Sentencia Social 284/2025 , Rec. 669/2022 de 23 de junio del 2025

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto particularmente por el expediente administrativo y la documental aportada por la actora y por la demandada.

SEGUNDO.La parte actora pretende que se declare la existencia de nulidad o injustificación de la modificación sustancial que se dice operada por la demandada y que, en consecuencia, se reponga al actor en sus antiguas condiciones de trabajo, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a mantener el derecho de la actora a seguir cobrando el complemento salarial suprimido, a la devolución de las cantidades dejadas de abonar y a mantener el encuadramiento del grado I de carrera profesional, así como condenar a la demandada al abono de una indemnización de 3.750 euros por daños morales.

La parte demandada alega falta de competencia del Orden Social por encuadrarse la controversia en la materia excluida del art. 3.e LRJS. Con respecto al fondo, se opone argumentando que la retirada del grado I no es una modificación sustancial ya que no obedece al ius variandi empresarial, sino al cumplimiento de una condición resolutiva a la que estaba sujeta desde el principio; que la retirada del complemento es conforme a Derecho ya que el personal laboral fijo debía suscribir un compromiso de funcionarización que no ha cumplido; Subsidiariamente, se opone a las cantidades y niega la vulneración de derechos fundamentales.

TERCERO.La competencia del Orden Social para conocer de este tipo de demandas viene reconocida en la STS 29/04/2024, cuyos razonamientos jurídicos se reiteran para rechazar la excepción.

CUARTO.No existe duda de que el actor, pese a concurrir, no superó el proceso de funcionarización.

En relación con el requisito de la funcionarización se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJG en las sentencias 514/2024 de 26 de junio (PO 215/2023) y 74/2023 de 1 de febrero (PO 103/2022) desestimando las pretensiones de anulación de las instrucciones 7.3 y 7.4 de las Órdenes respectivamente de 19 de enero de 2023 y 19 de enero de 2022 por las que se dictan las instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la administración autonómica, cuyos contenidos son sustancialmente idénticos a los de la Orden del añ0 2024. En dichas sentencias se declaró que el requisito de funcionarización para el personal laboral fijo no implica discriminación alguna, ni vulneración legal ni de la doctrina jurisprudencial del TJUE, y que no son discriminatorias tampoco las consecuencias tanto del encuadramiento en el grado I como las económicas que puedan resultar afectadas si no se supera el proceso de funcionarización.

En las solicitudes que el actor formuló para el reconocimiento de los grados figura expresamente su compromiso de participar en el proceso de funcionarización y la asunción de que, de no presentarse o de no superar el proceso, se declararía el decaimiento del grado.

La STSJ Galicia, C-A, 01/02/2023 resuelve: "... no cabe confundir aquella primera fase, ya aclarada judicialmente, de que el derecho a participar en el acceso al sistema de carrera profesional no puede cerrarse a quienes mantienen una vinculación temporal con la administración, con la problemática suscitada en el presente litigio, ya esperada por este Tribunal Superior, que hace referencia a una segunda fase, enraizada con la anterior, pero nueva al fin y al cabo, relativa a la diferencia de trato no entre personal fijo y temporal sino entre funcionarios de carrera y restos de empleados, sean interinos o laborales. No podemos olvidar que, desgraciadamente, la administración, en su conjunto, se encuentra acuciada, desde hace mucho tiempo, por la ocupación de plazas reservadas a funcionarios por personal laboral. Una de las medidas correctoras de esa anómala y prolongada situación, la constituye el llamado proceso de funcionarización al que deben someterse todos aquellos empleados públicos que no sean ya funcionarios de carrera, si desean el reconocimiento de grado dentro del sistema de carrera profesional y el percibo del correspondiente complemento retributivo. Y ello no puede resultar discriminatorio; lo contrario sí lo sería, ya que estaríamos aquí parando al personal funcionario de carrera que accedió a la Función Pública a través del correspondiente proceso de selección con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con aquel otro personal cuyo acceso tuvo cauces diferentes; en ese caso, estaríamos haciendo de mejor condición a estos últimos. Lógico es, por tanto, que el empleado público, al margen de su condición y de su vinculación temporal o fija, goce del derecho a participar en el procedimiento para la obtención del grado 1 de la carrera profesional en las mismas condiciones económicas y administrativas que los funcionarios de carrera; pero natural y no discriminatorio, es también que, tratándose de personal laboral fijo, las consecuencias tanto de encuadramiento en el grado 1 como las económicas que de él se derivan, pueden resultar afectadas si no toma parte, no se presenta o no superan el proceso de funcionarización, que a tal efecto se convoque".

La STSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo 26/06/2024 resuelve que "La Sentencia de fecha 1 de febrero de 2.023, dictada en el Procedimiento Ordinario 103/2022 , dispone: ",.., Por más que hábilmente trate de llevarnos la representación actora a esta misma senda interpretativa, ocultando, bajo el velo de la proscrita discriminación del personal temporal al impedírsele el acceso al sistema de carrera profesional por el mero hecho de no mantener con la Administración una relación de fijeza, que lo que aquí realmente se debate no es la discriminación entre personal fijo y personal temporal, cuestión como queda dicho ya resuelta reiteradamente por este tribunal, sino si el apartado 4º de la Instrucción 7ª del artículo único de la Orden de 19 de enero de 2.022, resulta contrario a derecho en cuanto otorga dispar trato a los funcionarios de carrera y al resto de empleados públicos, sean funcionarios interinos o personal laboral.No cabe confundir aquella primera fase, ya aclarada judicialmente, de que el derecho a participar en el acceso al sistema de carrera profesional no puede cerrarse a quienes mantienen una vinculación temporal con la administración, con la problemática suscitada en el presente litigio, ya esperada por este Tribunal Superior, que hace referencia a una segunda fase, enraizada con la anterior, pero nueva al fin y al cabo, relativa a la diferencia de trato no entre personal fijo y temporal sino entre funcionarios de carrera y resto de empleados, sean interinos o laborales. No podemos olvidar que, desgraciadamente, la Administración, en su conjunto, se encuentra acuciada, desde hace mucho tiempo, por la ocupación de plazas reservadas a funcionario por personal laboral. Una de las medidas correctoras de esa anómala y prolongada situación, la constituye el llamado proceso de funcionarización al que deben someterse todos aquellos empleados públicos que no sean ya funcionarios de carrera, si desean el reconocimiento de grado dentro del sistema de carrera profesional y el percibo del correspondiente complemento retributivo. Y ello no puede resultar discriminatorio; lo contrario sí lo sería, ya que estaríamos equiparando al personal funcionario de carrera que accedió a la función pública a través del correspondiente proceso de selección con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con aquel otro personal cuyo acceso tuvo cauces diferentes; en ese caso, estaríamos haciendo de mejor condición a estos últimos. Lógico es, por tanto, que el empleado público, al margen de su condición y de su vinculación temporal o fija, goce del derecho a participar en el procedimiento para la obtención del grado I de la carrera profesional en las mismas condiciones económicas y administrativas que los funcionarios de carrera; pero natural, y no discriminatorio, es también que, tratándose de personal laboral fijo, las consecuencias tanto de encuadramiento en el grado I como las económicas que de él se derivan, pueden resultar afectadas si no toma parte, no se presenta o no supera el proceso de funcionarización que, a tal efecto, se convoque. Por las razones expuestas procede desestimar el recurso planteado".

En el presente procedimiento, se recurre el punto cuarto de la Instrucción 7ª que refiere: "3. El personal laboral fijo al que se refieren las líneas a) y g) del artículo 2, del Acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CC .OO. y UGT por el que se convoca el procedimiento de acceso a los grados I y II del complemento de desempeño del puesto de trabajo para el personal laboral, que debe cumplir el requisito de firmar el compromiso de participar en el proceso de funcionarización que se convoque para el reconocimiento del complemento de desempeño, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia de 17 de noviembre de 2022, que no presente la solicitud de participación en el correspondiente proceso de funcionarización que se convoque, o la no presentación, o la no superación del mismo, implicará el decaimiento del reconocimiento de dicho grado. Se exceptúa de dicho decaimiento el supuesto en el que la persona no pueda adquirir la condición de personal funcionario de carrera por no disponer de alguno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable".

Del texto de la disposición recurrida, se constata que se refiere única y exclusivamente al personal laboral fijo.

En la ORDEN de 29 de diciembre de 2023 por la que se publica el Acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CC. OO. y UGT por el que se convoca el procedimiento de acceso a los grados I y II del complemento de desempeño del puesto de trabajo para el personal laboral, se refiere:

" Artículo 2. Ámbito subjetivo. 1. El sistema transitorio del complemento de desempeño del puesto del personal laboralserá de aplicación: a) A todo el personal laboralde la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o entidades instrumentales del artículo 45.a) de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre , de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que se encuentre en servicio activo o en cualquier otra situación que suponga reserva de plaza o de un concreto puesto de trabajo. b) Al personal laboral de otras administraciones públicasque, mediante los sistemas de concurso, permuta, libre designación o adscripción temporal preste servicios en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o entidades instrumentales del artículo 45.a) de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre . 2 . El personal laboral fijo de la Xunta de Galiciaque cumple los requisitos para su funcionarización de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2015, de 29 de abril , y del Decreto 165/2019, de 26 de diciembre, deberá firmar el compromiso de participar y superar el proceso de funcionarización que se convoque. 3. El personal laboral fijoperteneciente al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar deberá firmar el compromiso de participar y superar el proceso de funcionarización que se convoque".

En concreto se trata únicamente de personal laboral, y sin que se establezcan diferencias entre el laboral fijo y el temporal, que es lo que no es conforme con la Jurisprudencia del TJUE y de esta Sala. Lo que se exige es el requisito de funcionarización, requisito que se exige a todo ese personal. Por tanto, cada empleado público tiene la posibilidad de optar por la funcionarización o no, con las consecuencias que ello implica. De hecho, no se aplicará esa consecuencia a quien no pueda adquirir esa condición por no cumplir los requisitos. Así dispone la Instrucción: "Se exceptúa de dicho decaimiento el supuesto en el que la persona no pueda adquirir la condición de personal funcionario de carrera por no disponer de alguno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable".

Por tanto, se trata de una cuestión de mera voluntad, pero que no implica la discriminación que pretende la parte recurrente ni la apreciada en otras Sentencias por esta Sala. El requisito de la funcionarización deviene lógico en un sistema en el que se ha venido haciendo un uso excesivo de la temporalidad, circunstancia también criticada legítimamente por la parte recurrente en otros procedimientos. El requisito de exigir la funcionarización a quien reúna los requisitos para ellos (personal laboral, sin distinguir entre fijo o temporal) no vulnera la Ley ni la Jurisprudencia del TJUE. Cada empleado público podrá legítimamente decidir sobré ello, pero con las consecuencias legalmente previstas. Debe señalarse, además, como resulta del propio texto de las Sentencias, referido expresamente en la presente resolución para mayor claridad expositiva, que no existe la contradicción entre las dos Sentencias de esta Sala mencionada por la parte recurrente".

A esta sentencia se remite la STSJ Galicia Sala de lo Social 27/03/2025 (rec 6312/2024) para resolver: "... Descartada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Galicia la existencia de discriminación, hemos de mantener la misma posición para el supuesto de autos con remisión a los argumentos de la referida sentencia, ya que en el presente procedimiento lo que se cuestiona es, precisamente, si la aplicación concreta a la parte demandante de la señalada normativa y de la orden de confección de nóminas del año 2024, redactada en los mismos términos que la de 2023 que analizaba la Sala de lo C-A, resulta discriminatoria, cómo mantiene la sentencia de instancia. A la vista de lo anterior, la sala considera que la exigencia de la suscripción del compromiso de funcionarización y la consiguiente pérdida del complemento si no se atiende dicho compromiso, no puede considerarse discriminatoria, por lo que procede estimar el recurso interpuesto por la entidad demandada y la revocación de la sentencia de instancia, por los motivos expresados".

Por lo tanto, la supresión del complemento y decaimiento del derecho con base, entre otras, en la instrucción séptima de la Orden de 19 de enero de 2023, por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas al personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2023, no ha sido anulada por resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, con lo que la actuación de la Administración es conforme a Derecho. Esta supresión responde al contenido de la norma que regula el complemento y que impone el requisito de funcionarización por acuerdo entre la Xunta y las organizaciones sindicales y no al ejercicio de ius variandi empresarial, no pudiendo coincidir con el demandante en que se trate de una modificación sustancial de condiciones laborales.

En consecuencia, no procede estimar la demanda en lo relativo a la modificación sustancial ni las diferencias que una eventual estimación llevaría asociadas.

Tampoco se aprecia vulneración del derecho fundamental a la igualdad, con lo que decae asimismo la pretensión indemnizatoria.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,