Sentencia Penal 217/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 233/2024 de 21 de mayo del 2024

PRIMERO.- La representación procesal de los penados en la sentencia de la Audiencia Provincial que da lugar a esta alzada impugna tal resolución basando su discrepancia, en síntesis, en los siguientes argumentos.

1.- En primer lugar, considera que se ha incurrido en infracción de precepto constitucional, por quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva y de presunción de inocencia, por cuanto, atendida la práctica de la prueba en el juicio oral, carece de toda base razonable la condena impuesta.

Al mismo tiempo se afirma en este primer motivo que concurre error en la apreciación de la prueba, pues no basta con los elementos localizados en la casa de los acusados, en concreto del matrimonio. Las buenas razones que obstan a la certeza objetiva sobre la culpabilidad avalan conclusiones alternativas s la imputación, siendo lo trascendente no si el Juez dudó subjetivamente, sino si objetivamente le era exigible dudar.

2.- El segundo motivo cuestiona la condena por el delito de estafa, al sostener que no se dan los elementos que lo configuran: el engaño precedente, que sea bastante, y el traspaso patrimonial con relación de causalidad. Dice la defensa que no llega a comprender como nadie en el acto del juicio llegó a reclamar cantidad alguna y las entidades que la sentencia "condena" (sic) como perjudicadas nunca manifestaron que hubiese perjuicio alguno.

3.- A continuación se invocan como tercer motivo de impugnación, con base en los artículos 11.1 y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los principios in dubio pro reo y el de presunción de inocencia. Sin desarrollo argumental concreto se alude (brevemente y en abstracto) de nuevo a la valoración de la prueba, a la duda y a la motivación de la prueba. Se repite en lacónica expresión que pone cierre al motivo, que ninguna entidad bancaria reclamó.

4.- El cuarto motivo se dedica al delito de pertenencia "a organización o grupo criminal" aludiendo a sus diferencias, y afirmando que "La calificación jurídica es excesiva dado el escaso tiempo de vigilancia para poder castigar por este delito". Dice el recurso que " Roman iba a ver a sus nietos" y ningún perjudicado como entidad bancaria reclamó.

5.- El quinto y último motivo comienza afirmando que "La penalidad es desproporcionada ni ajustada", y prosigue diciendo que toda la localización de objetos recogidos en el registro no tiene ni carácter de indicio débil. Invoca explícitamente el artículo 22.1 del Código Penal (la alevosía), y explica que significa ejecutar el hecho empleando medios para asegurar el resultado. Prosigue sosteniendo que no hay pena, pero si existe, debe ser de menor entidad, pues los hechos podrían calificarse como una tentativa de robo de identidad del artículo 172.5 CP.

6.- Por todo ello termina suplicando el dictado de una resolución más ajustada a Derecho por la que se absuelva a los recurrentes con todos los pronunciamientos favorables.

SEGUNDO.- A modo de reflexión introductoria debemos reflejar que en el recurso se entremezclan, sin una construcción sistemáticamente ordenada, diferentes alusiones a principios de derecho y a preceptos que entrelazan lo que parece ser un cauce de infracción de ley con la denuncia de error en la valoración de la prueba, pasando por la cita expresa de los preceptos que contemplan en la Ley Orgánica del Poder Judicial las bases esenciales del recurso de casación y la prueba ilícitamente obtenida.

Insistimos: en una combinación de alusiones no siempre fácil de diseccionar, se acumulan múltiples y variadas referencias a conceptos que no siempre guardan coherente relación entre sí ni con el contenido concreto de la sentencia recurrida, a la que no se realiza ningún cometario acotado ni llamada en particular, sino que se cuestiona desde un punto de vista generalmente abstracto, que -forzosamente- intentaremos reconducir a cinco aspectos principales: la presunción de inocencia, la valoración de la prueba, la infracción de ley en los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, y la dimensión de la pena.

TERCERO.- En cualquier caso, como hemos hecho en numerosas ocasiones, con carácter previo al análisis particular de los motivos de impugnación en que se sustenta el recurso que origina esta alzada, y dados los términos en los que se desarrolla el presente recurso, resulta procedente invocar algunas consideraciones generales sobre la naturaleza y alcance del Recurso de Apelación, tal como ha venido a configurarse su evolución no sólo en el ámbito de su regulación legal, sino además -y particularmente- en su delimitación jurisprudencial.

