Sentencia Social 28/2023 Juzgado de lo Social de Palma nº 4, Rec. 891/2018 de 07 de febrero del 2023

PRIMERO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido de la prueba documental y declaración de la propia actora, valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

SE GUNDO.- Alega la demandada tres excepciones procesales: falta de jurisdicción, falta de competencia objetiva, y falta de legitimación pasiva.

En cuanto a la falta de jurisdicción, entiende que son competentes los juzgados y tribunales de Malta, por ser este el país de abanderamiento del buque, y la prestación de servicios se prestó la mayor parte del tiempo a bordo del mismo, que además pasaba largas temporadas navegando por diferentes aguas internacionales.

El reglamento del parlamento europeo 1215/2012 establece en su art. 21 que:

Ar tículo 21

1. Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados:

a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados, o

b) en otro Estado miembro:

i) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado, o

ii ) si el trabajador no desempeña o no ha desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté o haya estado situado el establecimiento que haya empleado al trabajador.

En el presente caso, se ha declarado probado que el la embarcación ha estado amarrada la mayor parte del tiempo en el puerto de Cala DŽOr, Palma de Mallorca, y cuando salía a navegar, lo hacía por aguas nacionales (Islas Baleares) y por aguas internacionales (Italia).

La actora es ciudadana de la Unión Europea, tiene su residencia en Palma de Mallorca, y vino prestando servicios para el demandado, residente alemán, en el buque DIRECCION003 y DIRECCION001 despúes que navegaban bajo pabellón alemán y maltés respectivamente. Ambas embarcaciones han tenido en el puerto de Palma de Mallorca su base y por tanto, su centro de actividad, por lo que los juzgados de Palma de Mallorca son competentes para conocer de las demandas de despido formuladas por los trabajadores que prestan sus servicios en el buque.

De otra manera, se llegaría al sinsentido de entender que la prestación de servicios se desarrolló parte en Alemania (en el establecimiento DIRECCION003) y parte en Malta ( DIRECCION001) cuando en realidad los servicios fueron prestados la práctica totalidad del tiempo en España.

Cabe recordar además, que las normas de atribución de competencia forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y en lo que respecta a litigios relativos al contrato de trabajo, han de ser interpretadas en favor de los intereses del trabajador que es la parte más débil.

A todo ello añadir que la oferta de trabajo se recibió en España, y el contrato se firmó en Palma de Mallorca. En definitiva no cabe duda de que la jurisdicción competente para conocer del presente caso es atribuible a los juzgados y Tribunales Españoles.

Pasando a analizar la segunda de las excepciones procesales planteadas, competencia objetiva del juzgado del orden social, cabe señalar la sentencia del TSJC de 03/02/04 " para determinar la existencia de un contrato de trabajo lo esencial es establecer la concurrencia de las notas de ajenidad y dependencia a las que se refiere el art. 1.1º del ET , esto es, que la prestación de servicios contratada se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto con sometimiento al círculo rector, disciplinario y organizativo de la misma ( STS de 16 de febrero de 1990 ); no siendo suficiente para la configuración de la relación laboral la existencia de un servicio o actividad determinada y su remuneración por la persona a favor de quien se prestan para que, sin más, nazca a la vida del derecho el contrato de trabajo, pues su característica esencial es la dependencia o subordinación del que presta el servicio a favor de la persona que lo retribuye, siendo necesario para que concurra que el trabajador se halle comprendido en el círculo organicista rector y disciplinario del empleador, de modo que si no existe tal sujeción el contrato es meramente civil ( STS de 7 de noviembre de 1985 y 4 de febrero de 1.990 )".

La doctrina unificada, como sintetizan las SSTS/IV 11-mayo-2009 (recurso 3704/2007) y 7-octubre-2009 (recurso 4169/2008) - con referencia, entre otras anteriores, a las SSTS/IV 9-diciembre-2004 (recurso 5319/2003), 19-junio-2007 (recurso 4883/2005), 7-noviembre-2007 (recurso 2224/2906), 12-febrero-2008 (recurso 5018/2005), 6-noviembre-2008 (recurso 3763/2007) --, sobre los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral cabe resumirlos en los siguientes:

" a) La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto.

b) En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. El contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.

c) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra.

d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.

e) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario --y no del trabajador-- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

En el caso de autos, sobre la base de los datos objetivos a partir de la prueba documental aportada y de las declaraciones de la trabajadora, cabe constatar la existencia de relación laboral entre ellos.

Es preciso poner en evidencia que los indicios de laboralidad constatados y que se han hecho constar en hechos probados son los siguientes: 1) el sometimiento de la actora a las directrices, órdenes y supervisión del empresario; 2) la utilización por parte del trabajador de equipos de trabajo propiedad de la empresa para el desempeño de su labor (uso de uniforme de la empresa, productos de limpieza y utensilios proporcionados por el demandado 3) que las cantidades abonadas con periodicidad mensual a la actora por parte del demandado fueron calculadas en función de la horas de trabajo y distribución de la jornada en los diferentes períodos del año; 4) que la actora había prestado servicios como trabajador por cuenta ajena con anterioridad para el actor, en concreto, del 22/05/2016 al 28/02/2017;

Los anteriores indicios son suficientes para deducir que el vínculo jurídico existente entre las partes era de carácter laboral, dado que los mismos denotan la concurrencia de las notas características que configuran la relación contractual descrita en el art. 1.1 TRLET, sin que tales indicios queden desvirtuados por el hecho de que la trabajadora se viera obligada a darse de alta en el Régimen de Autónomos para poder seguir prestando servicios para el actor. El contenido de la relación laboral ha sido esencialmente el mismo cuando se articuló mediante el contrato "mini-job" y cuando se pasó a la figura del denominado "falso autónomo".

Teniendo en cuenta lo razonado procede desestimar la excepción planteada y declarar la competencia objetiva de los juzgados del orden social para conocer de la demanda de despido que nos ocupa.

Pa sando a analizar la excepción de falta de legitimación pasiva o falta de acción frente al demandado, tampoco puede prosperar. Si bien la propietaria formal de la embarcación donde prestó sus servicios la actora es la mercantil NACHTWIND YACHTING LTD, es evidente a la vista de los hechos que se han declarado probados, que la relación laboral se articuló entre el Sr Herminio y la actora, siendo que el primero de los contratos celebrados en fecha 15/09/2016 el demandado contrató a la actora como empleada del hogar en Alemania, y dicha situación se hubo de modificar formalmente al no contar la actora con NIE y domicilio en ese país, decidiendo entonces articular la relación contractual entre ambos mediante la figura del "falso autónomo". Independientemente de la titularidad formal de la embarcación donde se prestaron los servicios, de la prueba practicada se deduce sin duda que la relación laboral se articuló entre el Sr Herminio y la actora.

TERCERO.- En cuanto a las circunstancias laborales del demandante, debe significarse que las mismas derivan de la documentación obrante en las actuaciones, de los que se extrae la antigüedad, el salario y la categoría profesional. Señalar, además, que tales condiciones no han sido rebatidas.

Entrando ya a calificar el despido del que fue objeto la actora, ciertamente ninguna alegación se ha hecho por la demandada ni se ha practicado prueba alguna en orden a acreditar la realidad de la causa genérica en la que el demandado fundamenta el despido. La carta se limita a señalar como motivo de despido que "no puede o no quiere trabajar" siendo que los hechos posteriores a la recepción de la carta demuestran disposición y voluntariedad por parte de la actora para trabajar. En cualquier caso, la carga de la prueba la tenía el demandado y no se ha acreditado

En definitiva, ante la falta de acreditación de la conducta genérica recogida en la carta de despido, la pretensión de improcedencia debe prosperar co n los efectos que disponen el art. 56 del ET y el art. 110 LRJS, condenando al demandado a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a que hace referencia el apartado 2 del art. 56 ET, o, a elección de aquella, a que le abone una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año, ascendiendo la misma a la cantidad de 2.938,36 €.

En cuanto a la reclamación de cantidad interesada en la demanda, habiendo el demandado acreditado el abono de 1.210 € en el mes de agosto, procede estimarla parcialmente reduciendo la reclamación en la referida cantidad; por lo que debe condenarse al demandado a abonar la cantidad de 3.038,46 € euros, más el interés de demora del 10% anual, previsto en el art. 29 ET

CU ARTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , frente a esta resolución puede formularse recurso de suplicación por razón de la materia.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,