Sentencia Social 13/2026 , Rec. 781/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan probados a partir de la valoración en conjunto de la prueba practicada, documental. En particular, se debe tomar en consideración el expediente administrativo aportado por la demandada, en el que obran el acta y las resoluciones a las que se hace referencia, que se dan por reproducidos en su integridad.

SEGUNDO.- Pretende la parte actora que se anule la sanción impuesta por la Resolución de fecha 11-12-2023 de la CONSELLERÍA demandada que acuerda confirmar la sanción propuesta, por importe de 2.000 euros, por la comisión de una falta grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas tipificada en el art. 7.2 TRLISOS. Sostiene, como fundamento de su pretensión, esencialmente las siguientes consideraciones:

Falta de motivación de la resolución, que se trata de un texto estandarizado que le genera indefensión; existen contradicciones entre el acta de infracción y la resolución impugnada, que incurre en desviación; se ha acreditado de manera indubitada la identificación de la contrata a la que están vinculados los trabajadores Vicente y Luciano; los contratos fijos discontinuos estaban justificados por la contrata administrativa. Se acredita la continuidad en la prestación del servicio al ARSENAL MILITAR DE FERROL -MINISTERIO DE DEFENSA, siendo el objeto del contrato: "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN BUQUES DIRECCION000", que ha continuado en 2020, 2021, 2022, 2023 y se mantiene en 2024, si bien el servicio se presta mediante dos lotes desde 2022, contratando a partir de septiembre de 2022 a un segundo técnico de prevención de riesgos laborales.

TERCERO.- Con carácter previo, se debe rechazar la impugnación de la resolución de sanción en base a la falta de motivación. Se debe recordar que la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 26 de mayo del 2000 examina el deber de motivación de los actos administrativos, asumiendo la jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo, estableciendo los siguientes criterios: "A) El sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el control que corresponde a los Tribunales de la legalidad de la acción administrativa y de ese sometimiento a la Ley, demandan la motivación de los actos administrativos en garantía de la seguridad jurídica, de la igual aplicación de la Ley y del derecho a la igual protección jurídica ( artículo 9.1 y 103.1 de la Constitución ). Además la necesidad de motivación del acto administrativo se conecta con el derecho fundamental a la tutela efectiva y al derecho de defensa ( sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1.987 , 17 de noviembre de 1988 , 19 de noviembre de 1.998 , 25 de junio de 1.999 y 12 de mayo de 1.999 , entre otras). B) En atención a esas garantías, el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , dispone que los actos administrativos que enumera.. serán motivados "con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho". Quiere ello decir que, aunque sea escuetamente, han de contener la razón esencial de la decisión de la Administración, con la amplitud que permita al destinatario su adecuada defensa y a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos necesarios para resolver la impugnación judicial del acto, en el ejercicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa, sancionada en el artículo 106 de nuestra Constitución ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1.999 y 12 de abril de 2.000 ). C) Ahora bien, el requisito de motivación ha de entenderse cumplido cuando en el acto administrativo se aceptan informes, dictámenes o memorias, al considerarse que los mismos forman parte de la resolución, para lo que basta además una motivación sucinta ( sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1.978 , 15 de noviembre de 1.984 y 10 de febrero de 1.997 ). A este respecto, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y constante jurisprudencia de esta Sala la que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo ya aludidos en el ordinal anterior la remisión explícita o implícita a los informes y documentación obrante en el expediente ( sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1.998 ). D) De cualquier modo, la falta de motivación o la motivación defectuosa no constituye nunca un supuesto de nulidad de pleno derecho que el artículo 62 de la Ley 30/1992 reserva para los supuestos que enumera, entre los que no aparece incluido éste. A lo más, puede ser un vicio de anulabilidad, de acuerdo con el artículo 63.2 de la citada Ley , o implicar simplemente una mera irregularidad no invalidante. Ello dependerá de que haya producido o no indefensión al administrado.

Trasladando la doctrina jurisprudencial que se acaba de exponer al caso de autos, la resolución impugnada no puede considerarse inmotivada. Además de su exhaustividad, acoge los hechos constatados en el acta de infracción, y expresamente se remite al informe de la ITSS que obraba en el expediente, consignando sus conclusiones. De este modo, la Resolución no sólo permite conocer a la parte la razón esencial de la decisión, sin que se le cause indefensión sino que además cumple las exigencias de motivación específicamente exigidas en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. También cabe descartar que el informe de descargos que emite la inspección y la resolución impugnada hayan incurrido en desviación respecto del acta de infracción, pues además de que no se trata de la resolución impugnada, la falta de identificación de la contrata administrativa hace referencia al clausulado de los contratos fijos-discontinuos.

CUARTO.- Sentado lo anterior, respecto al marco jurídico en el que se encuadra el presente procedimiento, se debe recordar que el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social prevé que es infracción grave La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva. A estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas.

A su vez, según el artículo 53.2 del mismo texto legal, los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 52 , tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados y el mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

Con respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta , como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 ( RJ 1990\ 3138) , 16-5-1996 , 16-4-1996 , 16-4-1996 , 19-4 - 1996 , 10-5-1996 ( RJ 1996\ 4116) , 24-9-1996 , 25-10-1996 ( RJ 1996\ 7708) , 21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2-12-1997 , 9-12-1997 ( RJ 1997\ 8864) , 6-3-1998 y 6-10-1998 ( RJ 1998\ 7692) , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 ( RJ 1997\ 8334 ) , 26-7-1995 ( RJ 1995\ 6231) , 23-2-88 ( RJ 1988\ 1450) , y en igual sentido STS de 17-6-1987 ( RJ 1987\ 4207) ). Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5- 1996 ( RJ 1996\ 4201) )

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante [ Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 (RJ 1996\6795 ), 22-10-1996 , 29 y 30-11-1996 (RJ 1996\8708 ); 21-3-1997 (RJ 1997\ 2100 ), 6-5-1997 y 2-12-1997 y 6-10-1998 (RJ 1998\7692), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 (RJ 1989\3140). Es decir, este valor descansa en que toda actuación inspectora se presume objetividad mientras no se demuestre lo contrario, y es por ello, que para su destrucción no se admite cualquier tipo de prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (RJ 1991\ 4891 ) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997\ 7041)".

En la misma línea, tal como dispone la STSJ de Galicia, 6434/2016 de 16 Nov. 2016, Rec. 2591/2016, entre otras, la doctrina jurisprudencial destaca que el valor y fuerza probatoria de las actas de la Inspección se centra en los hechos que, por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a las inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por otros medios de prueba consignados en la propia acta ( Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1991 ), es decir, a las circunstancias del caso y a los datos que han servido para su elaboración, no a las apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, y constituyen una presunción iuris tantum, que desplaza a quien perjudica la carga de probar que aquéllos no se ajustan a la realidad de los hechos ( Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1991 ).

Las actas de infracción están dotadas de fuerza probatoria conforme se desprende de los artículos 13.1, 14.1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2009, gozan de presunción de veracidad por la imparcialidad y especialización de quien las confecciona, que comprende tanto los hechos susceptibles de percepción directa como los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la misma, con valor de presunción "iuris tantum" correspondiendo desvirtuar su contenido en este caso al recurrente.

De este modo, en esta materia rige un valor probatorio privilegiado en relación a las actas del Servicio de Inspección y la presunción de certeza que expresamente proclama el art. 151.8 LRJS, y de todo ello se deriva que se desplaza a la parte actora e impugnante de la sanción la carga de la prueba de los hechos aducidos en defensa de su derecho.

QUINTO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Descendiendo al caso de autos, se debe analizar si es o no ajustada a derecho la sanción impuesta. Para ello, se debe valorar, a la vista del relato fáctico, si la actuación inspectora ha sido razonable y acorde con los principios probatorios, basados en prueba de presunciones.

En este caso, se produce como consecuencia de sanción por la comisión de falta grave por apreciar la infracción en materia laboral, tras el levantamiento de la correspondiente acta de infracción, con propuesta de sanción y la regular tramitación del correspondiente expediente sancionador, que finalizó con la imposición de la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Pues bien, el acta levantada por la Inspección de Trabajo no se ha basado en apreciaciones globales o juicios de valor sino en comprobaciones directas realizadas por el/la subinspector/a de Trabajo, que requirió a la empresa la documental pertinente que se relaciona en el acta de infracción e hizo las comprobaciones oportunas. De este modo, quedaron constatados los siguientes hechos objetivos:

El trabajador Vicente es contratado en fecha 18/05/2022 con un contrato indefinido en su modalidad de fijo discontinuo, por conversión de un contrato temporal de fecha 02/01/2019, por obra o servicio determinado. En las cláusulas del contrato fijo discontinuo se establece que el trabajador prestará sus servicios como Técnico PRL (nivel intermedio) incluido en el grupo profesional grupo 5, en el centro de trabajo ubicado en Arsenal Ferrol, rúa Arguelles, nº 4, Ferrol. La duración estimada de la actividad será de 2 años. La jornada estimada dentro del período de actividad será de 25 horas semanales. Establece el contrato que el Convenio Colectivo aplicable es el Convenio Colectivo Nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. No se recoge la vinculación del contrato con una contrata administrativa.

De la vida laboral, se constata que este trabajador lleva de alta en la Seguridad Social en la empresa Atenea Seguridad y Medioambiente S.L.U., Código de cuenta de cotización 15/108402223, de manera continua, desde el día 02/01/2019, es decir, más de 1.200 días.

El trabajador Luciano es contratado en fecha 01/09/2022 con un contrato indefinido en su modalidad de fijo discontinuo. En las cláusulas del contrato se establece que el trabajador prestará sus servicios como Técnico PRL (nivel intermedio) incluido en el grupo profesional grupo 5, en el centro de trabajo ubicado en Arsenal Ferrol, rúa Arguelles, n° 4, Ferrol. La duración estimada de la actividad será de 2 años más 2 años de prórroga. La jornada estimada dentro del período de actividad será de 40 horas semanales. Establece el contrato que el Convenio Colectivo aplicable es el Convenio Colectivo Nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. No se recoge la vinculación del contrato con una contrata administrativa.

Se debe recordar que el Art. 16 ET dispone que: 1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. (.) . 2. El contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. 3. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas. En todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada. (...)4. Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será de tres meses.

Tal como establece el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en Sentencia de 5 de Noviembre de 2024, Rec. 1560/2024 respecto de los casos de los contratos fijos discontinuos vinculados a las contratas o concesiones administrativas: En concreto en los casos de los contratos fijos discontinuos vinculados a las contratas o concesiones administrativas, el Art. 16.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que "los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones", de modo que el Art. 16.4 impone que la discontinuidad del contrato fijo-discontinuo en el marco de las contratas venga necesariamente delimitada por estas, es decir, la duración de la contrata mercantil negociada entre la empresa principal y la contratista (incluidas sus posibles prórrogas) determinará de manera precisa la actividad de las personas contratadas para atender a la ejecución de la contrata. En el presente supuesto no es pacifica como pretende la recurrente la calificación jurídica del contrato concertado entre las partes el día 11 de julio de 2022, pues, bien que en su cláusula segunda se especifica que el contrato "se concierta para realizar trabajo fijos discontinuos de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto de los Trabajadores dentro de la actividad intermitente de montajes construcciones metálicas", a continuación el propio contrato se intitula como "indefinido ordinario". En todo caso, hemos de indicar que el expresado contrato no señala cual sea la empresa cliente y desde luego, no establece vinculación alguna con una contrata específica, siendo así que lo que cualifica a esta modalidad contractual es la existencia de una contrata mercantil o administrativa, pues en esta concreta modalidad contractual, la intermitencia viene dada precisamente por el término de cada una de ellas... tampoco se constata acreditado que la causa de la naturaleza del último contrato concertado con el actor deriva de unas necesidades normales y permanentes de la empresa que se presentan de forma intermitente en atención a las oscilaciones de una empresa cliente, que es lo que determina la calificación jurídica de la relación laboral como fijo discontinuo".

En este caso, de la vida laboral de los trabajadores no se desprende la existencia de un patrón estacional ni intermitencia de ningún tipo. Por lo que se refiere a las contratas, ninguno de los dos contratos fijos-discontinuos señala cual es la empresa cliente ni establece vinculación alguna con una contrata específica. De este modo, no se ha acreditado que las labores de los trabajadores vengan vinculadas a una contrata o a la supuesta intermitencia en la producción asociada a la misma. En este caso no se trata de que existan varias contratas diferentes en las que la intermitencia vendría dada por el término de cada una de ellas (pues ello es por lo que el mismo artículo 16 regula los supuestos en que los periodos de inactividad resultan de los plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones).

El contrato administrativo que la empresa invoca como justificación de la contratación fija discontinua, fue suscrito con el Ministerio de Defensa (Intendencia de Ferrol): "I-00017-P-23/Asistencia técnica función coordinación actividades empresariales gestión de prevención de riesgos laborales buques DIRECCION000" con número NUM003 fue firmado el 17/04/2023. El plazo de ejecución será el indicado en la oferta del adjudicatario, siempre que en dicha oferta se indique una disminución (mejora) respecto al establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se fija en: 31/12/2023.

De este modo, cabe acoger las conclusiones emitidas en su informe por la ITSS, que no acepta la justificación ofrecida por la empresa, teniendo en cuenta que el contrato administrativo fue firmado en abril de 2023, sin correspondencia por tanto con el período de inicio de la relación laboral de sendos trabajadores en la empresa. Tampoco el plazo de ejecución (31/12/2023) se corresponde con una baja en la actividad de los trabajadores ni con la duración estimada de la actividad recogida en los contratos fijo discontinuos. Además, en dichos contratos no se hace ningún tipo de mención a que están vinculados a ninguna contrata, subcontrata o concesión administrativa. En cuanto a la regularidad del establecimiento de jornada a tiempo parcial, la prohibición genérica establecida en el art. 16.5 del Estatuto de los Trabajadores, salvo su posibilidad establecida en el convenio colectivo de aplicación, lo cierto es que el art. 18 bis del convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos en el convenio colectivo de aplicación no contempla la posibilidad de contratación a tiempo parcial para trabajos fijos discontinuos.

Pues bien, ante los hechos consignados, no ha practicado la parte demandante prueba eficaz encaminada a desvirtuar la presunción de veracidad de que gozan los hechos consignados en el acta de la Inspección de Trabajo, pues no se aporta ninguna documental adicional a la ya obrante y valorada en el expediente.

De este modo, cabe concluir que los hechos acreditados son constitutivos de una falta grave prevista en el artículo 7.2 del RDL 5/2000 de 4 de agosto, que se aprecia correctamente tipificada y graduada.

En virtud de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.