Sentencia Social 451/2023 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Social, Rec. 162/2023 de 07 de septiembre del 2023

PRIMERO. La sentencia recurrida desestima la demanda. Describe la resolución judicial de modo preciso la base de su pretensión al sintetizar que estamos ante: "una acción indemnizatoria que fundamenta, desde el punto de vista procesal, en el Art. 2.e) LRJS y desde el punto de vista material, en los Art. 14 y 16 LPRL , así como el Art. 14 . l) TREBEP y en el Art. 5.1 del Real Decreto 39/1997 . Argumenta la parte demandante que el actor ha venido denunciando ser víctima de su continuado proceso de acoso laboral desde el año 2015 sin que por parte de dicha Administración Local se llevase a cabo actuación alguna dirigida a determinar la certeza o veracidad de las manifestaciones del demandante y sin adoptar medida preventiva alguna dirigida a evitar que el clima laboral insano en el que el Sr. Domingo se hallaba afectara a su salud. Consecuencia directa de ello fue, a juicio de la parte actora, que el demandante desarrollara un trastorno ansioso depresivo que motivó la necesidad de tratamiento farmacológico con antidepresivos durante varios meses en el año 2015 y un largo proceso de baja médica en el año 2019. En base a tales razones y aplicando analógicamente las disposiciones sancionadoras contenidas en la LISOS, la parte actora solicita en la demanda la condena del Ayuntamiento de Ses Salines a indemnizar al demandante en la cantidad de 40.985 €" .

Concluye la sentencia en orden a la desestimación de la demanda como: "El examen de la numerosa documental aportada por las partes así como la valoración de la declaración testifical prestada por D. Isidoro llevan al Juzgador a concluir que si bien se constata una situación de conflicto del actor con el Ayuntamiento de Ses Salines como institución, con las personas que sucesivamente han venido desempeñando el cargo de Alcalde y, según se evidencia de los informes psicosociales elaborados por el servicios de prevención externo Previs, con el resto de los trabajadores y funcionarios que prestan servicios en las oficinas municipales, no concurre en el presente caso una situación objetiva de acoso laboral de la que el actor sea o haya sido víctima, sin perjuicio de que la percepción subjetiva que él posea sea distinta".

SEGUNDO. La parte recurrente en primer término solicita la revisión de los hechos probados en función del apartado b) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, para proponer nueve revisiones que considera fácticas.

Conforme al artículo 196 de la LRJS, según su apartado tercero, es obligatorio señalar "de manera suficiente, para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca"; es decir, aun cuando la sentencia considere probados los elementos fácticos en base a pruebas de diferente origen -documentales, periciales, testificales o interrogatorios- el recurso debe estar fundamentado exclusivamente en pruebas periciales o documentales, y además que pongan de manifiesto la equivocada descripción fáctica, por ser una premisa legal ineludible para que prospere el recurso de suplicación en la vertiente fáctica.

Propone el recurso la siguiente adición como hecho 3 bis: "Que el día 1 de abril de 2015 el actor dirigió escrito a la entonces Alcaldesa , que fue recibido el 7 de abril de 2015, en el que se decía "Si a més afegim el clima d'assetjament laboral que estem patint per part dels nostres superiors, amb succesives ordres de batlia en que se'ns donen terminis de realització de feines extremadaments curts i gairebé impossibles de cumplir, junt amb advertències de que les nostres actuacions serán avaluades... " para tratar de evidenciar que ya el 1 abril 2015 denunció ante la entonces Alcaldesa la existencia de un clima de acoso laboral por parte de sus superiores, para invertir el sentido del fallo judicial, puesto que el Ajuntamiento demandado no había dado cumplimiento a la normativa en materia de prevención de riesgos; y para fijar la fecha desde cuándo "a su entender" era una situación de acoso. Cabe su referencia expresa, sin perjuicio de su trascendencia, puesto que, ciertamente, el hecho debe ser relacionado con todos los hechos declarados judicialmente como probados, en una exhaustiva descripción realizada judicialmente mediante la consignación precisa de 38 hechos sucesivos.

Además, la parte recurrente trata de remontar el enjuiciamiento a aquella anualidad de 2015, y al respecto debe tenerse en consideración que la demanda no fue presentada de modo inmediato, y durante este periodo constan las actuaciones recogidas en la sentencia a lo largo de la descripción de la serie de hechos probados judiciales. Su alcance debe ser sopesado atendiendo no solo al hecho pedido sino a todos aquellos realizados por la entidad y relacionados con la prevención de riesgos.

