Sentencia Social 923/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6347/2023 de 19 de febrero del 2024

PRIMERO. - El recurso de suplicación formulado por el demandante, Don Gonzalo, se dirige en primer lugar, y con amparo procesal en el apartado a.) del artículo 193 de la LRJS, a interesar la declaración de NULIDAD DE ACTUACIONES, con retroacción de las mismas al momento previo al acto de juicio, alegando indefensión e infracción del artículo 24 CE, por estimar que en la vista oral se vulneraron sus derechos fundamentales debido a que "por parte de la empresa fueron introducidos documentos de nuevo conocimiento por esta parte y se procedió a realizar práctica de la prueba de los mismos, pese a la oportuna impugnación realizada por el letrado que suscribe..." (sic).

Acto seguido, bajo el título genérico "práctica de la prueba documental y testifical", alega su oposición a la práctica de prueba efectuada en juicio a instancia de la empresa, añadiendo que en la contestación a la demanda se superaron los límites legales, porque la empresa "introdujo múltiples documentos, referencias y testigos" que no estaban en el expediente contradictorio; continúa, bajo el título "principio de congruencia e igualdad de armas procesales", denunciando que se han declarado probados una serie de hechos que el recurrente solicitó expresamente que no se admitieran como tales, por derivar de documentos que no formaron parte del expediente disciplinario; destina el apartado 3, con el título "inicio de los hechos", a relatar que en el mes de octubre de 2022 se convocó "con intención-eso no hay duda-" (sic), a varias personas, aludiendo al delegado de personal, a varios directivos y a la reunión del trabajador con 7 personas para firmar un documento, y, a partir de ahí, despliega una serie de consideraciones sobre la inexistencia de expediente disciplinario, la inexistencia de auditoría alguna, el carácter genérico del pliego de cargos, la irregularidad de que el instructor fuera el abogado de la empresa, la falta de respuesta a su proposición de prueba, etc..., para concluir que el expediente debería declararse nulo, y señalando que en juicio se han aportado un sinfín de documentos que el trabajador desconocía y que la empresa ha llevado a cabo entrevistas con testigos, ha llamado a terceras personas y ha confeccionado informes que nunca trasladó al trabajador.

Su alegato continúa con un apartado denominado "estrategia procesal", en el que nuevamente relata las que, a su juicio, son irregularidades en la tramitación del expediente disciplinario, y concluye con la petición de que se decrete la nulidad de actuaciones.

La Sala ha considerado imprescindible incluir un pequeño resumen de las alegaciones que utiliza el recurrente para fundamentar una pretensión de nulidad, debido a la peculiaridad de su planteamiento, con una deficiente formulación técnico- jurídica que, sin duda alguna, condiciona el resultado de su pretensión; no podemos dejar de subrayar que el desarrollo de este motivo de nulidad no es más que una reproducción literal de la primera parte del escrito de conclusiones presentado ante el Juzgado, dentro del plazo conferido al efecto por el Juzgado tras la conclusión de la vista oral, concretamente los folios 1 a 6 del mencionado escrito de conclusiones.

A la vista del contenido del motivo debemos recordar que las previsiones del artículo 193.a.) de la vigente LRJS se dirigen a posibilitar la declaración de nulidad de actuaciones derivada de la infracción de normas esenciales de procedimiento o garantías procesales, determinantes de indefensión con relevancia constitucional, de ahí que venga obligada la parte recurrente a concretar, tal como se desprende de las previsiones del artículo 196 de la LRJS, cuáles sean las normas procesales cuya infracción se denuncia, así como concretar el modo en que han determinado indefensión, sin olvidar que, en todo caso, es imprescindible que la parte recurrente acredite haber agotado todos los recursos ordinarios a su alcance para remediar la situación que denuncia, y, particularmente, haber formulado la oportuna protesta en el acto de juicio, indispensable para el eventual éxito de la pretensión de nulidad.

En el presente caso, tras el visionado de la grabación audiovisual del juicio, constatamos que en el video n º 2, al minuto 43:00 de la grabación, por la representación de la empresa se procede a la proposición de prueba, documental, consistente en dos bloques, del 1 al 8 correspondiente a los requeridos judicialmente, y del 9 al 14, de aportación a instancia propia, totalizando 554 folios, y, por otro lado, prueba testifical, a cargo de 4 personas, identificadas por su nombre y apellidos, responsabilidad en la empresa y datos de conocimiento que expondrán.

La parte actora propone prueba al minuto 45:20, y tras efectuarse el correspondiente traslado de documental entre las partes, se procede a iniciar la práctica de la prueba, constando en el video n º 3, al minuto 00:34 la alegación por parte de la actora de que solicitara poder efectuar conclusiones por escrito, debido a que la prueba documental aportada es muy voluminosa, así como por la existencia dentro de la misma de lo que considera declaraciones documentadas que, a su juicio, son inadmisibles, motivo por el cual ya adelanta que las impugnará.

No existe, en consecuencia, formulación alguna de "protesta" frente a la admisión y práctica de prueba, durante la vista oral, sino que es en trámite de conclusiones, cuando lo que plantea el demandante, ahora recurrente, es la impugnación del valor probatorio de la prueba practicada a instancia de la empresa, con argumentos idénticos en el escrito de conclusiones y en el escrito de suplicación.

Lo hasta ahora expuesto evidencia la nula posibilidad de éxito de la pretensión formulada, por las siguientes razones:

1º No se ajusta la formulación del motivo a las exigencias que, con carácter imperativo, establece el artículo 196 de la LRJS, al prescindir total y absolutamente el recurrente de identificar y concretar cuáles sean las garantías procesales cuya infracción denuncia.

La lectura de sus alegaciones podría llevarnos a considerar que está pretendiendo alegar una modificación contraria a las previsiones del artículo 105.2º de la LRJS, si bien ningún razonamiento efectúa para justificarlo, limitándose a denunciar la aportación de documentos que él desconocía, pero sin mencionar tampoco norma procesal alguna como infringida por el órgano judicial.

2º Durante la vista oral no formuló protesta alguna, ni en el momento de proposición de prueba, ni durante la práctica de la misma, limitándose a impugnar su resultado en el escrito de conclusiones (en idénticos términos a los que utiliza en el recurso, por ser copia literal de aquel).

3º Confunde el recurrente la discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia, con la protesta e impugnación de la admisión de prueba, que cuenta con regulación específica en el artículo 90 de la LRJS.

En suma, debe ser íntegramente desestimado el motivo de pretendida nulidad de actuaciones, carente de toda base procesal y argumentativa, por lo que, no existiendo óbice alguno al examen de los restantes motivos del recurso, procederemos al análisis de los mismos.

SEGUNDO. - Con invocación del apartado b.) del artículo 193 de la LRJS, señala el recurrente que interesa la "revisión/supresión de hechos probados", si bien omite ceñirse a los requisitos que dispone el artículo 196.3º de la LRJS, conforme al cual, corresponde al recurrente "señalar de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que pretende".

Nuevamente procede el recurrente a trasladar al escrito de formalización del recurso el contenido del escrito de conclusiones escritas que presentó ante el Juzgado, mediante reproducción literal de sus alegaciones, al parecer confundiendo el concepto de "revisión" aplicable en el procedimiento laboral, con una revisión más propia del ámbito procesal civil o de una inexistente segunda instancia; conviene recordar, por tanto, que el de suplicación es un recurso extraordinario, de naturaleza cuasi-casacional, tasado en sus motivos y sometido a unas estrictas reglas que, en lo relativo a la facultad de revisión que atribuye a la Sala el artículo 193 b.) de la LRJS, supone que deben identificarse claramente cuáles son los hechos probados concretos que se impugnan, indicando con precisión la prueba documental y/o pericial (únicas aptas a tales fines) que sirve de base para acreditar el error de hecho evidente en la valoración de la prueba que se imputa al órgano de instancia, error que ha de derivar directamente de dichas pruebas, las cuales han de poner de manifiesto, por sí mismas, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones ni deducciones más o menos lógicas, lo contrario de lo afirmado o negado en la sentencia.

Por otro lado, ese requisito de "error de hecho manifiesto en la valoración de la prueba", conforme a reiteradísima doctrina de esta Sala, no es de apreciar cuando obran en las actuaciones elementos de prueba que permiten extraer conclusiones diversas e incluso opuestas, dado que siendo el juzgador de instancia el titular en exclusiva de la facultad de libre valoración, tanto de la prueba, como de los elementos de convicción, no cabe desplazar dicha titularidad a favor de una de las partes en litigio, sustituyendo la imparcial y objetiva interpretación judicial por la de uno de los litigantes.

Pues bien, en el presente caso el recurrente únicamente hace mención expresa a la "supresión del hecho sexto", tratando de justificarlo mediante unas exhaustivas consideraciones sobre el contenido de la carta de despido, coincidentes con las que constan en los folios 6 a 9 de su escrito de conclusiones, pero sin citar ni un solo elemento de prueba que permita entrar a valorar el acierto o desacierto de dicho ordinal; el juzgador indica claramente que el contenido de dicho hecho probado se deriva de la documental obrante a los folios 218 a 226 de las actuaciones, así como de los testimonios prestados por los 4 testigos aportados por la empresa y que declararon en juicio, pretendiendo el recurrente que dichos testimonios no debieron tener trascendencia probatoria alguna, olvidando o desconociendo que la prueba testifical no es apta a efectos revisorios, por corresponder exclusivamente al órgano de instancia su valoración, de modo que, sin necesidad de mayores consideraciones, debe ser rechazada la pretendida supresión.

En cuanto a la "modificación del hecho probado décimo", alega el interesado que no quedó acreditado que él amenazase a la trabajadora Sra. Adelina, pero nuevamente prescinde de invocar elemento de prueba alguno, apto a efectos revisorios, que ponga de manifiesto el pretendido error de valoración; y, es más, aunque solicita la "modificación", no indica en momento alguno cuál deba ser el redactado alternativo que propone, tal como exige el artículo 196.3 de la LRJS, dado que modificar y suprimir no son sinónimos, y si se solicita "modificar" hay que concretar cómo se pretende dejar redactado el ordinal, de modo que tampoco tiene posibilidad alguna de prosperar dicha pretensión.

Por último, solicita la "supresión del hecho probado duodécimo", alegando que "al actor no se le informó de nada en absoluto de dicha situación, tal y como consta en el pliego de cargos, folio 213 a 215, motivo por el cual" y ahí acaba la frase, dejándonos sin posibilidad de conocer qué pretende alegar, y encabezando el siguiente párrafo con un "Y donde además..." que nos lleva a considerar que efectivamente ha omitido parte de lo que pretendía exponer.

El ordinal impugnado, decimosegundo, se limita a consignar las conclusiones de la investigación interna efectuada por la empresa, con base en la documental obrante a los folios 230 a 247 y testificales aportadas por la empresa), en relación con el trato desconsiderado dispensado por el ahora recurrente a los empleados, irregularidades en el desempeño de sus funciones, etc..., resultando imposible conocer de qué discrepa el recurrente y mucho menos cuáles sean los documentos y/o pericias en que se funda.

En suma, procede la íntegra desestimación del motivo de revisión fáctica, debido a los insalvables defectos en la formulación técnico-jurídica del mismo, que lo convierten en absolutamente inviable.

TERCERO. - El último de los motivos de suplicación manifiesta el recurrente fundamentarlo en el apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, "interesando declaración de infracción de la normativa y/o jurisprudencia", si bien nuevamente prescinde de ajustarse, siquiera mínimamente, a las exigencias de un escrito de formalización del recurso, incumpliendo de forma flagrante lo que preceptúa el artículo 196.2º LRJS, en el sentido de citar las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidos y, en todo caso, razonando la pertinencia y fundamentación de los motivos.

Pues bien, en este apartado procede el recurrente nuevamente a la reproducción literal de las alegaciones que efectuó en término de conclusiones ante el Juzgado, y prescinde de indicar ni un solo precepto legal, ni una sola sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, infringidos por la sentencia de instancia.

Es evidente que, como reiteradamente viene afirmando la doctrina constitucional y la jurisprudencia social, siempre que está en juego el acceso a la jurisdicción, los Tribunales venimos obligados a no realizar una interpretación rigorista o formalista de las exigencias legales, permitiendo incluso la subsanación de defectos no esenciales en que haya podido incurrir la parte; ahora bien, ello no debe hacernos olvidar que los requisitos establecidos por las normas procesales cumplen un importante papel para garantizar los derechos ajenos, permitir la contradicción y propiciar una tutela acorde con los trazos del Estado de Derecho, y esa tensión entre flexibilidad y cumplimiento de lo importante se proyecta de modo específico al valorar la concurrencia de los requisitos de un recurso extraordinario como el de suplicación, habiéndose aplicado siempre una proyección antiformalista de la tutela judicial, en el bien entendido de que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas si el escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, evitando así que los requisitos se conviertan en meras trabas formales o en exigencias que cumplan un obstáculo injustificado.

