Sentencia Social 6/2024 Juzgado de lo Social de Albacete nº 2, Rec. 955/2022 de 15 de enero del 2024

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.

Solicita la actora, D. Julián que se declare la nulidad del despido del que ha sido objeto el actor, y con los pronunciamientos inherentes al fallo, se condene a la demandada a proceder a la readmisión del trabajador y al pago de los salarios de tramitación desde que se produjo el despido y al pago de 6.000 euros, en concepto de daños morales por la vulneración de derechos fundamentales sufrida, o subsidiariamente se declare la improcedencia del despido practicado, debiendo ser condenada la parte demandada a poner a disposición del trabajador la indemnización por despido improcedente o a su readmisión y de igual forma se condene a las partes demandadas a abonar al trabajador la cantidad de 3.636,57 euros, por los conceptos expresados en el hecho tercero del escrito de demanda, más el 10% de interés por mora desde que dichas cantidades debieron ser abonadas, con expresa imposición de costas a la parte demandada. En el acto de la vista alega que la antigüedad del demandante es de 18 de abril de 2022.

La parte demandada, la empresa Vanesa Moreno Siegmund se opone a las pretensiones mantenidas por la parte actora, alegando, en síntesis, que no son ciertos los hechos relatados en la demanda, negando la antigüedad de 3 de junio de 2022 que consta en la demanda y oponiéndose a la que se alega por la parte actora, como cuestión complementaria al comienzo del acto del juicio, de 18 de abril de 2022, por no ser cierta y por extemporánea; alegando que la antigüedad del trabajador en la empresa es la de 23 de agosto de 2022 y señalando que el salario del trabajador es de 884,82 horas euros mensuales por cinco horas de trabajo diario; siendo la jornada completa el de 1.197,72 euros. Se opone a la reclamación de diferencias salariales y horas extras que alega no existen y a la imputación más grave, de que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 10 de noviembre de 2022 cuando iba a trabajar y por ello fue despedido, al no ser cierto, todo ello en base a las consideraciones que tuvo por convenientes. No produciéndose en el caso presente ninguna vulneración de derechos fundamentales, lo que fundamentó con las alegaciones que tuvo por oportunas. Señala que la baja del actor en la empresa se produjo por la llamada que su padre hizo a la empresaria en la tarde del día 8 de noviembre de 2022, diciéndole que no estaba de acuerdo con la retribución de su hijo y que a partir del día siguiente ya no iría a trabajar por lo que la empresaria el día 9 de noviembre le dijo a su asesor que diera al demandante de baja voluntaria en la empresa. Y por buena fe, no le hizo firmar ningún documento ni medio carta de baja voluntaria en la empresa, por lo que de apreciarse alguna irregularidad, se trataría de un despido improcedente, pero en ningún caso nulo.

El Ministerio Fiscal presentó escrito por el alegó que no asistiría al acto del juicio, sin perjuicio de que pueda decretarse la vulneración de derechos fundamentales solicitada por la parte actora.

SEGUNDO.- Fuentes probatorias.

Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, concretamente de la documental aportada por las partes, que ha sido concretada en los hechos probados y por el interrogatorio de la empresaria demandada y las testificales practicadas.

TERCERO.-Cuestiones previas.

Se alega por la parte actora en el acto del juicio, lo que denomina alegación complementaria, considerando que la antigüedad del trabajador en la empresa es de 18 de abril de 2022. En la demanda se hizo constar que era de 3 de junio de 2022. Cuestión previa a la que se opone la parte demandada, por extemporánea, señalando que la antigüedad del trabajador en la empresa es de 23 de agosto de 2022.

Cabe decir, que la introducción de una nueva fecha en el acto del juicio, como antigüedad del actor, distinta a la que se consignaba en la demanda, supone una variación de la demanda respecto a la antigüedad que se alegaba en ésta y sin duda alguna es extemporánea; pero aún así se va a analizar la prueba propuesta por las partes, a fin de fijar la antigüedad del demandante, que la parte actora propone en el acto de la vista de 18 de abril de 2022, y que alegaba en la demanda era de 3 de junio de 2022 o la que mantiene la parte demandada de 23 de agosto de 2022.

Para acreditar que la antigüedad en la empresa del trabajador es de 18 de abril de 2022, se aportan por la parte actora copia de unas conversaciones de DIRECCION000, documento nº 3 de su ramo de prueba, de las que se desconoce por completo quienes son los interlocutores de dichos DIRECCION000, al no constar los números de teléfono desde los que se remiten los mensajes ni ningún otro dato identificativo que pueda acreditar quienes son las personas que se comunican en esos DIRECCION000. Y sin que en el acto del juicio por parte de la representación del actor se identifique quienes son las personas que se comunicaban por DIRECCION000 y cuáles eran sus números de teléfono. Ni tampoco se ha presentado Acta de Protocolización ante Notario para dar fe de esas conversaciones y entre quienes eran mantenidas. Por tanto, esta prueba es totalmente inválida para tratar de probar la antigüedad del actor en la empresa, dado que nada acredita la misma. Asimismo, se propone la testifical del padre del actor, siendo uno de sus fines, la acreditación de la antigüedad del demandante en la empresa. Este testimonio aparte de ser un testimonio interesado por tratarse del padre del demandante, no aporta ningún dato que acredite que el día 18 de abril de 2022 o el día 3 de junio de 2022, el actor empezase a trabajar en la empresa demandada, pues el progenitor del demandante desconoce el día concreto que empezó a trabajar su hijo en la empresa, el horario de trabajo de éste y los días que prestó servicios.

La parte demandada trae como testigos al acto del juicio, al veterinario que visita la explotación de la demandada, D. Gumersindo, que manifiesta que todas las semanas pasa a ver la explotación, viendo al demandante allí en los meses de octubre y noviembre, pero no lo vio antes del verano en los meses de junio, julio y agosto. Asimismo el testigo, D. Primitivo, que lleva el mantenimiento de la granja de la demandada, refiere que en el verano de 2022 hizo algunas reparaciones en la granja, concretamente en julio de 2022 estando allí tres días, y no vio nunca al demandante en la granja, ni había visto antes a este chico, refiriendo que cuando fueron a la granja en julio solo había trabajado una persona mayor y que esta persona les había ayudado en algunas de las ocasiones que fueron.

Por tanto, de la prueba desplegada, no puede considerarse acreditado que ni el 18 de abril de 2022 ni el 3 de junio de 2022, D. Julián empezase a prestar servicios en la empresa Vanesa Moreno Siegmund, siendo por tanto, su antigüedad en la empresa la que mantiene la parte demandada, de 23 de agosto de 2022, fecha del contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, firmado entre las partes litigantes, que obra aportado en autos.

Por lo que respecta al salario del demandante, tal y como está acreditado por el contrato de trabajo, el actor fue contratado de forma parcial, cinco horas al día, ampliándose en septiembre a seis horas, siendo su salario mensual con prorrata de pagas extraordinarias de 884,82 euros, según el Convenio Colectivo de aplicación y que consta en las nóminas del trabajador. Por tanto, este es el salario mensual del trabajador demandante, sin que se haya opuesto la parte actora en el acto de la vista al salario, que alega la parte demandada.

CUARTO.- Calificación del despido.

Sentado lo anterior, procede analizar si el despido del demandante es nulo por vulneración de derechos fundamentales, o subsidiariamente improcedente.

Indica el artículo 55.5 ET que "será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador".

En relación con esta materia, el Tribunal Constitucional (sentencia 49/2003, de 17 de marzo) tiene establecida la siguiente doctrina: "Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas SSTC 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de marzo ). El primero la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 2017/2001, de 22 de octubre ). El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse ( SSTC 87/1998, de 21 de abril ; 293/1993, de 18 de octubre ; 140/1999, de 22 de julio ; 29/200, de 31 de enero ; 2017/2001, de 22 de octubre ; 214/2001, de 29 de octubre ; 14/2002, de 28 de enero ; 29/2002, de 11 de febrero , y 30/2002, de 11 de febrero ). Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo cusas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada".

Dicha doctrina es reiterada por las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional 138/2006, de 8 de mayo y 74/2008, de 23 de julio, en las que se añade que el demandante que invoca la inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de vulneración de derecho fundamental, y alcanzando tal resultado, recaerá sobre la parte contraria la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionado.

En el mismo sentido, sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2015, rec. 2598/2014, donde se resume la doctrina jurisprudencia sobre el particular.

En el caso de autos, la demanda presentada por la parte actora concreta los derechos fundamentales que se entendían vulnerados, el artículo 14 de la Constitución Española, en su vertiente de igualdad y no discriminación y el artículo 15 en cuanto a la integridad física, por lo que, en principio respondía a las exigencias legales y jurisprudenciales indicadas.

Se viene a señalar en la demanda de autos, que el trabajador sufrió un accidente in itinere el día 10 de noviembre de 2022, cuando iba a trabajar a la empresa y fue dado de baja en la empresa con efectos del día 8 de noviembre de 2022, dos días antes de sufrir un accidente laboral, baja que le fue comunicada por un SMS remitido por la TGSS el día 11 de noviembre de 2022, fecha en la que se encontraba en situación de incapacidad temporal, no habiendo recibido ni carta de despido, ni liquidación económica ni la nómina de noviembre de 2022; considerando que la empleadora ante la confirmación de baja de largo alcance le dio de baja en la empresa, vulnerando con ello los artículos mencionados.

Una valoración conjunta de la prueba practicada en la vista, que ha consistido fundamentalmente en las documentales aportadas por las partes, el interrogatorio de la empresaria demandada y las testificales practicadas a propuesta de la parte demandada y otra practicada a instancia de la parte actora, conducen a concluir que los hechos alegados en la demanda no son ciertos y por tanto la parte demandante no ha aportado un principio de prueba de la vulneración de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados.

Procede analizar si el trabajador demandante, el día 10 de noviembre de 2022 cuando sufre un accidente con su bicicleta prestaba servicios laborales para la demandada, debiendo adelantar ya que en esa fecha el trabajador ya no trabajaba para Modesta.

Como está acreditado, por la testifical del asesor de la empresa, Sr. Pedro Jesús, el interrogatorio de la empresaria y el pantallazo de DIRECCION000 que se contiene en el Acta de Protocolización Notarial aportada por la parte demandada, el día 9 de noviembre de 2022, la empresaria Sra. Modesta remite un DIRECCION000 a su asesor, D. Pedro Jesús donde le dice expresamente "dame de baja al muchacho con fecha de ayer, se va él", refiriéndose al actor. Esta comunicación como está debidamente probado se produce el día 9 de noviembre de 2022, un día antes del accidente sufrido por el actor, el día 10 de noviembre de 2022. Y como manifiesta la empresaria, ella comunica a su asesor que dé de baja al actor, dado que el padre de éste en la tarde del día 8 de noviembre de 2022, la había llamado por teléfono para decirle que su hijo ya no iba a ir a trabajar en la empresa y que solicitaba su baja voluntaria en la empresa, lo que dio lugar a que la empresaria diera la orden a su gestor al día siguiente, 9 de noviembre de 2022, de dar de baja al trabajador en la empresa. Manifiesta la empresaria, que el demandante ya no fue a trabajar el día 9 de noviembre de 2022 ni posteriormente, siendo dado de baja con efectos del día 8 de noviembre de 2022, fecha en la que su padre solicitó en nombre de su hijo (menor en ese momento), la baja voluntaria en la empresa. El testigo Sr. Pedro Jesús corrobora el testimonio de la empresaria, manifestando que Modesta le mando DIRECCION000 el día 9 de noviembre para que diera de baja al trabajador porque éste se iba voluntariamente, no pudiendo tramitar la baja ese día y tramitándola el día 10 de noviembre, con efectos del día 8 de noviembre de 2022. Refiere el testigo que la Inspección de Trabajo se puso en contacto con él, explicándole él como se había producido la baja del trabajador. Exhibida la penúltima hoja del documento nº 12 del ramo de prueba de la parte demandada reconoce el documento que contiene la conversación de DIRECCION000 mantenida con la empresaria y manifiesta que el número NUM002 es su teléfono.

Pues bien, estas pruebas acreditan plenamente la postura mantenida por la parte demandada, que como consecuencia de la llamada que la empresaria recibe del padre del demandante (menor de edad en ese momento) en la tarde del día 8 de noviembre de 2022, diciéndole que solicitaba la baja voluntaria de su hijo en la empresa, ésta se pone en contacto con su asesor vía DIRECCION000 el día 9 de noviembre de 2022, para que diera de baja voluntaria al trabajador, lo que el asesor lleva a cabo el día 10 de noviembre de 2022, con efectos del día 8 de noviembre, fecha en la que el padre del demandante solicitó la baja voluntaria de su hijo. Por tanto, acreditado que la empresaria el día 9 de noviembre se comunicó con su asesor para que cursara la baja voluntaria del actor con fecha de 8 de noviembre de 2022, cuando se produce el accidente del trabajador, el día 10 de noviembre de 2022, éste ya no prestaba de hecho, sus servicios laborales en la empresa demandada, siendo que ni el día 9 ni el día 10 de noviembre el trabajador fue a trabajar a la empresa, por lo que difícilmente pudo sufrir un accidente in itinere de camino al centro de trabajo. Pero, es que además la empresaria no tiene conocimiento del accidente hasta el día 11 de noviembre de 2022, a las 13:37 horas.

La Sra. Modesta interpuso una denuncia ante el Cuartel de la Guardia Civil, el día 11 de noviembre de 2022, a las 11:02 horas, porque el trabajador no le quería entregar las llaves de la granja, manifestando en su denuncia, que desde el día 9 de noviembre ya no era trabajador de su empresa. Nada dice la empresaria en esta denuncia de que el trabajador le hubiera comunicado que había tenido un accidente yendo a trabajar el día 10 de noviembre, siendo que el trabajador a las 13:37 del día de interposición de la denuncia remite a la empresaria el parte de baja vía DIRECCION000, habiendo acudido al Centro de Salud de DIRECCION001 a las 13:17 horas de ese día 11 de noviembre, diciendo en esta ocasión y por primera vez que había tenido un accidente laboral el día 10 de noviembre de 2022, lo que manifiesta casualmente tras ser denunciado por la empresaria.

Otros hechos que corroboran que el accidente no fue laboral, es que cuando el demandante acude al Centro de Salud de DIRECCION001 el día 10 de noviembre, tras el accidente, nada dice de que el accidente hubiese sido de camino a su trabajo, ni la hora a la que sucedió. Desde el Centro de Salud fue remitido al HOSPITAL000 de Albacete, donde fue asistido en Urgencias por el Servicio de Traumatología, donde el actor ninguna referencia hace a que las lesiones sufridas por la caída de la bicicleta se produjeran cuando iba a trabajar. No es hasta el día 11 de noviembre de 2022, como ya se ha dicho, que acude nuevamente al Centro de Salud de DIRECCION001 sobre las 13:17 horas, cuando manifiesta por primera vez, que el accidente se produce a las 9:45 horas del día 10 de noviembre de 2022, cuando iba a trabajar. Otro dato a tener en cuenta es que el trabajador fue dado de baja médica por accidente no laboral y no por accidente de trabajo.

Otra prueba fundamental es la investigación que se inició por la Inspección de Trabajo a raíz de la denuncia que el trabajador interpuso por estos hechos. La Inspección de Trabajo tras las investigaciones que llevó a cabo, concluyó señalando que no se había producido ningún incumplimiento por parte de la empresa que diera lugar a responsabilidades administrativas en materia de normas laborales y por lo tanto, no se inició expediente sancionador a la empresa ni recargo de prestaciones ante el INSS.

Por todo ello, cabe concluir que el accidente sufrido por D. Julián, el día 10 de noviembre de 2022, a las 9:45 horas, no fue un accidente laboral, dado que el demandante desde el día 8 de noviembre de 2022 ya no acudió prestar servicios laborales para la empresa Vanesa Moreno Sigmund, siendo dado de baja en la empresa con efectos del día 8 de noviembre de 2022.

En consecuencia, si en la fecha del accidente, el día 10 de noviembre de 2022, no estaba trabajando en la empresa demandada, dado que desde el día 9 de noviembre ya no acudió a prestar servicios, no existe despido nulo por vulneración de los artículos 14 y 15 de la Constitución Española, de igualdad y no discriminación, dado que cuando se le da de baja médica por el accidente sufrido, éste ya no estaba de alta en la empresa demandada, donde se le dio de baja voluntaria con efectos del día 8 de noviembre de 2022.

No existe por tanto, despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, y en consecuencia, no ha lugar a otorgar la indemnización de 6.000 euros solicitada por daños y perjuicios.

QUINTO.- Improcedencia del despido.

Ciertamente la empresaria, tras la llamada del padre del demandante comunicando la solicitud de baja voluntaria de su hijo en la empresa, no exigió al trabajador, la entrega de una comunicación por escrito de baja voluntaria, documento acreditativo de que el trabajador rescindía el contrato por propia voluntad. Manifiesta al respecto la empresaria, que no lo pidió porque su padre la llamó el día 8 de noviembre, para decirle que solicitaba la baja voluntaria de su hijo, que ya no iba a ir a trabajar más. Esta circunstancia de no exigir la presentación y firma de un documento de baja voluntaria, que alega la representación de la parte demandada se hizo de buena fe porque el padre del demandante había sido trabajador de la empresa y también se había dado de baja voluntaria en la empresa sin ningún problema, sí puede asimilarse a un despido improcedente, al no cumplirse con los requisitos formales de una baja voluntaria, pues se debió exigir al trabajador por parte de la empresa, una carta por escrito con la voluntad de causar baja en la empresa, con la fecha de efecto de la baja y con la firma de ambas partes, lo que no fue verificado; procediendo la empresaria sin más al recibir la llamada del padre del demandante solicitando la baja voluntaria de su hijo en la empresa, a solicitar de su asesor que se cursase la baja del trabajador.

Por tanto, considerando que la baja voluntaria en la empresa fue irregular, procede declarar la misma como un despido improcedente.

De tal modo que declarado el despido como improcedente, la parte demandada, la empresa, Vanesa Moreno Siegmund debe optar, a su elección, en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, entre la readmisión del trabajador demandante en las mismas condiciones de trabajo que tenía a la fecha de su de su baja, el 8 de noviembre de 2022, a la indemnización prevista en la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto-Ley 3/12, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, si bien, únicamente se devengarán salarios de tramitación para el caso de que la empresa optase por la readmisión (art.56.2 del E.T.)

En consecuencia, y para el caso de que la parte demandada, optase por la indemnización al trabajador demandante, la cantidad a abonar ascendería a la suma de 239,99 €; tomando como base para dicho cálculo el salario mensual del trabajador de 884,82 euros y atendiendo al período de duración de la relación laboral desde el día 23 de agosto de 2022 hasta el día 8 de noviembre de 2022, fecha de efectos de la baja del trabajador en la empresa y la que se considera como despido, que ahora se declara improcedente.

CUARTO.- Reclamación de cantidad.

Se reclama por el trabajador en la demanda en su hecho tercero, diferencias salariales y horas extraordinarias desde el día 3 de junio de 2022, a jornada completa, fecha que se consignaba en la demanda como de antigüedad del trabajador.

Estableciéndose en esta resolución, que la antigüedad del demandante en la empresa es de 23 de agosto de 2023, las cantidades reclamadas en junio, julio y hasta el 23 de agosto de 2022, debe decaer su reclamación, dado que en estos meses no se ha acreditado por prueba objetiva alguna que el demandante prestase servicios laborales en la empresa demandada.

Por lo que respecta a las cantidades abonadas a partir del día 23 de agosto de 2022 al trabajador, las mismas son acordes con el salario del trabajador de 884,82 euros, por su contrato a tiempo parcial de cinco horas semanales, tal y como reflejan las nóminas aportadas por la representación de la empresa a su ramo de prueba, y de acuerdo con el Convenio Colectivo de aplicación, el del Campo de la provincia de Albacete, sin que se haya desplegado prueba objetiva alguna, de que el demandante prestase servicios a jornada completa, en la empresa desde el 23 de agosto de 2022.

Se reclaman horas extraordinarias de los meses de septiembre y octubre de 2022, 36 horas en septiembre y 32 en octubre. Para acreditar dichas horas extraordinarias se presenta en el acto de la vista por la parte actora, el documento nº 3, que es una fotocopia de una hoja en el que consta el nombre de la empresa, su CIF y mes de septiembre de 2022, así como una serie de horas de entrada y de salida, documento que lleva firma de la empresaria en el lugar destinado al trabajador, y cuyas horas no son reconocidas por ésta como realizadas por el trabajador demandante ni rellenadas por ella en ese documento. No se presenta documento de registro de horas del mes de octubre de 2022, por lo que con tan escaso material probatorio no pueden ser reconocidas al demandante las horas extraordinarias que reclama al no existir prueba válida, que acredite que el trabajador llevó a cabo realización de las horas extraordinarias que reclama en los meses de septiembre y octubre de 2022.

En cuanto a las vacaciones que se reclaman, como está acreditado por la nómina del mes de noviembre de 2022, aportada por la parte demandada a su ramo de prueba, el trabajador percibió el importe de las vacaciones que le correspondían por el tiempo trabajado en la empresa, en cuantía de 134,62 euros, desde el día 23 de agosto de 2022 hasta la finalización de su relación laboral.

En consecuencia, la reclamación efectuada por el actor por diferencias salariales, horas extras y vacaciones no es procedente.

SEXTO.- Fogasa.

El Fondo de Garantía Salarial responderá de las consecuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.

SÉPTIMO.- Costas.

Establece el artículo 66.3 de la LRJS que "Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

En el presente caso, la parte demandada no resultó debidamente citada al acto de conciliación, al haberse devuelto la carta certificado con acuse de recibo, por tratarse de una dirección incorrecta, no compareciendo en consecuencia nadie, por lo que así se hizo constar expresamente. En consecuencia, no dándose los requisitos señalados en el citado artículo, no procede la imposición de las costas causadas a la demandada que no compareció al no resultar citada, en los términos de este artículo.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,