Sentencia Penal 6/2023 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 1/2023 de 04 de abril del 2023

PRIMERO.- Motivo primero: quebrantamiento de normas y garantías procesales, vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso justo con todas las garantías y de defensa.

1.- Bajo la mencionada rúbrica, traslada el recurrente su queja sobre tres extremos diferentes: a) la falta de una explicación completa en las instrucciones dadas al jurado por la magistrada-presidenta; b) la concurrencia de defectos en la proposición del objeto del veredicto; y c) la concurrencia de motivos para haber sido devuelta el acta del veredicto.

2.- El motivo fue impugnado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.

3.- Ninguna de las tres quejas contenidas en este primer motivo puede tener acogida favorable, porque en ningún momento se realizó protesta alguna por la defensa al momento de ocurrir las pretendidas irregularidades, lo que impide de plano la prosperabilidad de dichas quejas.

Por lo que se refiere a la queja por una pretendida explicación incompleta de la magistrada presidente al impartir las instrucciones previstas en el art. 53 (sic) y 59 LOTJ, obviando la incorrección de la cita legal al señalar el artículo 53, y no el 54, como el que regula las instrucciones a los jurados, el visionado de la grabación del juicio permite comprobar la extensión, adecuación y rigor de las instrucciones dadas por la magistrada presidente a los miembros del jurado sobre la función que los mismos debían desempeñar en los términos legalmente previstos y sobre las cuestiones planteadas en el objeto del veredicto y posibles contradicciones e incompatibilidades de respuestas, preguntándoles si existía alguna dificultad, sin que tampoco el ahora recurrente planteara objeción alguna.

Por lo que se refiere a los pretendidos defectos en el objeto del veredicto, consta las actuaciones que se procedió a la lectura del mismo en audiencia de todas las partes, sin que la defensa alegara nada sobre la complejidad de las preguntas, ni si las mismas podían o no contestarse en parte afirmativamente y en parte negativamente. Tampoco alego contradicción alguna, ni defecto u omisiones en dicho objeto. Solamente las acusaciones pidieron aclaraciones que se efectuaron correctamente por la magistrada que pregunto a las partes si pedían alguna modificación sin que se pidiera por ninguna de ellas.

Y por lo que se refiere, finalmente, a la denuncia de que concurrieron motivos para la devolución del acta al jurado, por no haberse pronunciado debidamente el jurado sobre determinados hechos y por contener pronunciamientos contradictorios, nuevamente debe señalarse que todas las partes tuvieron posibilidad de alegar las supuestas contradicciones o defectos en el objeto del veredicto, sin objeción por el ahora recurrente.

4.- Procede, por todo ello, la íntegra desestimación del motivo.

SEGUNDO.- Vulneración de la presunción de inocencia por carecer de base razonable la condena atendida la prueba practicada en el juicio y, en consecuencia, infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos y en la determinación de la pena.

1.- Con cita simultánea de los apartados e) y b) del art. 846 bis, c LECR, discrepa el recurrente de la valoración probatoria efectuada por los jurados de la prueba practicada en el plenario, que estima determinante tanto de la falta de base razonable de la condena impuesta, como de la aplicabilidad de los tipos penales por los que se condena. Denuncia que los errores al valorar la prueba practicada en el plenario se extendieron a los hallazgos fácticos y calificación jurídica subsecuente en relación con una serie de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: agravante de género; trastorno mental, consumo de bebidas alcohólicas y/o drogadicción; arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejantes como atenuante; y reparación del daño.

2.- El motivo fue impugnado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.

3.- Adelantaremos desde ya que el motivo no va a tener favorable acogida. Dejando de lado la asistematicidad de la simultánea invocación de los dos motivos en que se sustenta la queja (cuestionando al mismo la valoración probatoria y la aplicación normativa efectuada en la instancia), para fundamentar nuestra respuesta acudiremos a los criterios establecidos por una reiterada jurisprudencia tanto en relación con las exigencias de motivación del veredicto y de las sentencias dictadas por el tribunal del jurado, como en el alcance de la revisión probatoria que procede realizar en la alzada.

4.- Respecto al primer aspecto (motivación del veredicto y de las sentencias del tribunal del jurado), es exponente de la jurisprudencia aplicable la STS 1547/2005, de 7 de diciembre, a la que seguiremos en nuestra argumentación, cuando declara:

Reiteradamente hemos señalado la necesidad de motivar las sentencias por imperativo del artículo 24.1 de la Constitución en cuanto reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, y concretamente del artículo 120.3 de la misma, que lo establece de modo expreso. En la medida en que la motivación se refiere a los hechos, presenta una relación íntima con el derecho a la presunción de inocencia, pues la suficiencia de la prueba y la racionalidad del proceso valorativo deben expresarse precisamente a través de la motivación. ... Por eso, la necesidad de motivar las sentencias respecto de la prueba de los hechos se refuerza cuando se trata de sentencias condenatorias y el acusado los ha negado o no ha reconocido aquellos aspectos de los mismos que resultan relevantes para la calificación.

... Cuando se trata de sentencias del Tribunal del jurado, la cuestión presenta algunas peculiaridades. En estos casos, es preciso que esté suficientemente motivado el veredicto de los jurados sobre los hechos, y además también deberá estarlo la sentencia del Tribunal, redactada por el Magistrado Presidente ... Es cierto que, en estos casos, y en cuanto se refiere a la motivación del veredicto, no puede exigirse a los ciudadanos que lo integran el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional. Por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado sólo requiere en el artículo 61.1.d ), que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar como probados unos determinados hechos. Dos elementos distintos, pues, integran la motivación de los jurados que debe aparecer en el acta de votación: la enumeración de los elementos que han empleado o a los que han atendido para llegar a su convicción; y una sucinta explicación del por qué esos elementos probatorios les han convencido en un determinado sentido. O dicho en términos de la Ley, de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.

5.- Por lo que se refiere ahora a la segunda de las cuestiones que anticipábamos (el alcance de la revisión probatoria que procede realizar en apelación del procedimiento del jurado), la literalidad legal del motivo previsto en el artículo 846 bis c) e) LECR remite al criterio de la razonabilidad de la condena impuesta, excluyendo la posibilidad de una plena revisión de la valoración probatoria efectuada por el Jurado. No se trata, por tanto, de alterar las conclusiones fácticas alcanzadas por éste, por otras que merezcan mayor fundamento para el recurrente o para el tribunal ad quem, sino -tan solo- de excluir por la vía del recurso aquella valoración que resulte de todo punto irrazonable o infundada. Para realizar esa labor, el tribunal de apelación ha de examinar no solo los medios de prueba utilizados, sino también la interpretación valorativa de los elementos de acreditación de los hechos. Pero lejos de entrar en una nueva valoración del material probatorio disponible, el órgano ad quem limita su función -como ya se ha dicho- al control de la lógica interna del razonar que conduce de las pruebas practicadas a la convicción declarada.

El Tribunal de apelación ha de analizar: a) el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto (contradicción, inmediación, publicidad e igualdad); b) el "juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y c) el "juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el tribunal de jurado cumplió con el deber de motivación, es decir, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

6.- La aplicación de la doctrina que ha quedado expuesta al motivo de impugnación analizado, lleva a la Sala a concluir que, como a continuación expondremos: 1.- existió en el caso presente prueba de cargo legítima, bastante y de claro signo incriminatorio respecto de la concreta forma de participación del recurrente en los hechos por los que se le condena; 2.- que, a partir de dichas fuentes de prueba, los jurados alcanzaron su convicción sobre la realidad de una serie de hechos objetivos que aparecen perfectamente explicitados en la declaración de hechos probados que no pueden ser revisados por el tribunal superior, en la medida en que queda fuera de su competencia revisora la ponderación realizada por los Jurados del peso de las pruebas e indicios incriminatorios en relación con las pruebas de descargo practicadas, que debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del tribunal a quo, siempre que responda a las reglas de la lógica y del criterio humano; y 3.- esta Sala constata, finalmente, la perfecta razonabilidad del juicio de inferencia vertido por el magistrado presidente en los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en justificación razonada y razonable de la convicción que alcanzaron los jurados sobre la culpabilidad del acusado.

Los miembros del jurado expresaron por unanimidad o amplísima mayoría (ocho votos a favor y uno en contra) su respuesta a cada una de las preguntas efectuadas contenidas en el objeto del veredicto, teniendo en cuenta al formar su convicción las pruebas practicadas, tanto de la defensa como de la acusación: confesión del acusado, testificales, periciales y documentales. La prueba de cargo valorada por los miembros del jurado fue adecuada, racional, suficiente y unívocamente incriminatoria, sin ruptura ilógica o irracional, en conexión con el veredicto. Por lo que no apreciamos la vulneración denunciada en el recurso de apelación de los derechos a la tutela judicial efectiva, un proceso justo con todas las garantías y presunción de inocencia.

Los jurados, lejos de limitarse a una declaración apodíctica de su convicción, dan razones justificadoras de sus respuestas a las distintas pruebas practicadas. Se pronunciaron sobre todas las pruebas practicadas tanto de la defensa como de la acusación, cumpliendo con lo determinado por el art. 61.1.d) LOTJ que les exige una sucinta explicación de las razones que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Llegando a la conclusión que el acusado era autor de dos delitos. Uno de asesinato, concurriendo las circunstancias agravantes de parentesco y de género, y la atenuante de confesión. Y otro de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión.

7.- Por lo que se refiere al cuestionamiento de la apreciación de la agravante de género, entiende el recurrente que no es de aplicación porque el jurado contestó que el acusado hubiera cometido igual el hecho si su pareja hubiera sido un hombre, por lo que no existe discriminación por razón de género.

Se corresponde con la pregunta del objeto de veredicto número trece que dice si el acusado actuó contra su mujer por el solo hecho de ser mujer (13.1). A lo que contestan por unanimidad que no porque hubiera actuado igual si su pareja hubiera sido un hombre. Y si el acusado mantenía una relación controladora y de dominación con su esposa, al considerarse superior a ella, y por esta razón su conducta es más reprochable (13.2). A lo que contestan por unanimidad afirmativamente, en base a la prueba testifical y en especial de la psicóloga del CAVI. Estas respuestas lejos de ser contradictorias son congruentes, pues lo que pone de manifiesto el jurado es que el acusado controlaba y se sentía superior a su esposa, que es lo que la actual jurisprudencia del TS desde el año 2018 viene teniendo en cuenta para considerar la existencia de la agravante de género en estos delitos ya que viene considerando el aspecto mixto subjetivo y objetivo y no sólo el sexo de la víctima.

Gabriela declaró que la relación entre sus padres no era buena y que su padre maltrataba física y psíquicamente de forma constante a su madre, hasta el punto de estar muerta en vida. Y la psicóloga del CAVI doña Raquel que trató a la víctima depuso en el sentido que la víctima le decía que su marido la controlaba excesivamente y que la empujaba e insultaba. Finalmente, también los testigos don Balbino dijo que el acusado tenía amenazada a su mujer y don Benedicto oía por el patio de vecinos como el acusado insultaba a su mujer llamándola puta.

Trato vejatorio y de subyugación que conforma esta agravante de género ( sentencia del TS 99/2019 de 26 de febrero, que es compatible con la agravante de parentesco ( sentencia del TS nº 565 de 2018).

8.- Por lo que se refiere ahora al cuestionamiento de la no apreciación de concurrencia de un trastorno mental, apreciable como eximente completa o incompleta, o como atenuante, el recurrente la sustenta en un informe de parte del médico psiquiatra don Carmelo (acontecimiento 1054). Sosteniendo el recurrente que existe un error en el jurado cuando no dio por cierto que el acusado padecía un DIRECCION002 y un DIRECCION003 en el adulto, y que ello le afectó en el momento de los hechos.

Se corresponde con la pregunta decimosexta referente a si en el momento de cometer el hecho delictivo, el acusado padecía un DIRECCION002 y un DIRECCION003 en el adulto. A lo que el jurado contesta no de forma unánime, en base a dos conceptos. Uno, que no existe ningún informe anterior o posterior próximo a la fecha del hecho que lo corrobore. Y otro, el propio acusado niega patologías o enfermedades médicas.

Lo acreditado en consecuencia es que el informe de imputabilidad -pedido y sufragado por la defensa- se realizó en octubre de 2022, pasados casi dos años de los hechos, y sin pruebas analíticas específicas, ni asistencia de interprete para el acusado como siempre se había hecho, que no desvirtúa por tanto, las demás pruebas testificales, periciales y documentales, y la propia declaración del acusado que niega tratamiento médico o patología en este sentido, que acreditan la inexistencia de esta eximente o atenuante de trastorno mental.

9.- En relación con la invocada eximente completa o incompleta, o atenuante, por consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas del art. 20.1 o 21.1 y 2 C.P, invoca el recurrente el análisis de orina que se realiza al acusado al ingresar en el centro penitenciario, que dio positivo a cannabis y benzodiacepinas; la declaración de Gabriela, que afirmó que el acusado todas las noches se fumaba un porro; así como la declaración de doña Coral, que sostuvo que el acusado era consumidor de esas sustancias.

Se corresponde con la proposición decimoséptima sobre si el acusado en el momento de los hechos padecía un trastorno mental y del comportamiento por el consumo de cannabis (17.1). Fue contestada negativamente por unanimidad en base a que nada lo demuestra. Y si en el momento de los hechos, había consumido cannabis y cerveza (17.2). También fue contestada negativamente por ocho votos a uno, en base a la declaración de los agentes que lo detuvieron, que no observaron signos de embriaguez ni estar bajo los efectos del alcohol. En consecuencia, no se puede aceptar esta eximente o atenuante, pues el hecho que el acusado fuera habitual consumidor de cannabis no acredita que estuviera bajo los efectos de droga o alcohol el día de los hechos de forma que anularan total o parcialmente su intelecto y/o voluntad, ni siquiera que lo hubiera consumido, conforme lo prueba la declaración de los agentes que lo detuvieron que no apreciaron nada de ello. A lo cual no es óbice que diera positivo en el análisis efectuado antes de entrar en prisión, pues esas sustancias dejan huella y tardan en desaparecer del cuerpo un tiempo determinado, con mayor razón cuando se es habitual consumidor de éstas. Y las declaraciones de Gabriela y Coral no reflejan que el día de los hechos el acusado hubiera consumido alcohol o drogas que minaran su intelecto o voluntad.

10.- Invoca también el recurrente la apreciación de la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante del art. 21.3 C.P.

Esta pregunta se corresponde con la décimo octava que, si bien no se da una respuesta concreta, se deduce de las anteriores preguntas contestadas, concretamente de la quinta donde se preguntaba al jurado si en un momento de la discusión Sonia llegó a levantar y volcar una mesa y profirió al acusado expresiones tales como " tu madre y tus hermanas son putas", siendo contestada por el jurado negativamente por unanimidad, en base a las fotos de la inspección ocular que no constataban esa pelea (acontecimiento 131) y el testimonio de la policía, que no constatan tal atenuante, sino que por el contrario lo acreditado es que, el acusado planificó la comisión del delito al esconder un arma de fuego, ir a buscarla el día de los hechos cuando la víctima se encontraba sola en la casa, posteriormente escondió la escopeta y había anticipado a los vecinos su intención de matar a su esposa, a tenor de las pruebas obrantes en las actuaciones, tanto fotos de la inspección ocular como declaración de los agentes policiales.

11.- Por lo que se refiere, finalmente, a la atenuante de reparación del daño causado del art. 21.5 C.P, entiende el recurrente que el jurado no motivó su no apreciación y solo lo hizo la magistrada, por lo que debería apreciarse por el principio in dubio pro reo, y porque se ha acreditado el esfuerzo reparador del acusado, que carece de propiedades y que ha destinado parte significativa de los exiguos ingresos que percibe como prestación del trabajo realizado en el centro penitenciario.

Esta pregunta en el objeto del veredicto consta de dos partes, la décimo novena, apartados uno y dos. El número uno consistía en que si el acusado había ingresado 1.200 euros desde julio a diciembre de 2022, a razón de 200 euros mensuales. Pregunta que fue contestada afirmativamente por unanimidad en base al acontecimiento 1068. Y la numero dos, sobre si ese ingreso merece que el acusado tenga un menor reproche penal, fue contestada ahora de forma negativa, también por unanimidad, tras una correcta y amplia instrucción por parte de la magistrada acerca de la aplicación de esta atenuante. No se puede obviar que el ingreso de la primera cantidad fue dos años posteriores a la comisión del hecho, pocos meses antes del juicio, y que no reunía los requisitos jurisprudenciales de ser eficiente, significativa y relevante, pues ingresó un total de 1.200 euros frente a la condena de 195.000 euros a Arcadio, 175.000 euros a Gabriela y 20.000 euros a Begoña.

12.- Finalmente, en el acto de la vista del recurso, la defensa del acusado plantea la atenuante de colaboración con la justicia, que no puede ser aceptada ya que en el propio escrito de calificación provisional elevado a definitivo en juicio, solicitaba la aplicación de la atenuante de confesión o la ahora esgrimida, habiéndose decantado el jurado, en atención a las preguntas del objeto de veredicto por la de confesión del art. 21.4 C.P; solución que da cumplida respuesta a la base fáctica en que se soportan ambas pretensiones.

13.- Procede, por todo ello, la íntegra desestimación de este segundo motivo de apelación.

TERCERO- Costas procesales.

Por lo que respecta a las costas de este recurso, procede declararlas de oficio en aplicación de las previsiones generales de los artículos 239 y 240 de la LECrim.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución,