que las valora - vid. SSTC 126/2012, de 18 de junio, 22/2013, de 31 de enero, 88/2013, de 11 de abril, ó 14/2020, de 14 de enero, entre otras muchas, a partir de la STC 167/2002 -, y se acude al método de cuestionar la valoración como irracional, lesiva de los postulados constitucionales o incompleta.

Tampoco se observa la preterición de pruebas relevantes, sino antes bien una apreciación no coincidente con la mantenida por la tesis acusatoria, y el análisis judicial no es contrario a la razón.

Téngase presente que, sólo cuando una sentencia absolutoria sea arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación o introduzca una estrambótica o irracional, o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente disparatada y al margen de sus lógicos contornos, podrá anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva, esto partiendo de que, de un lado, la obligación constitucional de motivar las sentencias no excluye la absolutorias, de otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada, y, por fin, porque la interdicción de la arbitrariedad afecta a todas las decisiones del poder judicial, y se puede manifestar a través de suficiente fundamentación.

CUARTO.- El segundo motivo, formulado por infracción de precepto legal, denuncia inaplicación del artículo 127 del Código Penal, y trae causa de que la sentencia rechazó el decomiso de cinco vehículos intervenidos, por ser titularidad de terceros no llamados al proceso ni citados al juicio, sin que conste hayan consentido la incautación.

Argumenta el Ministerio Fiscal que ya en su escrito de acusación interesó por otrosí que se diera traslado a los titulares de los vehículos empleados en la actividad ilícita, y en el juicio oral quedó acreditada la utilización, como así lo declara el factum, y, en suma, tratándose de útiles o medios para la ejecución del delito, y, dice, hábil cualquier momento procesal para llamamiento de esos terceros, procede acordar ahora el decomiso sin perjuicio de las alegaciones que los propietarios puedan efectuar mediante los cauces previstos en la ley.

Los artículos 127 y siguientes del Código Penal disciplinan el decomiso como consecuencia accesoria del pronunciamiento en sede penal, a propósito de varios delitos, comprendiendo los relativos a la salud pública, en especial tratados también en el artículo 374 del mismo texto legal cuando establece serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128, y siguientes normas especiales, relativas a la destrucción de muestras firme que sea la sentencia y adjudicación al Estado de bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados.

Aunque el artículo 803 ter a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su primer inciso establece que el juez o tribunal acordará, de oficio o a instancia de parte, la intervención en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente: a) que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o encausado, o b) que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que podrían verse afectados por el mismo, la realidad es que en el supuesto de méritos no fue dispuesta la intervención en el proceso de los titulares de los vehículos en cuestión, por mucho que fuera interesado en fase intermedia por el Ministerio Fiscal, y ello impide el ulterior decomiso, por elementales motivos de defensa y seguridad jurídica, visto que ni constan razones que permitan prescindir de su intervención - cuales serían la falta de identificación o localización, o hechos de los que derive la falacia o connivencia - ni existe expresa aceptación del decomiso.

Además, resulta procesalmente inviable la incautación en esta segunda instancia por el mero expediente de que los interesados efectúen "alegaciones que estimen oportunas mediante los cauces previstos en la propia LECrim" pues ninguno existe que permita incardinar en la apelación esa incidencia.

Esto sin perjuicio de que, de estimarse oportuno, se inste un procedimiento de decomiso autónomo ex artículos 803 ter e y siguientes de la Ley Procesal Penal.

QUINTO.- En mérito a las anteriores consideraciones cumple desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.