Sentencia Social 125/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 220/2024 de 15 de octubre del 2024

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

Se ha procedido a la inadmisión de la documental propuesta por la demandada al haberse presentado en papel, en este sentido conviene traer a colación cuanto razonábamos en nuestra SAN 5-2-2.024 ( proc. 297/2023):

"El < a name="citaleg_8"> art. 41.1 del RD Ley 6/2023 , publicado en el BOE de 20-12-2023 dispone que Las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de documentos y actuaciones para su incorporación al expediente judicial electrónico en formato electrónico

A su vez el art. 6.3 de dicha norma establece: Los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia, en los términos previstos en el presente real decreto-ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate"

Ambas disposiciones se encuentran insertas en el Libro I, Títulos I y III de dicho RDLey cuya entrada en vigor, de acuerdo con la DF9ª tuvo lugar a los veinte días de su publicación en el BOE" por lo que la nueva norma ya estaba vigente al momento de presentación de la demanda.

TERCERO.-Como primera petición contenida en el suplico de la demanda se solicita que artículos 25 y 26 del convenio colectivo aplicable en aplicación e interpretación del mismo, se declare el reconocimiento de los trabajadores de su derecho a percibir el complemento variable colectivo máximo ascendente al 10% del salario bruto anual, en la consideración de que para el cálculo de la retribución prevista en tales preceptos para el año 2023 deben ser considerados tanto los resultados de la sociedad AXION como los de la sociedad AXSITE que se escindió de la misma a lo largo del ejercicio, a los que se opone el letrado de las demandadas que sostiene que la literalidad del Convenio se refiere únicamente a la sociedad AXION.

Para resolver la cuestión hemos de tomar en consideración lo siguiente:

I.- Los preceptos convencionales objeto de aplicación disponen lo siguiente:

"Artículo 25. Complemento variable colectivo.

El complemento variable colectivo se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

- El resultado de (A+B), donde:

«A» = (Ingresos del año n/Ingresos del año n-1) × 100.

«B» = (Porcentaje de EBITDA del año n/Porcentaje de EBITDA del año n-1) × 100.

«n» es el año sobre el que se calcula la retribución variable.

Los valores «A» y «B» tendrán una ponderación de «A» igual al 40% y «B» al 60%.

Los resultados serán redondeados a dos decimales.

El resultado de la operación se traslada a la tabla de variable colectivo del anexo compensación.

A rtículo 26. Abono de la retribución variable.

La retribución variable se abonará en un único pago junto con la nómina del tercer mes siguiente al cierre del ejercicio, prorrateándose por meses el tiempo de permanencia inferior al año. En caso de cambio de período se acordará previamente con al RRTT cómo se efectúa la transición.

Para la percepción de la retribución variable el/la trabajador/a tiene que estar en activo a fecha de último día de cierre del ejercicio inmediatamente anterior al mes de abono. No se devengarán cantidades por este concepto proporcionales a los meses de permanencia en la Empresa para aquellos/as trabajadores/as que causen baja en la Empresa antes de dicha fecha.".

II.- En orden a la interpretación de los contratos y pactos colectivos recuerda la STS de 24-9-2.024- rec. 22/2023- que la Doctrina Jurisprudencial se resume en la STS núm. 534/2023, de 19 de julio, Rec. 16/2021, señalando que: "atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 )".

III.- Esta Sala recientemente en nuestra SAN de 13-10-2.024- proc. 215/2024- ha puesto de manifiesto que los complemento salariales de carácter variable que contempla el art. 26.3 E. T implican participan de la naturaleza de las obligaciones condicionales previstas en los arts. 1113 y ss del Código civil, y que la existencia de actos del empresario que impidan el cumplimiento de la condición con arreglo a los arts. 1119 y 1256 Cc, implicarán que este deba cumplir que la obligación y abonar en consecuencia el referido complemento.

Partiendo de tales consideraciones hemos de llegar a las siguientes conclusiones:

1ª.- Que contrariamente a lo que señala el letrado de las demandadas, ninguna referencia se contiene en la letra del Convenio, al supuesto de que la "Empresa" ( que no sociedad) se escinda en dos sociedades a lo largo del año devengo de la retribución variable.

2ª.- Que a la hora de fijar la intención de las partes negociadoras a la fecha de interpretación del Convenio debemos estar a la actividad que en ese momento desarrollaba la Sociedad Axion, que desarrollaba tanto las que en la actualidad desarrolla la misma, como aquellas que desarrolla la sociedad escindida, por lo que el concepto "empresa" que aparece en el texto convencional se refiere tanto a una sociedad como a la otra - recordemos al respecto que existe una consolidada doctrina jurisprudencial que conceptúa la empresa como un conjunto organizado de medios materiales, inmateriales y personales encaminados a desarrollar una actividad económica"-;

3ª.- Que en todo caso, al decisión de escindir parte del patrimonio y de la actividad de Axion a una sociedad de nueva creación íntegramente participada por ésta obedece a una decisión adoptada de forma unilateral por la propia sociedad Axion a través de su órgano de administración, ratificada en Junta General, por lo que escudarse en este acto- con independencia de su motivación- para desagregar el resultado de las sociedades a efectos del percibo del variable conculcaría los arriba referidos arts. 1119 y 1256 Cc. Además, se da la circunstancia de que no consta que la sociedad que genera la mayor parte del resultado tenga trabajador alguno por cuenta ajena a su cargo, dándose las circunstancia de que en su cuenta de pérdidas y ganancias no aparece gasto alguno en concepto de personal (página 161 del Descritpor 47, que constan dadas por reproducidas en el HP QUINTO).

Por todo ello estimaremos el primero de los pedimentos de la demanda.

CUARTO. -Se solicita igualmente que se abone a los representantes unitarias demandantes la cantidad de 7.500 euros en concepto de indemnización por haberse quebrantado por la empresa los deberes de información relativos a la escisión de las sociedades con arreglo art. 64.5 del E.T.

La Sala ha sometido a la consideración de las partes una eventual inadecuación de procedimiento respecto de esta petición y considera que no puede ser objeto de acumulación a la pretensión de conflicto colectivo.

En efecto, dicha reclamación de cantidad no deriva de la aplicación o interpretación de una ley, de un convenio colectivo o práctica de empresa ( art. 153 de la LRJS) . Por otro lado, no se trata de una indemnización derivada de vulneración alguna de derecho fundamental que se haya perpetrado con ocasión de la cuestión de fondo a resolver en el conflicto colectivo ( art. 26.2 de la LRJS) y ello, por cuanto que ninguna referencia se hace en la demanda a la vulneración de derecho fundamental alguno como la libertad sindical, derecho este de los que representantes unitarios en tal condición no ostentan en el desarrollo de su actividad.

En este sentido se viene manifestando desde antiguo el Tribunal Constitucional. Al respecto la STC 134/1994 de 9 de mayo razona al respecto:

"el derecho consagrado en el art. 28.1 C.E . se refiere exclusivamente a la actividad sindical, de autoorganización y de representación, defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, desarrollada por los sindicatos de trabajadores.

Es cierto que dichos sindicatos no son las únicas instituciones que pueden representar a los trabajadores y promover y defender sus intereses económicos y sociales. Concretamente, en nuestro ordenamiento existen otros sujetos, de creación legal o convencional como, por ejemplo, los comités de empresa, los delegados de personal o las juntas de personal, que pueden realizar estas actividades calificables latu sensu como sindicales y para llevarlas a cabo cuentan con medios de acción y con derechos constitucionales y legales, como son el derecho de huelga ( art. 28.2 C.E .), la negociación colectiva ( art. 37.1 C.E .) o la adopción de medidas de conflicto colectivo ( art. 37.2 C.E .), que el texto constitucional no reserva en exclusiva a los sindicatos.

Es cierto también que en la actualidad existe en las empresas un notable grado de interacción entre los sindicatos y los órganos de representación unitaria de los trabajadores y que las diferencias relativas a la naturaleza de estos dos tipos de instituciones y a sus funciones de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, que en otros tiempos fueron manifiestos, hoy tienden en muchos casos a difuminarse.

Con todo, esas diferencias subsisten en nuestro ordenamiento y, lo que es más relevante, la Constitución, entre esos distintos cauces de representación y defensa de los trabajadores, ha atribuído un especial relieve a los sindicatos. Esta opción del constituyente se manifiesta, particularmente, en la muy significativa mención que de ellos hace el Título Preliminar de la Constitución -art. 7 -, en tanto que, como queda dicho, los demás sujetos que desarrollan actividades sindicales son en realidad creación de la ley o de los convenios colectivos y su vinculación con la Constitución se produce a través del art. 129.2 C.E . ( SSTC 37/1983 y 118/1983 ). Esos entes poseerán los derechos constitucionales y legales a los que antes aludíamos, pero no tiene constitucionalmente garantizada la libertad sindical consagrada en el art. 28.1 que se refiere tan sólo a la actividad legítima realizada por los sindicatos en representación, defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. "La libertad sindical no ampara la actuación de otros sujetos sindicales a quienes la práctica o la legalidad vigente atribuyen funciones sindicales, como es el caso de los Comités de Empresa" ( ATC 731/1986 ). Por ello, este Tribunal ha manifestado en múltiples ocasiones que la actividad sindical desempeñada por estas organizaciones queda fuera del ámbito del proceso constitucional de amparo ( SSTC 118/1983 , 98/1985 y 165/1986 ).

En definitiva, como se dijo en la STC 118/1993 , "La Constitución Española ha partido, en la institucionalización de los derechos colectivos laborales, de un amplio reconocimiento de los titulares de aquéllos aludiendo la consagración de un monopolio del sindicato, de forma que si el derecho de huelga se atribuye a los trabajadores (art. 28.2 ), el de conflictos lo es a los trabajadores y empresarios ( art. 37.2 ) y el de negociación a los representantes de éstos (art. 37.1). Pero si este punto de partida permite en nuestro ordenamiento positivo la existencia de un sistema sindical dual en el que la acción sindical, entendida en cuanto actividad dirigida a la representación y defensa de los intereses de los trabajadores puede ser ejercida, sin entrar ahora en otras posibilidades, tanto por el sindicato como por el Comité de Empresa, ello no significa ni que exista una indefinición constitucional ni una identidad entre todos los sujetos susceptibles del ejercicio de funciones sindicales. Por el contrario, el art. 7 de la Norma fundamental constitucionaliza al sindicato no haciendo lo mismo con el Comité de Empresa (...). La constitucionalización del sindicato ofrece, como no podía ser menos, su influencia en el problema aquí debatido, porque, atribuyendo el art. 7 a tal organización la función de contribuir a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, le atribuye consiguientemente el ejercicio de aquellos derechos necesarios para el cumplimiento de tal función y que constituyen manifestación ineludible de la libertad sindical reconocida en el art. 28.1 de la C.E ., en su vertiente colectiva, de forma que el impedimento o la obstaculización a tal ejercicio constituye no sólo vulneración del precepto constitucional que consagra cada concreto derecho, sino también del propio art. 28.1. De más está señalar que lo mismo no puede ser predicado del Comité de Empresa".

QUINTO.-P or todo ello, estimaremos la primera de las peticiones de la demanda y apreciaremos la inadecuación de procedimiento de la petición de indemnización de daños y perjuicios efectuada por los representantes unitarios demandantes.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación ( art. 205 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación