Sentencia Social 38/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 341/2022 de 21 de marzo del 2023

PRIMERO.- Los hechos se declaran probados tendiendo a los siguientes elementos de convicción:

- hechos 1º y 2º: no son controvertidos

- hecho 3º: conforme documento al D89 y D90

- hecho 4º: documento al D92

- hecho 5º: documento al D91

- hecho 6º_ el acta obra al D3

- hecho 7º: por el comunicado el D26

- hecho 8º: acuerdo al D87

SEGUNDO.- El XXV convenio colectivo de MASA conforme su art. 2 presentaba una vigencia desde el 1-1-2019 hasta el 31-12-2021.

En su art. 4 se determinaba:

Denuncia y revisión.

La denuncia, proponiendo la revisión del presente Convenio Colectivo, deberá hacerse con una antelación mínima de 3 meses de la fecha de su vencimiento, ante los Organismos que la Ley establezca, y quedará automáticamente prorrogado por el plazo de un año, si no existiese denuncia expresa de alguna de las partes.

De producirse la denuncia por alguna de las partes, éstas se reunirán durante la segunda quincena de diciembre de 2021, para presentar la Comisión Negociadora, entregar el proyecto de plataformas y estudiar el calendario de negociaciones.

Por su parte el art, 21 en materia de remuneraciones disponía:

Remuneraciones.

Las remuneraciones para el año 2.019 serán las establecidas en los Anexos I, II, III y IV, las cuales han sido incrementadas respecto a las del 2.018 en un 2,5 % con efectos del 1 de enero de 2019.

Las remuneraciones para el año 2.020 serán las establecidas en los Anexos I, II, III y IV, las cuales han sido incrementadas respecto a las del 2.019 en un 2 % con efectos del 1 de enero de 2020.

Las remuneraciones para el año 2.021 serán las establecidas en los Anexos I, II, III y IV, las cuales han sido incrementadas respecto a las del 2.020 en un 2 %.

Cláusula de revisión salarial:

En el supuesto de que el IPC real del año 2.020 supere el porcentaje de incremento salarial aplicado para ese año, la diferencia se abonará con efectos del 1 de enero de 2020 en el primer trimestre de 2021.

En el supuesto de que el IPC real del año 2.021 supere el porcentaje de incremento salarial aplicado para ese año, la diferencia se abonará con efectos del 1 de enero de 2021 en el primer trimestre de 2022

TERCERO.- El XXV convenio de MASA finalizaba su vigencia el 31-12-21 y se había constituido la comisión negociadora del XXVI convenio.

En este contexto se suscita la controversia referida a la actualización de las tablas salariales para 2022 y por cuanto CCOO considera que éstas se deben actualizar conforme el IPC real de 2021 que alcanzo el 6,5%, por lo que habiéndose incrementado en un 2% restaba por aplicarse un incremento del 4,5% a figurar en las tablas del citado año. Por el contrario MASA consideraba que el art. 21 del convenio no establece una consolidación en las tablas del incremento salarial del año precedente. La posición dispar, expresada en la comisión paritaria del XXV convenio, figura al acta del HP 5º.

Esta discrepancia determino la presentación de una solicitud de conciliación/mediación ante el SIMA que concluye con el acuerdo de 4-5-2022 que se alcana entre UGT y COO y el empresario y es objeto de impugnación en esta demanda.

CUARTO.- El art. 156.2 LRJS establece que Lo acordado en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral.

Siendo así que CCOO y UGT ostentaban suficiente representación para negociar convenios de eficacia general (así aconteció con el XXV convenio y así evidencia la composición de la comisión negociadora del XXVI convenio conforme el HP 3º), estaban legitimados para que el acuerdo alcanzado en el SIMA presentara la misma eficacia que la atribuida a los convenios colectivos.

QUINTO.- El acuerdo se remitió por el SIMA para su registro y publicación en el registro de convenios REGCON, lo que determinó que se dictara diligencia de ordenación, que obra al D16, indicando al SU lo siguiente: dado que el convenio que se pretende impugnar no consta publicado, no procede dar trámite a esta demanda hasta que, conforme lo previsto en el artículo 163.2 L.R.J.S . se solicite de la autoridad laboral que promueva su nulidad de oficio y si no contestase en QUINCE DÍAS, rechazase promover la nulidad o el convenio se hubiera publicado, supuestos de los que la parte actora deberá dar cuenta al tribunal, será entonces cuando se dé curso a la demanda.

Así actuó el demandante y el Ministerio de Trabajo le comunicó que no procedería a instar la nulidad de lo acordado sin perjuicio del derecho del SU a impugnarlo en sede judicial.

Esta impugnación es la que realiza con la presente demanda cuya tramitación debe admitirse en consecuencia conforme lo establecido en el art. 163.3 LRJS.

La demanda de impugnación de lo acordado en el SIMA, una vez resuelto el presupuesto necesario para su formulación referido a la intervención de oficio de la autoridad laboral, se tramita por tanto por la modalidad de los conflictos colectivos tal como se establece en el citado art. 163.3 LRJS.

SEXTO.- Esclarecido por tanto que estamos ante la impugnación de un acuerdo con eficacia general de convenio colectivo y que se impugna por quien estaría legitimado para ello, lo que debemos resolver son las cuatro objeciones que se plantean en el hecho 5º la demanda, a saber:

- que se trata de una renegociación fuera de tiempo del XXV convenio.

- que para esa renegociación estaban legitimados los sujetos a los que tal legitimación confieren los arts. 87 y 88 ET.

- que lo negociado está afectando a una deuda líquida, vencida y exigible en favor de los trabajadores por lo que no cabe aplicar reglas de retroactividad.

- que no se dan las condiciones para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

Pues bien, toda esta batería de argumentos la debemos rechazar.

Como hemos indicado no se trata de una renegociación del XXV convenio, ya que el acuerdo alcanzado entre las partes referido al incremento del salario para 2022 no afecta al ámbito temporal del XXV convenio sino que regula la situación justo posterior a la fecha término de su vigencia, 31-12-2021.

Por tanto, dicho acuerdo se enmarca, como se alegó por la defensa de UGT, en lo previsto en el art. 86.3 2º párrafo ET que señala:

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

Lo pactado en absoluto afecta al XXV convenio y por tanto no ataca una posible deuda líquida ni exigible con apoyo en dicho convenio, ni tampoco lo acordado se aplica retroactivamente a periodos temporales regulados en el XXV convenio, ni afecta al principio rebus sic stantibus, pues no se trata de alterar lo pactado desde el momento en que su objeto sólo presenta consecuencias y efectos posteriores a la pérdida de vigencia del XXV convenio.

SÉPTIMO.- El acuerdo impugnado se alcanza en un acto de conciliación/mediación, previo a conflicto colectivo en el que han sido parte, según evidencia su propio contenido, MASA, los sindicatos firmantes del acuerdo con una representación entre ambos mayoritaria contrastada y también dos sindicatos minoritarios SU y ELA.

Estaban por tanto todos los sindicatos presentes en la empresa y todos los que componían la comisión negociadora del XXVI convenio colectivo, HP3º; por lo que no se entiende qué posibles defectos de legitimación cabe achacar ni a la composición de los integrantes de la reunión de conciliación ni a los acuerdos alcanzados en ella.

OCTAVO.- Finalmente no debemos dejar de señalar que como quedó acreditado en el acto de juicio, lo que se acuerda el 4-5-2022 pasa, además de por establecer el incremento salarial de 2022, por adoptar una medida de especial trascendencia cual es el acuerdo de la pérdida completa de vigencia del convenio de empresa a partir del 1-1-2023 fecha desde la que serán de aplicación los convenios sectoriales provinciales.

Tal como se formula esta demanda y aun cuando en ella nada se alega al respecto, también se pretende anular esta decisión, dándose la circunstancia añadida de que el sindicato SU con presencia en el centro de trabajo de Huelva, suscribe el 3-2-2023, HP8º, el acuerdo por el que los trabajadores representados por dicho comité de empresa pasarán a regirse por el convenio colectivo del sector de montajes de Huelva a partir del 31-12-2022 conforme lo acordado en el acto de conciliación celebrada en el SIMA el 4-5-2022.

NOVENO.- La ausencia de argumentos sólidos para la impugnación del acuerdo alcanzado en el SIMA unido a un comportamiento errático del sindicato SU contradictorio con sus propios actos determinó que por parte del empresario y también de CCOO se interesara la condena por temeridad de la parte actora.

Visto que efectivamente, pese a la literatura desenvuelta en la demanda, ésta carece de todo sentido desde el momento en que el XXV convenio había perdido su vigencia y lo acordado en nada afectaba a su contenido durante su eficacia temporal y que se interesaba la nulidad de decisiones luego validadas por SU con su propia conducta, cabe que estimemos la temeridad de su pretensión y le impongamos la sanción prevista en el art. 97.3 LRJS en cuantía de 200 euros.

DÉCIMO.- Contra esta sentencia cabe recurso de casación ordinaria conforme al art. 206.1 LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,