Lo expuesto no significa que deba admitirse cualquier escrito de formalización, por muy deficiente que sea, sino que la concurrencia de los presupuestos y el cumplimiento de los requisitos formales es fiscalizable con parámetros de constitucionalidad, teniendo muy presente que el principio pro actione no opera con igual intensidad en el acceso al recurso que en el acceso a la jurisdicción, de ahí que siempre sea imprescindible que el escrito de formalización cumpla con las exigencias procesales de modo razonable, lo que en sede de censura jurídica comporta la necesidad no sólo de citar los preceptos que se consideren infringidos, sino también razonar la pertinencia y fundamentos de la infracción en forma suficiente ( entre otras, STS 4 noviembre 2010, rec. 65/2010); no basta, en consecuencia, con la cita de preceptos, que en el presente caso ni siquiera se cumple, pues como señalaron, entre otras, las SSTS de 19 de marzo de 2013 (rec. 73/2012) y de 26 de junio de 2013 (rec. 165/2011).. "No se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia".

El recurso que nos ocupa no ha redactado con el necesario rigor y claridad las causas de impugnación de la sentencia, insistiendo reiteradamente en trasladar literalmente al escrito de formalización del recurso el contenido del escrito de conclusiones posterior a la finalización del juicio, sin que esa técnica de "aprovechamiento" resulte útil a los efectos de cumplir las exigencias del artículo 196 de la LRJS.

Tales consideraciones nos permitirían, sin más, poner fin al análisis del recurso, no obstante, atendiendo a la efectividad del derecho del trabajador recurrente a la tutela judicial efectiva, y, pese a todas las omisiones y deficiencias referidas, desprendiéndose su disconformidad con la decisión final de la sentencia y la pretensión de que se califique su despido como nulo, por vulneración de derechos fundamentales, o, subsidiariamente, improcedente, estimamos que podemos efectuar una valoración, siquiera somera, de tal pretensión, adelantando ya la inexistente posibilidad de éxito de la misma.

CUARTO. - Insta el recurrente que su despido disciplinario sea calificado como nulo, por una serie de defectos que de forma tosca enumera, inexistencia de expediente disciplinario previo, inexistencia de auditoría, vulneración de la garantía de indemnidad y del derecho a libertad sindical, prescripción de las faltas imputadas y, en todo caso, inexistencia y falsedad de las mismas.

a.) Respecto de las irregularidades del expediente contradictorio

Tal como se desprende del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, en fecha 6/10/2022 la empresa efectuó una auditoría en Dow Chemical Norte, detectándose una serie de irregularidades en compras de determinados productos, elaboración de comida para uso interno, elaboración de platos no incluidos en el menú, venta de productos, etc..., y desde ese misma fecha se otorga al trabajador un permiso retribuido; sólo 4 días después, dos trabajadoras con categoría de auxiliares de cocina en Dow, subordinadas del actor, denuncian al mismo por amenazas y conducta de acoso laboral, por lo que la empresa pone en marcha el protocolo de acoso, efectuando la correspondiente investigación interna, cuyas conclusiones refleja el hecho probado decimosegundo de la sentencia de instancia.

La empresa, en fecha 24/10/2022 inició expediente disciplinario y elaboró el correspondiente pliego de cargos, remitido por burofax al trabajador, que lo recibe el día 25/10/22, siendo notificado también a la representación legal de los trabajadores; en el plazo de 15 días otorgado al trabajador para alegaciones, éste presentó pliego de descargos, negando los hechos, impugnando la designación de instructor y secretario, por estar vinculados a la dirección de la empresa, y proponiendo prueba; el trabajador inició proceso de IT el mismo día en que se inició el expediente disciplinario.

En fecha 5/12/2022 el instructor formuló propuesta de despido disciplinario, y en fecha 9/12/2022 se remitió por burofax la correspondiente notificación escrita de despido disciplinario al trabajador, imputándole la comisión de seis faltas muy graves de trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, notificándose también a la representación legal de los trabajadores y al sindicato al que está afiliado el recurrente.

Dicho relato fáctico evidencia que por parte de la empresa se dio correcto cumplimiento a las previsiones del artículo 37 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, y del artículo 68.a.) del ET, habiéndose constatado la efectiva tramitación de un expediente contradictorio, sin que exista prueba alguna de las irregularidades denunciadas por el recurrente; debemos recordar que la garantía que se reconoce a los delegados de personal y miembros del comité de empresa es la de apertura de un expediente contradictorio para dar ocasión, tanto al trabajador, como al órgano unitario de representación colectiva, de tener conocimiento de los hechos que se imputan, y como señala la STS/Sala IV de 11 de febrero de 2016 (rec. 2854/2014) "lo que exige e impone la naturaleza y fines de este expediente es que el afectado conozca los hechos que se le imputan y pueda formular las pertinentes alegaciones en contra...", sin que sea imprescindible que se incorpore una fase de prueba, dado que la exigencia del expediente contradictorio "...no alcanza a la realización o práctica de pruebas ni a la existencia de un periodo probatorio, como fase diferencial y específica dentro de la tramitación de aquél, máxime cuando el momento en que propiamente se ha de llevar a cabo la actividad probatoria es en el proceso judicial correspondiente, en el que puede efectuarse una prueba extensa y detallada ...(en definitiva el expediente disciplinario previo)... consiste esencialmente en la realización de una serie de trámites en los que se ha de dar noticia al expedientado de los hechos que se le imputan y también se le ha de dar la posibilidad de contestar a tales imputaciones".

Así pues, normalmente esta garantía queda cubierta con el Pliego de cargos y el Pliego de descargos, sin que exista vulneración del artículo 24 CE, ni de la doctrina constitucional que lo interpreta, en el caso que nos ocupa, dado que el trabajador desde el primer momento tuvo perfecto conocimiento de las imputaciones que se dirigían frente al mismo, pudo alegar contra ellas cuanto estimó pertinente, sin que nada nuevo se le impute en la carta de despido que no hubiera pasado por el filtro de la previa "contradicción".

Por otro lado, ni una sola prueba aportó el recurrente para cuestionar adecuadamente la falta de imparcialidad del instructor y secretario del expediente disciplinario, sin que ello pueda anudarse automáticamente a la condición de abogado de la empresa del referido instructor.

b.) La supuesta vulneración de derechos fundamentales

Por lo que respecta a la supuesta nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, el recurrente invoca la garantía de indemnidad argumentando que el despido es una represalia frente a la demanda extintiva al amparo del artículo 50 del ET formulada por el mismo, dándose la circunstancia de que el trabajador presenta la papeleta de conciliación ante el CMAC respecto de dicha pretensión el día 24 de octubre de 2022, coincidiendo con la fecha de elaboración del pliego de cargos por la empresa e inicio de la IT por el trabajador, celebrándose el acto sin avenencia el día 15 de noviembre de 2022.

En relación con la nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidad, tal como señala la Sentencia n º 6953/2023, de 4 de diciembre, dictada en el recurso de suplicación n º 3057/2023, analizando la garantía de indemnidad como tutela antirepresalia, es reiterada doctrina constitucional la que sostiene que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero-o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril)- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( STC 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

La STC 55/2004, de 19 abril, FJ 2, recuerda que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

En lo concerniente a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, la jurisprudencia casacional es muy abundante y reiterada en materia de garantía de indemnidad. Basta con remitir, por todas, a las SSTS 17 de junio de 2015 (rcud 2217/2014), 27 de enero de 2016 (rcud 2787/2014), 18 de marzo de 2016 (rcud 1447/2014), 26 octubre 2016 (Pleno, rcud 2913/2014), 25 de enero de 2018 (rcud 3917/2015), 21 de febrero de 2018 (rcud 2609/2015) y 22 de enero de 2019 (rcud 3701/2016) y a las por ellas citadas. De conformidad con esta jurisprudencia, para que opere el desplazamiento hacia el empresario de la carga de prueba, no basta simplemente con que el trabajador afirme la vulneración de la garantía de la indemnidad (o de cualquier otro derecho fundamental), sino que ha de acreditar un indicio o -sin que proceda realizar mayores precisiones- un principio de prueba que permita deducir que aquella vulneración se puede haber producido (se remite, por ejemplo, a las SSTS 26 de abril de 2018, rcud 2340/2016, y 22 de enero de 2019, rcud 3701/2016).

La aplicación de tales consideraciones al caso que nos ocupa impide el éxito de la alegación del recurrente, dado que aunque es cierto que el despido se produce poco después de que el trabajador accione solicitando la extinción indemnizada del contrato, no podemos perder de vista que dicha petición la vincula a la circunstancia de que desde el día 6 de octubre de 2022, coincidiendo con la realización de la auditoría en Dow Chemical Norte y la constatación de irregularidades diversas, la empresa opta por concederle un permiso retribuido, lo que él interpreta como una falta de ocupación efectiva a los efectos del artículo 50 del ET, presentando la demanda durante la tramitación de la investigación interna y coincidiendo con el inicio del expediente disciplinario, todo lo cual impide apreciar la concurrencia de indicios de represalia en la decisión extintiva empresarial, lo que determina que la no aplicación de las previsiones del artículo 96.1º y 181.2º de la LRJS deba calificarse como ajustada a derecho.

No existe tampoco indicio alguno de que la decisión extintiva guarde relación con la condición de representante de los trabajadores del demandante, al no haberse practicado principio de prueba alguna al respecto, de modo que compartimos íntegramente la valoración que sobre tal circunstancia ha efectuado la sentencia recurrida.

c.) La prescripción de las faltas

El conocimiento cabal y completo por parte de la empresa de las irregularidades imputadas al demandante, en relación con determinadas compras de productos que no forman parte del menú, elaboración de platos que no están en el menú y venta de bebidas y tuppers de comida no autorizados, se produce a partir de la realización de la auditoría de fecha 6 de octubre de 2022, de modo que aunque el trabajador sostiene que algunas de las conductas que se le imputan las lleva realizando desde hace años, y que las compras de productos que se mencionan se realizaron algunas de ellas en el mes de febrero, lo relevante es determinar cuándo se produce la situación contemplada por el apartado 2º del artículo 60 del ET, y a tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia nos hallamos ante un supuesto de los denominados "hechos ocultos" y de carácter continuado, de ahí que tratándose de un supuesto en que se imputa trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, la fecha en que empieza a correr el plazo no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que cuando la naturaleza de los hechos lo requiere, básicamente en el caso de faltas ocultas, el inicio de la prescripción debe fijarse en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos ( entre otras, SSTS/Sala IV de 8 de mayo de 2018, rec. 383/2017 y n º 811/2019, de 27 de noviembre, rec. 430/2018).

Por otro lado, al tratarse de faltas continuadas, conceptuadas como aquellas que responden a una conducta que se prolonga en el tiempo, a través de una pluralidad de hechos consecutivos dotados de una unidad de propósito que corresponden al mismo tipo de infracción, el plazo no comienza a correr el día en que se cometió cada falta sino el día en que se cometió la última, pues a partir de ese momento cuando cesa la conducta continuada, todo lo cual evidencia que no ha jugado el instituto de la prescripción.

d.) Calificación de los hechos

No siendo de apreciar la concurrencia de ninguna de las causas de nulidad alegadas, resta por examinar la pretensión subsidiaria de improcedencia del despido, que tampoco puede prosperar, al haberse acreditado que el trabajador, de forma continuada y sin autorización, ha procedido a adquirir productos que no estaban destinados al servicio prestado por la empresa, destinados a consumo propio o de terceros, así como a la elaboración de platos que no pertenecían a los menús establecidos; asimismo, ha utilizado los medios que pone a su disposición la empresa para fines ajenos al servicio que esta presta; en otro orden de cosas ha quedado acreditado que ha proferido amenazas a subordinadas laborales, y que ha dispensado un trato desconsiderado a diversos empleados, extremos todos ellos debidamente acreditados por prueba documental y testifical, que resultan plenamente incardinables en las previsiones del artículo 54.2º.d.) del ET , así como en el artículo 40 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, tratándose de hechos que revisten una gravedad y culpabilidad que justifica plenamente la imposición de la máxima sanción laboral, debiendo confirmarse la procedencia del despido apreciada en instancia, con íntegra desestimación del recurso formulado.

VISTOS los preceptos citados y por las razones expuestas