Sentencia Penal 25/2023 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 29/2023 de 03 de abril del 2023

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación, interpuesto por Dña. Paloma Bajo Martínez de Murguía, Procuradora de los Tribunales y de Alvaro, la Sentencia, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Álava, nº 11/2023, de 16 de enero de 2023, que condenaba a Alvaro, como autor criminalmente responsable de: Un delito de maltrato habitual físico y psíquico en el ámbito de la violencia de género y doméstica del art. 173.2 del Cp, sin concurrrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de 21 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio al derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena, 1 año y 21 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 y 57.2 del Cp, 1 año y 21 meses de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Rafaela, Reyes y de Casimiro, su domicilio, su lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro lugar en el que ellos se encuentren, así como 1 año y 21 meses de prohibición de comunicarse con Rafaela, Reyes y de Casimiro por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, comunicación escrita, verbal o visual; un delito de amenazas continuados del art. 169.2 del Cp. y art. 74 del Cp, concurriendo la agravante del art. 23 del Cp, a la pena de 20 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 y 57.2 del Cp, 1 año y 20 meses de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Rafaela, su domicilio, su lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro lugar en el que se encuentre así como 1 año y 20 meses de prohibición de comunicarse con Rafaela por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, comunicación escrita, verbal o visual; un delito leve de vejaciones continuado en el ámbito de la violencia de género del art. 173.4 y art. 74 del Cp, sin concurrir circunstancias modificativas, a la pena de 30 días de localización permanente; un delito continuado de agresión sexual con penetración previsto y penado en el art. 179 del Cp en relación con el art. 178 del Cp y 180.1.4º del Cp actual con aplicación de lo dispuesto en el art. 74 a la pena de 10 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 y 57.2 del Cp, 11 años y 6 meses de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Rafaela su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que ellos se encuentren así como 11 años y 6 meses años de prohibición de comunicarse con Rafaela por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, comunicación escrita, verbal o visual, y la pena de libertad vigilada por un periodo de 10 años tras el cumplimiento de la pena de prisión; un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar previsto y penado en el art. 468.2 del Cp, en concurso medial ( art. 77.1 y 3 del Cp) con un delito de acoso ( art. 172 ter. Cp), a la pena de 1 año y 1 día de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y absolvía a Alvaro de un delito de amenazas leves, de dos delitos de amenazas graves continuadas, de uno de los delitos de quebrantamiento continuado y de un delito de coacciones por los que había sido acusado, declarando de oficio las costas causadas en sus cinco onceavas partes.

Como único motivo de impugnación, alega la parte recurrente el error en la apreciación de la prueba practicada.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular se han opuesto al recurso de apelación e interesado su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Error en la apreciación de la prueba.

Debe recordarse, en primer lugar, que el recurso de apelación, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad en la motivación de la sentencia apelada, no está destinado a suplantar la valoración efectuada por parte del tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales; ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente ( STS, de 15 de julio de 2016). Lo que se ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del tribunal a quo se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial ha declarado que la verificación de la existencia de prueba de cargo bastante ( SSTS 154/2012, de 29 de febrero, y 390/2009, de 21 de abril) requiere una triple comprobación: 1) Que el Tribunal de instancia haya basado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él; 2) que dichas pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto de los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica; 3) que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se haya apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no sea, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

No se cuestiona en el presente caso que el relato fáctico se base en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él, ni la validez de las pruebas practicadas, sino el error en la apreciación de las mismas.

Ha de verificarse, por tanto, si el órgano de enjuiciamiento ha fijado con claridad las razones que le han llevado a declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. De modo que las pruebas a considerar en la verificación de la racionalidad del proceso valorativo no son solo aquellas que lógicamente conduzcan a la conclusión obtenida por el tribunal, sino todas aquellas que hayan sido traídas por las partes y que puedan destruir o debilitar la convicción hasta conducirla al campo de lo incierto, lo remoto o lo especulativo, y ello desde la racionalidad y solidez de la inferencia en la que se sustenta la prueba indiciaria, no solo desde su cohesión lógica. Lo que significa que debe calificarse de irrazonable la conclusión si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él, sino desde su calidad concluyente, pues el desenlace propuesto nunca puede ser válido si la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa ( STS 457/2020, de 17 de setiembre).

La doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, han proclamado que el control de la calidad concluyente de la inferencia debe ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo, y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio; de modo que solo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre o 123/2006 de 24 de abril).

El tribunal de instancia, en la motivación fáctica de la sentencia apelada ha explicado de manera extensa y pormenorizada el contexto en que se producen los hechos, a tenor de la prueba documental obrante en la causa y las declaraciones de Rafaela y Alvaro -relación de pareja de veinticinco años de matrimonio, con dos hijos en común que al tiempo de los hechos contaban con ocho años de edad (la niña) y con siete (el niño). Divorcio en dos mil catorce. Acreditadas agresiones y comportamientos violentos por parte del acusado hacia la denunciante con anterioridad a los hechos enjuiciados-, que permitieron al tribunal considerar probado que:

(i) El acusado, a pesar de conocer la vigencia de la orden de alejamiento que pesaba sobre él, no solo se acercó al domicilio de Rafaela, sino que se instaló en el mismo y vivió allí, durante un periodo aproximado de cuatro meses, entre mayo y septiembre de 2019. Hecho que tuvo por acreditado por la declaración constante de Rafaela, por la notificación personal y requerimiento de la orden efectuada a Alvaro, por el testimonio de los hijos, a través de la prueba preconstituida y por el propio reconocimiento de la estancia en la vivienda por parte de Alvaro.

(ii) En relación al delito de maltrato habitual durante este periodo de tiempo, desde mayo hasta septiembre de dos mil diecinueve, el tribunal de instancia contó con la declaración de Rafaela, en todo momento, coherente, persistente desde la denuncia, en la fase de instrucción y en su declaración judicial, y lineal, sin que apreciara la concurrencia de causas de incredibilidad subjetiva más allá del hecho de que en la actualidad la relación entre ambos está rota a consecuencia de los hechos, lo que es lo más frecuente en este tipo de delitos. Versión reforzada por los informes psicológicos y por la declaración de los menores, que acredita la realidad de las agresiones, amenazas e insultos y su compatibilidad con los hechos denunciados por la mujer. Niega el órgano enjuiciador la existencia de móviles espurios, que el acusado fundó en que ella denuncia para evitar que la expulsen y para obtener ayudas, porque no ha sido probado y carece de corroboración alguna. Y constata que los ingresos de que disponía la unidad familiar durante el periodo de convivencia procedían de las ayudas que ella percibía al momento de los hechos, lo que fue corroborado por la declaración de los psicólogos, según la cual Rafaela no ganaba nada con la denuncia, ya que tenía a toda la familia en contra, presionándole para que la retirara. El testimonio de la denunciante cuenta con la corroboración del informe de la UVFI, según el cual Rafaela vivió tal situación de indefensión, de temor, por las represalias que él pudiera tener hacia ella o más concretamente hacia sus hijos, que le impedía actuar; también, con la declaración de los menores, que se obtuvo a través de la prueba preconstituida, y que refieren que Alvaro, les trataba muy mal y especialmente en relación a su madre (insultos, amenazas de muerte hacia ellos); y la declaración de los agentes de la Ertzaitnza, nº NUM009 y nº NUM010, que han declarado que entregaron a Rafaela su pasaporte y el de sus hijos, que se hallaban en poder de Alvaro cuando fue detenido, lo que acredita esa situación de control del acusado sobre el resto de miembros de la unidad familiar. Sobre el maltrato físico, contó con la declaración de Rafaela, que señaló que, habitualmente, Alvaro le cogía del brazo y le zarandeaba. Los menores han declarado que les pegó, y que también pegaba a su madre en muchas ocasiones. Razonando el tribunal que, en el contexto de temor y dominación creado por el acusado, resulta más verosímil la declaración de Rafaela que la del propio acusado que lo niega.

(iii) Respecto del delito de agresión sexual continuado partiendo el órgano enjuiciador del ambiente de sumisión y temor que Alvaro creó en el domicilio familiar y, especialmente, en Rafaela, a quien reiteradamente había amenazado no solo con matarle a ella sino, también, a sus hijos, otorga credibilidad a la declaración de Rafaela, quien descartó la voluntad y el consentimiento a mantener relaciones sexuales con Alvaro, señalando que se veía obligada, al menos una vez a la semana, y que consistían en penetración vaginal, introducción de dedos y en alguna ocasión, penetración anal, lo que esto último le producía especial repulsa, dado que está prohibido por su religión, y que las penetraciones con los dedos le hacían mucho daño y que, aunque no llegó a golpearle, le agarraba con fuerza.

