Sentencia Social 141/2023 Juzgado de lo Social de Palma nº 4, Rec. 909/2019 de 12 de julio del 2023

PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , los hechos que se declaran probados han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del conjunto de la prueba practicada, de los documentos y demás elementos de convicción arriba reseñados entre paréntesis.

TERCERO.- Interesa la parte demandante que se declare que por parte de la empresa se ha vulnerado el derecho de huelga y a la libertad sindical de los trabajadores afectados, al ser la conducta de la misma constitutiva de esquirolaje externo, y que se condene a la misma a abonar al Sindicato de Elevación la cantidad de 25.001 euros en concepto de daños y perjuicios, así como a publicar la sentencia en los tablones de anuncios de la empresa y en su página web.

Argumenta la parte actora que la subcontratación de la mercantil de los servicios a los que se refiere la huelga de los trabajadores, iniciada el día 15 de abril de 2019, constituye un acto de esquirolaje externo que debe ser sancionado.

Por su parte la empresa demandada se opone a las pretensiones de la demanda y alega, en síntesis, lo siguiente: 1) que el servicio al que se refiere la subcontratación no es el mismo al que se refiere la huelga, siendo que esta recae sobre el servicio de guardia y aquella sobre el servicio 24 horas; 2) que por la parte social se comunicó a la empresa, en fecha 4 de febrero de 2019 que dejaría de prestarse el servicio 24 horas a partir del día 2 de mayo de 2019, por lo que los trabajadores renunciaron a la prestación de dicho servicio; 3) que al tiempo de subcontratar los servicios, la empresa desconocía la convocatoria de la huelga.

Pues bien, debe darse respuesta a cada una de las alegaciones de la empresa.

En cuanto a la primera de ellas, no puede pasar por alto esta juzgadora la innecesaria confusión de la que se ha valido la defensa de la empresa al sostener que los servicios subcontratados y aquellos sobre los que recae la huelga son distintos. Conclusión que puede alcanzarse de la sola lectura de la abundante documentación obrante en autos, en la que se habla indistintamente de servicio de guardia y servicio 24 horas, sin distinción alguna, como sucede en las actas de las reuniones trimestrales entre la parte social y la empresa. Además, en la propia convocatoria de huelga ya se hace referencia a que la misma se realizará en el servicio de Guardias recogido en el art. 7 del Convenio colectivo, y todos aquellos pactos no regulados a través del artículo 8 jornada laboral o en la Disposición Adicional II, regulando esta última el servicio 24 horas, por lo que se refiere, en todo caso, a ambos servicios. A ello se le debe añadir que la propia subcontratación de la empresa a los trabajadores de una filial, ASCENSORES ASPE, también viene referida a ambos servicios. Como colofón, es el propio Delegado, el Sr. Vicente, quien en el acto del juicio manifiesta que, en Baleares, el servicio de guardia y el servicio 24 horas se cumplen simultáneamente, lo que es congruente con el correo electrónico que él mismo remitió a los trabajadores en fecha 11 de abril de 2019, y en el que indica, entre otros extremos, lo siguiente: " Con fecha 4 de febrero de 2019, la parte social nos comunica la baja de los técnicos del servicio 24 horas a partir del próximo 2 de mayo de 2019, dándose por finalizada la colaboración voluntaria.

De acuerdo con la renuncia al servicio voluntario y la necesidad legal y contractual de prestar dicho servicio, ante la falta de personal voluntario, se decide subcontratar temporalmente, a partir del 15 de abril el servicio fuera del calendario ordinario de tiempo".

Con todo ello, no puede sino apreciarse un ánimo claramente distorsionador por parte de la empresa, de lo que constituye el objeto real de controversia, pues no cabe duda de que la subcontratación viene referida al mismo servicio afectado por la huelga de los trabajadores. A mayor abundamiento, tal y como consta a lo largo de toda la documental, la parte social inició el período de negociaciones en julio de 2018 para renegociar las condiciones del pacto relativo al sistema 24 horas, de modo que todo lo acontecido con posterioridad afecta a ese servicio. No puede ahora alegarse que la huelga viene referida solamente al servicio de guardia. Es más, debe significarse que la ejecución material de esos servicios se realiza conjuntamente, por lo que los trabajadores son asignados al servicio de guardia 24horas. Así lo manifestaron tanto los testigos propuestos por la parte actora, como el propio Delegado de la empresa en Baleares, el Sr. Vicente.

En cuanto a la segunda de las alegaciones (que los trabajadores renunciaron a la prestación del servicio a partir del día 2 de mayo de 2019), tampoco puede ser acogida. Consta en autos que la parte social, desde el mes de julio de 2018 intentó renegociar las condiciones del pacto en cuya virtud se acuerda la prestación del servicio 24 horas, sin que por parte de la empresa conste solución o propuesta alguna, lo que motiva que en febrero de 2019, la parte social emita un ultimátum a la empresa, indicando que el servicio en cuestión dejaría de prestarse el 2 de mayo de 2019. Sin embargo, en el propio escrito ya se alude a la voluntad de la parte social de sentarse a negociar las condiciones de dicho servicio, por lo que resulta claro que no es una manifestación claudicante, desde el momento en que dicho escrito concluye expresando que " Se convoca una reunión a todos los técnicos, supervisores y Comité para el 5 de marzo donde se debatirá el problema". Y no solo resulta así de dicho escrito, sino de los acontecimientos posteriores, siendo que en fecha 11 de abril de 2019, la empresa remite correo electrónico a la parte social, a fin de que los trabajadores firmen un escrito en el que se indica que se tiene por finalizada su colaboración voluntaria en la prestación de servicios 24h, resultando que todos los técnicos, salvo uno de ellos, se negaron a firmar dicho escrito, indicando en el mismo "no conforme". Es más, mediante escrito del mismo día 11 de abril, la parte social aclara que no se ha renunciado a la prestación de ningún servicio requiriendo a la empresa para que cese en la subcontratación del mismo. Resulta clara, por tanto, la intención de la parte social, de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de prestación del servicio. Y si bien es cierto que el escrito al que se aferra la empresa para considerar que se había renunciado al mismo, expresa que finalizará la realización del servicio, no lo es menos que los acontecimientos, tanto coetáneos como posteriores, revelan que, ciertamente, que no existe voluntad de renunciar a la prestación del servicio, sino de pactar las condiciones de su realización. Tanto es así que se acaba convocando una huelga, que se inicia el día 15 de abril de 2019, por lo que, en todo caso a partir de esa fecha, la postura de la empresa decae por sí misma, toda vez que lo que se manifiesta es el deseo de los trabajadores de reivindicar las condiciones en las que se presta el servicio, nada más lejos de la voluntad de no desempeñar el mismo. De este modo, a partir del día 4 de abril de 2019, la mercantil era perfectamente conocedora de que la parte social quería renegociar las condiciones del servicio, y no dejar de prestarlo.

Esto último enlaza con la respuesta que debe darse a la tercera de las alegaciones de la empresa. Si bien, debe significarse que aún en fecha 22 de marzo de 2019, que es la fecha en que se subcontratan los servicios en cuestión, la parte social y la empresa ya se encontraban en medio de todo un entramado de intentos de negociación a iniciativa de la parte social, sin que conste propuesta alguna por parte de la empresa, por lo que no puede resultar sorprendente la convocatoria de una huelga en tal sentido. Pero, aún así, si quiere sostenerse que a la fecha de la subcontratación no se podían albergar las más mínimas sospechas sobre la convocatoria de una huelga, a partir del día 4 de abril de 2019, ya no puede mantenerse esa tesis, por lo que la empresa podría haberse retractado en su contratación, cuya ejecución no se había iniciado, interesando el establecimiento de los servicios mínimos a la autoridad laboral, y en caso de considerarse innecesarios, llevar a cabo las medidas oportunas.

Sentado lo anterior, deben traerse a colación los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo, en su STS 888/2018, de 3 de octubre (rec. 1147/2017), en supuesto muy similar al que ahora nos ocupa. El Fundamento de Derecho Cuarto de dicha resolución reza lo siguiente:

"Como venimos reiterando respecto del tratamiento de los denominados grupos de sociedades, el hecho de que varias empresas tengan vínculos entre sí, no determina directamente ningún efecto laboral. Inicialmente, cuando varias empresas pertenecen a un mismo grupo hay que considerar que cada una de ellas es independiente y, por tanto, cada una responde de las obligaciones que contraiga con sus propios trabajadores. ( SSTS 21 de diciembre de 2000, rec 1870/1999 ; 26 de septiembre 2001, rec. 558/2001 ; 27 de mayo 2013, rec 78/2012 ; 12 julio 2017, rec 278/2016 , etc).

Desde la perspectiva jurídico laboral, la organización grupal de varias empresas es una opción legítima que se ampara en el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución . Por tanto, el hecho de la existencia de un grupo de empresas organizado como tal en nada afecta a las relaciones laborales, conservando cada empresa las suyas propias y las responsabilidades que de ellas deriven, sin que se produzca comunicación de responsabilidades ni de obligaciones laborales ( SSTS 26 diciembre 2001, rec 139/2001 ; 23 de enero 2000, rec 1759/2001 , etc).

Por tanto, el concepto de grupo de empresas para el ordenamiento laboral es coincidente con el del resto del ordenamiento jurídico. Ello sin perjuicio de que, al igual que sucede en otras ramas del Derecho, la presencia de determinadas características (confusión de plantillas, intercomunicación de patrimonios...) lleve a los órganos judiciales a entender que el grupo puede ser considerado como el verdadero empresario y, en consecuencia, proceda a comunicar las responsabilidades entre sus integrantes ( SSTS 22 septiembre 2014, rec. 314/2013 ; 24 febrero 2015, rec. 124/2015 ; 24 septiembre 2015, rec 309/2014 , etc).

Ahora bien, una cosa es la comunicación de responsabilidades que deriva de la presencia de elementos adicionales a las relaciones societarias y mercantiles de las empresas del grupo - que en el presente caso no existen, tal como se admite pacíficamente por las partes - y otra bien distinta que la organización grupal - ciertamente legítima - pueda presentar ventajas de todo tipo (de funcionamiento, de gestión, ficales...etc), alguna de las cuales se acrecienta cuando la configuración del grupo opera en el fenómeno de descentralización productiva, de suerte que los bienes o servicios que una determinada empresa sitúa en el mercado son producto de la coordinación de tareas entre las diversas empresas del grupo.

En estos casos, existe una cierta fragmentación de la actividad empresarial, de cuya legitimidad no cabe dudar, de modo que su actuación coordinada puede repercutir sobre algunos derechos de los trabajadores de cualquiera de las empresas del grupo. No hay comunicación de responsabilidades y cada empresa responde frente a sus propios trabajadores, pero sí existe una obligación conjunta de respeto de los derechos de los trabajadores, singularmente colectivos, alguna de las cuales se desprende directamente de las propias previsiones legales (como ocurre con el fenómeno de los convenios de grupos de empresas en los que pesa sobre todas sus integrantes la obligación de respeto de los derechos de negociación colectiva o libertad sindical, en su caso, y las que pudiera derivar del ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores para presionar sobre la negociación del convenio, por ejemplo). También sucede, en otras circunstancias, con el ejercicio del derecho a la huelga en empresas vinculadas por fenómenos de descentralización productiva, en el que pesa sobre el grupo que funciona como una organización productiva/o comercial, cuanto menos el deber de respeto y no injerencia en el derecho fundamental que ejerza cualquier colectivo de trabajadores de empresa pertenecientes al grupo; deber que enlaza sin dificultad de las indudables ventajas productivas y de todo orden que se desprenden de este tipo de vinculación grupal".

