Sentencia Social 226/2023 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 714/2023 de 25 de octubre del 2023

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.97.2 LRJS se ha de indicar que con independencia y al margen de las referencias concretas que en los hechos probados se hacen a los documentos en los que se basan y de las referencias expresas que se hagan en la posterior fundamentación jurídica, la convicción judicial sobre los hechos que se declaran probados se alcanza del conjunto de la prueba practicada en la que la concurrencia de hechos reconocidos, hechos indiscutibles, y documentos no impugnados permite obtener la realidad fáctica que ahora se valora.

SEGUNDO.- Se solicita en la demanda es una adaptación de jornada, fijando el horario de trabajo en turno fijo de mañana de lunes a viernes, siendo que la actora en la actualidad viene realizando turnos rotatorios de mañana y tarde en la forma que se ha expresado en los hechos probados, conforme a cuadrantes aportados por ambas partes.

El artículo 34.8 regula el régimen jurídico del derecho a modificar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este caso el derecho habilita no una mera reducción de jornada, sino una modificación de la duración y distribución de la jornada de trabajo. La alteración del estatus quo precedente es mucho más trascendente que en el supuesto del art. 37.6 ET y ello hace que la norma exija otros postulados añadidos para acceder al mismo, esencialmente, los que dan entrada a las empresas en la adopción y determinación de la modificación, siendo ésta la razón por la que se establece que solo en las condiciones previstas en la negociación colectiva o en el acuerdo a que lleguen empresario y trabajador, respetando en todo caso lo previsto en aquélla, podrá establecerse esa modificación de las condiciones de trabajo.

En cualquier caso, ambos supuestos se regulan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como expresamente dicen las normas, y para el ejercicio de tales derechos la ley procesal establece un procedimiento especial que es el abordado por la demanda, en los términos del artículo 139 LRJS, haciendo inviable cualquier excepción que pudiese hacerse a la tramitación del presente procedimiento.

Tras la redacción dada a los arts. 37.7 y 34.8 ET por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, resulta que la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponde al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador debe preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha de inicio y fin de la reducción de jornada. Para los supuestos que se produzcan a partir del 8-3-2019, no solo es posible la adaptación de la jornada, a efectos de la duración y distribución de la jornada de trabajo, para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que también es posible la adaptación de la ordenación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia. Se requiere que dichas adaptaciones sean razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Dichas medidas, en el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras pueden solicitarlas hasta que los hijos o hijas cumplan 12 años. Es en la negociación colectiva donde se deben pactar los términos de su ejercicio, acomodándose a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abre un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de 30 días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, ha de comunicar la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestar la negativa a su ejercicio, indicando las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. La persona trabajadora tiene derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto. Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora han de ser resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido para el ejercicio de los derechos de conciliación.

Cuando el derecho del trabajador de concreción de jornada entre en colisión con el derecho de dirección y organización empresarial hay que acudir a las circunstancias concretas de cada caso (TS 16-6-95, TSJ Cataluña 6-9-99).

Así, antes de la citada reforma solo se permitía al trabajador reducir la jornada y concretar el horario dentro de su jornada ordinaria, sin que se considere que el cambio de turno sea un derecho del trabajador (TSJ C. Valenciana 12-712, TSJ Galicia 24-10-12, TSJ Cataluña 14-7-16, 7-3-17).

TERCERO.- Con carácter previo plantea la parte demandada la excepción de caducidad con base en el artículo 16.2 de la LAJG, al entender que la solicitud de asistencia jurídica gratuita se realizó en mayo de 2023 y que mediaron más de dos meses hasta la presentación de la demanda, por lo que considera alzado el plazo de suspensión para presentar la demanda. A lo que se opone la parte demandada.

Establece el artículo 16.2 de la LAJG: " 2. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud."

Entendemos, al contrario que lo hace la parte demandada, que el primero de los párrafos antes transcritos del artículo 16.2 de la LAJG (interpretación literal) se refiere tanto a la suspensión de los plazos de prescripción como de caducidad cuando la solicitud del derecho se realiza antes de la interposición de la demanda; y que, sin embargo, el segundo párrafo, se refiere exclusivamente a la prescripción, no al plazo de caducidad, pues nada se dice de él en dicho párrafo. Por tanto, en una interpretación literal y en aplicación del principio pro actione, entendemos que el transcurso del plazo de dos meses desde que se insta la solicitud, siendo que además dicho transcurso no es imputable a la actora, no alza el plazo de caducidad, procediendo la desestimación de la excepción opuesta por la parte demandada.

CUARTO.- Pretende la parte demandante que se declare su derecho a la concreción horaria por motivos familiares, guarda legal, y con petición expresa de que se la prestación se servicios desarrolle en horario fijo de mañana de lunes a viernes bien sea de 10 a 15 o, subsidiariamente, de 10 a 14 horas. Además, solicita que se declara la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad y a resarcir el perjuicio generado, que no concreta.

Y la discrepancia surge, en rigor, en torno al citado cambio de horario pretendido por la actora.

Es de reseñar en este caso que las necesidades de conciliación invocadas, de forma genérica, en la solicitud no constan, ni tampoco lo hacen en la demanda. Y ello es importante, por cuanto el hijo mayor de la actora nació en 2014, de modo que es a la actora a quien le corresponde acreditar qué cambios motivan ahora sus necesidades de conciliación si ya hace años que tenía encomendada la guarda de menores.

Por otro lado, consta que el padre de los menores también reside con los mismos, sin que conste la incompatibilidad de horarios entre ambos progenitores para hacerse cargo de los cuidados de los menores y sin que sea suficiente a fin de probarlo el documento nº. 15 de la demandante, pues se trata de pantallazos carentes de todo valor probatorio que no recogen ni firma ni sello empresarial algunos y que, en todo caso, no acreditan la coincidencia de turnos de tarde entre ambos progenitores.

Además, es la propia actora la que en su denuncia, documento 23, manifiesta que existen personas que se encargan del cuidado de los menores por la tarde y tampoco se alega ni se aporta por la actora, a quien incumbe la carga de la prueba, medio probatorio alguno que acredite cómo se ha venido atendiendo hasta la actualidad a los menores durante el periodo en que la actora desempeña sus funciones laborales.

Por tanto, dado que ni se expone en la solicitud a la empresa, ni en la demanda ni tampoco se acredita, no entendemos a alcanzar cuál es la necesidad de conciliación de la actora en este momento. Y siendo que le incumbe a ella la carga de probar las necesidades de conciliación que motivarían la adaptación de su jornada, sin que lo haya verificado, entendemos que existen motivos suficientes para denegar dicha pretensión.

En cuando a los motivos organizativos aducidos por la empresa, es cierto que el esfuerzo probatorio de la misma ha sido liviano, pues únicamente acredita que otras personas en el centro de trabajo vienen disfrutando de reducciones de jornada por guarda legal, pero no consta el total de trabajadores de dicho centro de trabajo.

Sin embargo, en este sentido, debemos citar la reciente sentencia del TSJ de Castilla la Mancha, de fecha 24 de enero de 2022, que establece respecto de la materia aquí tratada: " en el conflicto de intereses a realizar no puede tener el mismo valor quien necesita ese permiso para garantizar los cuidados y atención que se imponen como cuidador de unos menores, que el hecho de tener cubiertas esas necesidades y requerir del mismo para colaborar en esos cuidados y disfrutar de la compañía de sus hijos, teniendo en cuenta además, que la opción de modificación del sistema de turnos supone necesariamente una alteración del sistema de organización para la empresa que además tiene una incidencia directa sobre el resto del compañeros con los que se presta el servicio lo que necesariamente impone intentar alcanzar un equilibrio entre los intereses en conflicto señalando asimismo que no se ha objetivado una voluntad obstructiva de la empresa a la posibilidad de adaptación de la jornada, procediendo a ofrecer varias alternativas."

Pues bien, coincidimos con la resolución reseñada en que, necesariamente, una modificación del régimen de turnos supone dificultades organizativas para la empresa.

Por ello, no se puede imponer a la empleadora un cambio de turno como el pretendido por la demandante sin afectar a la actividad productiva, y sin que consten necesidades razonadas de conciliación de la actora.

QUINTO.- En cuanto a la alegada vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no existe, si quiera de forma indiciaria, acreditación alguna, ni se alega en la demanda, de vulneración de este derecho más que de forma genérica, pues únicamente de las conclusiones de la actora se extrae, de forma inconcreta, que entiende que existe una agravio comparativo respecto de otras personas de la empresa que han disfrutado del derecho a concreción horaria en turno de mañana, hecho que tampoco se ha acreditado, ni si quiera de forma indiciaria, ni constan los motivos de dicho disfrute en su caso, lo que impide a esta Juzgadora realizar juicio comparativo alguno.

Por tanto, ha de decaer la pretensión declarativa y, en consecuencia, también la indemnizatoria, formuladas en la demanda.

SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 139 y 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esta Sentencia es firme y contra ella no cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, a excepción, y con base en lo resuelto por dicha sala en su auto de fecha 14 de julio de 2022, de las cuestiones relativas a la invocada vulneración de derechos fundamentales, materia en la que sí procede la interposición del meritado recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,