Sentencia Social 444/2022 Juzgado de lo Social de Palma nº 1, Rec. 1071/2021 de 16 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Los hechos anteriormente declarados probados resultan de la documental aportada por la parte actora y del expediente administrativo.

SEGUNDO.- Se interesa por la parte actora, como objeto de su pretensión, tras el desistimiento manifestado el día del juicio respecto de la reclamación por los conceptos de dietas y transporte e intereses, que se condene a la parte demandada al abono de la cantidad de 271'03 euros en concepto de diferencias entre la cantidad abonada por el Fondo demandado en concepto de indemnización y la que debiera habérsele abonado de acuerdo con la sentencia que constituye el título ejecutivo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores (ET), dedicado a la regulación del FOGASA, en su redacción introducida por Ley 11/2020, de 30 de diciembre, en vigor a partir del 1 de enero de 2021, dispone que "el Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días" (apartado primero).

En el apartado segundo de este precepto añade que "el Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al artículo 50 y 56 de esta ley , se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior".

Pues bien, en el caso que es objeto de la presente resolución se alega por la representación del organismo demandado que, por lo que se refiere a los salarios, que el referido Fondo ha abonado la indemnización legalmente prevista de 12 días por año.

Así, el precepto citado debe ser puesto en relación con lo establecido en el artículo 49 del ET, en su redacción original, el cual, al regular la extinción del contrato, disponía en su apartado primero, letra c, que el contrato se extinguirá "por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato a la finalización del contrato excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio o la establecida en su caso en la normativa específica que sea de aplicación (...)". Por su parte, la Disposición Transitoria octava de la misma norma dispone que "la indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1.c) se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:

(...) 12 días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero del 2015".

En el presente supuesto, como se explicó por el Letrado del FOGASA en el acto de juicio y así se desprende de los cálculos contenidos en el Anexo a la resolución administrativa, la cantidad abonada por este Fondo al demandante, por importe total de 210'61 euros, resulta de multiplicar el módulo salarial de 41'87 euros por 5'03 días de indemnización, resultado de computar una antigüedad de 153 días en la relación laboral (del 1 de mayo de 2018 al 30 de septiembre de 2018) por 12 días de indemnización. Y así, en el Fundamento cuarto de la resolución se indicaba que se abonaba la cantidad reflejada en el Anexo "(...) correspondiente a la indemnización legal por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato temporal con el límite establecido en el artículo 33.2, en relación con el art 49.1.c y Disposición transitoria decimotercera de la ley del Estatuto de los trabajadores ".

Debe añadirse en este sentido que, si bien se desconoce absolutamente el importe que fue reclamado en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social número dos en concepto de indemnización por fin de contrato temporal, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 febrero de 2018 (recurso 803/2016) recordaba, con cita de las de 16 de octubre de 2012, que la duda sobre si la cuantía de la indemnización garantizada por el FOGASA debe limitarse al máximo de doce días de salario por cada año de servicio, que se fija legalmente en el art. 49.1 c) ET en caso de extinción por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato o también debe comprender las indemnizaciones eventualmente superiores que se fijen en un convenio colectivo, concluye que "(...) que en la referida garantía debe limitarse al importe máximo previsto legalmente en el art. 49.1 c), y ello por las siguientes razones:

La regulación del art. 49.1 c) establece el supuesto de contrato temporal en el que el trabajador debe ser también indemnizado a su extinción: cuando ésta obedece a la "expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato", y a tal supuesto anuda "una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio", añadiendo "o la establecida en su caso en la normativa específica que sea de aplicación. Es evidente que este mandato del legislador obliga al empresario, que será el deudor de la indemnización legal establecida, o en su caso -y esto aunque el precepto no lo mencionase -también la establecida en la normativa específica que sea de aplicación, fundamentalmente el convenio colectivo- sin que en este precepto se haga referencia alguna, como es lógico, a una eventual responsabilidad subsidiaria del FOGASA.

La garantía de pago subsidiario -por insolvencia del empresario- de la indemnización a que nos referimos viene establecida en el art. 33.2 ET , al comprender ahora las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada "en los casos que legalmente procedan". Ahora bien, esta remisión se refiere a "los casos", lo cual, en nuestro ordenamiento se concreta en el supuesto previsto en el art. 49.1 c), a cuyo supuesto se anuda, también legalmente, una determinada indemnización.

Que el empresario pueda pactar y responsabilizarse de cualquier "supuesto" e "importe indemnizatorio" es evidente, aunque el referido artículo no tuviera referencia concreta a "la normativa específica que sea de aplicación"; pero ello no quiere decir que el FOGASA haya de garantizar cualquier indemnización voluntariamente pactada por el empresario, si así no se establece claramente en la norma de garantía, y la redacción de ésta "en los casos que legalmente procedan" - cuando pudo perfectamente fijar la obligación de garantía hablando de los casos en que procediera legal o convencionalmente- no permite la ampliación a otros supuestos y cuantías pactadas al margen de la ley, pues la obligación garantizadora a cargo de un fondo público obliga a una interpretación estricta de las normas que la regulan.

Esta interpretación se refuerza si tenemos en cuenta que fuera del límite máximo del importe de una anualidad, y de no exceder del doble del salario mínimo interprofesional como base de cálculo del salario diario, el art. 33.2 no señala para estos casos ningún tope de número de días por año de servicio para calcular el importe de la indemnización a los solos efectos de su abono por el FOGASA, como así lo establece expresamente -30 días por año de servicio- "para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al art. 50 de esta Ley". No siendo admisible, bajo cualquier criterio pausible de interpretación, que el legislador haya omitido la fijación de este tope precisamente en estos supuestos del art. 49.1 c), al que, como hemos visto, se remite en el mismo número 2 del art. 33, hemos de colegir que no lo hizo porque dicho tope ya venía legalmente fijado de forma específica en el repetido art. 49.1 c) con la referencia a un máximo de 12 días por año de servicio".

Esa doctrina ha sido reiterada por sentencias de 4 de octubre de 2016, 8 de junio de 2017 y 18 de septiembre de 2017, concluyéndose, en definitiva, que "la responsabilidad subsidiaria del FOGASA no comprende el importe indemnizatorio por fin de obra que haya podido pactarse en convenio colectivo, viniendo tal responsabilidad limitada al máximo legalmente establecido (en este caso, y dada la fecha de extinción contractual, ocho días por año de servicio)".

Por ello, y hallándose la cantidad reclamada por la parte actora en concepto de indemnización por fin de contrato temporal sometida al límite de 12 días por año de servicio, no cabe acoger la pretensión contenida en la demanda.

TERCERO.- Dispone el apartado tercero del artículo 97 LRJS que "la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros. La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66"; debiendo considerarse, como es sabido, que la mala fe a la que alude el precepto consiste en el mantenimiento de una pretensión o resistencia injusta con conocimiento de la injusticia; mientras que la temeridad implicaría el sostenimiento de una pretensión o la resistencia a la ejercitada de contrario sin causa alguna que lo justifique, debiendo resultar tal comportamiento notorio y evidente así como fehacientemente probado.

En el presente supuesto, considerando el tenor literal de las normas legales trascritas en el Fundamento anterior, así como la argumentación contenida en la resolución recurrida la cual, a pesar de su concreción, contiene una cumplida motivación acerca de la cantidad reconocida al actor en concepto de indemnización, exponiendo en su Fundamento cuarto los límites legales aplicables, por remisión a la normativa citada, así como explicitando en el anexo los cálculos tenidos en cuenta para la obtención de la cantidad reconocida, que no se han cuestionado por la parte actora, se estima por la que suscribe que concurre en el presente supuesto una temeridad manifiesta en el actuar de la parte demandante, la cual procedió a interponer la demanda que ha dado lugar a las presentes actuaciones en reclamación de cantidades a las que claramente no tenía derecho, como lo son cantidades extrasalariales e intereses por mora en el pago, desistiéndose de esta reclamación en el mismo acto de juicio, pero manteniéndose una reclamación por diferencias en la indemnización sin más argumentación que la referida a que la cantidad reclamada se contiene en el título ejecutivo, pero sin aportar razonamiento alguno que permita cuestionar, aun hipotéticamente, los límites de la responsabilidad del Fondo demandado en estos supuestos, abocando de este modo a la parte demandada y a los Juzgados de esta ciudad a un procedimiento judicial, con la consabida carga de trabajo que ya pesa sobre los mismo, impidiendo o posponiendo de este modo la tramitación de otros procedimientos en los que sí debe atenderse a un verdadero interés jurídico tutelable. Por ello, de conformidad con lo establecido en el precepto citado, se estima procedente la imposición a la parte demandada de una multa por importe de 25 euros, la cual se estima proporcionada a la actitud de la parte actora y su capacidad económica, dada su importe cuasi testimonial.

Por todo lo expuesto,