Según constante doctrina, de la que -entre otras muchas- son exponente las Sentencias -ya clásicas- del Tribunal Constitucional 102/1994, 17/1997 y 196/1998, la apelación había venido considerándose como un recurso ordinario, omnicomprensivo y abierto, sin motivos de impugnación tasados y tipificados que da lugar a un nuevo juicio con posibilidad de revisar, tanto los elementos de hecho como de derecho, contenidos en la sentencia de instancia. Ahora bien, se destacaba también que este carácter de nuevo juicio otorgado a la apelación no podía entenderse desde la óptica de una extensión ilimitada. Y ello dado que en relación con la valoración de las pruebas testificales y declaración de los implicados, el juzgador de instancia se encuentra en una posición privilegiada, pues al llevarse a cabo la actividad probatoria en el acto del juicio conforme al principio de inmediación, se pueden apreciar por el mismo una serie de matices y circunstancias que acompañan a las declaraciones que no pueden ser apreciadas por el Tribunal de apelación, y que sirven, en muchos casos, para establecer quien o quienes son los declarantes que se ajustan a la realidad, lo que conduce, en definitiva, a evaluar la prueba conforme a los parámetros establecidos en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En una línea constante, de la que puede citarse como resumen nuestra Sentencia 17 de enero de 2018 ( ROJ: STSJ M 374/2019) hemos venido afirmando como criterio que la capacidad de la Sala al conocer de la apelación "para valorar, con las debidas garantías, las pruebas practicadas en la primera instancia no abarca el reexamen de esas pruebas para extraer sus propias conclusiones. El control que le corresponde en esta alzada se limita necesariamente, al no contar con la debida inmediación derivada de haber presenciado la práctica de las pruebas, a analizar la regularidad en la obtención de las pruebas, en su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y en la racionalidad de la motivación contenida en la sentencia apelada".

También en Sentencia de 24 de julio de 2.018, reiterada entre otras muchas en la de 6 de febrero de 2019 (ROJ: STSJ M 981/2019), hemos recordado que "es constante doctrina jurisprudencial, en relación con el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos penales, la que establece que aun cuando se trata de un recurso amplio, respecto del cual el Tribunal ad quem puede examinar el objeto del mismo con igual amplitud y potestad con que lo hizo el Tribunal "a quo", ha de tenerse en cuenta que el acto del juicio oral tiene lugar ante éste último, que recibe con inmediación las pruebas, de lo que cabe deducir que, pese a aquella amplitud del recurso, en la generalidad de los casos, y en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación que de la prueba en conjunto y subsiguiente valoración de los hechos haya realizado el tribunal de instancia, al ser el que puede aprovechar mejor las ventajas de haber presenciado directamente la práctica de dichas pruebas".

Esta tendencia estricta, ha encontrado ciertamente interesantes matices a raíz de la instauración en el orden penal de la doble instancia en nuestro sistema procesal penal. La matización del tradicional valor "inatacable" de la inmediación ha potenciado la doctrina que otorga "plenas facultades revisoras" al órgano de apelación, cuya función por lo tanto ya no se limita a una verificación de racionalidad argumental, sino que alcanza más amplios márgenes valorativos. Esta doctrina ha sido destacada por el Tribunal Supremo para los supuestos de sentencias condenatorias -y dejando al margen las peculiaridades que afectan al proceso ante el Tribunal del Jurado- por ejemplo, en la STS 136/2022, de 17 de febrero ( ROJ: STS 680/2022), citada ampliamente, entre otras, en la STS 570/2022, de 8 de junio ( ROJ: STS 2354/2022). En cualquier caso, conviene precisar que el enfoque del que nos hacemos eco, no puede llevar a un entendimiento de la apelación que la equipare en posibilidades al enjuiciamiento que corresponde al órgano de instancia. Ni por la naturaleza procesal de los recursos, ni por su configuración sustancial, al no producirse ante el Tribunal de alzada la práctica de la prueba, que es la base sobre la que ha de descansar la conclusión que luego se somete a revisión por la parte que discrepa de su sentido o alcance.

