Sentencia Social 88/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 2060/2021 de 24 de enero del 2023

PRIMERO.- Por D. Gabino se formuló demanda frente a la entidad LIBERBANK, S.A. y BANCO CASTILLA LA MANCHA, S.A., así como al Fondo de Pensiones de Empleado de Caja Castilla- La Mancha, y a la entidad CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros S.A., postulando se declarase el derecho del actor a que se aporte en su plan de pensiones la cantidad reclamada de 8.764,85 €, más el 10% de interés anual de demora, para los periodos que se indican en la demanda.

La demanda se tramitó en el proceso 133/2019 del Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete y concluyó por sentencia de 30 de junio de 2021 que estimó parcialmente la demanda y condenó a la entidad LIBERBANK, S.A. a que procedan a aportar al plan de pensiones del demandante la suma de 135,59 €, en concepto de aportaciones adicionales, por el periodo de junio a diciembre de 2013, más el 10% de interés anual de demora, a partir del 31/12/2013, desestimando el resto de pretensiones; y absolviendo no obstante a las codemandadas Fondo de Pensiones de Empleado de Caja Castilla- La Mancha, y a la entidad CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros S.A.

Frente a tal sentencia se ha interpuesto recurso de suplicación por el demandante instrumentado en cinco motivos de recurso, tres para la revisión fáctica y otros dos para la censura jurídica de la sentencia. El recurso ha sido impugnado de contrario.

SEGUNDO.- En el primer motivo de recurso, se solicita la modificación del hecho probado sexto de la sentencia de instancia a fin de adicionar un nuevo párrafo que exprese: "La introducción de la disposición transitoria sexta tuvo lugar en virtud de acuerdo de la Comisión de Control de fecha 06/07/2017, en concreto en el punto 5 del orden del día, en el que igualmente se procede a modificar el artículo 8 de las especificaciones, siendo modificadas las especificaciones en fecha 26-4-2.018...".

La revisión fáctica no puede tener favorable acogida por innecesaria, pues la doctrina jurisprudencial tiene establecido que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia" (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2007, rec. 77/06 ; reiteradas por las posteriores de fecha 14 de mayo de 2013, rec. 258/11, 16 de septiembre de 2014, rec. 251/13 y 28 de julio de 2015, rec. 1925/14); y en el presente caso en el propio hecho probado sexto se da por reproducido el contenido del Plan de Pensiones de Empleo de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, , que aparecen aportadas como doc. nº 5 del ramo de prueba de la entidad demandada, exponiéndose en el hecho probado séptimo que las modificaciones recogidas en el nuevo texto del Plan se aprobaron por la Comisión de Control en su reunión de fecha 06/07/2017, tal como consta en el Acta NUM004 de 06/07/2017, apartado 5, en la que se recoge la propuesta de modificación del art. 8 y disposición transitoria sexta (doc. nº 4 del ramo de prueba de la entidad demandada), siendo por ello indiferente que en el texto de las Especificaciones se indique "Modificadas el 26/04/2018".

En el segundo motivo de recurso, con igual amparo procesal que el anterior, se solicita la modificación del hecho probado séptimo, a fin de que se adicione un nuevo párrafo que indique: "... Se dan por reproducidas las actas NUM005, NUM006, NUM007 NUM008 de las diversas reuniones celebradas por la Comisión de Control. Desde la modificación de las especificaciones, mediante la introducción de la DT 6ª, se han producido varias reuniones de la Comisión de Control donde se ha mantenido la necesidad de modificación de la misma, por la representación social, por existir un error al no estar contenido en el acuerdo colectivo de 21-6-17 que los trabajadores que extinguieran su relación laboral pasaran a situación de partícipes en suspenso, modificación a la que se ha opuesto la representación del promotor en la Comisión de Control... "

El motivo de recurso no puede tener favorable acogida, pues, para que ello tenga lugar es preciso, entre otros requisitos que no vienen al caso, que la revisión pretendida sea trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011 y las que en ellas se citan), y la introducción del nuevo párrafo antes citado, nada relevante aporta para la resolución del caso planteado.

En el tercer motivo de recurso, con igual amparo procesal que el anterior, se solicita la modificación del segundo párrafo del hecho probado octavo, para que indique : "...La entidad demandada le había comunicado la extinción de la relación laboral el 18 de diciembre de 2017, con efectos a partir del 2 de enero de 2018, encontrándose afecto por medida extintiva de despido colectivo, acuerdo colectivo de 21-6-17 ERE NUM009, por causas objetivas (documento 36 del ramo de prueba de la parte actora, cuyo contenido procede dar por reproducido)...".

La modificación que se solicita, al igual que la anterior, carece de relevancia para la adecuada resolución del caso, pues el concepto que se utiliza en el hecho probado originario de "baja indemnizada" procede del propio acuerdo alcanzado en el ERE NUM009, tal como se desprende del "apartado II Bajas Incentivadas", del mencionado acuerdo, por referencia a aquellos trabajadores afectados por el despido colectivo que se adscribieron voluntariamente a tal medida, cuando reunieran determinadas condiciones, aunque siguen siendo afectados por el despido colectivo.

TERCERO.- En los motivos de recurso cuarto y quinto, amparados en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia respectivamente, infracción del acuerdo colectivo de fecha 21-6-2.017, en relación con lo establecido en los artículos 82 y ss. del ET, artículo 37 de la CE, y artículos 51 y 52 del ET, artículo 10 del Acuerdo de 16 de septiembre del año 2003 y arts. 21, 16 y 8 de las Especificaciones del Plan de Pensiones y artículos 1281 y ss. del Código Civil; así como aplicación indebida de la dicha Disposición Transitoria Sexta de las especificaciones, así como los arts. 41 (en relación con el art. 29 y 33 del RD 304/2004 por el que se aprueba al reglamento de planes y fondos de pensiones, y 21, 16, 11 y 8 de las mismas (Especificaciones). De igual forma incumple el acuerdo de 21-6-2.017 en relación con el contenido del artículo 10 del Acuerdo de 16-9-2003, en relación con los artículos 82 y ss del ET, y el art. 163 de la LRJS.

Sobre la misma cuestión aquí planteada ya se pronunció el Pleno de esta Sala en su sentencia 1828/2021, de 30 de noviembre, rec. 1473/2020, y a sus razonamientos ha de estarse por evidentes razones de seguridad jurídica ( art. 9.3 de la Constitución).

Como antecedentes de caso ha de indicarse que el demandante venía prestando servicios para las entidades demandadas hasta la extinción de su contrato de trabajo el 02/01/2018 por despido colectivo, en el marco del ERE NUM009, en aplicación del acuerdo de 21/06/2017.

A) El día 16/09/2.003 se firmó el "Pacto de empresa por el que se sustituye el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la caja de ahorros de Castilla La Macha", que con relación al Subplan 4, que es el que corresponde al actor, disponía lo siguiente:

Art. 9. Aportaciones ordinarias a favor de partícipes del Subplán 4: "Todos los partícipes que queden adscritos al Subplán 4 tendrán una aportación consistente en un porcentaje sobre su salario real corregido devengado en cada momento. Este porcentaje será de un 4% para 2003 y 2004, un 5% para 2005 y 2006 y del 6% a partir de 2007. Este porcentaje se incrementará en un 2% adicional para los partícipes con 55 años o más años de edad a 30.06.2003".

Art. 10. Aportaciones Adicionales al Subplán 4:

Complementaria a las aportaciones al Subplán 4 definidas en el artículo anterior, se realizará otra por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este Subplán y estuviese en plantilla a 31-12-2002, consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para 2003 y para cada partícipe se indica en el anexo nº 1

En caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o colectivo, el Promotor continuará realizando las aportaciones recogidas en este artículo hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de Seguridad Social (actualmente 65 años). Los cálculos para la obtención de las aportaciones mínimas se efectúan de forma mensualizada. Son aportaciones y prestaciones mensuales postpagables. La primera aportación correspondería a enero de 2003 y la última aportación se efectuaría el mes anterior a aquel en que se produce la jubilación, ya que el mes de jubilación percibiría el fondo de capitalización acumulado.

B) En las especificaciones del Plan de Pensiones de empleo de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, vigente a partir del 26/09/2012, el art. 8.1 b) indica: b) En todo caso, para los partícipes del Subplan 4, cuando la extinción de la relación laboral sea consecuencia de un despido improcedente o despido colectivo y tenga derecho a seguir percibiendo aportaciones del Promotor, su situación no podrá calificarse como de Partícipe en Suspenso, manteniéndose para los mismos el régimen de aportaciones que se recogen en el art. 21.1.e) así como la limitación en las prestaciones recogida en el artículo 28 g)".