Seguidamente, y utilizando la misma técnica, propone añadir como hecho 4 bis la siguiente incorporación de índole fáctica: "El día 17 de abril de 2015 se dispuso por parte de la Sra. Alcaldesa la apertura de instrucción de información reservada en relación a la apertura de expediente disciplinario a D. Domingo y Doña Visitacion, arquitecto y arquitecto técnico municipales de Ses Salines, encomendado informe al letrado D. Andrés Castell Feliu" , teniendo cabida también conforme a la resolución de Alcaldía de 13 mayo 2015, para tener una total panorámica fáctica, como las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento demandado tras las denuncias presentadas por el recurrente. Señala la propia parte recurrente como ya en el hecho 4 señala que el día 10 abril 2015 fue cesado como Cap d'Urbanisme, y el 17 abril 2015, disponiendo la Alcaldesa la apertura de instrucción de información reservada.

En cuanto a la adición de un hecho 5 bis solicita la siguiente redacción: " En fecha 17 de septiembre de 2015, se procedió a la convocatoria de una bolsa de trabajo de arquitectos "per cobrir les possibles necessitats urgents de provisió de places..." En fecha 29 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Ses Salines dirigió correo a la entidad Aseguradora ASEMAS solicitando la baja del Sr. Domingo en la póliza que cubre la responsabilidad civil del trabajo del Sr. Domingo para el Ayuntamiento" , deviniendo -y por ello no existe objeción para su referencia- de la convocatoria de las bases específicas para la creación de una bolsa de trabajo de arquitectos, personal funcionario interino del Ayuntamiento de Ses Salines y correo recibido de ASEMAS. Si bien debe recordarse que el objeto del procedimiento es determinar si el Ayuntamiento incumplió o no la normativa de prevención de riesgos laborales.

En relación con la siguiente propuesta, solicita un nuevo hecho 5 ter: "Según se establece en la propuesta de resolución del instructor del expediente disciplinario tramitado al recurrente y a Dª Visitacion del Rey, de 5 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Ses Salines informa el 9 de julio de 2015 "la inexistencia d 'un expedient intern d'assetjament laboral tramitat a nivell intern en relació al Sr. Domingo" y la empresa Previs que asesoraba al Ayutamiento en el ámbito de prevención de riesgos laborales « informà que l'Ajuntament no disposava de protocol d'acutacions específic però que tampoc se l'havia requerit d'actuar perque no constava cap sol.licitud.

De la misma forma en dicha propuesta de resolución consta que el Secretario Municipal "manifestà que el clima laboral era de controversia i que allò afectava inevitablemente el normal funcionament de la Corporació". También se dice en dicha resolución "a les declaracions de les funcionaries Olga, Salvadora i Socorro (dos. Núm 52, 53 i 54 de la relació) no es fa un pronunciament explícit sobre si existía assetjament laboral, encara que si era evidente un clima enrarit i propi d'una situació de controversia i desencontre como era l'existent entre els funcionaris i responsables municipals i els interesats en els moments previs a la iniciació de l'expedient disciplinari".

Al estar basada la adición fáctica postulada propuesta en la resolución presentada por el instructor del expediente disciplinario tramitado, procede su referencia, sin perjuicio de su alcance e interpretación. Ni por la sentencia recurrida, ni por el Ayuntamiento, el Secretario y el personal era desconocido que el clima laboral era de conflicto y que el Ayuntamiento demandado. Datada la situación en 2015, por ello, deben tenerse presentes las restantes circunstancias probadas que posteriormente han tenido lugar, como el protocolo de acoso fue desarrollado en agosto/septiembre de 2018.

Solicita asimismo la adición al hecho probado 12 el siguiente texto: "En el escrito de 7 de mayo de 2018 el actor decía "Em crea una gran inseguretat i angoixa . No puc acreditar haver realitzat la comunicació dels meus actes quan el destinatari es nega a rebre' o signar el rebut. Ja he estat sancionat precisament per falta greu de "falta de comunicación d'actes" bassant-se l'Ajuntament en que no s'ha pogut acreditar la entrega de les actes i amb aquesta ordre segueixo estant exposat a que se me sancioni pels mateixos fets". El día 29 de agosto de 2018 el actor remitió a D. Humberto, Alcalde, correo en el que entre otras cosas decía: "Abans de l'expedient disciplinari jo tenia accés al servidor d'urbanisme i a Absis (com tots els meus companys) i amb el meu retorn se m''ha limitat l'accés. Ja he posat de manifest moltes vegades aquest tracte discriminatori... Humberto saps que fa anys que estic patint una persecució... Jo pensava que en tornar, la represàlia s'hauria acabat pero no ha estat així...."

Del mismo modo debe aceptarse que con respecto a las propuestas precedentes, con independencia de su repercusión efectiva. Forma parte la comunicación de la perspectiva personal que la resolución judicial ha situado en una dimensión diferente a la pretendida por el recurrente. Los párrafos pedidos pueden ser incluidos al venir en el documento 32 y 33 aportado; no obstante, la sentencia en el hecho 12 ya contiene el siguiente tenor literal: "Mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2018 el actor solicitó la derogación de la orden de servicio de la Alcaldía de 30 de marzo de 2015. Dicha petición fue rechazada mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2018 en el que se hace constar que la citada orden de servicio se hallaba en vigor para todos los funcionarios del Ayuntamiento".

La siguiente adición es al hecho 17 con el siguiente texto: "En el examen de salud laboral emitido por Previs el 15/11/2019 que concluyó la aptitud del actor consta en el apartado "enfermedad actual" "reincorporación tras IT de 9 meses. Tras síndrome ansioso depresivo por acoso laboral pendiente de juicios" y en el apartado "recomendaciones al Trabajador consta "Acoso laboral. Persista en los controles que realiza con sus especialistas". Aspecto que es tratado expresamente en la sentencia o al menos es tenido presente para delimitar su alcance. Y además el hecho 17 incluso establece como En fecha 15 de noviembre de 2019 el servicio de prevención de riesgos laborales Previs emitió informe declarando al actor apto para su puesto de trabajo habitual. Dicha calificación se reiteró en el informe de 6 de julio de 2020. No solo una conexión entre la patología padecida y la situación de conflicto puede trasladarse a la demandada, en la medida que el procedimiento y pretensión requiere trasladar a la demandada un incumplimiento grave de la LPRL.

A continuación, propone la modificación del hecho 20, interesando introducir al texto del hecho judicial que: "fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el día 10 de septiembre de 2018. El protocolo de acoso fue puesto a disposición del personal por escrito de 3 de octubre de 2020. Se da por reproducido el protocolo que obra al documento que obra al documento 13 del ramo probatorio de la demandada y 60 del ramo probatorio del demandante"; sin que exista inconveniente según comunicación dirigida por el Ayuntamiento demandado a su personal, si bien el hecho judicial ya refiere como "En diciembre de 2017 el servicio de prevención de Previs confeccionó una propuesta de protocolo de prevención de riesgos psicosociales cuyo objeto era prevenir y actuar ante quejas en materia de acoso o de situaciones que puedan ser catalogadas como de acoso psicológico, acoso sexual o acoso por razón de sexo. Dicha propuesta fue formalmente adoptada en agosto de 2018" .

Y al respecto del hecho probado 27 pide sustituir "del que resulta la percepción del actor de sufrir acoso" por "con el resultado de percepción de alta probabilidad de padecer acoso. Se requiere una exploración individual más a fondo para valorar el caso. Riesgo de cuadro psicopático. El resultado de dicho cuestionario consta en el anexo a la evaluación específica de riesgos psicosociales de febrero de 2020". Y aun cuando puede matizarse el hecho, realmente subyace la necesidad de un seguimiento en función de la percepción que el demandante tiene".

Conviene recordar como el artículo 97.2 de la LRJS ordena que judicialmente sean valorados todos los elementos de convicción, declarándose expresamente en la sentencia los hechos que estime probados, ostentando por ello una amplia facultad para sopesar todo el material probatorio practicado en la instancia judicial, de modo que obtenida una conclusión debe prevalecer el criterio judicial frente a la posición de una parte.

Y así, la jurisprudencia reitera - así, desde la sentencia de 24 mayo 2000 del Tribunal Supremo- señala que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer puesto que sería como subrogarse la parte en la labor jurisdiccional.

El hecho probado 27 es el que sí establece la conclusión judicial, que debe ser respetada, salvo error evidente, que no es caso. "Tras recibir el alta médica, se entrevistó con D. Carlos María técnico superior de prevención d riesgos laborales que elaboró evaluación específica de factores psicosociales de marzo de 2019. El demandante, cumplimentó el cuestionario, sin perjuicio de la percepción de alta probabilidad de padecer acoso, y requerir "una exploración individual más a fondo para valorar el caso. Riesgo de cuadro psicopático", cuyo resultado del cuestionario consta en el anexo a evaluación específica de riesgos psicosociales de febrero 2020. Y cierto que demandante manifestó a D. Carlos María "sentirse acosado y a disgusto con algunas personas en el Ayuntamiento" .

Por último, pide la modificación del hecho 37 en los siguiente términos: "fue derivado por su MAP" sea añadido el texto "quien le prescribió mediación antidepresiva", "añadió Deprax para dormir", y "según informó el Dr. Ezequias el Sr. Domingo era muy vulnerable a estresores psicosociales mínimos relacionados con el trabajo y con la situación laboral que describe y que es compatible con acoso laboral" , pudiendo aceptarse que lo que viene a reflejar de por sí es cómo es la personalidad del demandante y el grado de susceptibilidad en el entorno laboral.

Mas el hecho constata el estado del demandante con las siguientes circunstancias, incluso no discutidas en el recurso: "El demandante, con antecedentes de síndrome ansioso depresivo que datan del año 2008, en diciembre de 2018 fue derivado por su MAT, quien le prescribió medicación antidepresiva, a la USM de Cruz Roja en febrero de 2019 siendo visitado por psiquiatría y psicología. En febrero de 2019 el demandante presentaba trastorno adaptativo con síntomas mixtos. A su llegada relató un problema con el entorno laboral que describió como acoso en el trabajo, presentando ansiedad, agorafobia, insomnio, dificultad para concentrarse, alteraciones cognitivas, ideas obsesivas en torno a conflicto laboral con labilidad emocional. La USM pautó tratamiento con antidepresivos. En el año 2019 el demandante acudió a consulta del psiquiatra Dr. D. Ezequias quien aumento paroxetina a 30 mg y añadió Deprax para dormir. Desde el año 2019 y hasta el 2021 la patología sufrida por el actor mejoró, recibiendo el alta médica de la USM en abril de 2021, si bien mantiene medicación antidepresiva. Previamente en 2015 le fue pautado durante 6 meses tratamiento con antidepresivos". Y las consecuencias a las adiciones fácticas postuladas han sido valoradas judicialmente a efectos de la normativa de PRL aplicable.

En efecto, como premisa jurídica inevitable, el presente procedimiento tiene esencialmente como objeto la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, que requiere en su caso haya generado un incumplimiento de suficiente entidad que determine a su vez la obligación de la demandada a una sujeción efectiva de la actividad preventiva en el centro de trabajo, y para el supuesto de efectiva demostración lleve consigo el resarcimiento de daños y perjuicios, que es la petición final contenida en la demanda.

TERCERO. Y desde el plano jurídico, el recurso presentado articula un bloque de motivos jurídicos conforme al apartado c) del artículo 193 de la LRJS, que impone al recurrente la carga no solo de citar debidamente los preceptos sustantivos, y en su caso la jurisprudencia que hubieran sido vulnerados por el fallo de la sentencia, sino razonar la fundamentación de los motivos, debiéndose razonar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el objeto procesal litigiosos, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución judicial.

El recurso tiene por objeto textualmente "denunciar la infracción del artículo 14. Y 14.2, 15.1 y 4 y 16.2 b y 16.3 de la LPRL en relación con el artículo 14.1 del EBEP, y todos ellos en relación con el artículo 1101 del Código Civil".

La parte recurrente llega a aceptar que "sin perjuicio de la existencia o no de acoso" que sea declarado que el Ayuntamiento demandando ha incumplido las obligaciones que en materia preventiva y sea condenado al abono de la indemnización.

Es argumentado en el contenido del recurso que había denunciado por cuestiones urbanísticas a los máximos responsables del Ajuntamiento. Que existe un informe emitido por un Letrado de 2015 que recomendaba realizar un análisis de prevención. En el marco del expediente disciplinario en 2015 denunció que "desde hace tiempo" padecía acoso laboral. Ya el Secretario y las funcionarias manifestaron que existía un clima laboral enrarecido. Que solo contó con un protocolo de acoso en agosto de 2018. Y fue cesado Cap d'urbanisme, y la Alcaldesa dispuso la apertura de instrucción de información reservada en relación a la apertura de expediente disciplinario.

Además, fue convocada la cobertura de plazas de arquitecto, y fue comunicada a la entidad aseguradora la baja en la póliza de responsabilidad civil. Por Decreto de la Alcaldía fue acordado imponer al recurrente una sanción disciplinaria. Estuvo en tratamiento con antidepresivos durante 6 meses en 2015. Antes de la reincorporación, fue realizada una evaluación de riesgos psicosociales en los que los trabajadores de las oficinas municipales, pero manifestaron su malestar psicológico por la futura reincorporación. Y en marzo de 2018 fue destinado al Centro Cívico ubicado en la Colonia de Sant Jordi en función de la evaluación de riesgos psicosociales efectuada en marzo de 2018, pero sin la intervención del recurrente y en favor de los restantes trabajadores municipales.

Además, en diciembre de 2018 presentó comunicación de riesgo psicosocial, en el marco del protocolo de acoso. El equipo mediador solicitó a la Alcaldía ser asesorados por Previs, y fue aceptado por el Alcalde. Previs elaboró una evaluación específica de riesgos psicosociales sin que conste ninguna actuación por parte del Ayuntamiento.

Que estuvo en situación de IT entre el 10 enero y el 11 octubre 2019, siendo la causa de la baja trastorno de ansiedad secundario a problemas laborales

Que el 14 octubre 2019 el recurrente solicitó al Ayuntamiento realizara una evaluación de riesgos psicosociales. Y el equipo mediador acordó paralizar la tramitación del protocolo de acoso hasta que el recurrente fuese entrevistado por Previs y completase la evaluación de riesgos emitiendo informe con las recomendaciones, pero sin que llevase a cabo actuación de la protección de su salud.

En el examen de salud laboral emitido por Previs concluyó la aptitud del "enfermedad actual" "reincorporación tras I de 9 meses. Tras síndrome ansioso depresivo por acoso laboral pendiente de juicios" y en el apartado "recomendaciones al Trabajador consta "Acoso laboral. Persista en los controles que realiza con sus especialistas". Cumplimentó el cuestionario LIPT 60, con el resultado de percepción de alta probabilidad de padecer acoso. Se requiere una exploración individual más a fondo para valorar el caso. Riesgo de cuadro psicopático, sin llevar a cabo "una exploración individual más a fondo para valorar el caso", ante el riesgo de cuadro psicopático.

Solicitó autorización para realizar su trabajo en la modalidad de teletrabajo, autorización que fue dada. Y admite que ha dado cumplimiento a la elaboración de una RLT el 24 de noviembre de 2020.

Pero concluye que, según estos hechos, el Ayuntamiento demandado ha incumplido con su deber de salvaguarda y protección de la salud ante sus reiteradas denuncias de sufrir acoso, la existencia de una conocida situación de conflicto, y que "no tan solo debe contar con evaluaciones de riesgo y planes de prevención, sino que debe aplicarlos y adoptar las medidas concretas que se establezcan y llevar a cabo un seguimiento"

Vistas las precedentes alegaciones, cabe resaltar de entrada que, aun cuando el escrito del recurso ha realizado una pormenorizada recapitulación de la situación del demandante que afirma padecida, los hechos judiciales vienen consignados vienen pormenorizados desde la instancia, remontándose estos hechos judiciales a la anualidad de 2015. Contiene la sentencia una detallada relación de hechos, que abarca todo el periodo temporal enjuiciado, de modo completo tanto de aquellos hechos relacionados con el desempeño de su profesión -y reiterados en el recurso- sino también con las actuaciones en materia preventiva, que sí han tenido lugar según la perspectiva judicial pero que son objeto de personal discrepancia por la parte demandante.

Y, frontalmente, debe advertirse que el recurso de suplicación no es un recurso de apelación en que sea dable una valoración conjunta de la prueba practicada. Como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2000, el recurso de suplicación es de carácter extraordinario, nítidamente diferenciado de una segunda instancia o de apelación, circunstancia que el Tribunal Supremo ha venido reconociendo desde la sentencia de 26 de enero de 1961 teniendo, además, una naturaleza casacional, como ha puesto de relieve repetidamente el Tribunal Constitucional, -sentencias 3/1983, de 25 de enero, 79/1983, de 3 de julio y 117/1986, de 13 de octubre-, al declarar que la naturaleza del recurso de suplicación no dista de la casación más que en lo relativo a la cuantía de la pretensión y en determinados aspectos procedimentales que no alteran aquella sustancial identidad.

Mas debe ser precisado el objeto litigioso propio de la demanda presentada y que concierne a un procedimiento en materia de prevención de riesgos laborales, que es la cuestión esencial que puede ser tratada judicialmente. En esta dirección, en atención a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero 2021, la competencia judicial alcanza a conocer nuclearmente a las posibles infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Ha de recordarse también que el demandante es funcionario público, habiéndose trasladado a la jurisdicción social este tipo de contienda pese al tipo de personal afectado.

También debe señalarse que ha de dilucidarse no solo si la infracción en materia de prevención de riesgos laborales ha devenido acreditada sino de suficiente entidad para calificar el incumplimiento preventivo como grave, y que, además, en caso de acreditación del acoso, comportara una responsabilidad económica a modo de indemnización.

Por añadidura, referir como conceptualmente en este tipo de procedimiento -en materia de PRL- no puede encajar el tratamiento y revisión de todo tipo de conflicto laboral, demorado en el tiempo, como en parte viene a traslucirse en este enjuiciamiento. Y ello por cuanto la propia ley jurisdiccional social prevé la configuración de procesos específicos para discernir los diferentes conflictos laborales que pudieran suceder, y que tienen cada uno de ello perfiles distintos, como son a modo de ejemplo, los procedimientos ordinarios declarativos de derechos. Cuando, sin duda, este tipo de problemática -al ser un funcionario- la jurisdicción competente sería la jurisdicción contenciosa administrativa.

No es admisible -pues vendría a desbordarse su ámbito propio- que al hilo del tratamiento de la materia de prevención de riesgos laborales sean introducidos todos los conflictos habidos entre el demandante y el Ayuntamiento. Las normas procesales prevén una delimitación y correspondencia entre el objeto litigioso presentado -a dilucidar- con los correspondientes procedimientos y jurisdicciones.

Y al mismo tiempo establece una normativa inevitable de índole temporal que impide -por el transcurso del tiempo- sean suscitadas indefinidamente cuestiones pendientes, y que tratarían de ser acumuladas, aspecto temporal que incluso es admitido puesto que es la propia parte demandante sitúa en la anualidad de 2015.

Por ello, para encuadrar la normativa a tener en consideración, debe acudirse a las normas aplicables a efectos de la debida clarificación del ámbito jurídico propio del presente enjuiciamiento, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 noviembre 1.995. Establece ciertamente como principio general en su artículo 14.1 como los trabajadores tiene derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, comportando la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, de modo que viene a configurarse el sistema de prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Su artículo 15 ahonda en los principios generales, aun cuando viene a describir métodos concretos de actuación, al referir: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Su apartado 3º impone, además, la obligación de garantizar la información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

Al respecto, el Ayuntamiento -como parte recurrida- considera que ha quedado acreditado como ha sido realizada suficiente actividad preventiva, cuando menos desde el año 2013 con la evaluación del puesto de "trabajos técnicos" que comprendía su puesto y también en el año 2015 con la realización de la evaluación de riesgos psicosociales a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Continuó en el año 2017 con la propuesta de protocolo de prevención de riesgos psicosociales, una segunda evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores, sesión formativa en materia de prevención de riesgos laborales en situaciones de acoso en 2018, y la evaluación inicial de riesgos y planificación de la actuación preventiva en las oficinas municipales en el Centro Cívico de la Colonia de Sant Jordi, la actuación en casos de emergencia, y el equipo mediador ha dado cumplimiento al protocolo de prevención de riesgos psicosociales. Así lo reflejarían también las actas de reuniones celebradas por el equipo mediador, de 15 octubre 2019, con las recomendaciones recogidas en el informe del equipo mediador de 3 marzo 2020. Además, tras las recomendaciones de la Evaluación Específica de Factores Psicosociales de marzo 2019 y su Anexo es reubicado en las oficinas del Centro Cívico de la Colonia de Sant Jordi tras su reingreso, y por orden interna de Alcaldía son encomendados 25 proyectos coincidiendo con las recomendaciones, existiendo una comunicación.

Y en orden a resolver el recurso, tiene que destacarse que el examen debe partir de los hechos que sí constan probados. Por tanto, resulta preciso indicar que no es procedente la valoración a efectos del recurso de referencias con perfil fáctico que no vengan estrechamente relacionadas con la descripción fáctica contenida en el apartado correspondiente de la sentencia. Tampoco deviene ajustado que ciertos incisos contenidos en pruebas o informes obrantes en el procedimiento, y que pudieran ser interpretados a favor de la tesis del recurrente, los mismos sean determinantes para la revocación de la sentencia, puesto que la sentencia está asentada en los factores principales recogidos en los hechos probados. No es dable sustituir, con estas premisas, el criterio judicial fundamentado en el conjunto de las pruebas practicadas por la visión de la parte recurrente.

Y no existen motivos para la revocación de la sentencia en la medida que:

-El Ayuntamiento tiene concertada la realización de las actividades referente a la prevención de riesgos laborales con el servicio de prevención ajeno de riesgos laborales Previs.

-El servicio de prevención Previs en fecha 18 noviembre 2013 llevó a cabo la evaluación del puesto de trabajo "trabajos técnicos", que comprendía los puestos de trabajo de arquitecto/aparejador.

-En diciembre de 2015 Previs realizó una evaluación de riesgos psicosociales a todos los trabajadores.

-En diciembre de 2017, Previs llevó a cabo una propuesta de protocolo de prevención de riesgos psicosociales cuyo objeto era prevenir y actuar ante situaciones que pudieran ser catalogadas como acoso, que fue implantada en agosto de 2018 y que configura de las conductas a prevenir proponiendo, dentro de las medidas dirigidas a combatir las situaciones de acoso, la creación de un equipo mediador responsable de la gestión del procedimiento.

-En noviembre de 2018 se constituyó el equipo mediador y Previs impartió como servicio de prevención externo una sesión formativa en materia.

-En marzo de 2018, antes de que regresara al desempeño de su actividad tras el cumplimiento de la sanción disciplinaria impuesta, Previs efectuó una evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores del Ayuntamiento. Y fue acordado destinar a las oficinas en el Centro Cívico de la Colonia de Sant Jordi.

-El 5 diciembre 2018 Previs llevó a cabo una evaluación inicial de riesgos y planificación de la actuación preventiva en las oficinas municipales de la Colonia de Sant Jordi. El informe recomendó el empleo de un ordenador convencional, no de un ordenador portátil que cumpla las características que establece el R.D. 488/1997.

-El 10 de diciembre de 2018 el demandante presentó una comunicación de riesgo psicosocial por acoso laboral. Reunido por vez primera el equipo mediador previsto para situaciones de acoso, "dos funcionarios declinaron integrarse".

-Hallándose el demandante en situación de IT, en marzo de 2019 Previs elaboró una evaluación específica de factores psicosociales dirigida específicamente a evaluar la situación psicosocial y recoge el resultado de la entrevista realizada a un total de 11 trabajadores del Ayuntamiento.

-El 15 octubre 2019 el demandante solicitó del Ayuntamiento autorización para desempeñar sus funciones profesionales mediante la modalidad de teletrabajo, petición que fue concedida.

-El equipo mediador remitió al Ayuntamiento informe con las propuestas del anexo a la evaluación específica de factores psicosociales. Advierte la sentencia com "poco después, todos los miembros del equipo mediador dimitieron de su cargo alegando que desde hacia tiempo se dirigía a ellos mediante mensajes remitidos a sus correos electrónicos particulares". "La habitualidad de tales mensajes así como el contenido de éstos, condujo a que los miembros del equipo mediador, ninguno de los cuales tenía relación con el demandante, se sintieran coaccionados y decidieran cesar en el desempeño de dicha función". "Nadie desde entonces ha aceptado formar parte de dicho equipo".

-El 15 de noviembre de 2019 Previs emitió informe declarando al actor apto para su puesto de trabajo habitual, calificación que fue reiterada en informe de 6 de julio de 2020.

Acreditados todas estas circunstancias, sin perjuicio evidentemente de que sea distinta la perspectiva personal que pueda tener respecto de la situación que afirma padecida, su óptica de parte lógicamente no puede prevalecer sobre la resolución judicial correctamente fundamentada. Ante los argumentos expuestos por la parte demandante, debe recordarse la prevalencia de la valoración judicial, salvo que exista un error patente. Deriva esta prevalecía de valoración judicial de la prueba practicada en instancia en la medida que ha sido emitida conforme al principio de inmediación, que conlleva una mayor cercanía a la prueba practicada en el juicio oral con oralidad y concentración en orden a la búsqueda de la realidad a subsumir en la normativa de aplicación. Y la sentencia ha tenido en cuenta la serie de pruebas practicadas, sin que figure como desacertada la decisión judicial tomada en instancia.

En efecto, la sentencia debe ser ratificada por cuanto, tras el análisis de la normativa de prevención de riesgos laborales, no comete los errores atribuidos por la parte recurrente, y ello en función de los hechos que sí han sido acreditados. Debe ser destacada la fundamentación, con los motivos que contiene, con la recapitulación efectuada en sus fundamentos.

Y, por añadidura, a tenor de los anteriores hechos, tampoco ha sido verificada la existencia de acoso en el trabajo, siendo la "convicción judicial clara especialmente a raíz de la reincorporación del actor al desempeño de sus funciones en marzo de 2018". En efecto, resultando una percepción subjetiva que tiene, las declaración del testigo o del Dr. Ezequias no convierten en objetiva la situación percibida sino viene acompañada de hechos que demuestren la culpabilidad de la demandada. En este sentido, no todo conflicto que haya vivido, que pueda dar lugar un trastorno adaptativo mixto, aun con seguimiento en psiquiatría y psicología de la USM y a tratamiento farmacológico con antidepresivos, puede ser trasladada la responsabilidad a la demandada.

Añadir a los hechos recogidos anteriormente, como el demandante, que venía desempeñando el cargo de Cap d`Urbanisme del Ayuntamiento desde mayo de 2013, fue cesado en abril de 2015, pero el cargo, como señaló la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 19 noviembre 2020 era un cargo de designación política basada en la confianza.

Respecto a que Ayuntamiento inició en fecha 13 mayo 2015 expediente disciplinario y que concluyó mediante Decreto de la Alcaldía de 13 de noviembre de 2015 que acordó imponer al demandante una sanción de suspensión de empleo y sueldo, ha impugnado la sanción ante los órganos de la jurisdicción contencioso- administrativa.

Cumplida la sanción disciplinaria impuesta y reincorporado al servicio activo el 28 marzo 2018, fue adscrito de forma provisional a la plaza vacante de arquitecto municipal con funciones de redacción de proyectos y planeamiento municipal, plaza de reciente creación. Impugnó judicialmente la resolución administrativa de la plaza dando lugar un procedimiento que concluyó con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de fecha 12 mayo 2021, que acordó desestimar la demanda.

El reingreso fue destinado a la localidad de la Colonia de Sant Jordi y su despacho en las dependencias municipales sitas en el Centro Cívico, pero no consta que fuera para "anular personal y profesionalmente" al demandante puesto que en marzo de 2018 Previs realizó una evaluación de factores psicosociales entre los trabajadores/funcionarios del Ayuntamiento. Como razona la sentencia recurrida "los resultados de dicha evaluación fueron ciertamente, devastadores y reflejan la existencia de una situación de conflicto entre el actor y la totalidad del personal que prestaba servicios en las oficinas municipales sitas en Ses Salines" y "suponía alejarlo de un potencial y probable foco de conflicto". Además, "en los numerosos correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, tras su reincorporación, intercambió con el nuevo Alcalde como con un funcionario municipal "no se advierte queja" sino por las dificultades materiales que encuentra para desarrollar su actividad.

En suma, del examen de la prueba documental aportada y la declaración testifical, pese a la evidente situación de conflicto con el Ayuntamiento "y con las personas que sucesivamente han venido desempeñando el cargo de Alcalde", mas teniendo presentes los informes psicosociales elaborados por el servicio de prevención externo, no concurre en el presente caso una situación objetiva de acoso laboral, sin perjuicio de que la percepción subjetiva que él posea sea distinta.

Por consiguiente, no concurriendo una vulneración de las normas en materia de prevención del riesgo psicosocial por parte del Ayuntamiento que haya generado un daño, debe entender que el proceso de IT, aun siendo contingencia de índole profesional, sin embargo, no cabe extrapolar o ampliar las consecuencias de esa calificación. Sin duda, no todo proceso de IT lleva aparejado un incumplimiento de las medidas preventivas que derive en la vulneración de derechos fundamentales. En efecto, puede calificarse un proceso de IT como profesional, aun vinculado al ámbito profesional, pero no significa inexorablemente una responsabilidad empresarial. Ya sea en materia de prevención de riesgos ya sea en supuestos de responsabilidad civil por accidente de trabajo. Han existido una serie de actuaciones que no sirven para fundamentar con solidez la posición mantenida por la parte demandante de condena en esta materia específica de prevención de riesgos.

En definitiva, los defectos atribuidos por la parte recurrente en cuanto a la valoración judicial contenida en la sentencia no pueden conllevar la revocación de la sentencia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,