A continuación, se analizan en dicha Sentencia algunos supuestos de relevancia, similares al supuesto que ahora se nos plantea. Concretamente, con respecto a la STSS 11 de febrero de 2015 (rec 95/2014; PRISA, Pressprint), señala lo siguiente;

"(...) La huelga se vuelve ineficaz en su vertiente de manifestación del problema a la opinión pública por cuanto los bienes y servicios que el grupo pone en el mercado - en este caso, la publicaciones periódicas - llegan a los consumidores sin ninguna dificultad y en las mismas condiciones que si no hubiera habido huelga, sin que los usuarios y la opinión pública conozcan la propia existencia del conflicto.

Nuestra sentencia se fundamenta en pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han ido perfilando el contenido del derecho y el alcance de la aludida regulación preconstitucional que lo desarrolla (RDL 17/77 ). Así, la STC 123/1992, de 28 de septiembre razona que Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocar en lugar preferente, el art 28, confiriéndole - como a todos los de su grupo - una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( art. 53 , 81 y 161 CE ). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores >.

En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo ha señalado lo siguiente: STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1. de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado Social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 CE , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedará, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de su contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 CE ).

También se refiere nuestra sentencia a la STC 75/2010, de 19 de octubre que señaló que "cuando de la tutela de los derechos fundamentales se trata, este Tribunal ha de garantizar dicha tutela sin que puedan existir espacios inmunes a la vigencia de los derechos fundamentales. Si a través de la técnica de la subcontratación se posibilita que trabajadores externos contratados por una empresa contratista se vinculen directamente a la actividad productiva de una empresa principal e incluso, que la propia duración de su contrato de trabajo se haga depender directamente de la vigencia del contrato mercantil que vincula a ambas empresas, determinando, en virtud de todo ello, que la efectividad de los derechos de los trabajadores pueda verse afectada no sólo por la actuación del contratista sino también por la del empresario principal, del mismo modo habrá de salvaguardarse que en el ámbito de esas actuaciones los derechos fundamentales de los trabajadores no sean vulnerados. Pues no sería admisible que en los procesos de descentralización productiva los trabajadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de sus derechos fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no descentralizada, ante actuaciones empresariales lesivas de los mismos... este Tribunal ha declarado ya en diversas ocasiones que los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerador por quien no es su empresario en la relación laboral pero interviene o interactúa con él en conexión directa con la relación laboral.

A continuación, se cita la STS 20 de abril de 2015 (rec. 354/2014; Coca cola), que aborda un supuesto prácticamente idéntico al que estamos examinando, pues se afronta un asunto en el que se utiliza el trabajo de otras empresas del grupo para suplir la falta de producción de los trabajadores en huelga, y se concluye que con esta actuación se intentó eliminar, minimizar o paliar el efecto de la huelga, lo que constituye, una vulneración del derecho constitucional".

Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al caso que nos ocupa, y en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, así como en consonancia con las conclusiones alcanzadas por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el acta referida en el hecho probado décimo cuarto, esta juzgadora alcanza la conclusión de que la conducta de la empresa demandada consistente en la subcontratación de los servicios de guardias de 24 horas, a los que afectaba la huelga convocada e iniciada el día 15 de abril de 2019 constituye una vulneración del derecho a la huelga de los trabajadores afectados al haberse producido el denominado esquirolaje externo. Vulneración que se inicia con la fecha de ejecución de los servicios subcontratados, esto es, el día 15 de abril 2019 y de la que no se tiene constancia que haya finalizado, entendiendo esta juzgadora que dicha prolongación resulta relevante, por cuanto la mercantil podría haber repuesto a los huelguistas en su derecho constitucional a lo largo de todo este período, y sin embargo, ha continuado en su actuación. Asimismo, se ha constatado una actuación del todo pasiva y omisiva por parte de la empresa, ante los reiterados intentos de los trabajadores de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones pactadas en relación al servicio de guardia 24 horas. Es por ello que se entiende del todo razonable y proporcionado, conforme a la LISOS, el importe de la indemnización que se interesa en el escrito de demanda, cuantificado en 25.0001 euros.

En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad sindical, no puede prosperar dicha pretensión por cuanto no se ha constatado conducta alguna infractora de tal derecho.

En consecuencia, procede la estimación de la demanda.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , frente a esta resolución cabe interponer recurso de suplicación por razón de la cuantía.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,