Esta llamada a la diferencia existente entre el enjuiciamiento y el recurso cobra singular importancia en los supuestos en los cuales se construye la apelación sobre la alegación nuclear del error en la valoración de la prueba. Pese a los incuestionables puntos de relación que se aprecian entre este frecuente motivo y la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cuando es éste el campo de debate prioritario, la tarea del órgano de segunda instancia encuentra más amplios márgenes.

Como recuerda, por ejemplo, la STS 232/2024, de 8 de marzo de 2024, en los procesos de doble instancia, el juicio analítico exigible al Tribunal de apelación consiste en "supervisar que la prueba de cargo se obtuvo sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica respondió al procedimiento y supuestos para los que está legalmente prevista, comprobando además que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar, más allá de cualquier duda razonable, las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena". (FJ 1.3)

CUARTO.- Fundamenta la defensa de los apelantes su primera discrepancia con la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial al alegar vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

1.- Dejamos constancia a continuación de algunas de las perspectivas desde las cuales se ha visto analizado este derecho fundamental en su ya abultada exégesis jurisprudencial.

En torno a la presunción de inocencia, existe una más que consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (reiterada ya desde sentencias como la 107/1983, de 29 de noviembre, y cuya cita sostenida sería interminable) que analiza desde distintas vertientes tan importante concepto, remontándose incluso a la etapa preconstitucional. Si bien -afirma el Tribunal- limitadamente venía siendo un principio teórico del derecho en el ámbito de la jurisdicción criminal, a través del axioma "in dubio pro reo", relacionado con la valoración benigna de las pruebas en caso de incertidumbre, pasó a convertirse en un amplio derecho fundamental al constitucionalizarse su existencia en el artículo 24.2 de la Ley suprema, haciéndose vinculante para todos los Poderes Públicos y dotándola de la protección del amparo constitucional, representando por su contenido una insoslayable garantía procesal que determina la exclusión inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso por estimarse que no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, al gozar entre tanto, de una presunción "iuris tantum" de ausencia de culpabilidad hasta que su conducta sea reprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada que, aportando pruebas procesales, logre su aceptación por el Juez o Tribunal en relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo.

Entre las innumerables formulaciones que podrían recogerse en torno al derecho cuestionado en el recurso, recordamos cuanto expresa también la STS de 11 de diciembre de 2013 ( ROJ: STS 5872/2013 (FJ 1º), que a su vez se remite a la STC 123/2006 de 24.4, que recuerda en cuanto al derecho de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución que "se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos.

La misma STS, prosigue su desarrollo indicándonos: "Como esta Sala ha repetido de forma constante, en el ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en la verificación de si la prueba de cargo en base a la cual el Tribunal sentenciador dicto sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: - en primer lugar, debe analizar el " juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto. Contradicción, inmediación, publicidad e igualdad. - en segundo lugar, se ha de verificar " el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. - en tercer lugar, debemos verificar " el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado, es, no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión, sino asimismo una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial.

Como ha dicho esta Sala en la STSJM 35/2017, de 27 de junio ( ROJ: STSJ M 7084/2017) no cabe entender producida la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia por la sola razón de que la valoración de la prueba de cargo llevada a cabo por el órgano judicial de la instancia no satisfaga las expectativas de la parte recurrente, sobre todo por entender que, como tiene reconocido el Tribunal Constitucional (entre otras en sentencias números 120/1994, 138/1992 y 76/1990), esta valoración es facultad exclusiva del juzgador, que ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de la misma, habiéndose pronunciado dicho Tribunal en el sentido de que "solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuanto por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" (FJ 3º).

Por último, recordaremos cuanto indica también la STS de 6 de marzo de 2019 ( ROJ: STS 738/2019) (que aunque referido al ámbito de la casación por el recurso en el que se pronuncia, es aplicable a esta apelación ante el Tribunal Superior de Justicia): " este tribunal de casación y con cita de la STS 584/2014, de 17 de junio , "[...] no se trata ahora de revalorar íntegramente la prueba para respondernos si personalmente participamos de la convicción reflejada en la sentencia o si, por el contrario, se abre paso alguna duda... No somos nosotros los llamados a alcanzar una certeza más allá de toda duda razonable: solo nos corresponde comprobar si el tribunal de instancia la ha obtenido de forma legalmente adecuada y respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia. Por eso no basta con que pudiéramos esgrimir algún tipo de discrepancia en los criterios de valoración de la prueba con el Tribunal de instancia -eso, ni siquiera nos corresponde planteárnoslo-. Sólo debemos sopesar si en el iter discursivo a través del cual el Tribunal ha llegado desde el material probatorio a la convicción de culpabilidad existe alguna quiebra lógica o algún déficit no asumible racionalmente, o si el material probatorio no es concluyente [...]".

2.- Examinada concretamente la causa y sentencia sobre cuya discrepancia se sustenta el recurso de apelación ha de avanzarse ya que no se aprecia la vulneración constitucional denunciada como base inicial de la impugnación. Cierto es que del recurso resulta sumamente difícil extraer argumentos concretos que apunten a los requisitos exigibles para vencer el derecho constitucional comentado.

De todos modos, ante todo hemos de desestimar de plano la puesta en cuestión que se apunta en el motivo Tercero sobre la licitud de la prueba al invocar el recurso de manera expresa el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Prueba ilícita -es sabido- es aquella que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, y por ello, el indicado precepto determina con indiscutible claridad que no ha de surtir ningún efecto.

En el recurso no se identifica ni por asomo una sola prueba que pueda soportar la tacha de ilicitud a la que alude el motivo. Tampoco (en completa ausencia de esta identificación) encontramos argumento alguno que desarrolle (aunque fuese de modo referencial) la ilicitud de obtención.

La Sentencia recurrida contiene a lo largo del FJ Segundo una clara relación de las pruebas practicadas en el acto de la vista oral (con mención a su origen), y que consisten en:

1. El resultado de los registros practicados en los domicilios de los acusados por la Policía Judicial, debidamente autorizados mediante resolución judicial previa, y que obran al Tomo XIII de las actuaciones (folios 2401 a 2600). Se detallan las múltiples tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias; soportes y tarjetas SIM de telefonía; agendas manuscritas; ordenadores; teléfonos móviles; talonarios de cheques; multitud de documentos bancarios relacionados con las víctimas.

2. El volcado y visionado de los soportes tecnológicos y su ratificación (sometida a contradicción en el juicio oral) como prueba pericial.

3. Las abundantes declaraciones de las víctimas (algunas de las cuales habían sido inquilinas de los acusados).

4. Las declaraciones de los diferentes integrantes de las unidades de policía judicial que intervinieron en el curso de las investigaciones.

5. El informe pericial relativo a la falsedad de los documentos incautados a los acusados.

Absolutamente ningún comentario se realiza en el recurso sobre irregularidad alguna en la obtención de estas pruebas.

Pero es que tampoco se desarrolla razonamiento alguno acerca del juicio de suficiencia que la Sala sentenciadora lleva a cabo a través de la motivación de la resolución apelada.

No nos corresponde al conocer de un recurso de apelación extraer con forzada interpretación cual o cuales hayan querido ser las alegaciones de la defensa al elaborar dicho recurso. La abstracción con el que se plantea cuanto afecta a la infracción del derecho a la presunción de inocencia haría posible concluir con esta reflexión la respuesta debida al desarrollo escrito del motivo.

En todo caso, por completar nuestro razonamiento, tan solo aludiremos a dos menciones (sumamente escuetas) que se contienen en este apartado primero de la apelación. Por una parte, no es bastante con alegar que todos estos efectos fueron incautados en la zona de trabajo del Sr. Saturnino. Es muy difícil, por no decir imposible, asumir que, sin que acredite este acusado el ejercicio (lícito) de una actividad o profesión mercantil compleja con una cartera extensa y voluminosa de clientes, pudiera disponer de tal cantidad de efectos como los que se detallan en la Sentencia recurrida, y sobre cuya posesión autorizada no consta ni el más remoto atisbo.

Por otra parte, la mezcla de alusiones (genéricas una vez más) a las conclusiones alternativas que pudieran alcanzarse (no se nos plantea una sola) o a la obligación de dudar, carece del más elemental sustento a la luz de la contundencia de la prueba practicada.

El motivo no es viable.

QUINTO.- Al invocarse en el recurso también como motivo (entremezclado con el anterior) el de error en la valoración de la prueba por parte del órgano de enjuiciamiento, conviene, en línea con cuanto venimos afirmando en supuestos de esta naturaleza, dejar constancia de algunas ideas centrales en torno a la delimitación del argumento de impugnación. Fundamentalmente en cuanto afecta a tres aspectos.

- Ha dicho esta misma Sala (entre otras, en Sentencia de 21 de enero de 2020 - Rec. 1/2020), que "cuando se habla del error en la valoración de la prueba ha de cuestionarse con fundamento el proceso y resultado crítico del análisis realizado en la sentencia que se recurre; su ilógica o controvertida deducción de conclusiones; su arbitrariedad basada en contradicciones, omisiones o percepciones no razonables, por incoherencia defecto o exceso entre el relato fáctico y el contenido de las pruebas practicadas en el acto del juicio con todas las garantías".

La finalidad de los recursos, pese incluso a la amplitud con la que se concibe el de apelación, no es la de someter a debate del Tribunal Superior una lectura alternativa de la prueba, pues ello supondría una alteración evidente desde el punto de vista funcional y procesal del papel asignado a cada fase del proceso. La carencia de inmediación (aunque como ya hemos dicho este medio de percepción de la prueba no implique blindajes intachables) priva al órgano de segunda instancia de una importante riqueza apreciativa con la que sí contó el juzgador de instancia. En cuanto se refiere a las pruebas de naturaleza no personal, es también al órgano de enjuiciamiento a quien le compete la valoración conjunta (y por lo tanto interrelacionada) de su contenido y coherencia en el acervo completo. Lo que ha de realizarse en la fase de recurso por parte de quien cuestiona la decisión de primera instancia es evidenciar razonadamente las quiebras analíticas o valorativas de la resolución impugnada, sus contradicciones argumentales, la contrariedad a la lógica de la que pueda adolecer, o su patente error.

- Debemos añadir que por valoración de la prueba ha de entenderse el proceso de análisis crítico y relacional que está obligado a desarrollar el juzgador sobre todos los medios probatorios que se hayan practicado en el acto del juicio oral; no en vano el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere en plural a "las pruebas", cuya proyección debe comportar (en los supuestos de condena) una integración armónica incriminatoria, exenta de contradicciones internas que pudieran desvirtuar la racionalidad o coherencia que resulta exigible en la motivación, y por ello la correspondencia lógica con el sentido del fallo.

En esta línea, es importante resaltar que la valoración de la prueba que debe realizarse por el Tribunal desde esa óptica conjunta e integradora, no permite diseccionar el resultado de alguna prueba en particular para denunciar dentro de su análisis concreto -a su vez- un aspecto que, aisladamente examinado, pudiera sembrar alguna duda nuclear, salvo en aquellos casos en los que esta particularidad resultante de un dato preciso, cobre tal grado de relevancia por sí misma que se convierta en capaz de anular la conclusión a la que conduce el resto del acervo probatorio.

- Por último recordemos, como tuvimos ocasión de afirmar en nuestra Sentencia de 28 de septiembre de 2020 (Rec. 221/2020), que la importancia de la práctica contradictoria de la prueba y con todas las garantías en el acto del juicio, determina que tan sólo la sentencia basada en estas pruebas pueda verse revocada si adolece de arbitrariedad en su interpretación valorativa, entendiendo por tal un grado de incoherencia, de contradicción argumental, de subjetivismo, de lejanía con lo realizado en juicio, o de apartamiento de las máximas de la experiencia de semejante entidad, que debiliten la lógica interpretativa hasta el punto de dejar sin efecto la condena por basarse en una insostenible lectura de la prueba en su conjunto.

