Sentencia Penal 30/2023 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 58/2023 de 20 de abril del 2023

PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ruperto

II.1 En la citada representación se interpuso recurso por los siguientes motivos:

(i) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con el delito de robo con violencia o intimidación.

(ii) Vulneración del principio de tutela judicial efectiva por falta de motivación de las penas impuestas.

(iii) Vulneración del principio acusatorio en relación con el delito de lesiones psicológicas.

II.2 Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular y el Actor Civil se opusieron a los motivos de recurso.

SEGUNDO.- Vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con el delito de robo con violencia o intimidación

II.1 Por la representación procesal de Ruperto se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con el delito de robo con violencia o intimidación al basarse la condena únicamente en la versión de la denunciante, que ofrece múltiples contradicciones.

En concreto hay contradicciones en relación si vio u oyó al recurrente coger el dinero o si tenía o no efectivo, aspecto que no fue corroborado por los agentes de la Ertzaintza actuantes. Por tanto, no ha quedado acreditado que el objeto de la acción fuese un robo o un intento por ver a los padres enfermos, como se alega de contrario.

II.2 Frente a ello el MINISTERIO FISCAL alega que se ha probado adecuadamente el ánimo de lucro en la acción del recurrente, así como su actuación intimidatoria. Adicionalmente, aunque se desprendiese del móvil

tuvo plena disponibilidad del mismo, con lo que se consumó el delito; también es razonable considerar que se llevó el dinero con el que pagó la habitación de hotel en que fue detenido.

II.3 Igualmente impugna el motivo de recurso la representación procesal de la Acusación Particular. Manifiesta que el recurrente reconoció en el acto del juicio haber recogido el móvil de su hermana y las llaves de la casa y que la declaración de la afirmada víctima cumple con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para ser tomada como prueba de cago.

II.4 La presunción de inocencia es un derecho que asiste a toda persona que se enfrenta a un procedimiento penal. Entre otros textos legales aparece recogida en el artículo 24.2 de la Constitución y en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como parte del derecho a un proceso equitativo:

Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

De igual manera aparece definida en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo definida en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, conforme a la que:

Los Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.

Dentro de esta presunción se encuentra la obligación de la acusación ...proponer las pruebas suficientes para fundamental la declaración de culpabilidad ( sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 6 de diciembre de 1988, asunto Barberá, Messegué y Jabardo c. España) y está estrechamente vinculada al derecho a no declarar contra sí mismo ( sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de diciembre de 2000, asunto Heaney y Mcguinness c. Irlanda), de forma que la falta de aportación de prueba de descargo no debe ser por sí misma prueba de culpabilidad, sin perjuicio de las consecuencias que puedan extraerse de la falta de aportación de datos a disposición del acusado (caso Murray contra Reino Unido, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de febrero de 1996).

Sentado lo anterior, esta Sala ha tenido oportunidad de decir en multitud de pronunciamientos, por todas, la de 7 de julio de 2022 (ECLI:ES:TSJPV:2022:1218) que la presunción de inocencia, columna básica de nuestro sistema de Derecho sancionador, es una presunción iuris tantum, que posibilita su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria... ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2002, ECLI:ES:TS:2002:3990).

Conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 98/1990, de 24 de mayo (ECLI:ES:TC:1990:98) exige para poder ser desvirtuada una actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías procesales y de las que pueda deducirse razonada y razonablemente la culpabilidad del acusado, debiendo, en principio, realizarse tal actividad probatoria, para dar cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación y contradicción que presiden el proceso penal, en el acto del juicio oral aunque también puede ser enervada mediante medios de prueba preconstituidos de imposible o muy difícil reproducción, así como las diligencias sumariales y policiales practicadas con las garantías que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, siempre que sean reproducidas en el acto del juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción.

Cuando la alegación de vulneración de la presunción de inocencia se produce dentro del proceso de revisión de la sentencia de instancia, la sentencia de 8 de abril de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1236) del Tribunal Supremo ha establecido que, el órgano ad quem debe tener en cuenta, que la presunción de inocencia impone diferentes planos de intervención que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas; la consistencia de las informaciones aportadas para considerar suficientemente acreditados más allá de toda duda razonable los hechos sobre los que se funda la declaración de existencia del delito y de participación del recurrente; hasta la propia evaluación del proceso valorativo del tribunal de instancia. Determinando, por un lado, si las razones por las que atribuye valor a las informaciones probatorias responden a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico -vid. SSTS 227/2007 , 617/2013 , 310/2019 -. Y, por otro, si el método valorativo empleado se ajusta a las exigencias constitucionales de completitud y de expresa identificación en la sentencia de los criterios de atribución de valor con relación, primero, a cada uno de los medios de prueba practicados y, segundo, al cuadro probatorio observado en su conjunto (...). Un defecto grave en el método valorativo empleado puede comportar una también grave afectación del derecho a la presunción de inocencia -vid. STC 105/2016 -.

II.5 En el presente caso, y descartada la concurrencia de prueba ilícita, debemos centrarnos en la concurrencia de prueba de cargo y si la inferencia hallada por el Tribunal de instancia es razonable, no procediendo en ningún caso una revisión completa del procedimiento de valoración probatoria.

En primer lugar, disponemos de prueba de cargo, como es la declaración de la víctima; superada la máxima unius testimonio non esse credendum ( Digesto 48,18,20) la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para sustentar una condena, sin perjuicio de que sea una cuestión compleja, encontrándonos habitualmente ante supuestos ocurridos en la en la intimidad en los que el juzgador se enfrenta a una compleja valoración probatoria; nos movemos entre, por un extremo, el riesgo de impunidad y por el otro el de condenar a un inocente ( sentencias de esta Sala de 16 de julio, ECLI:ES:TSJPV:2020:359 y 15 de octubre de 2020, ECLI:ES:TSJPV:2020:384), lo que hace exigible redoblar el esfuerzo de motivación fáctica ( sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3312); esta declaración pueda erigirse en prueba de cargo que habilite un pronunciamiento de condena, incluso cuando actúe como acusador particular siempre que cumpla con tres parámetros, a saber:

(i) La ausencia de incredibilidad subjetiva, que, en lo que aquí nos interesa, puede derivar de la concurrencia de móviles espurios, en función de las relaciones anteriores con el sujeto activo (odio, resentimiento, venganza o enemistad) o de otras razones (ánimo de proteger a un tercero o interés de cualquier índole que limite la aptitud de la declaración para generar certidumbre); de igual manera entrarían en este parámetro de valoración ciertas características del testigo, como su edad infantil o su eventual capacidad limitada o necesitada de apoyo.

(ii) Existencia de credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de carácter periférico (coherencia externa).

(iii) Persistencia en la incriminación, que supone a) Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima. Se trata de una persistencia material en la incriminación, valorable "no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en la constancia sustancial de las diversas declaraciones" ( Sentencia de esta Sala de 18 de Junio de 1.998 , entre otras). b) Concreción en la declaración. La declaración ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que la víctima especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. c) Ausencia de contradicciones entre las sucesivas versiones que se ofrecen a lo largo del procedimiento, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre las diversas versiones narradas en momentos diferentes.

Conclusión de los citados parámetros es que, como dice la referida sentencia del Tribunal Supremo, la palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva", pero teniendo en cuenta que "[C]uando una condena se basa esencialmente en un único testimonio ha de redoblarse el esfuerzo de motivación fáctica por lo que si damos carácter probatorio a la afirmación debemos revestirla de elementos, al menos indiciarios o periféricos, que la refuercen, partiendo de que el principio de presunción de inocencia es la indudable, evidente y elemental base del sistema penal de un Estado de Derecho. En palabras de nuestro Alto Tribunal (6 de abril de 2017 - ECLI:ES:TS:2017:1190) la posibilidad de sustentar la condena únicamente en la palabra del actor no supone ni relajación del rigor con que debe examinarse la prueba, ni debilitación del in dubio. Es secuela y consecuencia de la inconveniencia de encorsetar la valoración probatoria en rígidos moldes legales, distintos de las máximas de experiencia y reglas de la lógica.

Nos encontramos ante la compleja valoración de la prueba en los supuestos habitualmente llamados "palabra contra palabra", especialmente comunes en los delitos contra la libertad sexual, aunque también en otros como el presente, en los que como ha dicho el Tribunal Supremo (sentencia de 30 de mayo de 2012 - ECLI:ES:TS:2012:3980), " no es cierto que exista un estándar de prueba menos exigente para los caso de acciones, generalmente contra la liberad sexual, que pudieran haberse cometido en el ámbito exclusivo de la relación entre dos personas, luego, como es el caso, enfrentadas en una causa. Aunque tal sea lo que cabe entender a partir de esas afirmaciones poco afortunadas de cierta jurisprudencia. El derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto: cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que pueda dar lugar a una sentencia condenatoria", de forma que " no es que una testifical que supere ese triple filtro deba ser tenida como válidamente inculpatoria. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado a limine como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabría pasar -en un segundo momento- a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para tratar de confirmar la calidad de los datos".

Además, nos recuerda la antes citada sentencia del Tribunal Supremo 6 de abril de 2017, " ...la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la sentencia hace imposible apoyar una condena sobre la base de la mera "creencia" en la palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe. No basta "creérselo", es necesario explicar por qué es objetiva y racionalmente creíble; y por qué de ese testimonio se puede seguir una certeza con solidez suficiente para no tambalearse ante otros medios de prueba contradictorios, desechando así o solventando con razones las dudas objetivas que pueden ensombrecer su realidad", de forma que "[P]udiendo ser veraces y ajustarse a la realidad las declaraciones de las víctimas, afloran sin embargo datos que les privan del carácter absolutamente concluyente que reclama una condena".

Es decir, que la condena puede motivarse en la declaración de la víctima y en algo más, un plus de prueba ajeno, aunque sea indiciaria, que permita confirmarlo o dotarlo de verosimilitud externa. La sola declaración de la víctima puede enervar el principio constitucional a la presunción de inocencia siempre que cumpla con los citados parámetros de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio -ratificado por su coherencia interna y externa- y persistencia en la incriminación, de forma que su afirmación no sea una mera aseveración sino que goce de elementos adicionales de validación; puede servir para probar, pero no automáticamente, debiendo ser valorada junto en todos sus efectos y junto a la restante prueba, si es que existe, de forma que se genere una fundamentación racional, no una mera creencia subjetiva en el juzgador.

II.6 En conclusión, la declaración de la víctima puede ser suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado siempre que exista credibilidad objetiva, subjetiva y persistencia en la incriminación; y las razones que han llevado a la Audiencia Provincial a concluir que se dan esos requisitos no pueden considerarse irracionales o ajenas a la lógica, por lo que debemos confirmar los hechos que ha declarado probados: como hemos dicho anteriormente, no nos corresponde determinar nuestra propia inferencia a la luz de la prueba practicada en el acto del juicio, sino validar la realizada por el Tribunal de instancia, que goza de la inmediación, y es el encargado por la Ley de fijar los hechos probados, a salvo de los limitados controles posteriores.

Llevado lo anterior a nuestro caso, la Audiencia considera que la denunciante carecía de motivos espurios contra el hoy condenado, que no incurre en contradicciones reseñables manteniéndose estable en los aspectos primordiales -el relato de hechos ocurridos hace un tiempo siempre es ligeramente contradictorio con el efectuado tiempo atrás por el propio mecanismo de formación de la memoria- y que su relato es lógico y coherente; adicionalmente goza de la corroboración periférica consistente en la grabación de lo acaecido por las cámaras de seguridad o el estado de shock en el que se encontraba con posterioridad a los hechos así como el consiguiente stress postraumático. Todo lo anterior justifica la condena por varios delitos, incluido el de robo; en relación con éste, como dice el MINISTERIO FISCAL es razonable considerar la concurrencia de ánimo de lucro en la acción en tanto el recurrente tuvo a su disposición el teléfono móvil y las llaves de casa, sin perjuicio de que, posteriormente, se desprendiese de ellas.

TERCERO.- Vulneración del principio de tutela judicial efectiva por falta de motivación de las penas impuestas

III.1 Se impugnan las penas impuestas por no justificarse las razones que llevan a que sean impuestas en el su límite máximo. También manifiesta que no se ha tenido en cuenta el arrepentimiento y el reconocimiento de los hechos, que son relevantes aun no habiéndose reconocido la concurrencia de una atenuante de confesión.

III.2 El MINISTERIO FISCAL insta la confirmación de las penas impuestas por estar debidamente motivadas y ser consecuentes con la normativa aplicable.

III.3 Igualmente se opone al motivo la Acusación Particular alegando similares razones.

III.4 Esta Sala trató la cuestión de la revisión de la pena en fase de apelación en la sentencia de 12 de abril de 2019 (ECLI:ES:TSJPV:2019:393), en la que dijimos que la determinación de la pena es una prerrogativa del juzgador de instancia, en la que si bien no está expresamente vedado entrar al Tribunal revisor, debe hacerlo con extrema cautela, de forma que sólo procederá controlar que se ha hecho dentro de los parámetros legales, que se encuentra motivada y que es razonable a la vista de las circunstancias. En ella citábamos la de 16 de mayo de 2018 (ECLI:ES:TSJPV:2018:375 ), que recogiendo otras anteriores, decía la cuestión de la cuantía de la pena impuesta por el Tribunal sólo puede ser planteada en recurso cuando haya recurrido a fines de pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria...

Por tanto, compete a esta Sala de apelaciones verificar la motivación y razonabilidad de la pena impuesta, habida cuenta que se encuentra dentro del marco legalmente establecido.

III.5 En este caso las razones que justifican las penas impuestas no pueden ser tachadas de irracionales, por lo que procede su confirmación:

(i) En cuanto al quebrantamiento de condena la Audiencia justifica la imposición de la pena máxima en la situación general de conflictividad familiar y el temor infundido a la afirmada víctima por los hechos acaecidos.

(ii) En el delito de robo con violencia o intimidación son motivos para imponer la pena máxima la absorción de un delito de detención ilegal y la concurrencia de tres agravantes: debemos recordar que el artículo 66.1.3º del Código Penal establece que la pena será en la mitad superior de la legalmente fijada, pudiendo incluso imponerse una pena superior en grado

-apartado 4º- cuando concurran dos agravantes.

(iii) Respecto a las lesiones psicológicas se impone la pena mínima de la mitad superior de la legal en atención a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y que figuran en el correspondiente apartado de la sentencia.

III.6 Finalmente, debemos desestimar las alegaciones en relación con la concurrencia de una atenuante de confesión, posibilidad que fue descartada por el Tribunal a quo y respecto a la cual no se hace alegación alguna que pudiera sustentarla. Como dijimos, entre otras muchas, en nuestra sentencia de 28 de octubre de 2021 (ECLI:ES:TSJPV:2021:2248), es la parte hoy recurrente debe soportar la carga probatoria de los hechos que darían lugar a la eximente, sin que quepa simplemente alegar su concurrencia.

CUARTO.- Vulneración del principio acusatorio en relación con el delito de lesiones psicológicas

IV.1 Por último se alega vulneración del principio acusatorio respecto del delito de lesiones psicológicas, por el que no se habría formulado acusación, tal y como consta en la sentencia impugnada (Antecedentes de Hecho Primero y Segundo).

Adicionalmente manifiesta desconocer las razones por las que no se integra este delito en el concurso en el que se integran el robo y la detención ilegal. En su parecer las lesiones psicológicas deben ser absorbidas por el delito de robo por ser consecuencia de la violencia o intimidación sufridas.

IV.2 Manifiesta el MINISTERIO FISCAL que la Acusación Particular acusó por el delito de lesiones, tal y como consta en el Escrito de conclusiones provisionales (conclusión segunda, letra C).

IV.3 Igualmente la Acusación Particular manifiesta que acusó por el delito de lesiones. También manifiesta que en la sentencia recoge los motivos por los que no procede la integración de las lesiones en un concurso con los otros delitos.

IV.4 Procede desestimar el presente motivo de recurso.

IV.4.a En lo referente a la vulneración del principio acusatorio, porque, como bien dicen las partes recurridas, con independencia de que exista un error en la redacción de la sentencia impugnada, se formuló en tiempo y forma acusación por el delito de lesiones (Documento nº 15 del Rollo electrónico de la Audiencia Provincial, registrado el 21 de enero de 2022).

IV.4.b Es acorde a Derecho igualmente considerar que el delito de lesiones se cometió en concurso real con el de robo, no siendo procedente su absorción por éste, a diferencia de la detención ilegal. La cuestión ha sido tratada en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:947) del siguiente tenor literal:

Por otro lado, aún acreditado que el recurrente ha sido largamente atendido psicológicamente y que del robo le queda como secuela un trastorno neurótico por estrés postraumático, para que pueda derivarse un concurso con un delito de lesiones, no solo se requiere que exista una causalidad natural entre el comportamiento del sujeto activo y las dolencias nacidas en su víctima, sino que la acción enjuiciada debe introducir un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado. Y esta exigencia, en cuanto a las lesiones psíquicas, se concreta en la necesidad de que la conducta agresiva revista unas características que permitan relacionar la acción y un resultado lesivo inicialmente ajeno a la propia comisión del delito con el que entra en concurso. Es necesario que la turbación anímica derivada del delito pueda considerarse que supera la normalmente esperable para la conducta delictiva que se enjuicia, alcanzando así una significación autónoma a la conturbación contemplada por el legislador al establecer la punición del delito con el que confluye el perjuicio psicológico.

Doctrina conforme a la cual es acertada la respuesta de la Audiencia Provincial que tiene en cuenta la forma en que se produjo el asalto, las amenazas de muerte, el ataque sorpresivo... a las que debemos unir la propia relación de familia entre los implicados, hace que las consecuencias psicológicas sean mayores que las derivadas de un robo con violencia o intimidación realizado en circunstancias más habituales, entre desconocidos y sin amenazas de muerte por parte de un hermano que ya había sido condenado anteriormente por delitos leves de amenazas en el ámbito familiar. Lo que lleva a que ambas conductas deban ser penadas por separado.

QUINTO.- Costas de la presente alzada

V.1 El Tribunal Supremo en sentencias de 6 de octubre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3722) y 24 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1114) ha manifestado que, ante la falta de expresa mención legal, en los recursos de apelación únicamente cabrá la imposición de costas a los recurrentes que vean desestimadas sus pretensiones y hayan actuado con temeridad o mala fe.

V.2 No apreciándose mala fe o temeridad en los recursos procede la declaración de las costas de oficio.

En virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constitución y en nombre de S.M. el Rey,