Sentencia Social 165/2025 , Rec. 14/2025 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante ejercita acción de Conflicto Colectivo afirmando que las empresas del sector interpretan de forma restrictiva lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado segundo del artículo 4 del III Convenio colectivo de ámbito estatal de la industria de producción audiovisual (técnicos); y que en consecuencia, se niegan a abonar atrasos al considerar que una obra está ejecutada cuando finaliza el contrato suscrito entre la productora y la empresa o Administración cliente, con independencia de que la obra pudiera ser igual a una precedente. La controversia se centra, por tanto, en dilucidar lo que deba considerarse como "obra ejecutada".

El punto de partida para examinar tal pretensión ha de ser, necesariamente, el tenor literal del precepto convencional que regula la vigencia temporal y condiciones para la aplicación de las tablas salariales. Los dos primeros apartados del citado artículo 4 señalan lo siguiente:

"Artículo 4. Ámbito temporal.

1. El presente convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Sin perjuicio de lo anterior y exclusivamente respecto de los conceptos recogidos en las tablas salariales de los apartados A y B del anexo I, se abonarán las diferencias salariales que, en su caso, proceda con efecto retroactivo al 1 de enero de 2022 y al 1 de enero de 2023, respectivamente. El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a aquel en que se produzca la publicación del presente convenio en el «Boletín Oficial del Estado».

A estos efectos, en el caso de las personas trabajadoras que no hayan percibido el plus de disponibilidad durante todo el año 2022 o 2023, el importe que, en su caso, deba abonarse de forma retroactiva de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, se calculará aplicando a los importes recogidos en las indicadas tablas el coeficiente del 0,875. Igualmente, en el caso de contratos a tiempo parcial o reducciones de jornada, el abono se realizará en proporción a la jornada efectivamente realizada por la persona trabajadora en dichos períodos.

Quedan excluidas de la aplicación retroactiva de las tablas salariales de los apartados A y B del anexo I, las producciones audiovisuales ya ejecutadas a la fecha de la firma del presente convenio.

Adicionalmente, quedan excluidas de la aplicación retroactiva de las tablas salariales de los apartados A y B del anexo I las producciones cinematográficas cuyo rodaje se inicie dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la firma del presente convenio".

Conforme a reiterada jurisprudencia, expresada entre otras en la STS de 10-9-2025, rcud. 2549/2024:

"Dado su carácter mixto -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la interpretación de los contratos, esto es: los arts. 3 , 4 y 1281 a 1289 CC , junto con el principal de atender a las palabras e intención de los contratantes, pues no hay que. olvidar que el primer canon hermenéutico en la exégesis de los contratos -naturaleza atribuible al convenio colectivo- es «el sentido propio de sus palabras» [ art. 3.1 CC ], el «sentido literal de sus cláusulas» [ art. 1281 CC ], que constituyen «la principal norma hermenéutica -palabras e intención de los contratantes-» ( STS 01/07/94 -rec. 3394/93 -), de forma que cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación.

Las normas de interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, de forma que cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical, o dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas, y en el segundo la intención evidente de los contratantes.

Atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: 1º) La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ). 2º) La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). 3º) La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). 4º) La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). 5º) No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable. 6º) Los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo"".

Pues bien, atendiendo a tales normas, la demanda ha de ser desestimada y ello por varios motivos:

1.- En primer lugar, porque la dicción del art. 4.2 del Convenio es clara: el tercer párrafo del apartado prevé expresamente la exclusión de la aplicación retroactiva de las tablas salariales de los apartados A y B del anexo I (referidas únicamente a los años 2022 y 2023) a las producciones audiovisuales ya ejecutadas. No ha resultado controvertido que tal tipo de obras surgen tras la suscripción de contratos (mercantiles o administrativos) de las productoras con los clientes y que en tales contratos consta expresamente su duración. Esto es, como resulta del artículo 1.1 del Convenio la producción audiovisual se caracteriza porque su actividad se centra en la creación de contenidos de audio y/o video con distintos formatos (cine, ficción, televisión, publicidad), para terceros que adquieren los derechos correspondientes y difunden, comercializan o exhiben el objeto de esa producción audiovisual a través de cualquier medio o soporte técnico, incluido internet. Ninguna de las productoras representadas en el presente Conflicto crea producciones audiovisuales para sí misma sino para que un tercero o cliente -sea este una cadena de televisión, una plataforma de Internet, una distribuidora de películas o la empresa cuyos productos o servicios se publicitan- que las adquiere y comercializa.

Es lógico pensar que tales producciones se llevan a cabo previa aceptación por parte de los clientes (o adjudicación tras la correspondiente licitación) del presupuesto presentado por la productora. Y finalizada la producción y entregado el producto generado, el encargo realizado a la productora finaliza, el contrato de producción se extingue (sin posibilidad por tanto de revisión de precios u otras condiciones inicialmente pactadas) y sin perjuicio de que puede recibir nuevos encargos del mismo o distinto cliente.

Si esa es la mecánica de contratación lo que no cabe es mantener una obligación de pago de atrasos a las plantillas por la relación que las nuevas producciones pudieran tener con obras audiovisuales anteriores objeto de distinta contratación.

2.- El razonamiento anterior, derivado de la literalidad del precepto convencionales, ya determina la desestimación de la demanda. Tal conclusión, además, se ve confirmada aplicando el criterio interpretativo de carácter sistemático. Así, el hecho de que exista una segunda excepción en el precepto (relativa a las obras cinematográficas cuyo rodaje se inicie dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la firma del convenio) no priva de virtualidad a la primera de las excepciones citadas y objeto de negociación colectiva.

3.- A diferencia de lo que se señala en la demanda no cabe considerar que la patronal aplique de forma restrictiva criterios puramente mercantiles pues el cumplimiento de los contratos suscritos entre las productoras y sus clientes deben cumplirse con respeto a los términos y plazos pactado, conforme a lo dispuesto en los arts. 1254 y 1256 del Código Civil.

4.- Un criterio de evidente seguridad jurídica debe ser tomado en consideración a los efectos de interpretar la citada expresión de "obra ejecutada" pues lo que no procede en considerar como obra en ejecución cualquiera que tenga relación con obras pasadas que fueron objeto de distinto contrato de producción. Nos explicamos. Si se toma en consideración la mera repetición temporal como criterio para producción no ejecutada, la parte demandante no concreta la cadencia o frecuencia con la que debiera producirse esa repetición. Y si se tomara en consideración solo el contenido de la producción, tampoco concreta si el criterio a utilizar es el título, la trama, el argumento, la duración, el metraje, los protagonistas o la identidad del cliente. En definitiva, en ausencia de tales parámetros que permitan considerar una obra como en ejecución y no ejecutada no es posible compartir el criterio extensivo contenido en la demanda.

5.- Por otra parte, la mera mención a la aplicación de criterios de equidad, a la inexistencia de excepciones en anteriores Convenios o a la finalidad de posibilitar la percepción de atrasos a la totalidad de las plantillas no impiden aplicar la excepción expresamente prevista en la norma convencional.

6.- Por último, se ha de indicar que alguna de las consideraciones efectuadas en el acto de la vista por las codemandadas ya fueron objeto de respuesta por parte de este misma Sala en la sentencia de 21 de abril de 2025 dictada en el procedimiento de Impugnación de Convenio Colectivo nº 13/2025. Señalábamos en tal resolución que "En relación con la no aplicación retroactiva del convenio a las producciones ya finalizadas o a las que el rodaje se inicie en los dos meses siguientes a la firma del convenio, no efectúa CGT ni una mínima argumentación de por qué se entiende que existe una discriminación por lo que esta Sala no realizará tampoco razonamiento alguno ante el desconocimiento de la razón de aquélla. En relación al motivo alegado por PATE, ha de ser rechazado igualmente. Se basa su argumentación en los informes reseñados en los hechos probados que según expresa revelan que la modalidad contractual predominante en el sector es la temporal y que el convenio "excluye de la aplicación retroactiva de las tablas a todos los trabajadores con modalidades contractuales temporales (e incluso a los trabajadores indefinidos fijos discontinuos) que fueron contratados para una obra o proyecto audiovisual ya ejecutado".

Esta Sala no alcanza a entender esta argumentación cuando el art. 4.2 del convenio ninguna referencia hace a las modalidades contractuales que rigen en las relaciones laborales de los trabajadores que prestan servicios para las producciones audiovisuales a las que no se aplican retroactivamente las tablas salariales, por lo que huelga decir que tanto el informe indicado por TACE como las aseveraciones anudadas al mismo son carentes de todo respaldo, debiendo ser desestimadas".

En conclusión, la aplicación de las consideraciones expuestas nos ha de llevar a rechazar las pretensiones contenidas en la demanda.

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto