Sentencia Social 436/2025 , Rec. 580/2025 de 23 de octubre del 2025

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En especial, el hecho primero por no ser controvertido. El hecho segundo por los documentos 1 y 2 de la demandada. El hecho tercero por el documento 13 de la demandada. El hecho cuarto por los documentos 3 y 4 de la demandada e interrogatorio de la actora. El hecho quinto por el interrogatorio de la actora. El hecho sexto por el interrogatorio de la actora y las testificales y documento 6 de la demandada. El hecho séptimo por los documentos 11 y 12 de la demandada. El hecho octavo por los documentos 5 y 6 de la demandada. El hecho noveno por el documento 8 de la demandada y la testifical de D. Marco Antonio. El hecho décimo por el documento 14 de la demandada e interrogatorio de la actora. El hecho undécimo por el documento 15 de la actora. El hecho duodécimo por la documental de la actora. El hecho decimotercero por el documento 7 de la demandada. El hecho decimocuarto por el interrogatorio de la actora. El hecho decimoquinto por no ser discutido.

SEGUNDO.Pretende la parte actora que se declare nula o injustificada la decisión empresarial de traslado a la estación de servicio DIRECCION004 sita en Orense. Argumenta que la empresa sólo otorga un preaviso de 15 días y que no entrega la memoria ni la relación de vacantes; que existen estaciones en un radio de 40 Km con posibilidad de reubicar a la trabajadora; que antes de adoptar la medida no se facilitó a la RLT la relación de vacantes disponibles ni se convocó a la Comisión Paritaria prevista en el XI Pacto sindical Camsared, incumpliendo el acta de 2 de abril de 2002 y el art. 20 del convenio; que la medida es desproporcionada y que causa un perjuicio económico y personal grave a la trabajadora y que el traslado vulnera su derecho a la igualdad, constituye discriminación indirecta.

La parte demandada se opone alegando que la estación de servicios en la que trabajaba la demandante fue cerrada por el Ayuntamiento; que no había más vacantes, aparte de la últimamente ofrecida; que el preaviso es razonable por la súbita clausura; que se cumplió con lo que dispone el acta de 2002; que no se han vulnerado derechos fundamentales y se opone a la indemnización.

TERCERO.No existe discusión en cuanto a que la medida adoptada por la empresa constituye un traslado, teniendo el cambio, vocación de permanencia. Siendo de carácter individual, la formalidad que ha de cumplir la empresa es la notificación con antelación mínima, lo que en este caso se ha efectuado a través de una comunicación en la que con claridad se expone cuáles son los motivos.

Es requisito imprescindible para que el empresario pueda adoptar una decisión de movilidad geográfica que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, considerándose tales las relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

La decisión de la demandada debe contextualizarse adecuadamente para desechar que la misma tuviese cualquier viso de vulnerar los derechos fundamentales de la trabajadora -particularmente en el ámbito de la no discriminación, aunque ya se adelanta que se desconocen los concretos indicios en que la parte actora pretende sustentar ese argumento-.

La estación de servicios en la que ejercía su trabajo la demandante está cerrada. Esto se acordó por el Ayuntamiento de DIRECCION002 el 4 de julio de 2025 en cumplimiento de una sentencia firme. A continuación, lo que hizo la empresa fue informar a los trabajadores de la necesidad de modificar sustancialmente sus condiciones laborales -la demandante lo admitió en el interrogatorio-. Los representantes legales de los trabajadores fueron asignados a dos de las tres vacantes que en total existían -no se pone en duda por la parte actora su prioridad- y después se adjudicó a la demandante la vacante existente en Orense.

Dio cumplimiento la empresa a lo recogido en el acta del año 2002 puesto que se realizaron reubicaciones en otras estaciones del entorno -a los representantes legales- y se ofreció el traslado geográfico -a la actora-.

El acta establece que la dirección de la empresa dará a conocer a las representaciones sindicales firmantes las listas de puntos de venta a desactivar -lo que, según se desprende de la declaración testifical de D. Florian, era de sobra conocido-. No se refleja en el acta la obligación de trasladar información sobre las vacantes. Y aunque así fuera en este caso no podría darse ninguna información al respecto ya que las únicas tres vacantes existentes fueron las adjudicadas.

La demandante alega que se ha incumplido el plazo de preaviso de 30 días que establece el art. 40 ET y que sólo se le avisó con 15 días de antelación.

Al respecto hay que aclarar que, si la comunicación de la empresa fue el día 28 de julio y la efectividad de la medida el 18 de agosto, los días de preaviso respetados fueron 20 y no 15. Días naturales contados desde el siguiente a la notificación y hasta el día anterior a los efectos.

Por otro lado, es destacable que, con independencia del conocimiento que la RLT hubiera podido conocer sobre las circunstancias de esa estación de servicio, lo cierto es que hasta el día 4 de julio de 2025 el Ayuntamiento no tomó la decisión de cierre -con efectos de 11 de julio de 2025-, con lo que la empresa no podía actuar con mayor anticipación. Y en cualquier caso, en el correo remitido al comité de empresa el 21 de julio de 2025 ya se anunciaba la próxima comunicación a la trabajadora hoy accionante que, a tal fecha se encontraba de viaje.

Pero es que, en cualquier caso, aun entendiendo que el requisito del plazo de preaviso está incumplido -lo que es cierto- este solo incumplimiento formal no es determinante de nulidad. Al respecto la STSJ Castilla La Mancha 10/05/2024 (rec 341/2023) resuelve: "El artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores preceptúa: " El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad".

A su vez el art. 138.7 de la LRJS bajo la rúbrica Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor establece: "La sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.

La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 40 y en el apartado 3 del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores , concediéndole al efecto el plazo de quince días.

La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los arts. 40.2 , 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores , así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del art. 108 ."

Tal y como se desprende de los preceptos expuestos el incumplimiento de los requisitos formales atinentes al plazo de preaviso en relación con la comunicación de la decisión adoptada relativa a la movilidad geográfica no se encuentra entre los supuestos que comportan la nulidad de dicha medida, sin que pueda llevarse a cabo una interpretación extensiva para considerar que puede devenir en la nulidad de la medida".

En el mismo sentido, la STSJ Canarias 10/04/2025 (rec 587/2025).

Y es que descartada la nulidad tampoco el incumplimiento de esta formalidad es determinante de la declaración de injustificación ya que ésta siempre esta ligada a la acreditación de la causa. La causa existe y con independencia de la situación personal por la que atraviese la actora y el perjuicio obvio que tal cambio puede provocarle no puede declararse que no resulte justificada ya que el centro de trabajo está cerrado.

El motivo del traslado está alejado de cualquier propósito de vulnerar los derechos fundamentales de la actora y responde única y exclusivamente al cierre. La demanda se desestima.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,