Sentencia Social 151/2023 Juzgado de lo Social de Palma nº 4, Rec. 932/2021 de 20 de julio del 2023

PRIMERO. - Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición del litigante como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO. - Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido de la prueba documental y demás elementos de convicción, valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

En cuanto a las circunstancias laborales del demandante, debe significarse que en el acto del juicio oral, ambas partes manifestaron su conformidad con la categoría profesional y el salario del actor, por lo que dichos extremos no fueron objeto de controversia.

Sin embargo, la discrepancia gira en torno a la antigüedad, situando la misma el actor en el día 13/09/2010 y la demandada en el 14/12/2011, argumentando esta última que se había producido una ruptura del vínculo contractual, al no haber prestado servicios el actor por el periodo que va desde el 13/09/2011 al 13/12/2011.

Pues bien, debe acudirse al criterio jurisprudencial seguido al respecto y plasmado entre otras, en la STS 4ª de 7 de junio de 2017 (rec. 113/2015, EDJ 2017/115985). Así, nuestro Alto Tribunal razona en dicha sentencia que "la interrupción que lleve a excluir la unidad esencial del vínculo, si bien inicialmente fue situada en los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados, como evidencia la casuística jurisprudencial reciente (así, 69 días naturales en la STS 23/02/2016 - rcud 1423/14 , EDJ 2016/38998)". Criterio que, aplicado al caso que nos ocupa, nos lleva a concluir que la interrupción en la prestación de servicios por período de algo más de tres meses, en el marco de una relación laboral que se inicia en fecha 13/09/2010 y finaliza el 27/09/2021, no puede considerarse de tal significación como para romper el vínculo contractual. En consecuencia, debe fijarse como fecha de antigüedad el 13/09/2010.

TERCERO.- Sentado lo anterior, el art. 55.4 del ET señala que el despido será improcedente cuando no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación o no se ajuste en su forma a lo establecido en el art. 55.1 ET relativo a la necesidad de que el despido sea por escrito y haciendo figurar los hechos que lo motivan.

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que señala que, puesto que el despido es la máxima sanción contemplada en el ordenamiento jurídico, por la trascendencia y gravedad de tal medida para el sujeto infractor, solamente podrá imponerse cuando exista proporcionalidad y adecuación entre el hecho imputado, el comportamiento del trabajador y la sanción; debiendo basarse el despido en un incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador, gravedad y culpabilidad de la infracción que implica que ésta ha alterado sustancialmente la relación entre las partes y ha deteriorado la convivencia necesaria en el seno de la empresa, hasta hacerla prácticamente imposible, por los incumplimientos del sujeto deudor del trabajo.

En el caso que nos ocupa, a criterio de esta juzgadora, la actividad probatoria desplegada por la parte demandada ha resultado suficiente a los fines de justificar la decisión extintiva. Así, del visionado de la grabación aportada, se desprende que la conducta del Sr. Heraclio, el día 11 de septiembre de 2021, reviste la gravedad y culpabilidad suficientes como para convalidar el despido. En efecto, ante un error cometido por el propio trabajador, resulta inaceptable que el mismo dedique una "peineta" al cliente en cuestión, delante del resto de usuarios que se encontraban en la estación de servicio, puesto que no se observa la provocación que asegura haber sufrido el trabajador por parte del cliente y su familiar, sino que la discusión entre este último y el actor es recíproca, con idéntica intervención de ambos, sin que pueda afirmarse que uno provoca al otro. Tampoco corroboran dicha provocación los testigos que declararon en el acto del juicio oral, puesto que el Agente de la Policía Local con núm. de placa NUM000 nada pudo concretar sobre lo que observó el día de los hechos, en tanto que doña Virtudes, trabajadora de la estación, aseguró que no pudo oír nada sino que se percató del incidente en el momento en que el trabajador cogió el palo de la escoba para dirigirse hacia el cliente, cuando el mismo estaba abandonando las inmediaciones de la estación de servicio. Gesto, este último, que también se considera del todo reprobable y cuya gravedad no puede ser matizada en atención a la antigüedad del actor, máxime cuando consta que el mismo ya fue sancionado en 2019 y 2020 por no observar la diligencia necesaria en el desempeño de sus tareas, y también en septiembre de 2021 por haber contaminado a un vehículo con el suministro del carburante incorrecto.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el artículo 49 del Convenio colectivo califica como falta muy grave "4. hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materiales, herramientas, útiles, aparatos, instalaciones, vehículos, edificios, enseres e incluso documentos de la empresa", así como "9. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados, o a clientes", la decisión empresarial consistente en el despido del actor se entiende ajustada a derecho.

Por todo ello, debe estimarse parcialmente la demanda, convalidando el despido del actor, si bien debe condenarse a la empresa a abonar el importe de 647,25 euros en concepto de vacaciones, al haber reconocido la mercantil el adeudo de dicha cantidad.

CUARTO.- La estimación de la reclamación de cantidad determina que deba condenarse a las empresas demandadas al pago del interés de demora previsto en el art. 29.3 del E.T., resultando el importe de 64,72 euros.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,