La absoluta falta de concreción de la crítica que pudiera realizarse a la valoración de la prueba en el presente recurso de apelación nos impide adentrarnos más en el motivo, por lo que sin necesidad de mayores argumentos ha de ser desestimado.

SEXTO.- En lo que sería motivo de infracción de ley (Segundo) sostiene el recurso que en el presente supuesto no puede hablarse de estafa dado que no concurren los requisitos del tipo penal. En el motivo, que no se califica desde el punto de vista técnico, brevemente se niega la existencia de engaño y de perjuicio, aunque dentro de la generalidad con la que aparece construido, se niegan todos los elementos del tipo.

1.- En el presente supuesto, al encauzarse este punto del recurso como infracción de precepto penal (aunque no se especifique) hemos de partir de una premisa ineludible: el necesario respeto al relato de hechos probados de la sentencia apelada.

De acuerdo con ésta, queda acreditado que los acusados, falsificando documentación ajena, se hicieron pasar por otras personas y de este modo llevaron a cabo una multiplicidad de operaciones financieras de las que obtuvieron dinero de los bancos Santander y BBVA o de otras personas o entidades (a título de ejemplo: vaciado de la cuenta de Camila en la primera entidad; obtención de préstamo por importe de 75.000 euros en la segunda; generación de impagados con cargo a la tarjeta American Express obtenida fraudulentamente a nombre de Isabel). Asimismo procedieron a tramitar -también de forma fraudulenta y sin su conocimiento ni consentimiento- el alta en la Seguridad Social a otras personas (por ejemplo Fátima), provocando el cargo contra ésta de los correspondientes importes de cotización, que sí reclama y se le reconocen en el Fallo de la Sentencia.

Esto es: de los hechos probados de la Sentencia resulta que los acusados, puestos de común acuerdo, y apoderándose y valiéndose dolosamente de la documentación que recibían en los buzones de las distintas viviendas que ocupaban como inquilinos, confeccionaban documentos de falsa identidad y nóminas, y así abrían cuentas corrientes, obtenían créditos, obtenían tarjetas de crédito, contrataban servicios de telefonía, gestionaban altas en la Seguridad Social, y traspasaban cantidades de dinero entre unas cuentas y otras.

En algunas ocasiones no llegó a producirse enriquecimiento patrimonial o perjuicio no reparado a las víctimas (de ahí que existan operaciones reflejadas en los hechos probados por las que no se reclama perjuicio), pero en otras sí se llevó a término.

2.- El delito de estafa, tipificado en el artículo 248 del Código Penal, se caracteriza por la producción de un engaño por parte del autor en otra persona, que ha de ser bastante e idóneo para provocar el fin perseguido: un desplazamiento patrimonial, en perjuicio de esta última o de un tercero, con el correlativo enriquecimiento del primero.

La jurisprudencia está plagada de pronunciamientos en los que se considera y castiga como estafa la conducta engañosa y falsaria desplegada en el desarrollo de operaciones de naturaleza financiera, que producen perjuicio económico o bien en personas físicas, o bien en entidades bancarias, o bien en personas jurídicas mercantiles de otra dedicación.

Entran en juego en estos supuestos diversos elementos que permiten analizar problemas concretos de tipicidad de sumo interés: la exigencia del deber de autotutela, el principio de confianza en el tráfico mercantil, la naturaleza de la operación... todos ellos relevantes a la hora de calibrar la suficiencia del engaño como elemento esencial de la estafa.

En el recurso no se apunta atisbo alguno sobre este tipo de reflexiones. Como hemos dicho, se plantea brevemente una negativa general de los elementos característicos del delito, sin precisar nada más. Ello nos impide adivinar qué hubiese podido esgrimir la defensa a la hora de desarrollar con una mínima concreción el motivo de infracción de ley. Simplemente se remata este motivo segundo diciendo que "hay dos entidades con cantidades elevadísimas que declararon no ser estafados en cantidad alguna", como si tal afirmación fuese argumento bastante para destruir la calificación penal de los hechos. En absoluto. Ni siquiera se identifican las entidades a las que se refiere el enunciado, y ello al margen del desconocimiento que nos asalta acerca de los motivos por los cuales en algunas situaciones como la enjuiciada, determinadas entidades optan por no reconocer o reclamar los perjuicios sufridos.

En definitiva, ante la debilidad con la que se ha plasmado este motivo del recurso, no podemos más que desestimarlo en su integridad.

SÉPTIMO.- En el motivo siguiente se alojan en los artículos 11.1 y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los principios in dubio pro reo y de presunción de inocencia.

Ninguno de los dos preceptos se refiere al contenido (breve y entremezclado con la alusión a la valoración de la prueba) del motivo.

No es posible en modo alguno su estimación.

OCTAVO.- El motivo cuarto se refiere al delito de pertenencia a grupo criminal por el que resultan condenados los apelantes. Dice el recurso que "la calificación jurídica es excesiva dado el escaso tiempo de vigilancia para poder castigar por este delito", añadiendo que Roman tan solo iba a ver a sus nietos y un día acompañó a un empresario.

Tropezamos de nuevo con una parquedad de exposición similar a la que ya hemos reseñado en el motivo anterior sobre la tipicidad de los hechos como delito de estafa.

La sentencia recurrida explica en su FJ Tercero las razones por las cuales considera la Sala de instancia que los hechos exceden de un mero supuesto de coautoría y encuentran encaje típico en el artículo 570 ter del Código Penal. Existía una actuación concertada, un grupo no formado de manera fortuita para la comisión inmediata de un delito; la conducta delictiva de los acusados se mantiene en el tiempo (de 2019 a 2021 cuando son detenidos) y las operaciones económicas fraudulentas ascendieron a 500.000 euros.

La prueba que se describe al analizar la implicación de cada uno de los acusados en los hechos que se les imputan (FJ cuarto) es detallada y no se ve cuestionada en el recurso (ni la intervención de Roman en las conversaciones con la financiera Renta 4, ni en las conversaciones que mantiene con su hija Diana en particular). Es por tanto absolutamente insuficiente la simple afirmación de que Roman se limitaba a ir a visitar a sus nietos.

Por otra parte, la alusión al criterio del tiempo de la vigilancia (que en nada se compadece con lo que describe la sentencia) es de similar o mayor debilidad argumental.

Al no abundar el recurso con ninguna precisión en lo que pudiera ser el planteamiento técnico de este motivo, habrá de correr pareja suerte que los anteriores.

NOVENO.- Por último, la defensa dice que "la penalidad es desproporcionada ni ajustada. Toda la localización de efectos recogidos en el registro no tiene ni carácter de indicio débil". En el mismo párrafo se sostiene que los hechos podrían ser calificados "como una tentativa de robo de identidad del art. 172.5 del Código Penal". (sic)

En primer lugar hemos de señalar que cuando se discute la dimensión penológica establecida en una sentencia, habrá de hacerse ciñiéndose a los márgenes determinados para el delito de que se trate, a la luz del juego de las circunstancias que puedan incidir en la individualización, o bien con relación a las figuras que puedan determinar su imposición en diferentes grados. Lo que no resulta de recibo es cuestionar la dimensión de la pena impuesta por el órgano sentenciador modificando el encaje típico de la conducta y anudándola a otro delito distinto. Este modo de proceder no tiene acomodo en lo que se anuncia como esencia del motivo.

Por otra parte, el delito al que pretende acogerse ahora la defensa (no previsto en el artículo 172.5 sino en el 172 ter 5 CP) resulta inaplicable. Dicha figura, introducida en el Código Penal con ocasión de la reforma operada por la L.O. 10/2022, de 6 de septiembre, y objeto de modificación en la L.O. 1/2023, de 28 de febrero, castiga una forma de suplantación de la personalidad concreta. Se refiere a: " El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad superior de la condena." Tiene el delito un contexto y una finalidad específicas que en nada vienen a coincidir con la dinámica, finalidad y esencia de los integrantes del grupo criminal juzgado en el caso que nos ocupa, que centraron su actividad en la obtención de un beneficio económico, al margen de cualquier acoso, hostigamiento o humillación.

No es necesario abundar en mayores argumentos.

El motivo ha de ser desestimado.

DÉCIMO.- Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado íntegramente, procediéndose asimismo a la declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,