Se razona por el tribunal enjuiciador que la declaración de Rafaela, cuenta con los elementos sugeridos por la doctrina del Tribunal Supremo (ausencia de incredibilidad subjetiva y objetiva, persistencia en la incriminación) en orden a facilitar una valoración racional del testimonio de la víctima, y viene corroborada por elementos periféricos que avalan ese clima de terror, como son las declaraciones de los menores. Ello le lleva a entender que la situación de amedrentamiento existente hace que los actos de naturaleza sexual no sean consentidos y sean realizados en detrimento de la libertad de autodeterminación de Rafaela. Y justifica el retraso en denunciar, de acuerdo con lo declarado por la psicóloga de Rafaela, Dña. Florinda, y, también, por la psicóloga forense de la UVFI, por la vergüenza que este tipo de delitos supone para las víctimas y porque alguna de las prácticas sexuales padecidas por la víctima son consideradas pecado en su religión. Y se añade que la actitud de Alvaro y la forma en la que se ha expresado en el acto del juicio corroboran lo manifestado por Rafaela, cuando declaró que Alvaro le obligaba a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, presionándole e intimidándole, diciéndole que él era el hombre y el que decidía cuándo había que tener sexo y que le amenazaba con despertar a los hijos menores y matarles si ella no accedía a sus pretensiones. Aporta además más detalles de cómo eran estas prácticas sexuales, señalando que era frecuente que le agarrara con fuerza, que le tiraba del pelo y que le tapaba la boca para que no gritara.

(iv) Sobre el delito de quebrantamiento de la medida cautelar, destaca el tribunal " a quo" que el acusado, a diferencia de lo que manifestó en instrucción, en el acto del juicio reconoció que era cierto que llamaba a la denunciante desde el Centro de Internamiento de Extranjeros y que le llamaba varias veces al día para preguntarle por sus hijos, estando en vigor la orden de alejamiento, dictada en 2012. Llamadas corroboradas por la víctima y por la prueba documental obrante en la causa, correspondiente al análisis de los teléfonos de Rafaela y Alvaro,y que ha sido ratificada en el acto del juicio por los agentes que efectuaron los informes. Concluyendo que tal comportamiento del acusado supuso un quebrantamiento de las medidas de protección y la prohibición de aproximarse y comunicarse con Rafaela, con la consecuencia de alterar de forma grave la vida de la misma, viéndose obligada a modificar sus rutinas y su domicilio y ser tratada con ansiolíticos. El testimonio de Rafaela aparece corroborado por la declaración de la psicóloga, Dña. Florinda, de DIRECCION002, que le atendía al tiempo de los hechos y de la que cabe destacar su afirmación acerca de que Rafaela no ha ganado nada con esta denuncia y le ha supuesto una gran pérdida a nivel familiar, porque tanto su familia como la familia de Alvaro le culpabilizan de la situación que él está viviendo con este procedimiento. Destacó que a la perjudicada le costó muchísimo relatar los hechos, hasta el punto de que tuvo pérdida de apetito, tenía "flashbacks "y pensamientos recurrentes, relacionados sobre todo con la posibilidad de que él volviera e hiciera daño a los niños. Ha señalado que tenía síntomas compatibles con los hechos denunciados tales como anhedonia, problemas parar dormir, pensamientos recurrentes y anticipativos. Se encontraba desmotivada y depresiva. Conclusión ratificada por los miembros de la UVFI y por la psicóloga del servicio Hegoak.

La parte recurrente discrepa con la sentencia apelada en cuanto que dio credibilidad al testimonio de la denunciante, Sra. Rafaela, cuyas declaraciones, a su entender, ni son creíbles, ni tienen la fuerza probatoria que la Audiencia les otorga; concluyendo que estas pruebas no son suficientes para justificar una condena, siendo el resto de pruebas meramente circunstanciales, por lo que atentan frontalmente contra la presunción de inocencia y el principio " in dubio pro reo". En desarrollo de su planteamiento alega que el Sr. Alvaro negó tajantemente los hechos tal y como los indica la Sra. Rafaela. Frente a lo declarado por la denunciante opone que Alvaro fue a casa de la misma en DIRECCION003 entre mayo y junio, porque ésta le envió dinero para que pudiera volver a casa, indicándole su domicilio y que ella abrió la puerta para evitar despertar a sus hijos. Y que la denuncia interpuesta por la Sra. Rafaela, en 2012, fue única y exclusivamente, según la propia declaración del condenado, para regularizar la situación de su mujer y sus hijos y evitar la deportación. Continúa el relato indicando que la convivencia durante ese periodo de tiempo, según la versión del Sr. Alvaro, fue voluntaria y consentida por ambas partes -"el salía de la casa, los niños acudían al Colegio, y la madre se quedaba en la vivienda y no incomunicada. Alega que la denunciante, desde la interposición de la denuncia hasta el acto de juicio oral, va ampliando los hechos, añadiendo detalles, y que no es una declaración continuada y exacta de los hechos desde el inicio. De las declaraciones de los menores afirma que están "incididas" (sic) claramente por las preguntas siempre en negativo que se realizan a los niños y que contestan "no me acuerdo", y que, a medida que la declaración avanza, éstos adecuan lo que dicen a esas preguntas. No son declaraciones espontaneas sino dirigidas. Respecto de las declaraciones de los agentes de la autoridad, nada nuevo aportan en el acto del juicio, e incluso tampoco de las diligencias policiales se indican las titularidades de los teléfonos desde los que se reciben las llamadas, negando el Sr. Alvaro que realizara esas llamadas. En lo que se refiere a los quebrantamientos de la medida cautelar por la retirada de la pulsera en base a los informes de cometa, consta en autos que el Sr. Alvaro fue detenido entre el 15 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, así como el 24 de diciembre, y el 27 de diciembre, motivo por el cual la pulsera estuvo desconectada.

Omite, sin embargo, la parte recurrente precisar los concretos errores que, a su juicio, comete el tribunal enjuiciador en su tarea de apreciar la prueba, limitándose a descalificar los testimonios de los testigos con acusaciones vagas de falta de persistencia en la incriminación de la denunciante o manipulación psicológica en la exploración de los menores con preguntas sugerentes de respuestas concretas o falta de relevancia de la prueba testifical practicada sobre los agentes de la autoridad. Y pretende hacer prevalecer el testimonio del acusado, desprovisto de elementos objetivos que lo corroboren y orientado por los intereses propios de la defensa que, aun siendo legítimos, no garantizan su credibilidad.

Debe, asimismo, advertirse, respecto de los quebrantamientos de la medida cautelar por la retirada de la pulsera que debía portar el acusado, que la parte recurrente pone en cuestión con motivo de las sucesivas detenciones del Sr. Alvaro (15/12/2019; 6/01/2020; y 24 y 27/12/2020), que el órgano de enjuiciamiento no emitió pronunciamiento de condena alguno por este delito, tal como queda consignado en la sentencia apelada (FJ 2º, pág. 31), en los siguientes términos: "Por otro lado, pese a que se ha constatado que Alvaro habitualmente inutilizaba la pulsera de control telemático impuesta, no se ha formulado expresa acusación conforme al art. 468-3, por lo que no puede efectuarse pronunciamiento condenatorio al respecto, en virtud del principio acusatorio, habiéndose referido las acusaciones en todo momento al párrafo segundo del art. 468 del Cp." Razón por la que la queja carece de justificación.

Con los elementos de juicio que propone la parte recurrente y a la vista del material probatorio y del texto plasmado en la sentencia objeto de impugnación, no es posible asumir la idea de que el tribunal de instancia ha incurrido en error en la apreciación de la prueba o en una valoración irracional de la misma o de que se ha apartado de las reglas de la lógica o las máximas de experiencia en sus inferencias o en la motivación fáctica, con afección del derecho a la presunción de inocencia. Razones que llevan a la desestimación del motivo impugnatorio propuesto, una vez descartado que se haya infringido el derecho constitucional del acusado a la presunción de inocencia, ni infringido el principio " in dubio pro reo", que señala cuál deber ser la decisión en los supuestos de duda, pero que no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, es decir, existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el tribunal sentenciador, como es el caso, expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( STS 709/97, de 21 de mayo; 1667/2002, de 16 de octubre y 1060/2003, de 25 de junio).

TERCERO.- De cuanto ha quedado expuesto y ha sido razonado debe seguirse la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada.

Se declaran de oficio las costas procesales devengadas en este recurso de apelación, en aras a la efectividad del derecho al recurso contra la sentencia penal condenatoria ( art. 14.5 PIDP; art. 846 ter LECrim.), en garantía del principio de tutela judicial efectiva ( art. 24 CE), al no apreciarse inconsistencia o falta de fundamento en la interposición del recurso de apelación no obstante su desestimación.

Es por los anteriores fundamentos por los que este Tribunal pronuncia el siguiente