Por su parte, el art. 21.1 del mismo texto, distingue entre las aportaciones ordinarias del apartado d), para prestación de jubilación de los adscritos al Subplan 4 para aquellos trabajadores que sigan en activo prestando servicios para la demandada, y las aportaciones complementarias a que se refiere el apartado e) del mismo art. que suponen una aportación adicional por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este Subplan y estuviese en plantilla a 31/12/2002, consistente en una cuota anual adicional en la cuantía que se indica. Como se señala en el párrafo segundo de este apartado e) del art. 21.1, "Esta aportación adicional será la única que se realice para jubilación a favor de los partícipes del Subplan 4 que hayan extinguido su relación laboral con el Promotor por despido improcedente o por despido colectivo".

Las funciones de la Comisión de Control aparecen reguladas en el art. 41, una de los cuales es: :"h) Aprobar los acuerdos de modificación de las especificaciones y de la Base Técnica, que sean resultado de acuerdos colectivos de eficacia general."

C) El día 21/06/2.017, tras celebrarse el periodo de consultas para abordar un despido colectivo en las entidades LIBERBANK y Banco Castilla- La Mancha, se suscribió el Acuerdo que puso fin al mismo en el que se dispuso, en el Acuerdo VIII.- Garantías y Compromisos de Negociación, apartado Tercero, lo siguiente: "a partir del 1 de julio de 2017, finalizada la vigencia de las medidas de modificación de condiciones previstas en el Acuerdo de 27 de diciembre de 2013, se reanudará el derecho a la percepción íntegra de los beneficios sociales suspendidos, la aportación a los planes de pensiones destinadas a ahorro/jubilación, tanto ordinarias como adicionales devengadas a partir de dichas fechas, así como las medidas de inaplicación o descuelgue del Convenio Colectivo previstas en el citado Acuerdo."

D) La disposición adicional sexta de dichas Especificaciones fue introducida por el Acuerdo de la Comisión de Control del 06/07/2.017 y en ella se dispuso lo siguiente: "1) Una vez producida la Baja Indemnizada, el empleado pasará a ostentar la condición de Partícipe en suspenso en el Plan de Pensiones, cesando la obligación del Promotor de realizar aportaciones de cualquier tipo al Plan.".

E) Partiendo de tales presupuestos, en la sentencia del Pleno de esta Sala antes mencionada, se resolvía (F.J. 4º):

<< A tal fin, hemos de comenzar por destacar que la naturaleza jurídica y funciones de las Comisiones de control de los planes de pensiones han sido objeto de análisis por la Jurisprudencia de la Sala IV del TS. Al respecto la STS de 10-4- 2.019- rec. 14/2.018 - dictada precisamente en un conflicto suscitado con relación a la Comisión del Plan de Pensiones de Liberbank señala lo siguiente:

"nuestra jurisprudencia ( SSTS de 30 de mayo de 2008, Rec. 153/20016 ; de 30 de mayo de 2001, rcud. 1593/2000 ; de 15 de diciembre de 1994, Rec. 540/1994 y de 10 de febrero de 1992, Rec. 576/1991 ), remarcó que lo decisivo, a efectos del límite a la autonomía colectiva, y de la consiguiente protección de la libertad sindical en el establecimiento de "comisiones cerradas" reservadas a las partes del convenio colectivo, es el respeto de la legitimación para negociar legalmente reconocida al Sindicato en base a su "representatividad", por lo que las partes del convenio no pueden "establecer comisiones con función de modificación o regulación de condiciones de trabajo", si bien sin traspasar ese límite, las partes, en uso de la autonomía colectiva, pueden crear no sólo comisiones de interpretación y administración, sino también órganos de cooperación y colaboración; añadiendo que la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, que viene impuesta por el artículo 7.1 de Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y el artículo 2.5 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones , no dimana de Convenio Colectivo, no tiene carácter negociador y si -como señala la sentencia de instancia-, tiene atribuidas funciones de supervisión y propuesta. Se trata de una Comisión de administración de carácter técnico, por lo que -como ya dijo la sentencia de esta Sala de 24 de diciembre de 1993 (rec. 1006/1992 ) - el carácter de la función propiamente técnica de una Comisión "haría perfectamente válido y eficaz cualquier acuerdo o pacto que excluyera el principio de proporcionalidad representativa en la configuración de la misma". De ahí, que en su composición esté excluida del principio de proporcionalidad, y resulte conforme a derecho el sistema mayoritario o cualquier otro que responda a principios democráticos, puesto que no está en juego la libertad sindical; ya que la Comisión de Control no es una estructura representativa cuya presencia o participación forme parte del contenido esencial ni adicional de la libertad sindical establecida en el artículo 28 CE , aunque el artículo 7 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones , haya introducido la posibilidad de que los representantes de partícipes y beneficiarios en las Comisiones de Control puedan ser designados desde la Comisión Negociadora de un Convenio o desde los órganos de representación de los trabajadores."-

6.- Partiendo de lo anterior, hemos de descartar cualquier vulneración del derecho a la negociación colectiva por considerar inaplicable un acuerdo alcanzado en el seno de una Comisión de control, toda vez que como pone de manifiesto la doctrina jurisprudencial expuesta, las mismas tienen vedado la creación de nuevas condiciones de empleo y de trabajo que afecten al colectivo de los partícipes, siendo la fuente de las mismas el acuerdo entre la empresa y sus representantes, de conformidad con lo prevenido en el art. 239 de la LGSS .

