Sentencia Penal 384/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 419/2023 de 24 de octubre del 2023

PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes.

SEGUNDO.- Juzgando hechos ocurridos el día 12 de septiembre de 2020 en la localidad de Peralejo-El Escorial, en que resultó lesionado Adriano, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Teodoro como autor de un delito de lesiones ex artículo 147.1 del Código Penal, impuso las penas correspondientes y difirió al trámite de ejecución de sentencia la cuantificación de la responsabilidad civil, con fijación de bases, pronunciamientos recurridos por el acusado y el perjudicado, Acusación Particular, en razón de los siguientes motivos.

TERCERO.- Razones de lógica exigen abordar en primer término la apelación del Sr. Teodoro, cuyo único motivo denuncia vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al abrigo del artículo 846 bis c) e de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inexistencia de prueba que avale la condena, signo inculpatorio que niega a la declaración del denunciante por falta de coherencia y verosimilitud, al tiempo que ofrece otra exégesis del testimonio ofrecido por el Sr. Horacio, que la Sala estimó objetivo, concluyendo que no agredió a la víctima ni cabe establecer relación de causalidad entre su acción y las lesiones constatadas.

Por tanto lo que practica el disconforme es una nueva valoración de la prueba, pues estima errónea la del tribunal a quo.

Como punto de partida recordemos, sobre la naturaleza, designio y límites del recurso de apelación que, conforme a la doctrina legal representada por las SSTS de 26 de marzo de 2019 y 3 de junio de 2020, mientras en el recurso de casación la revisión del juicio fáctico de la sentencia impugnada se puede realizar a través del análisis de la presunción de inocencia - artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -, del error en la valoración de la prueba basado en documentos literosuficientes - artículo 849.2 - y por defectos de forma de la sentencia - artículos 851.1º y 2º-, el ámbito del recurso de apelación es más amplio, pues además de la posible invocación de la presunción de inocencia y de cualquier defecto de forma de la sentencia, se puede combatir el relato fáctico a través de la invocación del error en la valoración de la prueba, cuya justificación no se ciñe o limita a la valoración de documentos literosuficientes, sino de cualquier prueba y de su valoración conjunta. Consonante es que el artículo 790 de la ley procesal de forma expresa mencione el error en la apreciación de la prueba como una de las alegaciones propias del recurso de apelación frente a las sentencias.

El Tribunal de instancia analiza la prueba en el primer fundamento jurídico de la resolución, y da razón de su quehacer valorativo. Frente a esa apreciación el recurrente manifiesta su discrepancia, sin embargo la Sala cumple los parámetros jurisprudenciales impuestos por la presunción de inocencia, pues la sentencia descansa en actividad probatoria de cargo suficiente, legítima y reveladora del hecho y de la participación del acusado, a saber, la declaración de denunciante y denunciado, si bien la Sala constata divergencias significativas y acude al testimonio de cuatro personas, cuya narración pondera en términos razonables, prestando especial crédito al testigo Horacio, persona que separó a los contendientes y no se le conoce relación anterior con ninguno de ellos; el signo inculpatorio de esta última declaración no ofrece duda; además pondera el tribunal los informes médicos y prueba documental facultativa; este cuadro heurístico es inequívocamente incriminador del Sr. Teodoro.

La ponderación hecha por los Juzgadores de instancia sólo podría ser corregida en esta sede si condujera a un resultado ilógico, contrario a la razón o las reglas de la experiencia u opuesto a los conocimientos científicos, e incluso si hubiera orillado, sin dar razón, un sector de la prueba, defectos que no concurren ahora. En suma, la prueba inculpatoria desvirtuó la presunción de inocencia, que es iuris tantum, mediante actividad acreditativa respetuosa de la legalidad ordinaria y constitucional, suficiente y dotada de consistencia, sobre lo que razona el tribunal.

De ahí el rechazo del recurso.

CUARTO.- I. El primer motivo con que expresa el Sr. Lucio su desacuerdo denuncia "error en la apreciación de la prueba y subsiguiente vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva" reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución española, y en su desarrollo atribuye arbitrariedad en la función interpretativa de los elementos de prueba fundamento de la condena, anticipando ya divergencia en la valoración de la prueba testifical, y recordando la capacidad revisora del tribunal ad quem si no respondió a parámetros lógicos la llevada a cabo de la instancia.

A partir de esa introducción el apelante revalúa las pruebas y modifica y amplia el relato de hechos probados en extremos fundamentales, como la gestación del conflicto, intervención del acusado y episodios de violencia llevados a cabo por él, más consecuencias lesivas que la agresión comportó - entre las que señala fractura transindesmal del maleolo peroneo (tobillo) derecho -, criticando el crédito concedido por la Sala al testigo Sr. Horacio, a pesar de que manifestó no recordar con exactitud lo acaecido, y de que su intervención pacificadora fue ulterior al inicial episodio violento, en que el apelante Sr. Secundino, se afirma, fue arrojado al suelo y se golpeó con un murete, recibiendo después patadas y pisotones. Subraya el recurrente que sus propias manifestaciones fueron contundentes y esclarecedoras, coherentes al aseverar cómo sufrió patadas y pisotones cuando cayó al suelo, y estima incomprensible que la Sala desatienda su versión y concluya que la lesión pudo haberse producido por una mala pisada o mal movimiento, valoración gratuita afectante al nexo causal entre agresión y lesión. Aborda también el disconforme la declaración de Ricardo, tildándola de inverosímil, contradictoria respecto a anteriores manifestaciones en fase de instrucción y falaz en algunos pormenores, aunque termina el alegato recordando que en fase policial sintetizó el Sr. Ricardo lo acaecido en los siguientes términos "que ha ocurrido una fuerte discusión entre dos personas por el no uso de mascarilla y falta de distancia de seguridad entre personas, momento en el que tras haberse cruzado numerosos insultos, una de ellas ha agredido a la otra y acto seguido se ha marchado del lugar".

Obsérvese que, fruto de su análisis, termina el apelante afirmando la relación de causalidad entre la violencia desplegada por Teodoro contra él y el conjunto de resultados lesivos, incluida la fractura transindesmal del maléolo peroneo derecho, que es la lesión que requirió atención médica de mayor intensidad - con tratamiento rehabilitador y quirúrgico - exigió más tiempo para la sanación y dejó secuelas consistentes en artrosis postraumática, material de osteosíntesis y cicatriz con hipercromía e hipertrófica con discreta deformidad o asimetría de tobillo derecho respecto al contralateral, lesión esta última que la Sala descarta, ante la duda suscitada, sea efecto de la agresión objeto de enjuiciamiento.

II. Por tanto ese corolario tiene como inmediato antecedente lógico la reconsideración del cuadro probatorio, sustituyendo una labor encomendada al tribunal por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa, y lo manifestado por los mismos procesados, dicte sentencia, función que el disconforme pretende suplir so capa del propio criterio, a pesar de que la Sala de instancia valoró la prueba en términos de racionalidad y expresó en lo necesario su discurso lógico, por lo que, aun siendo posible otra apreciación, sus conclusiones han de ser mantenidas.

A la vez el disconforme insiste en la calificación de esos hechos acordes a su relato como constitutivos de un delito ex artículo 150 del Código Penal, según interesó en fase de conclusiones definitivas.

III. Por tanto nos encontramos ante una pretensión de agravamiento de la condena pronunciada en la primera instancia, en sus vertientes fáctica y jurídica; por ello hemos de partir del régimen legal que implantó la Ley 41/2015, de 5 de octubre que dio nueva redacción a los artículos 790.2 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de cuya exégesis armónica resulta que cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria habrá de justificar, bien la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, bien el apartamiento de máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre prueba relevante o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada, sin que la sentencia de apelación pueda condenar al absuelto ni agravar la condena impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo de aquél, no obstante su posible anulación devolviendo en tal caso las actuaciones al órgano a quo con indicación de los términos y alcance de la nulidad. Es a la luz de estas premisas normativas como procede examinar la impugnación de la sentencia.

Por ello la cuestión se centra en determinar si el Tribunal a quo, mediante su construcción lógica en la apreciación de los medios heurísticos proporcionados por las partes incurrió en falta de racionalidad, se apartó de máximas de experiencia o pretirió razonar sobre alguna prueba relevante, pues como señala la reciente STS nº 297/2020, de 11 de junio, "El derecho a la tutela judicial efectiva, conforme reiterada doctrina constitucional y casacional (por todas STC 50/2014, de 7 de abril de 2014, seguida en múltiples resoluciones de esta Sala -417/2018, 97/2018, 743/2017, 29/2016, 141/2015-), comprende el derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Ello supone, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo y 25/2000, de 31 de enero). En segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 276/2006, de 25 de septiembre y 64/2010, de 18 de octubre) o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio).

Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto; 25/2000, de 31 de enero; 221/2001, de 31 de octubre, 308/2006, de 23 de octubre, 134/2008, de 27 de octubre; por todas).

En definitiva, el art. 24.1 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria ( SSTC 8/2005, de 17 de enero; 13/2012, de 30 de enero y 27/2013, de 11 de febrero, etc.)."

IV. En el caso objeto de estudio el Tribunal no incurrió en déficit de motivación, su discurso es racional y no se aparta de las máximas de experiencia ni omite razonamiento sobre prueba relevante, a lo que no es equiparable el mayor crédito o fuerza suasoria concedido a un medio respecto a otro. En el recurso late el desacuerdo del apelante con la apreciación judicial amparada en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el fondo ahora se pretende una reconsideración de pruebas de naturaleza personal - declaraciones de los acusados y de los testigos, y dictamen pericial del doctor Lucio explicado, aclarado y ampliado en el juicio oral - cuya correcta y adecuada apreciación exige práctica en presencia del órgano judicial que las valora - vid. SSTC 126/2012, de 18 de junio, 22/2013, de 31 de enero, 88/2013, de 11 de abril, ó 14/2020, de 14 de enero, entre otras muchas, a partir de la STC 167/2002 -, y se acude al método de cuestionar la valoración como irracional, lesiva de los postulados constitucionales o incompleta.

Sin embargo no se observa error ni preterición de pruebas relevantes, sino antes bien una apreciación no coincidente con la mantenida por la tesis acusatoria, y el análisis judicial no es contrario a la razón.

V. Además, no cabe orillar que el incremento de desvalor de la acción que informa la hipótesis agravada guarda relación con el elemento subjetivo del injusto; el margen de revisión de la sentencia que descarta la modalidad agravada con la sola intervención de la Defensa y sin audiencia personal del reo se ciñe a la corrección de errores de subsunción a partir de elementos históricos reflejados en el factum, sin nueva valoración de la prueba, incluso errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado cuando la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica, pero en el presente caso el debate, en cuanto afecta a los contornos del animus y elementos del dolo alude a una cuestión que no es netamente jurídica, está imbricada con una dimensión fáctica que obliga al respeto de las apreciaciones del Tribunal a quo, enriquecidas por la inmediación y carentes de todo despropósito, homologables por ello. El debate, en suma, no se ciñe a cuestiones jurídicas que dispensen la participación personal del acusado ni cabe prescindir de la inmediación.

Como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2013 en lo que se refiere al tipo subjetivo, el dolo en el delito de lesiones ex artículo 150 del Código Penal va referido a la acción, y la deformidad o inutilidad procedente por la agresión está abarcada por el dolo en la medida en que la acción realizada, con la intensidad con la que fue producida, permita la representación del resultado ( SSTS 218/2005 y 1437/2005).

VI. Por otra parte, desde una perspectiva netamente jurídica postula el disconforme la aplicación del artículo 150 del Código Penal, pues la agresión, dice, le ha causado una deformidad en el rostro.

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2009 examina el concepto y sus notas indicando: "Como dice la STS 1154/2003, de 18 de septiembre, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre el concepto jurídico de deformidad, como secuela jurídicamente relevante de los delitos de lesiones, declarando al efecto que la deformidad consiste "en toda irregularidad física, visible y permanente, que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista" (v. Sentencias de 25 de abril de 1989 y 17 de septiembre de 1990). Se destacan, pues, tres notas características de la misma: irregularidad física, permanencia y visibilidad. La jurisprudencia exige también que el Tribunal lleve a efecto un juicio de valor sobre la referida irregularidad, con objeto de destacar, en su caso, que la misma sea de cierta entidad y relevancia, con objeto de excluir del concepto jurídico de deformidad aquellos defectos que carezcan de importancia por su escasa significación antiestética (v. SS. de 10 de febrero de 1992 y 24 de octubre de 2001). Dicho juicio valorativo habrá de realizarlo el Tribunal teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima y su aspecto físico previo a las lesiones. En cualquier caso, los criterios valorativos deberán ser más estrictos cuando las secuelas afecten a la fisonomía facial (v. S. de 10 de febrero de 1992)... Finalmente, hemos de destacar también que, a la hora de formar el anterior juicio de valor, como es obvio, han de jugar un papel decisivo los elementos de juicio inherentes al principio de inmediación (v. S. 17 de mayo de 1996)"."

Como reitera la doctrina legal, la exégesis del alcance semántico del concepto "deformidad" se debe hacer cuidadosamente, para evitar un exceso en la respuesta punitiva contrario a la equidad y al principio de proporcionalidad habida cuenta de que la pena prevista en el artículo 150 del Código Penal tiene una extensión de tres a seis años; de ahí que el perjuicio estético conceptuable de "deformidad" exija relevancia que justifique la equiparación con la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal.

A propósito de la pérdida de piezas dentales el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2002 estableció que "la pérdida de incisivos u otras piezas dentarias, ocasionada por dolo directo o eventual, es ordinariamente subsumible en el artículo 150 del Código Penal. Este criterio admite modulaciones en supuestos de menor entidad, en atención a la relevancia de la afectación o a las circunstancias de la víctima, así como a la posibilidad de reparación accesible con carácter general, sin riesgo ni especiales dificultades para el lesionado. En todo caso, dicho resultado comportará valoración como delito, y no como falta", doctrina con posterioridad aplicada atendiendo al caso concreto y sus peculiares circunstancias, v.gr. las SSTS de 25 de febrero de 2008, que contempla un caso de pérdida de cuatro piezas como consecuencia de varios golpes sobre el rostro, por la menor afectación de las lesiones y facilidad de reparación mediante implante, y la de 5 de junio de 2015, supuesto de mera movilidad de dos piezas, valorando la posibilidad de reparación sin riesgo para el lesionado y las circunstancias por la dinámica comisiva no singularmente grave.

En el caso que nos entretiene motiva la solicitud de que sea aplicado el artículo 150 del Código Penal la lesión consistente en movilidad en las piezas dentales 21, 22 y 23, con posibilidad de pérdida y riesgo de necrosis. El informe obrante al folio 65 de la causa describe el tratamiento aplicado, ferulización, y transcurridos dos años, el Sr. Lucio seguía conservando las piezas, si bien en el plenario el odontólogo manifestó que la evolución plantea la extracción de dos, lo que no consta finalmente se haya materializado.

En suma, el juicio de valor realizado por la Sala de instancia es correcto desde la perspectiva de la axiología y en la concepción normativa o técnico-jurídica en la deformidad como categoría.

QUINTO.- En mérito a las anteriores consideraciones cumple desestimar los recursos y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada, ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.