Sentencia Social 455/2022 Juzgado de lo Social de Palma nº 2, Rec. 734/2021 de 28 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición de los litigantes como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 2.a), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , los hechos que se declaran probados han sido obtenidos de los documentos y pruebas arriba reseñadas, con arreglo a las reglas de la sana crítica.

En cuanto a las circunstancias laborales de la trabajadora, debe precisarse que la propia demandante se aquietó a la antigüedad postulada por la mercantil, esto es, 01/03/2013, de modo que no ha existido controversia sobre dicho extremo.

Por lo que respecta al salario, si bien no cabe duda de que, al tiempo de dar por finalizada la readmisión de la trabajadora, en agosto de 2021, el salario que percibía la misma era de 3.460,50 euros, esta juzgadora entiende que el salario regulador a efectos de cálculo de una posible indemnización por despido improcedente, debe quedar fijado en el salario correspondiente al período de referencia del despido de origen producido el 28/07/2016. Y ello en base al criterio seguido en la Sentencia del TSJIB, de 21/12/2021, al resolver recurso de suplicación presentado por la mercantil frente a la Sentencia n.º 351/2020 dictada por este órgano judicial mediante la que se declaró la improcedencia del despido de 23/10/2019. En efecto, la mercantil AENA, S.A., esgrime, como uno de los motivos del recurso la fijación del salario conforme a aquel correspondiente a la situación laboral en activo, esto es, 2.827,28 euros mensuales, en función de la sentencia del procedimiento de origen. El TSJIB accede a la modificación argumentando que "el salario regulador debe ser aquel establecido de forma antecedente judicialmente en el proceso de despido inicial, por congruencia con la resolución judicial de la que deriva este recurso". Por lo tanto, siendo que nos encontramos con un nuevo procedimiento que trae causa en la misma decisión de la mercantil de dar por finalizada la readmisión provisional de la trabajadora, esta juzgadora entiende que debe aplicarse el mismo criterio seguido en la referida sentencia de nuestro Tribunal Superior, por lo que el salario regulador se fija en la cantidad de 2.827,28 euros.

TERCERO.-Falta de acción.

Debe abordarse en primer lugar la excepción de falta de acción invocada por la entidad demandada. Al respecto, sostiene la mercantil que carece la parte actora de acción de despido por cuanto no existe el mismo, al no haberse producido un acto extintivo de la relación laboral por parte de la empresa demandada, sino que, lo que ha efectuado es una finalización de la readmisión provisional de la trabajadora como consecuencia de haber adquirido firmeza la resolución que declaraba la procedencia del despido.

Frente a ello, sostiene la parte actora que la decisión de la empresa, al ser anterior a la firmeza de la sentencia que declara la procedencia del despido no puede sino considerarse como un acto de extinción de la relación laboral, esto es, un despido tácito.

Pues bien, lo primero que debe establecerse es si, en efecto, ha existido una conducta de la mercantil, equivalente a un acto extintivo de la relación laboral con la actora, toda vez que "es despido toda declaración extintiva de la relación laboral invocada por el empresario" (TS-7-12-09 EDJ 307432). Y en este sentido, entiende esta juzgadora que no puede entenderse que la conducta empresarial sea constitutiva de un despido, puesto que lo que se ha producido es la finalización de la readmisión provisional de la trabajadora, y ello en cumplimiento de la Sentencia n.º 313/2019, dictada por nuestra Sala de lo Social el 07/10/2019, en cuya virtud se revocaba la sentencia de este órgano judicial, declarando la procedencia del despido operado por la empresa el 28/07/2016.

A modo de resumen, es preciso contextualizar todo el iter procesal del que trae causa el presente procedimiento, siendo el despido disciplinario de la trabajadora, de fecha 28/07/2016, el acontecimiento del que parte todo este recorrido judicial entre ambas partes.

El referido despido es recurrido por la trabajadora, siendo declarado improcedente por el Juzgado de lo Social n.º 4 de este partido judicial mediante Sentencia de fecha 27/09/2017, en cuyo cumplimiento se acuerda por la empresa la readmisión provisional de la trabajadora con efectos del 23/04/2018. Dicha sentencia es recurrida en suplicación por ambas partes ante el TSJ Illes Balears, y revocada mediante Sentencia de fecha 07/10/2019 de la Sala, declarándose la procedencia del despido. Sentencia que es recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por la trabajadora. En cumplimiento de la Sentencia de la Sala que declara la procedencia del despido, la empresa acuerda la finalización de la readmisión provisional, dando de baja a la trabajadora en la Seguridad Social el 23/10/2019. A su vez, esta decisión de la mercantil de dar por finalizada la readmisión de la trabajadora es impugnada por esta mediante demanda de despido, que por turno de reparto, corresponde a este Juzgado de lo Social n.º 2 de Palma. Demanda que finalmente es estimada mediante Sentencia de 29/10/2020, declarando la improcedencia de la decisión empresarial, por lo que la mercantil vuelve a acordar la readmisión de la trabajadora con efectos de 21/01/2021. Dicha sentencia, a su vez es recurrida en suplicación por AENA.

Entretanto se halla pendiente de resolución el recurso de suplicación anteriormente referido, el Tribunal Supremo inadmite mediante Auto de fecha 09/06/2021, el recurso de casación que la demandante había presentado frente a la primera de las resoluciones dictadas en suplicación en el presente procedimiento, esto es, la Sentencia del TSJIB, de 07/10/2019, por la que se declaraba la procedencia del despido, que recordemos, tuvo lugar el 28/07/2016. En dicho auto de inadmisión de la casación, contra el que se especifica que no cabe recurso alguno, se declara la firmeza de la resolución recurrida.

Y en cumplimiento de dicha resolución, la empresa demandada vuelve a acordar la finalización de la readmisión de la trabajadora, con efectos del 03/08/2021. La comunicación de dicha decisión se efectúa presencialmente, en el domicilio de la demandante por doña Guadalupe y don Bienvenido, firmando la actora dicho escrito y como "no conforme". Y esta última comunicación es la que es objeto de controversia en el presente procedimiento, interesando la parte actora que sea calificada como despido improcedente, debiendo significarse que esta misma conducta de la mercantil, esto es, la comunicación de finalización de readmisión de la trabajadora, ya fue objeto de controversia en el procedimiento de despido n.º 1065/2019 seguido en este órgano judicial, y que declaró la improcedencia del mismo. En ese caso, la finalización de la readmisión había tenido lugar con efectos del 23/10/2019. Y aquí es donde resulta de notable importancia, a criterio de esta juzgadora, colacionar los pronunciamientos contenidos en la Sentencia de nuestro TSJIB, de 21/12/2021, que resuelve el recurso de suplicación planteado frente a aquélla resolución. Concretamente, el párrafo quinto del fundamento jurídico tercero señala lo siguiente:

"El recurso debe ser estimado por la razón jurídica expuesta. El único despido que ha sido efectuado es aquel del procedimiento originario, del que ha sido extraído por la defensa de la parte demandante una actuación empresarial que ha considerado despido, pero que no tiene este alcance. La sentencia de la Sala revoca el despido de origen de modo que para el supuesto de que el Tribunal Supremo hubiera revocado la sentencia de la Sala, desde ese pronunciamiento judicial firme hubiera sido necesario que constara la opción entre la readmisión y la indemnización. Durante la sustanciación del recurso de casación, tras la sentencia dictada en suplicación, no podía considerarse la existencia de un despido tácito por la comunicación empresarial en función de la sentencia de esta Sala. Y realmente no estamos ante la hipótesis en que el Tribunal Supremo pudiera haber considerado el despido por ausencia repetidas de la trabajadora a su puesto de trabajo como improcedente porque ha sido expresamente inadmitido el recurso de casación por auto".

En consecuencia, la decisión empresarial de dar por finalizada la readmisión de la trabajadora, con efectos de 03/08/2021, no puede calificarse como despido improcedente, y ni siquiera como despido, pues no se ha producido una extinción de la relación laboral, sino una finalización de la ejecución provisional de la sentencia que había declarado la improcedencia del despido. Por lo tanto, desde el momento en que se tiene conocimiento de la firmeza de la sentencia por la que se declara la procedencia del despido, la empresa da por concluida la ejecución provisional que había acordado en base a la sentencia que declaraba la improcedencia del despido.

Por todo ello, esta juzgadora entiende que debe estimarse la falta de acción invocada por la empresa. Y ello con independencia de que, con posterioridad al dictado del Auto de 09/06/2021, el Tribunal Supremo hubiera accedido a aclarar, a petición de la trabajadora, que el término "comercial recurrente" fuera sustituido por "parte recurrente", dictándose resolución a tales efectos el 14/09/2021, puesto que es a partir de la notificación del Auto de inadmisión de la casación cuando las partes toman conocimiento de que la Sentencia de la Sala que declara la procedencia del despido es firme. Pero es que además, y aunque pudiera considerarse que dicha sentencia no alcanza firmeza hasta el 14/09/2021, que es lo que sostiene la parte actora, tampoco tendría cabida la calificación de la decisión empresarial consistente en dar por finalizada la readmisión de la trabajadora, como despido improcedente, puesto que ello no puede servir para desnaturalizar el sentido de dicha conducta, que insistimos, no es otro que dar por finalizada la ejecución provisional que venía cumpliendo en base a la declaración de improcedencia del despido.

En el acto del juicio oral, se hizo especial hincapié por la parte actora, en la falta de comunicación previa a la notificación presencial por parte de la empresa de la finalización de la readmisión. Sin embargo, dicho extremo resulta irrelevante a los efectos de resolver la controversia que se nos plantea, puesto que, de lo que no cabe duda es que la actora fue notificada el 03/08/2021 presencialmente en su domicilio de que la empresa procedería a concluir la readmisión provisional. Una vez firmada dicha comunicación, se procedió a la baja de la demandante en la Seguridad Social en el mismo día. Resulta con ello que la actuación de la empresa es del todo diligente y ajustada a derecho. Asimismo, en cuanto a la manifestación de la trabajadora de que la misma fue obligada a firmar el escrito de la empresa, impidiéndole por la Sra. Guadalupe y el Sr. Bienvenido que llamara a su abogado, así como que asistiera a rehabilitación, no se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar dicho extremo, siendo que además es la propia trabajadora que firma el escrito y hace constar que no esta conforme con el mismo, por lo que no puede entenderse dicho acto como involuntario.

CUARTO.- Prescripción.

Por lo que respecta a la reclamación de cantidad, interesa la trabajadora que por la empresa se le abone el importe de 2.757 euros en concepto de vacaciones devengadas en el año 2017 y 2.879 euros en concepto de vacaciones devengadas en el año 2018.

Frente a ello, la empresa alega la prescripción de dichas cantidades.

Pues bien, teniendo en cuenta que el art. 59.2 del ET prescribe que "si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse", resulta que la reclamación de cantidad en concepto de vacaciones por los períodos de 2017 y 2018 se encuentra sobradamente prescrita, habida cuenta que la papeleta de conciliación ante el TAMIB se presentó el 13/08/2021, esto es, transcurridos dos años, siete meses y doce días desde que pudo reclamarse el importe de las vacaciones de 2017, y un año, siete meses y doce días desde que pudo ejercitarse acción para reclamar el importe de las vacaciones de 2018. A tal efecto, se entiende que el cómputo del plazo de un año para ejercitar la acción se inicia el 01/01/2018 en cuanto al importe de las vacaciones de 2017 y el 01/01/2019, en cuanto al importe de las vacaciones de 2018.

Lo anteriormente expuesto conduce a la desestimación de la demanda.

QUINTO.- Multa por temeridad.

Tanto la parte actora, en su escrito de demanda, como la empresa, en el acto del juicio, han interesado que se imponga a la contraparte una multa por temeridad. Precisar que en la demanda se alude a la imposición de costas por temeridad, lo que no puede obrar, en aplicación de lo dispuesto en el art. 66.3 de la LRJS.

En consecuencia, lo que debe analizarse es el carácter temerario o no en el obrar de la parte actora, puesto que es la parte que ha visto rechazadas sus pretensiones.

El Art. 97.3 de la LRJS establece que la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del art. 75.

La actuación procesal temeraria es la de quien en el proceso hace o dice algo sin fundamento, razón o motivo, en una medida que solo puede considerarse como manifestación de una negligencia o imprudencia excesivas y en su interpretación es necesario un criterio restrictivo a fin de evitar limitaciones desproporcionadas al derecho de acceso a los tribunales, manifestación del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pudiendo imponerse dicha sanción sólo en los casos en que un litigante obra con mala fe o temeridad, actuación que ha de deducirse inequívocamente de la conducta de la parte, refiriéndose la mala fe a la consciencia de la parte sobre la falta de consistencia jurídica de su pretensión, y la temeridad a la ausencia inexcusable de la diligencia más elemental.

Para la imposición de la multa se requiere necesariamente que concurra un plus adicional de temeridad o un grado singularmente relevante de mala fe en la actuación de la parte, pues lo contrario supondría atentar contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente del libre acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales en defensa de sus intereses, siendo por tanto preciso apreciar un comportamiento en el que prime la sinrazón combinada con la falta de unos mínimos de prudencia.

En aplicación del criterio restrictivo antes mencionado, no ha lugar a la imposición de la multa solicitada al demandante, y ello en base a que la sentencia del TSJIB, de 21/12/2021, que se pronuncia sobre el carácter de la conducta empresarial consistente en dar por finalizada la readmisión de la trabajadora, y que también es objeto de controversia en el presente procedimiento, es posterior en el tiempo a la interposición de la demanda en las presentes actuaciones, por lo que puede concluirse que la parte demandante desconocía el parecer de nuestra Sala de lo Social al tiempo de impugnar la decisión empresarial.

Además, puede entenderse que la trabajadora apunta a la falta de firmeza de la resolución de nuestra Sala que declara la procedencia del despido como base para sostener las pretensiones contenidas en su escrito de demanda, de modo que por la misma se efectúa una interpretación que, a criterio de esta juzgadora, es errónea, más no temeraria.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.