7.- Y dicho lo cual, la inaplicación que para el supuesto de autos se ha efectuado del Acuerdo de 21-6-2.017 del que trae causa la extinción contractual del actor se ajusta perfectamente a las normas que rigen la exégesis de los pactos colectivos, en concreto la de la máxima contenida en el art. 1283 CC según la cual "Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.".

8.- En efecto, no haciéndose en el Acuerdo del que trae causa la extinción de la relación laboral del actor a eventual modificación alguna de las especificaciones del Plan de pensiones, ninguna capacidad tenía la Comisión de control para alterar el régimen de aportaciones que en favor del actor debiesen realizarse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 2.003 donde se estableció su régimen de previsión social. De ahí que esta Sala deba compartir los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, y que los dos motivos que se dedican a la censura jurídica deban decaer.>>.

Este mismo criterio es plenamente trasladable al asunto que nos ocupa, pues también aquí apreciamos que el Acuerdo de 21/06/2017, respecto de los planes de Pensiones, se limitaba a acordar la reanudación de las aportaciones a los Planes de Pensiones, por lo que la nueva regulación contenida en la controvertida DT 6ª por la que se establece que los trabajadores acogidos a las bajas indemnizadas en 2017 pasarán a ostentar la condición de partícipe en suspenso, cesando la obligación del promotor de efectuar aportaciones salvo por la aportación extraordinaria prevista en el apartado segundo, excede de lo establecido en el Acuerdo de 2017.

De lo anterior se colige que la Comisión de Control ha llevado a cabo una modificación de las Especificaciones que exceden de los términos del Acuerdo adoptado por la representación de las partes negociadoras (social y empresarial) en las que reside la facultad de representación, negociación y normativa - art. 3.1.b) y art. 82.3 Estatuto de los Trabajadores- , facultades que no tiene la Comisión de Control cuyos cometidos se distinguen de las de aquéllos, sin facultades negociadoras ni normativas. Además, no existen elementos de los que pueda desprenderse que la falta de previsión en el Acuerdo de 21/06/2017 de consecuencias específicas -en materia de aportaciones a los Planes de pensiones-, para los que se acogieran a las bajas indemnizadas, fuera su supresión, cuando únicamente se preveía la reanudación de las mismas y, por tanto, suponía una llamada al régimen anterior previsto en el art. 10 del Acuerdo de 2003 (reflejado en el art. 21.1.e) de las Especificaciones).

CUARTO.- En la sentencia de instancia se da por probado (hecho noveno) que el actor tiene la condición de partícipe del Plan de Pensiones de Empleo de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, adscrito al Subplan 4.

El importe de las aportaciones adicionales del periodo junio/2013 a diciembre/2013 asciende a 135,59 €, cantidad que le ha sido recocida en la sentencia de instancia, no siendo cuestionada en este recurso.

Por otra parte, las aportaciones adicionales desde enero/2018 a julio de 2024, en que el actor cumple 65 años de edad, ascienden a 6.750,76 €, no habiéndose realizado aportación alguna por las demandadas durante tal periodo.

Esta última cantidad es la que reclama el recurrente conforme al siguiente estado de cuentas:

Año 2018.- De enero a diciembre, a razón de 48,20 €/mes. Total 578,39 €.

Año 2019.- De enero a diciembre, a razón de 57,84. €/mes. Total 694,06 €

Año 2020.- De enero a diciembre, a razón de 69,41€/mes. Total 832,87 €.

Año 2021.- De enero a diciembre, a razón de 83,29 €/mes. Total 999,48 €

Año 2022.- De enero a diciembre, a razón de 99,94 €/mes. Total 1.199,34 €.

Año 2023.- De enero a diciembre, a razón de 119,93 €/mes. Total 1.439,21 €

Año 2024.- De enero a julio, a razón de 143,92 €/mes. Total 1.007,45 €

Sobre el alcance de las aportaciones que ha de realizar la entidad demandada a los trabajadores que están en activo en la empresa a fecha 1 de julio de 2017 y ven extinguido su contrato de trabajo por causas objetivas ya se ha pronunciado esta Sala en su sentencia núm. 1743/2021 de 16 noviembre, rec. 1702/2020 (que fue recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el TS, siendo inadmitido dicho recurso por falta de contradicción por auto de 23 noviembre 2022, rec. 476/2022).

Según se indica en la citada sentencia, los derechos de tales trabajadores son los siguientes:

- Derecho a percibir las aportaciones ordinarias y adicionales previstas en el Acuerdo de 2003 a partir del 1 de julio de 2017.

- Derecho a percibir las aportaciones extraordinarias equivalentes a las aportaciones que se hubieran realizado hasta la fecha de la reanudación si no hubiese tenido lugar la suspensión de aportaciones prevista en el acuerdo de 27 de diciembre de 2013; aportación que se debe realizar en el momento de baja en la empresa.

- Derecho a las aportaciones adicionales hasta la edad de jubilación ordinaria en el Régimen General de la Seguridad Social, con abono periódico según se van devengando.

Y ello, en razón de que el Acuerdo de 21 de junio de 2017 no tiene ninguna previsión sobre el Plan de Pensiones, ya que regula un Expediente de extinción, reducción de jornada, movilidad geográfica, compromisos en materia de beneficios sociales, mejoras para los trabajadores con salarios inferiores, concesión de tres días de libre disposición un plan de recolocación externa y la creación de una Comisión de Seguimiento que, en lo afecta al demandante, autoriza a la empresa la extinción mediante despido colectivo de hasta 525 relaciones laborales mediante adscripción voluntaria de los trabajadores, a la cual se acompañará, si son nacidos en los años 1956, 1957, 1958 o 1959, una indemnización por extinción en el momento de la extinción y una indemnización adicional para aquellos trabajadores que al terminar la prestación de desempleo no tengan la edad legalmente establecida para la jubilación anticipada, y para el resto de los trabajadores que se acojan a la baja incentivada, una indemnización única.

En el Acuerdo no se hace mención alguna al Plan de Pensiones ni a las aportaciones del mismo implantando nuevas normas o regulación, sino simplemente una referencia a lo que deriva de la propia eficacia de los Acuerdos anteriores para confirmarlos; y así, en el apartado VIII del Acuerdo de 2017 denominado "Garantías y Compromisos de Negociación", además de establecer la vigencia de este Acuerdo hasta 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de negociar con la representación de los trabajadores cualquier proceso de reestructuración de plantilla de alcance colectivo, y de acordar dejar sin efecto las medidas de reducción de jornada y salario en el caso de un cambio de titularidad del Banco durante la vigencia del Acuerdo, se refiere al Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 para confirmar que a partir del 1 de julio de 2017 se reanudará el derecho a la percepción íntegra de los beneficios sociales suspendidos y la aportación de los Planes de Pensiones destinadas a ahorro/jubilación, tanto ordinarias como adicionales devengadas a partir de esa fecha, así como las medidas de descuelgue del Convenio Colectivo previstas en aquel Acuerdo de 2013; como puede verse, esta manifestación del Acuerdo de 2017 no es sino la manifestación activa de lo que en el Acuerdo de 2013 fue la delimitación temporal de sus efectos. Como puede apreciarse, reiterando lo ya afirmado, no hay ninguna novedad en la regulación de los Planes de Pensiones, pero además en el apartado cuarto de ese Acuerdo VIII se ha referido a la revisión del cumplimiento de los requisitos para la devolución de las aportaciones a los Planes de Pensiones prevista en el Apartado C. 3, del Capítulo II, del Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 con el fin de analizar la conveniencia de modificar la referencia al ROE de Liberbank que se hacía en él para dar lugar a las aportaciones extraordinarias del personal en activo, comprometiéndose a ello, lo cual indica que el sistema de aportaciones extraordinarias tampoco se había alterado.

Esta misma solución es la que se ha dado por esta Sala en las sentencias de 20 de noviembre de 2020, rec. 1547/2019; 25 de enero de 2021, rec. 283/2020; 14 de enero de 2021, rec. 181/2020; y 21 de mayo de 2021, rec. 765/2020, 768/2020.

En consecuencia, ha de estimarse el recurso y declarar el derecho del recurrente a que se realicen aportaciones adicionales hasta el momento de cumplimiento de la edad de 65 años, en cuantía de 6.750,76 €, más el 10% de interés anual de demora, en los periodos indicados anteriormente, con el alcance y excepciones que regula el art. 21.1.e) del Reglamento del Plan de Pensiones de CCM, sin expresa declaración sobre costas.