Sentencia Social 72/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 113/2024 de 17 de junio del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- Ejercita el sindicato demandante acción de tutela de su derecho fundamental de libertad sindical, al considerar que la empresa demandada ha vulnerado el mismo a través de las conductas que pormenorizadamente se describen en su escrito de demanda. Pasaremos a analizarlas a continuación:

1º.- Denegación de información a los delegados sindicales: Se dice en primer término por la parte actora que pese a los continuos requerimientos por parte de los delegados sindicales de CC. OO de que le sea entregada diversa información, al amparo de lo dispuesto en el art. 10 LOLS, la empresa, de forma sistemática deniega la misma.

A este respecto debemos remitirnos a lo dispuesto en nuestra sentencia de fecha 26-1-2023, proceso 315/2022 ( ROJ: SAN 235/2023 - ECLI:ES:AN:2023:235 ), en la que realizábamos las siguientes consideraciones:

"En lo que se refiere al derecho de información recuerda la STS DE 13-12-2.022- rec. 40/2.021- que " el derecho a la información, en su vertiente de derecho a la denominada información pasiva; esto es, derecho a recibir información por parte de la empresa en los términos que fueran previstos por las leyes, forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 28.1 CE ; de suerte que una eventual vulneración de ese derecho podría considerase atentatoria la reseñado derecho fundamental; ya que la libertad sindical comprende, ineludiblemente el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden ( SSTC 40/1985 , 39/1986 , 30/1992 , 173/1992 y 94/1995 ; entre otras).

Por otro lado, es doctrina de esta Sala con relación a la información que debe proporcionarse a los delegados sindicales la siguiente:

Sobre el derecho de información de los Delegados sindicales hemos razonado:

a.- en la SAN de 18 de octubre de 2013 : " .- En relación con el derecho de información, con carácter general y como señala la STC 213/2002 en "el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros - STC 94/1995 , 127/1995 , 168/1996 , 107/2000 y 121/2001 ; -; y, en coherencia con dicho contenido constitucional, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical reconoce en su art. 2.1.d) "el derecho a la actividad sindical"...reconociendo a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del comité de empresa". Doctrina acogida por las STS de 29 de marzo de 2011 (Rec. 145/2010 ) y 3 de mayo de 2011 (Rec. 168/2010 );

b.- que para que proceda la entrega de la información y documentación que de acuerdo el art. 64 E.T la empresa debe entregar al Comité y por disposición del art. 10 de la LOLS a los Delegados Sindicales que no sean miembros del mismo no es necesaria la previa petición de parte, sino que la misma debe efectuarse por la empresa en el tiempo y forma previstos en la norma sin necesidad de previo requerimiento alguno. ( SAN de 5-10-2.021- autos 359/2.020);

c.- y trayendo a colación doctrina jurisprudencial previa hemos concluido que:

"1 º.- que el derecho de información del Delegado Sindical es autónomo del que correspondiente a los Comités de empresa o delegados de personal ( Ss.TS 6- 2.019 - rec.224/2019 yde 29-3-2.011 ( rec. 145/2010 ), sin que pueda considerarse como accesorio del mismo;

2 º.- que el ámbito de la información y documentación que debe proporcionarse al Delegado Sindical es aquel al que se extienda su representación, de manera que si el ámbito de representación del Delegado se corresponde con el de toda la empresa, la información que debe proporcionarle esta es la correspondiente a todos sus centros de trabajo con independencia de que existan o no representantes unitarios ( STS de 9-1-2.020- rec 100/2018 - que confirma la SAN de 22-2- 2.018- autos 336/2017."

De la prueba practicada, y teniendo en cuenta que corresponde a la parte actora presentar un indicio acerca de la presunta vulneración del derecho fundamental, invirtiéndose por ende la carga de la prueba, consta plenamente acreditado que los delegados sindicales, a través de sendos correos electrónicos remitidos a la empresa, han solicitado información acerca de: a) copias básicas de cualquier contrato laboral que se haya venido realizando en el centro de trabajo de Rosaleda, en los dos últimos años, así como de las novaciones de tipo de contrato, las modificaciones de base horaria (hecho probado segundo); b) Datos Sección sindical excedencias, bajas voluntarias y expedientes disciplinarios datos sección sindical contratos y complementarias (hecho probado cuarto); c) cierres de plantilla (hecho probado quinto); d) y vacantes (hecho probado sexto).

Ante tales peticiones lo cierto y verdad es que la empresa no ha acreditado en ningún momento que la información solicitada fuera entregada a los delegados sindicales. Aduce en su descargo que dicha información fue entregada en el seno del comité de empresa o en las reuniones de la comisión de igualdad, aportando actas al efecto, donde sen encuentra presente la delegada Marí Jose, siendo dicha prueba de todo punto insuficiente para alejar cualquier duda sobre el incumplimiento empresarial. Como tampoco puede entenderse que la remisión a una plataforma existente en la empresa para el conocimiento de las vacantes existentes, subsane el incumplimiento empresarial. Ya advertimos en nuestra sentencia precedente, que el derecho de información de los delegados sindicales es autónomo e independiente respecto al canal de información que corresponde al comité, por lo que, no resultando acreditado que efectivamente fuera entregada la información solicitada, procede declarar vulnerado el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho a la información, ex art. 10 LOLS.

2º.- Tablón de anuncios y tablón virtual con conocimiento de las direcciones de correo electrónico: En segundo lugar, se opone por el sindicato que la empresa le ha denegado la implantación de tablones de anuncios en las instalaciones de los centros de trabajo al objeto de poner a disposición de los trabajadores la información que estuviera pertinente, como proporcionarle las direcciones de correo electrónico o la existencia de un tablón virtual a los efectos también de la remisión de información sindical.

El artículo 8.2.a) LOLS dispone que " con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general , la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores".

En sentencia de 17-5-2012, rco. 202/2011 ( ROJ: STS 4297/2012 - ECLI:ES:TS:2012:4297 ), el Tribunal Supremo acudiendo a doctrina constitucional, concluyó que el derecho a la información no solo se limitaba al uso de dicho tablón, sino que abarcaba la utilización de medios informáticos pues la libertad de información "constituye un "elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical", porque «el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales» ( STC 185/2003, de 27/Octubre , FJ 6, reproducida por la de 281/2005, de 7/Noviembre , FJ 6, y con cita de sus precedentes 143/1991, de 1/Julio , FFJJ 5 y 6; 94/1995, de 19/Junio, FJ 3 ; 1/1998, de 12/Enero, FJ 6 ; 213/2002, de 11/Noviembre , FJ 4) " ( STS de 16 febrero 2010 -rec. 57/2009 -).

Ante la tacha de incumplimiento del deber de proporcionar la disposición de un tablón de anuncios para ofrecer la información sindical, alega la parte demandada que se ha cumplido dicha entrega. Y lo cierto y verdad es que se ha instalado un tablón de anuncios pero únicamente en el centro de trabajo sito en el centro comercial de La Rosaleda en Málaga, y previa denuncia y posterior requerimiento de la Inspección de Trabajo. Así se constata en el hecho probado séptimo y en los descriptores que allí se reflejan como también ha resultado probado que en fechas recientes, esto es, 23-5-2024 (hecho probado octavo) que por la empresa se ha comunicado la habilitación del tablón digital a disposición de los diferentes sindicatos, para ofrecer la información que precisen, con indicación del link de acceso.

Los anteriores cumplimientos no deslegitiman la pretensión del sindicato actor: la colocación del tablón solo se ha producido en un centro de trabajo, se ha efectuado tras constantes requerimientos llevados a cabo por el sindicato demandante y solo ante el requerimiento de la Inspección de Trabajo, se ha procedido a instalarlo en el centro de trabajo de Málaga. Por otro lado, el tablón digital se instaura una vez interpuesta la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, lo que revela que únicamente ante las posibles consecuencias negativas que pudieran derivarse de la falta de atención a las peticiones sindicales en materia de información, es cuando la empresa actúa, revelando una evidente mala fe en su conducta. Por todo ello, y también en este punto, ha de declararse vulnerado el derecho de libertad sindical.

3º.- Negativa crédito sindical: Refiere también la parte actora que la empresa deniega el crédito sindical que corresponde a sus representantes o bien, imputa al número de horas de crédito sindical aquéllas que no resultan computables.

Conforme a reiterada doctrina, el crédito horario que corresponde a los Delegados sindicales ex art. 10.3 LOLS ofrece las mismas características que el propio de los representantes unitarios por el art. 68.e) ET ( STS 23-03-2015, rco. 49/2014) y que su ejercicio requiere preaviso y justificación ( art. 37 ET) , siendo que la regulación legal del crédito horario está indefectiblemente ligado a la actividad laboral, pues en elementales términos lógicos el "permiso" [crédito horario] no es concebible sino como exención al cumplimiento de una obligación previa [actividad laboral].

Consta acreditado en el presente procedimiento que ante las peticiones de utilización de la horas imputables al crédito horario reconocido a los delegados sindicales, la empresa o bien deniega las mismas, o bien, computa en dicho crédito los tiempos empleados en el ejercicio de funciones ajenas a dicho crédito sindical. Así se constata en los correos electrónicos que obran en los descriptores referidos a los hechos probados noveno, décimo y undécimo. Prueba asimismo de la obstativa actuación de la empresa es la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo de Málaga (hecho probado duodécimo), en la que se expresa literalmente que " la empresa se niega a la compensación del tiempo utilizado por los delegados de prevención, en las reuniones del Comité de Prevención, realizadas fuera del horario laboral" existiendo incluso pronunciamientos judiciales atinentes a la vulneración del derecho de libertad sindical en relación al crédito horario de afiliados a CCOO (Sentencia TSJ Comunidad Valenciana, Sala Social, descriptor 3).

De todo lo anterior no puede sino concluirse de nuevo, que la actitud de la empresa vulnera el derecho de libertad sindical de los delegados sindicales, en materia de crédito horario, estimándose la demanda en tal punto.

4º.- Otros incumplimientos: Por lo demás, y como cierre a sus pretensiones, invoca el demandante la realización de otros incumplimientos que con carácter acumulativo, no hacen sino confirmar la voluntad contraria de la empresa demandada a respetar los derechos de sus delegados sindicales.

Y así se relata:

1) Vulneración del derecho de huelga de dos representantes sindicales del centro de trabajo de Málaga, que resulta acreditada al hecho probado décimo quinto, según se constata en el descriptor 2 de las actuaciones.

2) Captura de pantalla de documento excell en la que se cataloga a los trabajadores del comité con la expresión "KO", conducta que no puede ser adverada por este tribunal ante lo ilegible del documento obrante al descriptor 18.

3) Denuncia a la inspección de trabajo por la expulsión de doña Virtudes, representante sindical de CCOO en la empresa, a la reunión de constitución del comité de empresa, tras la celebración de elecciones sindicales. La citada representante fue expulsada de la reunión, encontrándose en situación de excedencia por cuidado de familiar (hecho probado decimoquinto).

Abogó el letrado de la empresa demandada por las buenas relaciones existentes entre aquélla y los sindicatos presentes en la misma, y en concreto con CC. OO, expresando que de forma habitual, se llevaban a cabo reuniones con sus representantes para poner en conocimiento cuanta información les había sido solicitada. Dichas argumentaciones deben ser rechazadas de plano por este tribunal, teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la presente resolución que constatan de forma fehaciente, la voluntad renuente de la empresa a dar cumplimiento de los deberes que resultan conectados con los derechos reconocidos a los representantes del sindicato actor, estimándose la vulneración del derecho fundamental que ha sido denunciada.

CUARTO.- En cuanto a la indemnización solicitada por el sindicato demandante, en cuantía de 30.000 euros a satisfacer por la demandada, el art. 182.d) LRJS exige que la sentencia que aprecie la vulneración de derechos fundamentales deberá resolver sobre la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183, fijándose la cuantía correspondiente que atenderá al daño moral o daños y perjuicios adicionales derivados.

En el presente caso, invoca el demandante la infracción del art. 8.12 de la LISOS, referido a la infracción muy grave consistente en las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación

Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, ha avalado, en consonancia con la doctrina constitucional que se fije la indemnización reparadora de la vulneración del derecho fundamental atendiendo a los parámetros de la LISOS, esta Sala habrá de tomar en consideración aquéllos aspectos relevantes tendentes a acreditar el daño producido, pues es también doctrina reiterada que la cuantificación de los daños es algo que corresponde al juzgador de instancia y que solamente debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria. Atendiendo a lo declarado probado, las acciones de la empresa revela una constate actitud obstativa frente al sindicato CC. OO al cumplimiento de las obligaciones que le competen, vinculadas con el ejercicio de la libertad sindical. Las conductas son reiteradas y se suceden en el tiempo, sin que por el letrado de la empresa se haya ofrecido una justificación razonable de las negativas reflejadas en el relato histórico de la presente resolución por lo que, se ha de estimar la indemnización reclamada, tal y como también propuso el Ministerio Fiscal, atendiendo a la importancia de los incumplimientos revelados por el relato fáctico.

QUINTO.- En cuanto a la imposición de multa por temeridad que de la que se dio traslado por el Presidente del tribunal en el acto de juicio a las partes, dispone el art. 97.3 LRJS que la sentencia podrá imponer motivadamente al litigante que obró con mala fe o temeridad una sanción pecuniaria dentro de los límites previstos en el art. 75.4 del mismo Texto legal.

La STS de 8-2-2022 (rec. 56/2020, ROJ: STS 429/2022 - ECLI:ES:TS:2022:429), analiza tal previsión afirmando que la sanción pecuniaria por temeridad constituye, desde cualquier punto de vista, una cualidad accesoria respecto al fondo del asunto ( SSTS 20/2018 de 16 enero (rcud. 969/2016) y 1173/2021 de 30 noviembre (rcud. 1793/2019), entendiéndose el adjetivo accesorio como algo secundario, según el diccionario de la RAE, que depende del principal, o que se le une por accidente.

Y que las SSTS 4 octubre 2001 (rcud. 4477/2000), 27 Junio 2005 (rec. 168/2004) y 15 febrero 2012 (rec. 67/2011), entre otras, explican que el precepto procesal (actual art. 97.3 LRJS) "concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia".

Dada la contestación a la demanda que se llevó a cabo en el acto de la vista, hemos concluido imponer a la empresa demandada una multa de 3.000 euros. La contestación ofrecida por el letrado de la parte demandada, alejada de toda congruencia y con manifestaciones que únicamente perseguían desviar la atención del tribunal hacia aspectos intrascendentes e irrelevantes y que en nada incidían en los hechos denunciados por la parte demandante, hacen que nuestra decisión sea proclive a la imposición de la citada sanción. El necesario respeto a los miembros del tribunal y al resto de partes intervinientes en el acto de la vista (demandantes y Ministerio Fiscal), se diluyeron desde el momento en que la contestación no ofreció una respuesta motivada y seria frente a las pretensiones ejercitadas. La contestación extensa, reiterativa y carente de toda lógica de la parte demandada, incidiendo en aspectos intrascendentes, no hizo sino minar la paciencia del tribunal, que si bien escuchó todos los argumentos expuestos al efecto de no incurrir en indefensión de la demandada, terminó planteándose la imposición de la multa por temeridad que ahora resolvemos.

En consecuencia, se impone a la parte demandada la referida sanción de 3.000 euros.

SEXTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 208 LRJS) .

En virtud de lo expuesto