Sentencia Social 185/2023 Juzgado de lo Social de Cartagena nº 1, Rec. 518/2023 de 13 de octubre del 2023

PRIMERO. En la demanda que ha dado origen al presente proceso se ejercita por la parte demandante una acción de modificación sustancial de condiciones de trabajo y se alega que la empresa, con la modificación de las funciones del trabajador, ha atentado contra su dignidad y vulnerado sus derechos fundamentales y, concretamente, los derechos a la integridad moral, a la indemnidad y a no sufrir discriminación, por lo que solicita una indemnización de 6.251 euros por los daños morales causados. Frente a estas pretensiones, la empresa alega que no ha existido ninguna modificación sustancial porque se han respetado las condiciones laborales del trabajador, en cuanto a salario, antigüedad y categoría y, respecto al cambio de funciones, alega que el puesto de jefe de equipo, reconocido por la empresa JOGA, es un puesto de confianza y, según el convenio colectivo de la empresa demandada, esta puede asignarlo y revocarlo libremente.

SEG UNDO. Con carácter previo, hay que aclarar que se ha declarado probado el salario anual de 24.086,40 € por ser el que quedó fijado, con valor de cosa juzgada, en la sentencia dictada por este mismo juzgado en el anterior proceso de modificación sustancial seguido entre las mismas partes, y el que, además, se alegaba en la actual demanda.

TERCERO. Pasando al estudio de la acción de tutela de derechos fundamentales, hay que partir de la norma sobre atribución de la carga de la prueba contenida en el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, según el cual, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Respecto a esta norma, la jurisprudencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo explica que: " Tal como dispone el artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en el ámbito de los derechos fundamentales, el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, según el que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una aliteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión. Y, aunque el referido artículo 181.2 no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba, sí que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar".

En cuanto a la aplicación de esta norma probatoria, la jurisprudencia constitucional diferencia los dos momentos contemplados en el precepto citado:

1º Para que opere el desplazamiento al empresario del " onus probandi" no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que debe permitir deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una prueba verosímil o principio de prueba revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación o vulneración del derecho en cuestión ( SSTC 92/2008, de 21 de julio; 125/2008, de 20 de octubre y 2/2009, de 12 de enero).

2º Presentada la prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales en lo que constituye una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( SSTC 183/2007, de 10 de septiembre; 257/2007, de 17 de diciembre; 74/2008, de 23 de junio; 125/2008, de 20 de octubre; y 92/2009, de 20 de abril).

En este caso, la parte demandante alega en primer lugar que el cambio de funciones acordado por la empresa, que ha privado al actor de su puesto de jefe de equipo, atenta contra su dignidad. Según la jurisprudencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo (sentencia de 08-02-1993), esta es una cuestión que deberá examinarse en función de las circunstancias del caso concreto; y, en este caso, la valoración de las circunstancias concurrentes, acreditadas por la prueba documental aportada y por la testifical practicada en el acto del juicio lleva a la conclusión de que no se ha producido la pretendida vulneración de la dignidad del trabajador ya que, si bien es cierto que se le ha privado de las funciones de jefe de equipo, esta categoría le fue reconocida por una empresa distinta, y las funciones que le han sido asignadas tras la nueva subrogación son las mismas que siempre había desempeñado para la demanadda como conductor especialista, funciones que no entrañan un menoscabo de su dignidad y que no suponen ningún perjuicio económico, pues se ha respetado la categoría y grupo profesional, así como el salario correspondiente.

Tampoco puede apreciarse vulneración de la garantía de indemnidad, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que la empresa ha actuado conforme al pronunciamiento contenido en la sentencia dictada en los autos 776/2022, en la que, precisamente, se indicó que la modificación de funciones debía llevarse a cabo por los trámites previstos para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Por lo expuesto, procede desestimar la pretensión de tutela de derechos fundamentales y la solicitud de indemnización vinculada a ella.

CUARTO. A continuación, y desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, acreditado el cumplimiento por la empresa de los requisitos formales exigidos por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, deberá determinarse si la decisión empresarial está amparada en alguna causa que la justifique. En este sentido, el El art. 41 del ET regula las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y establece, en su apartado 1, que:

" La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39".

En el supuesto de autos, la valoración de los medios de prueba practicados, consistentes en la prueba documental aportada y, principalmente, en la testifical practicada en el acto del juicio, lleva a la conclusión de que la parte demandada ha justificado la existencia de razones organizativas que justifican la modificación de las funciones del demandante. A este respecto, hay que tener en cuenta en primer lugar que el demandante venía prestando servicios para la empresa PREZERO como conductor, y que esta empresa tenía su propia organización para el servicio que prestaba para REPSOL, con un gestor del contrato, dos encargados, un trabajador que sustituía a estos cuando era necesario, y los conductores y peones. Cuando se produjo la adjudicación del contrato a JOGA, a la que pasaron, entre otros trabajadores, el actor y uno de los encargados, PREZERO continuó prestando otros servicios para REPSOL, pasando el trabajador que sustituía a los encargados a desempeñar funciones de jefe de equipo, mientras que fue JOGA la que, en función de sus propias necesidades organizativas, reconoció más tarde al demandante la categoría de jefe de equipo. Pues bien, cuando se produce la nueva subrogación y el actor vuelve a integrarse en la plantilla de PREZERO, esta le reconoce su categoría y salario, pero cambia sus funciones, volviendo a asignarle las de conductor, y este cambio de funciones está justificado porque el demandante viene a integrarse en una organización en la que ya hay un encargado y un jefe de equipo, por lo que no es necesario que nadie más desempeñe tales funciones y, por tanto, para asignárselas al demandante habría que privar de ellas a quien ya las viene desempeñando.

QUINTO. Por lo expuesto, procede declarar justificada la decisión empresarial, reconociendo el derecho del actor a extinguir su contrato de trabajo conforme al artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.