Sentencia Social 1122/2023 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 707/2023 de 21 de junio del 2023

PRIMERO : Frente a la sentencia de instancia que estimó las excepciones de falta de legitimación pasiva respecto de "NEW PROMISE S.L.", "GESTORA BLUE SEA" y de acumulación indebida de acciones, y estimó parcialmente la demanda interpuesta, declarando la nulidad del ERTE, condenando solidariamente a las demandadas, interpone la empresa demandada PLANET HOTELES S.A. recurso de suplicación con la finalidad de que se revoque dicha resolución y se desestime la demanda, articulando para ello motivos de revisión de los hechos declarados probados y de infracción de las normas sustantivas y de la jurisprudencia, recurso que ha sido impugnado por la parte actora.

SEGUNDO : En los motivos que interesan la revisión fáctica pretende la parte recurrente la supresión de los hechos probados 5 y 6, y la modificación del hecho probado 1, y la adición de un nuevo hecho probado, con una redacción respectiva que propone, que se dan por reproducidas, y en base a la documental que cita, de manera que recojan que:

1.- en el 1 que En Noviembre de 2019, la empresa Planet Hoteles SA, titular del centro de trabajo Hotel Royal Costa, tenía 12 trabajadores indefinidos en alta

2.- en el nuevo hecho probado que el 30-10-19 comunicó a la Representación legal de los trabajadores el inicio del periodo de consultas. Ese mismo día lo comunicó a la Autoridad Laboral tal y como consta en el documento número uno de la prueba documental de PLANET HOTELES S.A.

Es doctrina jurisprudencial consolidada la de que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, de manera tal que en el Recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir, y que para que prospere la revisión de hechos probados solicitada al amparo del artículo 193 b) de la Ley de Procedimiento Laboral deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

Y la revisión pretendida no cumple los expresados requisitos pues no llega a cumplir el de evidenciar por documental invocada de forma directa el error del juzgador con trascendencia a los fines del fallo como se verá, por lo que no puede ser acogida al prevalecer con arreglo a reiterada doctrina legal, la valoración de la prueba practicada realizada por la juez a quo, a cuyo libre y ponderado criterio corresponde como dispone el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, pues dicha valoración, efectuada en uso de la facultad que le viene atribuida legalmente, debe ser respetada y mantenida, siempre y cuando no se demuestre el error padecido por el juzgador, no pudiéndose suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante, siendo así por otro lado que, en cuanto a la modificación del hecho probado 1 carece de trascendencia para alterar el signo del fallo no fundándose en medio probatorio hábil si bien debe aceptarse e incorporarse que la empresa Planet Hoteles SA es titular del centro de trabajo Hotel Royal Costa al que afectaba la medida, en cuanto a la adición de un nuevo hecho probado no es relevante para alterar el signo del fallo dados los incumplimientos de requisitos de forma que se recogen en los hechos probados y en el Fundamento de derecho 3 de la sentencia recurrida permaneciendo intacto por inatacado el hecho probado 2 de la sentencia de instancia, y no cabe acoger la supresión de los hechos probados 5 y 6 pues como se ha dicho no los funda la parte recurrente en medios probatorios hábiles y eficaces en esta vía y no son útiles para cambiar el sentido del fallo recogiéndose en el hecho probado 6 las circunstancias determinantes de la declaración del Grupo de empresas patológico a efectos laborales con responsabilidad solidaria y afectantes a todas las empresas que lo conforman con mención al Hotel Royal Costa.

En consecuencia, procede desestimar este motivo del recurso.

TERCERO : Dispone el art. 47 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, invocado como infringido, al regular la Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, que El empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en este artículo y al procedimiento que se determine reglamentariamente. Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a quince días.

La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por desempleo.

Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan.

La decisión empresarial podrá ser impugnada por la autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. En este último caso, la sentencia declarará la inmediata reanudación del contrato de trabajo y condenará al empresario al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta la fecha de la reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo durante el periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el artículo 51.1 se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. La interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 y normas reglamentarias de desarrollo.

4. Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.".

Y el el 138.7 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, invocado como infringido, dispone que "

"7. La sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa. La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto el plazo de quince días. La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos. Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 .".

El Real Decreto 1483/2012 regula y desarrolla el procedimiento específico previsto en el art. 47.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Las sentencias de la Sala, entre otras, recaídas en Recursos de Suplicación nº 2239/16, 2375/17 y 681/19, con razonamientos de aplicación al presente caso de ERTE, razonan que del examen de los arts. 51, 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, y en el caso que se analiza ahora en el presente Recurso de Suplicación del art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, se deduce que la procedencia de la decisión exige una regularidad formal consistente en que se sigan los procedimientos para ello establecidos y que se cumplan los requisitos formales y trámites exigidos, y además una regularidad material consistente en que se cumplan los requisitos materiales, que existan las razones materiales o causas que justifican la extinción del contrato por causas objetivas o en el caso que se analiza ahora en el presente Recurso de Suplicación el ERTE, y además que aparezcan probadas; la vía judicial no es un cauce para corroborar y confirmar simplemente la actuación empresarial por sí sola, sino para determinar si ésta actuación se adapta y cumple los requisitos de forma y de fondo establecidos legalmente, debiendo la empresa demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo determinantes de su decisión modificadora.

En todo caso, y en aplicación de tales preceptos, razones de método exigen que el análisis judicial se extienda en primer lugar al examen de los requisitos formales que pueden dar lugar a la declaración de incumplimiento de tales requisitos en cuyo caso no cabe ya entrar en el análisis de los requisitos materiales de las causas, y, de cumplirse los mismos, ya la decisión judicial debe analizar la concurrencia de tales causas en que se funda la decisión de la empresa demandada.

CUARTO : Al amparo del artículo 193 c) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, la parte recurrente formaliza un motivo dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma, denunciando la infracción del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, 17 a 23 del Real Decreto 1480/2012, 138.7 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010 4, 5.2, 18 y 18.3 del Reglamento, y y doctrina judicial que cita, realizando diversas alegaciones, tras transcribir todos los indicados preceptos, invocados como infringidos, en el sentido de que la posible falta de algún documento financiero/contable o los posibles defectos formales de los aportados no tienen trascendencia suficiente a los efectos negociadores en el período de consultas, pues su ausencia no ha impedido a la Representación legal de los trabajadores tener conocimiento cabal y negociar adecuadamente la razonabilidad de la medida para hacer frente a la crisis económica.

La parte recurrida impugna el recurso argumentando UGT la ausencia de los requisitos normativos que se recogen en la sentencia recurrida, así como CCOO, solicitando ambos Sindicatos la desestimación del Recurso de Suplicación.

La cuestión planteada en el presente Recurso de Suplicación ya ha sido analizada y resuelta por las sentencias de la Sala, entre otras, recaídas en Recursos de Suplicación nº 1748/2017 y 681/2019, para casos similares, debiendo seguirse el criterio establecido al no haber motivos para cambiarlo.

En la sentencia de instancia, tras recoger las conclusiones fácticas en los hechos probados, se razona en el Fundamento de derecho 3 que "Como petición subsidiaria de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, se alega la nulidad por vulneración de las normas de procedimiento. La suspensión de contratos de trabajo por un periodo temporal determinado y por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, sea cual sea el número de trabajadores afectados por tal decisión, debe llevarse a cabo por el procedimiento específico previsto en el ET art.47.1 y desarrollado el RD 1483/2012 Tít. I Cap. II...", y que "Siguiendo el informe de la Inspección de Trabajo vemos que, según el mismo, se han producido las siguientes irregularidades. La empresa no entregó la memoria explicativa de las causas, la documentación de carácter fiscal y contable, la relación de trabajadores afectados y el listado de trabajadores de alta en la empresa a los delegados de personal hasta el 31 de octubre de 2019 fecha en la que se celebró la primera reunión dentro del periodo de consultas. Ello supone el incumplimiento de los artículos 17.2 y 18 del Real Decreto 1483/2012. Tampoco consta la entrega a los delegados de personal de las cuentas provisionales de 2019 en la fecha de inicio del procedimiento, incumpliendo si lo establecido en el artículo 18.2 a) del Real Decreto mencionado. Asimismo tampoco consta auditoría de las cuentas anuales correspondientes a 2018 y declaración de exención de dicha obligación, incumpliendo se lo dispuesto en el artículo 4.2 del mencionado Decreto al que se remite el artículo 18.2 . Respecto a las causas organizativas la empresa no concreta en qué consisten éstas ni aporta informe técnico al respecto, incumpliendo si lo dispuesto en el artículo 18.3 del Real Decreto. No acompaña a la comunicación de apertura del periodo de consultas la copia de la comunicación previa dirigida a la representación de los trabajadores por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos incumpliéndose en lo establecido en el artículo 17.2 f) del Real Decreto. No consta que simultáneamente a la entrega de la comunicación de la apertura del periodo de consultas se le solicitará por escrito a los delegados de personal la emisión del informe al que hace referencia el artículo 64.5 a) del Estatuto de los Trabajadores incumpliéndose el artículo 17.3 del Real Decreto.".

En consecuencia, la Sala llega a la conclusión de que en el caso sometido al presente Recurso de Suplicación por la empresa demandada no se han cumplido debidamente los requisitos formales exigidos para el ERTE permaneciendo intacto por inatacado el hecho probado 2 de la sentencia de instancia, pues, como razona el magistrado de instancia en el Fundamento de derecho 3 de la sentencia recurrida, de forma no desvirtuada por la parte recurrente, la empresa no entregó la memoria explicativa de las causas, la documentación de carácter fiscal y contable, la relación de trabajadores afectados y el listado de trabajadores de alta en la empresa a los delegados de personal hasta el 31 de octubre de 2019 fecha en la que se celebró la primera reunión dentro del periodo de consultas, no consta la entrega a los delegados de personal de las cuentas provisionales de 2019 en la fecha de inicio del procedimiento, ni consta auditoría de las cuentas anuales correspondientes a 2018 y declaración de exención de dicha obligación, y respecto a las causas organizativas la empresa no concreta en qué consisten éstas ni aporta informe técnico al respecto, ni acompaña a la comunicación de apertura del periodo de consultas la copia de la comunicación previa dirigida a la representación de los trabajadores por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos, ni consta que simultáneamente a la entrega de la comunicación de la apertura del periodo de consultas se le solicitará por escrito a los delegados de personal la emisión del informe al que hace referencia el artículo 64.5 a) del Estatuto de los Trabajadores, con incumplimiento de todos los preceptos que cita la sentencia recurrida, por lo que debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia de que en la medida de suspensión de los contratos los trabajadores no se procedió al cumplimiento de los requisitos formales exigidos.

No pueden acogerse las alegaciones de la parte recurrente en el sentido de que la posible falta de algún documento financiero/contable o los posibles defectos formales de los aportados no tienen trascendencia suficiente a los efectos negociadores en el período de consultas, pues su ausencia no ha impedido a la Representación legal de los trabajadores tener conocimiento cabal y negociar adecuadamente la razonabilidad de la medida para hacer frente a la crisis económica, dado que se trata de incumplimiento de requisitos de forma exigidos por las normas reguladoras, que la Inspección de Trabajo indica asimismo, y que afectan al período de consultas y a la negociación, y suponen un incumplimiento esencial de los requisitos de forma del procedimiento.

No se trata de simples formalidades o trámites que haya que cumplir, sino que como declaran las sentencias de la Sala, entre otras, recaídas en Recursos de Suplicación nº 209/2014, 921/2014 y 423/2022, con razonamientos de aplicación al presente caso aún para casos de extinción del contrato por causas objetivas, " al abordar el análisis de la suficiencia de la comunicación extintiva en los despidos individuales, en el sentido de que los datos económicos que sustenten una amortización basada en causas económicas han de ser necesariamente actualizados y, sobre todo, acreditados con referencia próxima a la fecha en la que se comunica la extinción, lo que resulta de la propia naturaleza de la causa en su actual configuración legal ( sentencia de 21 de noviembre de 2013 [REC: 1929/2013 ]). Exigencia que es la impuesta en la norma reglamentaria ahora analizada, y que la que la Doctrina Científica ha venido a denominar "principio de plenitud informativa" (LÓPEZ CARBONELL), y que ya tenía reflejo en pronunciamientos anteriores de este Tribunal (sentencias de 31 de octubre del 2012 [ ROJ: STSJ AND 16085/2012 ], 21 de noviembre de 2013 [REC: 1929/2013] y 16 de enero de 2014 [REC: 1591/2013])". En definitiva, ante la falta en la carta de extinción del más mínimo dato económico referente al ejercicio 2.013, pese a que la decisión extintiva se produjo al final del primer semestre, unido a la circunstancia de que en el relato de hechos probados nada se refleja sobre el avance económico de la empleadora en el momento de producirse el despido de los trabajadores, conducen a la Sala al rechazo del motivo y, por su efecto el recurso interpuesto por la empresa demandada.", y, en el caso que se analiza ahora en el presente Recurso de Suplicación, tales incumplimientos de requisitos de forma impiden el debido cumplimiento de la plenitud informativa por parte de la Representación legal de los trabajadores, y como declara la STS en Recurso 81/12 citada por la parte recurrente no se cumple la finalidad del precepto de que la Representación legal de los trabajadores tenga una información suficiente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el período de consultas adecuadamente, plenitud informativa que deben tener con la antelación suficiente al período de consultas.

Por todo ello, al haberlo entendido así el juzgador de instancia, no vulneró los preceptos invocados como infringidos, por lo que procede desestimar este motivo del recurso.

QUINTO : Al amparo del artículo 193 c) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, la parte recurrente formaliza un segundo motivo de censura jurídica dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma, denunciando la infracción del artículo 19 del Real Decreto 1480/2012, y doctrina judicial que cita STS de 23-11-2016 EDJ 2016/245925, realizando diversas alegaciones, tras transcribir el precepto, invocado como infringido, en el sentido de que consta la comunicación y que la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida es de otros ERTES y no de PLANET HOTELES S.A., motivo de censura jurídica que debe ser desestimado por las mismas razones expuestas de que se tratan los descritos de incumplimiento de requisitos de forma exigidos por las normas reguladoras, que la Inspección de Trabajo indica asimismo, y que afectan al período de consultas y a la negociación, y suponen un incumplimiento esencial de los requisitos de forma del procedimiento y al debido cumplimiento de la plenitud informativa por parte de la Representación legal de los trabajadores, plenitud informativa que deben tener con la antelación suficiente al período de consultas.

En consecuencia, procede desestimar este motivo del recurso.

SEXTO : Al amparo del artículo 193 c) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, la parte recurrente formaliza un tercer motivo de censura jurídica dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma, denunciando la infracción del art. 222 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil y doctrina judicial que cita sobre el Grupo de empresas, realizando diversas alegaciones en el sentido de que no concurren la Identidad subjetiva, objetiva ni de causa de pedir, que el presente Conflicto colectivo no afecta a ROYAL AL ANDALUS S.A. ni el ERTE coincide en fechas ni forma.

En Fundamento de derecho 4 de la sentencia recurrida se razona que "Así la sentencia de 27.10.21. de nuestra Sala señalo "Por último queda por resolver el tema del grupo patológico de empresas. Debemos seguir el criterio establecido en nuestra sentencia referida al anterior ERTE que devino firme, con la excepción referida en la resolución de la falta de legitimación pasiva, y otras sentencias como la sentencia del Juzgado nº 8 confirmada por nuestro TSJA que ampliaron el grupo de empresas. Así la sentencia de 27.10.21. de nuestra Sala señalo que....Pues bien, en el presente caso existen numerosas sentencias firmes tanto de diferentes Juzgados de lo Social de Málaga, como de esta Sala de lo Social, que en supuestos anteriores referidos también a la empresa ahora recurrente Planet Hoteles S.A., empresa explotadora del hotel Royal Costa de Torremolinos, han declarado que las empresas codemandadas forman un grupo de empresas a efectos laborales con la consiguiente responsabilidad solidaria de todas y cada una de ellas. El indicado pronunciamiento de las indicadas sentencias produce el efecto positivo de la cosa juzgada en este procedimiento en el que, entre otras cuestiones, se discute si las empresas codemandadas forman o no un grupo de empresas patológico a efectos laborales, ya que lo acordado en los anteriores procesos en el que también fueron parte las referidas codemandadas actúa en este litigio como elemento condicionante o prejudicial, de tal manera que, como hemos indicado anteriormente, las anteriores sentencias no excluyen el ulterior procedimiento, pero si lo condiciona, de modo que si en las anteriores sentencias se ha llegado a la conclusión de que las empresas codemandadas forman un grupo patológico de empresas a efectos laborales, no se puede llegar a una conclusión diferente en esta litis. En consecuencia, debe aplicarse en este procedimiento el denominado efecto positivo de la cosa juzgada, lo que nos lleva a declarar que las empresas codemandadas forman parte de un grupo de empresas patológico a efectos laborales, tal y como se declaró en su momento en las sentencias firmes anteriores...".

En hecho probado 6 se recogen las circunstancias afectantes a la declaración del Grupo de empresas patológico a efectos laborales con responsabilidad solidaria que realiza la sentencia de instancia, y la referencia a sentencias que la declaran, y en concreto de esta Sala de 27-10-21 en supuesto, que se menciona expresamente, de la empresa ahora recurrente Planet Hoteles S.A., empresa explotadora del hotel Royal Costa, existiendo por ello tales circunstancias fácticas expuestas en dicho hecho probado 6 y las sentencias que declaran el Grupo de empresas patológico a efectos laborales con responsabilidad solidaria, y tal sentencia de la Sala en supuesto de la empresa ahora recurrente Planet Hoteles S.A. empresa explotadora del hotel Royal Costa

En consecuencia, procede desestimar este motivo del recurso.

SÉPTIMO : Por todo ello, al haberlo entendido así el juzgador de instancia no vulneró los preceptos invocados como infringidos, por lo que procede desestimar el recurso con confirmación de la sentencia.

OCTAVO : criterio del vencimiento previsto en el art. 235.1 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, impone la condena en costas a la parte recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita.

NOVENO : Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación