Sentencia Social Nº 296/2016, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 923/2015 de 08 de Febrero de 2016

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Encabezamiento


1 Rec. C/ Sent. núm. 0923/2015
RECURSO SUPLICACION - 000923/2015
Ilmo/a. Sr/a. Presidente D/Dª. JAVIER LLUCH CORELL
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. INMACULADA LINARES BOSCH
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ANA SANCHO ARANZASTI
En Valencia, a nueve de febrero de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los/
as Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as citados/as al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 0296/2016
En el RECURSO SUPLICACION - 000923/2015, interpuesto contra la sentencia de fecha 28-11-14,
dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CASTELLON , en los autos 000828/2013, seguidos
sobre incapacidad temporal, a instancia de Fermín , asistido por el Letrado D. Emilio Vicente García Blay
contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, MUTUA VALENCIANA DE LEVANTE MATEP Nº 15 UMIVALE, asistida por el Letrado D. Pablo
Cosin Gandia y ENRIQUE MARTINAVARRO SA, asistida por el Letrado D. Rafael Juan Cerdá Torres y en
los que es recurrente la parte actora, habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ANA SANCHO
ARANZASTI.

Antecedentes


PRIMERO.- La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: 'FALLO: Que con estimación de la excepción de caducidad articulada por UMIVALE, debo desestimar la demanda presentada por Fermín contra INSS, TGSS, UMIVALE, y ENRIQUE MARTINAVARRO SA, absolviendo a los demandados de los pedimentos deducidos en su contra'.



SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes: '
PRIMERO.- El demandante Fermín , prestaba sus servicios profesionales por cuenta y orden de ENRIQUE MARTINAVARRO SA, el 18 de enero de 1998, cuando sufrió un accidente de tráfico al regresar a su domicilio una vez finalizada la jornada laboral.

SEGUNDO.- El demandante causó baja por incapacidad temporal por contingencia común el 18 de enero de 1998.

TERCERO.- La empresa ENRIQUE MARTINAVARRO SA tenía concertada, el 18 de enero de 1998, la cobertura de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias profesionales con UMIVALE.

CUARTO.- Por sentencia de fecha 30 de mayo de 2003 dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, se revocó la de instancia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón, y se indicó en el fallo '...debemos declarar y declaramos que el accidente sufrido por el actor el día 18-1-98 fue consecuencia de accidente de trabajo 'in itinere' y que tiene derecho a que se le abone la prestación económica por incapacidad temporal por dicha contingencia, condenando a las partes demandadas a estar y pasar por esta declaración....'.

QUINTO.- El demandante presentó reclamación previa contra el INSS y la TGSS el 3 de junio de 2013 que fue desestimada mediante resolución de 5 de junio de 2013.

El demandante remitió sendos escritos a ENRIQUE MARTINAVARRO SA y UMIVALE mediante correo con acuse de recibo en reclamación de las cantidades correspondientes a la prestación por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, que fueron recepcionados el 2 y el 3 de mayo de 2013 respectivamente.



SEXTO.- El 12 de julio de 2013 se presentó demanda ante el Decanato de los Juzgados de Castellón y fue repartida a este Juzgado de lo Social. SEPTIMO.- Se reclama por el demandante la cuantía de 5607,69 euros correspondientes a las diferencias no abonadas por los 464 días de baja por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. OCTAVO.- Por UMIVALE se realizó el 7 de noviembre de 2003 una trasferencia bancaria a favor del INSS de Castellón a la cuenta bancaria nº 0093-0525- 0000533711 por importe de 5563,14 euros, indicándose en el concepto '....PAGO ITCC DESDE EL 22/01/98 HASTA EL 27/04/99...'.



TERCERO .- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, habiéndose impugnado por las demandadas MUTUA VALENCIANA DE LEVANTE MATEP Nº 15 UMIVALE y ENRIQUE MARTINAVARRO SA. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente.

Fundamentos


PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2014 por el Juzgado de lo Social número 3 de Castellón por el que estimaba la excepción de caducidad opuesta por la Mutua Umivale, frente a la reclamación instada por D. Fermín contra la citada Mutua e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Enrique Martinavarro S.A, recurre en suplicación el demandante, impugnando el recurso tanto la empresa como la mutua demandadas.



SEGUNDO.- El recurso se presenta a través de un único motivo, redactado al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS , y por el que se dice aplicados indebidamente los arts. 43 y 445.2 LGSS así como la doctrina aplicada en Resolución de la Sala Cuarta de 24 de octubre de 2005.

Sostiene el recurrente que dicha Sentencia resuelve un supuesto distinto al acontecido en el presente caso, pues se refiere a acciones distintas a la ejercitada por el actor, y que encontrándonos ante una sentencia de carácter declarativo dictada por esta Sala de lo Social, por la que se reconocía el derecho al recurrente de percibir prestaciones de incapacidad temporal por contingencia profesional, no son aplicables los citados preceptos, pues no regulan éstos supuestos en los que se solicita el cumplimiento de obligaciones personales declaradas por sentencia firme.

Por todo ello, entiende aplicable el art. 1971 y 1964CC , y la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo fijada en Sentencia de 19/2/1982 , por la que debe concluirse que tratándose de una acción personal parar la que no se ha conferido plazo para su ejercicio, la prescripción debe ascender a 15 años, plazo que no había transcurrido cuando el recurrente reclamó el abono de las cantidades a los demandados.

Los hechos en los que se basa la reclamación ahora examinada son los siguientes: el actor, que trabajaba para la empresa demandada, sufrió en el año 1998 un accidente volviendo del trabajo a su domicilio.

Se le reconoció prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Por sentencia de esta Sala de fecha 30 de mayo de 2003 , se declaró que el accidente sufrido por el Sr. Fermín fue consecuencia de accidente de trabajo 'in itinere' y que tenía derecho a que se le abonase la prestación económica por incapacidad temporal por dicha contingencia.

Presentó el actor reclamación previa ante el INSS y TGSS el 3 de junio de 2013 y sendos escritos a la empresa y mutua demandadas, recepcionados los días 2 y 3 de mayo de 2013, solicitando le fueran abonadas las diferencias entre la prestación de incapacidad temporal satisfecha, derivada de contingencias comunes, y la derivada de contingencia profesional, que se reconoció por esta Sala, todo ello por importe de 5.607,69 euros.

La sentencia de instancia, por aplicación de lo dispuesto en el art. 44.2LGSS y entendiendo que no nos hallamos ante un supuesto de reclamación de reconocimiento de un derecho (abono de la prestación conforme a contingencia profesional), pues dicha cuestión ya fue resuelta por la Sala de lo Social de esta Comunidad, y que por el contrario, lo que se reclamaba era el abono de las concretas cantidades ya reconocidas, declaró caducada la acción, al ejercitarse la misma casi diez años después desde que se dictó la Sentencia.

Y esta Sala ha de desestimar el argumento del recurrente. La Sala Cuarta, en Sentencia de 08/02/2007, Rcud. 4985/2005 , analiza las diferencias entre el plazo prescriptivo del art. 43 LGSS y del plazo de caducidad previsto en el art. 44LGSS , distinguiendo entre prestaciones reconocidas y aquellas que, estándolo ya solo penden de la reclamación de su efectividad mensual por parte del beneficiario. Dispone dicha resolución lo siguiente: ' Nuestra sentencia de 1 de febrero 1999 (Recurso 2019/1998 ) expresaba la anterior afirmación en los siguientes términos: 'La doctrina científica -y también la del Tribunal Central de Trabajo, que era el que conocía de estas materias en régimen de suplicación, al no ser susceptibles de casación por razón de la cuantía- viene precisando, como regla general aplicable a las prestaciones , que tratándose del derecho a cobrar las ya reconocidas, las mensualidades de las periódicas caducan al año de su vencimiento, según resulta de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley , que resuelve el supuesto del pago mensual de prestaciones ya concedidas o reconocidas, o que comenzaron ya a pagarse («concesión» de las prestaciones , dice el artículo 55.1 ); mientras que el artículo 54.1 contempla el caso en que sea preciso decidir si se tiene o no derecho a la prestación, con la retroacción de los efectos del reconocimiento a los tres meses ya dichos en el punto 1 de este fundamento. Esto permite sostener que la caducidad de la pensión periódica supone el previo reconocimiento de la prestación, pues sólo caducan las prestaciones reconocidas'. En el caso enjuiciado hay dos actos de reconocimiento de la prestación: el inicial y el posterior derivado de la aplicación de una nueva base adverada por una resolución judicial y la duda interpretativa deriva de si ha de considerarse que el reconocimiento de nueva cuantía de una prestación equivale a aquel reconocimiento a que se refieren los art.

43 y 44.2 de la Ley General de la Seguridad Social .

El tema ya ha sido objeto de solución en nuestras sentencias de 25 marzo de 1993 y la posterior, dictada en Sala General de 7 de julio de 1993, en la que decíamos que 'Esta Sala ha tenido que enfrentarse reiteradamente a las lagunas legales que con respecto a la regulación de la prescripción existen en la Ley General de la Seguridad Social. Así, en materia de equivocaciones de las entidades gestoras a la hora de reconocer derechos y fijar la cuantía de los mismos a favor de beneficiarios, ha tenido que fijar también el plazo de prescripción con respecto a la devolución de prestaciones o cantidades indebidamente percibidas. Dada la igualdad de supuestos, al tratarse en ambos casos de diferencias originadas por errores de las entidades gestoras, variando sólo la posición de la gestora y beneficiario, que en el caso ahora contemplado es de deudora y acreedor mientras que en esos otros supuestos es de acreedora y deudor, resulta coherente aplicar idéntica solución. Y así, basta remitirse a la Sentencia de esta Sala de 12-2-1992 que, tras un análisis de las Sentencias precedentes de 22 mayo y 15 julio 1986 , concluye que ha de mantenerse la prescripción quinquenal, que es la que establece el art. 54 de la Ley General de la Seguridad Social , aun cuando este precepto se refiera expresamente a la «prestación», y no a la determinación de la cuantía, y también el art.

1966 del Código Civil '.

Tesis la anterior que fue ratificada por la sentencia de 28 de mayo de 2001 (Recurso 4003/2000 ) en supuesto de subsidio por incapacidad temporal y que acogió la de 24 de octubre de 2005, que es en la que basa su decisión el Juzgador de Instancia.

En atención a lo expuesto, lo cierto es que no es posible aplicar el plazo general de quince años que sostiene el recurrente, relativo al ejercicio de acciones personales que no tengan fijado plazo especial para su reclamación, por lo que la tesis del recurrente no se comparte. El actor ejercitó tardíamente su derecho a reclamar las diferencias entre la prestación del Incapacidad Temporal por contingencias comunes y profesionales, tanto por aplicación del plazo de caducidad, como sostuvo el Juez de Instancia, como en el caso de entender que sería de aplicación el plazo prescriptivo del art. 43 LGSS , pues caso de entenderse que la Sentencia de esta Sala de lo Social no reconoció el derecho del actor a lucrar una prestación de incapacidad temporal, pues la misma le había sido reconocida por el INSS y abonada posteriormente, sino que lo que decalaraba era su derecho a percibirla, no con base en contingencia común sino profesional, faltaba por abonar la parte de la prestación que, conforme a dicho reconocimiento, aumentaba su cuantía, de manera que el actor accionaba contra la falta de reconocimiento de una parte del derecho, a través de una reclamación de cantidad.

También en este caso, transcurrió con creces el plazo de prescripción de cinco años fijado por la norma.

Por todo ello, superados con creces tanto el plazo de prescripción como de caducidad examinados, procede desestimar el recurso de suplicación interpuesto, y confirmar la resolución recurrida. Sin imposición de costas al recurrente.

En virtud de lo expuesto

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. Fermín frente a la Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2014 por el Juzgado de lo Social número 3 de Castellón , en autos 828/2013 seguidos a instancia del precitado recurrente frente a INSS, TGSS, Mutua Valenciana de Levante (UMIVALE) y Enrique Martinavarro S.A; y en consecuencia, confirmamos la resolución recurrida. Sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600' ºº ? en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco de Santander, cuenta 4545 0000 35 0923 15. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35 . Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido leída la anterior sentencia por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el /la Letrado/a de la Administración de Justicia, doy fe.

Prestación de incapacidad temporal
Contingencias profesionales
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Contingencias comunes
Plazo de prescripción
Excepción de caducidad
Sentencia firme
Incapacidad temporal
Accidente de trabajo in itinere
Accidente laboral
Reconocimiento de las prestaciones
Prestación económica
Plazo de caducidad
Caducidad
Prescripción de cinco años
Reclamación de cantidad