Sentencia Social 115/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 310/2020 de 01 de octubre del 2024

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Con carácter previo, antes de entrar a valorar el fondo del asunto, es preciso dar contestación a las excepciones alegadas por las codemandadas. Se sostiene por todas ellas, en primer lugar, que el sindicato demandante carece de legitimación activa.Se afirma, de este modo, que la CNT es una suma de confederaciones con autonomía y CIF propio y que el Secretario General no puede arrogarse la representación del sindicato sin la existencia de un proceso democrático previo en los términos previstos en los Estatutos de la CNT. Esto es, que el Secretario General no tiene representación suficiente a los efectos de reclamar la tutela de derechos fundamentales pues faltaría la intervención y aprobación de las estructuras regionales previstas en los Estatutos.

Ha resultado no controvertido que el Sindicato demandante otorgó representación para la defensa de sus intereses a instancia del Secretario General de la CNT. Y en los Estatutos de la CNT se prevé específicamente lo siguiente en relación a las funciones de las secretarías del Secretariado Permanente del Comité Confederal: "a) Secretaría General. Representa legal y públicamente a la CNT. Coordina el trabajo del secretariado permanente y sustituye a las secretarias en caso de ausencia. Asiste a los comicios por su cargo pero sólo a título informativo, independientemente de que pueda asistir como delegado de su sindicato. Ostentará poder notarial para representar a la CNT en todos los aspectos legales que se presenten".

Esto es, el Secretario General ostenta la representación legal de la CNT. Y en el ejercicio de tal representación legal otorga un poder para el ejercicio de la acción de tutela de derechos fundamentales.

Recordemos a este respecto que la federación de un sindicato posee legitimación activa procesal ad processum, teniendo en cuenta su función genérica de defensa de los intereses de los trabajadores y no solo de sus afiliados, respecto a los derechos de ejercicio colectivo ( art.28 CE y art.17 LRJS) . Y la concurrencia de un interés legítimo es la que otorga la legitimación ad causam; interés legítimo que ha de apreciarse en el presente supuesto en el que se reclama la continuada actuación de entidades desfederadas utilizando la denominación, siglas y símbolos registrados por el Sindicato demandante.

A ello debe añadirse que, tratándose de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, quedan fuera del objeto del proceso las cuestiones relativas a las competencias de los órganos internos del sindicato ( TS 29-4-14, rec. 197/2013). Se señala en esta resolución lo siguiente (el resaltado es añadido):

"[...] Las normas internas de funcionamiento de los diversos Sindicatos no son disposiciones legales cuyo supuesto quebrantamiento pueda servir de base a un recurso de casación, porque «no son normas del ordenamiento jurídico, sino meras regulaciones asociativas, cuya integridad corresponde defender directamente a la propia entidad sindical, y sólo de manera indirecta, cuando su infracción comporta vulneración de norma jurídica propiamente dicha, al órgano de la jurisdicción social encargado de la casación» (con cita de muchas otras anteriores, SSTS 15/02/07 -rco 54/06 - STS (Social) de 15 febrero de 2007 ; 14/03/07 -rco 34/06 - STS (Social) de 14 marzo de 2007 ; 25/06/07 -rco 58/06 - STS (Social) de 25 junio de 2007 ; 08/02/10 -rco 107/09 - STS (Social) de 8 febrero de 2010 ; y 16/12/10 -rco 45/10 - STS (Social) de 16 diciembre de 2010 ). Y

(...) El ámbito de este proceso especial comprende las pretensiones que tengan por objeto la tutela de un derecho fundamental, con la precisión -aparte de lo ya dicho más arriba- de que «lo decisivo, a efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho fundamental. Si no existe la vulneración alegada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal será la desestimación de la demanda, sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción de legalidad ordinaria en otro proceso ( SSTS 06/10/97 -rec. 660/97 -;... 01/06/06 -rco 139/04 - STS (Social) de 1 junio de 2006 ; 14/07/06 -rec. 5111/04 - STS (Social) de 14 julio de 2006 ; 27/06/07 -rco 102/06 - STS (Social) de 27 junio de 2007 ; y 20/05/10 -rco 175/09 - STS (Social) de 20 mayo de 2010 ). Y

(...) Porque -volviendo a afirmaciones anteriores- hemos de recordar que el ámbito objetivo de la modalidad procesal de tutela de la libertad sindical comprende las pretensiones amparadas directamente en el art. 28 CE o en preceptos de la LOLS ( SSTS SG 14/07/06 -rcud 196/05 - STS (Social) de 14 julio de 2006 ;... 20/05/10 -rco 175/09 - STS (Social) de 20 mayo de 2010 ; y 31/10/12 -rcud 227/11 - STS (Social) de 31 octubre de 2012 ), limitándose el objeto de la protección privilegiada que comporta este proceso especial - art. 178 LRJS - al conocimiento de la lesión de la libertad sindical, «sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela de la citada libertad», lo cual determina que la sentencia tenga que limitarse al examen de si ha existido o no violación de un derecho fundamental sin entrar a enjuiciar la alegación de una posible vulneración de una norma infraconstitucional (por ejemplo, SSTS 14/07/06 -rco 196/05 - STS (Social) de 14 julio de 2006 ; 08/04/10 -rco 76/09 - STS (Social) de 8 abril de 2010 ; y 12/04/11 -rco 136/10 - STS (Social) de 12 abril de 2011 )[...]".

En definitiva, habiéndose interpuesto la demanda por quien representa legalmente al Sindicato y alegándose la vulneración de la libertad sindical por las conductas que se atribuyen a las codemandadas se ha de considerar que la demandante ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción. De ahí que la primera excepción deba ser rechazada.

La segunda de las excepciones es la relativa a la falta de legitimación pasiva.Se llega a afirmar a este respecto que es el texto de las demandas el que induce a confusión pues ninguno de los Sindicatos demandados se denomina "Sindicato de Oficios Varios de la CNT" sino que su denominación viene referida a la CNT-AIT (o Confederación Nacional de Trabajo adherida a la AIT) y que, incluso, hay un Sindicato Libertario de la Marina Alta que no incluye mención alguna en su denominación a la CNT. Tal excepción constituye, sin embargo, la verdadera cuestión de fondo que habrá de ser resuelta en el siguiente fundamento. Esto es, si la utilización continuada de la expresión "Confederación Nacional de Trabajo", de las siglas "CNT" o la actuación pública de las codemandadas como Sindicatos integrados en la CNT cuando ya no formaban parte de las misma constituyen o no una vulneración de la libertad sindical de la demandante.

La tercera excepción es la relativa a la prescripción.Se afirma por las demandadas que la acción estaría prescrita pues el plazo prescriptivo de un año debería computarse bien desde la fecha de desfederación o abandono voluntario de la confederación, bien desde la fecha del primer requerimiento de cese (agosto de 2015); habiendo sido presentada la demanda en el mes de septiembre de 2020.

Recordemos en este punto que el ejercicio de la acción de tutela no está sujeto a un plazo especial de prescripción o caducidad, sino que se tienen en cuenta los plazos que estén previstos para las acciones derivadas de las conductas o actos en que se concreta la lesión del derecho fundamental o libertad pública. Los derechos fundamentales son permanentes e imprescriptibles, lo que es compatible con la circunstancia de que el ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción para reaccionar frente a su lesión ( TCo 7/1983). La prescripción juega sobre el ejercicio de la acción para reclamar frente a la lesión producida a los mismos. Los derechos son imprescriptibles y se pueden seguir haciendo valer en relación con cualquier otra lesión futura, pero no lo son las acciones de impugnación de los actos concretos que atentan contra ellos. El derecho fundamental no puede ser considerado en abstracto, sino en función de cada una de las situaciones jurídicas concretas en que entre en juego y por ello, en conexión con los ámbitos normativos que regula cada una de aquellas ( TCo 15/1983; 58/1984; 15/1985; 7/1989).

En el supuesto de que la conducta antisindical, o contraria a un derecho fundamental, se desarrolle de modo continuado, la producción de lesiones sucesivas implica el nacimiento de plazos también diferentes para accionar frente a las mismas. En los supuestos de actos que no deriven de los empresarios, sino que los actos estén causados por otros sujetos, no existe ninguna norma que concrete el plazo para el ejercicio de la acción de tutela. Se considera excesivo el plazo general de cinco años para las acciones que no tienen establecido plazo especial ( art.1964 CC) . La mayor adecuación la ofrece el plazo anual para las acciones derivadas del contrato de trabajo ( art.59 ET) . En ese sentido, debe fijarse analógicamente en un año el plazo de prescripción para el ejercitar ante la jurisdicción social las acciones derivadas de las relaciones entre el sindicato y sus afiliados que no tengan fijado otro plazo especial directa o analógicamente ( TS 2-11-99, rec. 4225/1998) y también para el caso de la relación colectiva entablada entre un sindicato y una entidad empleadora en el ejercicio de las funciones representativas del primero (TS 26-1-05, rec. 35/2003).

En ese mismo sentido se pronuncia la reciente Sentencia TS 11-6-24, rec. 14/2022, por cuanto se indica que "La STS 524/2024 de 3 de abril (rcud. 5599/2022 ), seguida por otras, al resolver cuándo comienza a computar la prescripción ante un escenario en el que se está ante una conducta reiterada de vulneración de derecho fundamental -en ese caso a la igualdad retributiva- , entiende que deberá iniciarse desde el momento en que finalice tal quebranto, pues mientras "se siga produciendo la vulneración del derecho fundamental no habrá comenzado el cómputo del plazo de prescripción de las indemnizaciones derivadas de tal conducta"[...]".

Pues bien, dado que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2020 y toda vez se denuncia una situación continuada de vulneración de derechos fundamentales (utilización de denominación, siglas, símbolos y actuación pública generadora de confusión respecto de la demandante) no cabe apreciar la existencia de la citada prescripción.

Por último, se alega también como excepción lo que se afirma por las demandadas como carencia sobrevenida de objeto,pues se sostiene que la denominación de las demandadas no es coincidente con la de la parte actora y que la pertenencia de las primeras a la AIT es un elemento diferenciador que impide apreciar una vulneración como la que se afirma en la demanda. Tal cuestión, sin embargo, constituye el fondo mismo del asunto, lo que exige su examen en el siguiente fundamento.

CUARTO.-Llegados a este punto es preciso dar respuesta a la concreta acción ejercitada, que no es otra que la de tutela de derechos fundamentales. Se trata, por tanto, de determinar si la conducta de las demandas constituye o no un supuesto de vulneración de la libertad sindical del Sindicato demandante. A este respecto conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020:

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas "CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante. De ahí que la demanda deba ser estimada.

QUINTO.-Constatada la lesión del derecho de libertad sindical dispone el art. 182.1 de la LRJS:

"1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183".

Por aplicación de este precepto procede estimar la demanda en el sentido de declarar la existencia de una vulneración del derecho a la libertad sindical de CNT y condenar a las demandadas al cese de tal conducta en los términos interesados (reflejados ahora en el Fallo).

SEXTO.-Es preciso, por último, dar respuesta a la pretensión indemnizatoria recogida en cada una de las demandas acumuladas (por importe de 50.000 € a cada una de las demandadas). Al respecto y como hicimos en la SAN de 26-1- 2023- proc. 315/2022- hemos de señalar que:

"Respecto del resarcimiento de daños y perjuicios el art. 183.1 de la LRJS dispone que "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados".

En este sentido cabe señalar que la doctrina general de la Sala IV expresada en la STS de 24-10-2019 -rec 12/2019- con relación al resarcimiento de daños y perjuicios que expresa lo siguiente:

"Una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales es la que lleva a cabo la STS 13 de diciembre de 2018, Recurso: 3/2018 : tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 - rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 - rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el presente caso, y a falta de otras circunstancias que permitan afirmar la existencia de una mayor gravedad, resulta prudente, sin embargo, minorar el importe de la reclamación indemnizatoria recogida en la demanda. Esto es, la existencia de un enfrentamiento continuado en el tiempo entre las partes en relación al uso de denominaciones, siglas e, incluso, locales sindicales, así como la de discrepancias de naturaleza ideológica respecto del movimiento anarcosindicalista no permiten apreciar una conducta temeraria por parte de las demandadas que haga acreedor al Sindicato demandante de una indemnización como la pretendida en demanda. De ahí que la Sala estime proporcional a la gravedad de la conducta apreciada el reconocimiento de una indemnización derivada de la vulneración del derecho a la libertad sindical por importe de 2.000 €a cada una de las codemandadas.

SÉPTIMO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la presente resolución no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto