Sentencia Social 8/2023 del Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 315/2022 de 26 de enero del 2023

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO. - Como ha quedado plasmado en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución se denuncia por parte de CESICA una serie de conductas de la empresa que se dice vulneran su derecho a la libertad sindical y que centra en cuatro grupos de materias, a saber: ralentización de lo que denomina "negociación de la evaluación de los riesgos psicosociales" cercenando la participación de los delegados de prevención; discriminación a sus siete liberados a los que no se les dota de los medios necesarios para acceder a la intranet de la compañía desde su propio domicilio; falta de entrega de información relativa a las copias básicas de los contratos de trabajo y del registro de jornada y exclusión de CESICA de la comisión de seguimiento del acuerdo de 3-12-2.021 de despido colectivo- si bien respecto de este punto se ha desistido en el escrito de conclusiones, y falta de proporción de la misma información que se efectúa a la comisión de seguimiento del meritado acuerdo. De cara a examinar las supuestas lesiones que se denuncian hemos de efectuar una serie de consideraciones de carácter general.

1º.- Con relación a la modalidad procesal a través de la cual ha canalizado su pretensión la actora debemos traer a colación como hicimos en la SAN de 17 de junio de 2.022- proc. 155/2022- cuanto se razona en la STS 6-9-2.021- rec. 65/2.000- donde señala que: "La modalidad de tutela de derechos fundamentales, con independencia de que en el caso sea o no estimada, es adecuada para encauzar la pretensión, al ajustarse a lo dispuesto en los arts. 177 y sgs. de la LRJS , conforme a los cuales, como reitera nuestra doctrina ( SSTS IV Pleno de fechas 17.02.2021, -rco. 129/2020 -, y 20.05.2021 -rco.135/2019 - entre otras), señalando que estamos ante un proceso, el de tutela de derechos fundamentales, en el que "el objeto del proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental. Esto es, el objeto de este proceso especial está limitado a la verificación de si ha existido o no vulneración del correspondiente derecho fundamental y a sus consecuencias y derivaciones que vayan indisolublemente unidas a aquella cuestión principal. Es decir, la vía jurisdiccional de tutela de los derechos de libertad sindical "es un proceso que limita su ámbito de enjuiciamiento a las lesiones directas de derechos fundamentales derivadas de conductas de violación o incumplimiento de la norma constitucional o de las normas legales que los regulan" ( STS de 24 de septiembre de 1996, rec. 683/1996 ), porque, las ventajas de este proceso especial tienen como contrapartida la limitación del objeto del procedimiento, que se limita a la verificación de si ha existido o no vulneración del derecho fundamental alegado, dejando fuera del juicio aquellos otros extremos que sólo cabe enjuiciar en el proceso ordinario".

2º.- Con relación al derecho a la negociación colectiva, como parte del contenido esencial del derecho de libertad sindical con arreglo al art. 2.2 de la LOLS, hemos destacar como recientemente hemos efectuados las SSAN de 4-10-2.022- autos 172/2.022- y de 14-11-2.022 - autos 268/2.022- que es doctrina constante expresada en reiteradas ocasiones por esta Sala ( Por todas SAN de 25-10-2.021- proc. 202/2020- la que señala que "se vulnera el derecho a la libertad sindical cuando se priva a una organización sindical del derecho a participar en una negociación colectiva a la que se encuentra llamado - en este sentido cabe citar la SAN de 11-11-2.016 - proceso 270/2016 - en la que recordábamos que "la doctrina constitucional, por todas STCo. 73/1984 (RTC 1984 , 73),9/1986 (RTC 1986 , 9),39/1986 (RTC 1986 , 39),184/1991(RTC 1991 , 184) y213/1991(RTC 1991, 213) y la jurisprudencia, por todas STS 11-11-2015, rec. 331/14 ; STS 18-05-2016, rec. 150/15 y STS 14-07-2016, rec. 270/15 han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostente la representatividad exigible, de la negociación colectiva, entendiéndose como tal aquellas negociaciones, que afectan a las condiciones de trabajo de los trabajadores, constituye vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, garantizados por losarts. 7,28.1y37.1 CE, así como en elart. 2.2.d LOLS. ".

3º.- Que el art. 12 de la LOLS dispone que "Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales"

4º.- En lo que se refiere al derecho de información recuerda la STS DE 13-12-2.022- rec. 40/2.021- que " el derecho a la información, en su vertiente de derecho a la denominada información pasiva; esto es, derecho a recibir información por parte de la empresa en los términos que fueran previstos por las leyes, forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 28.1 CE ; de suerte que una eventual vulneración de ese derecho podría considerase atentatoria la reseñado derecho fundamental; ya que la libertad sindical comprende, ineludiblemente el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden ( SSTC 40/1985 , 39/1986 , 30/1992 , 173/1992 y 94/1995 ; entre otras).

Por otro lado, es doctrina de esta Sala con relación a la información que debe proporcionarse a los delegados sindicales la siguiente:

Sobre el derecho de información de los Delegados sindicales hemos razonado:

a.- en la SAN de 18 de octubre de 2013 : " .- En relación con el derecho de información, con carácter general y como señala la STC 213/2002 en "el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros - STC 94/1995 , 127/1995 ,168/1996 ,107/2000 y 121/2001 ; -; y, en coherencia con dicho contenido constitucional, laLey Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical reconoce en su art. 2.1.d) "el derecho a la actividad sindical"...reconociendo a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del comité de empresa". Doctrina acogida por las STS de 29 de marzo de 2011 (Rec. 145/2010 ) y 3 de mayo de 2011 (Rec. 168/2010 );

b.- que para que proceda la entrega de la información y documentación que de acuerdo el art. 64 E.T la empresa debe entregar al Comité y por disposición del art. 10 de la LOLS a los Delegados Sindicales que no sean miembros del mismo no es necesaria la previa petición de parte, sino que la misma debe efectuarse por la empresa en el tiempo y forma previstos en la norma sin necesidad de previo requerimiento alguno. ( SAN de 5-10-2.021- autos 359/2.020);

c.- y trayendo a colación doctrina jurisprudencial previa hemos concluido que:

"1 º.- que el derecho de información del Delegado Sindical es autónomo del que correspondiente a los Comités de empresa o delegados de personal ( Ss.TS 6-2.019 - rec.224/2019yde 29-3-2.011 ( rec. 145/2010 ), sin que pueda considerarse como accesorio del mismo;

2 º.- que el ámbito de la información y documentación que debe proporcionarse al Delegado Sindical es aquel al que se extienda su representación, de manera que si el ámbito de representación del Delegado se corresponde con el de toda la empresa, la información que debe proporcionarle esta es la correspondiente a todos sus centros de trabajo con independencia de que existan o no representantes unitarios ( STS de 9-1-2.020- rec 100/2018 - que confirma laSAN de 22-2-2.018- autos 336/2017."

5º.- Finalmente en el plano procesal y en orden a la distribución de la carga de la prueba cuando se invoca la lesión de un derecho fundamental recuerda la ya citada STS de 13-12-2.022- rec 41/2021- lo siguiente:

"Dado que nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Del precepto, a la vista de la expresión de la norma procesal, se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 ).".

CUARTO.- Examinand o la supuesta vulneración de la libertad sindical con relación a la evaluación de los riesgos psicosociales, el examen del supuesto objeto de enjuiciamiento desde el prisma de la doctrina que acabamos de exponer nos ha de llevar a descartar la existencia de lesión alguna del derecho a la libertad sindical de CESICA por las razones siguientes:

1º.- No existiendo un deber de negociar colectivamente la evaluación de riesgos, en modo alguno puede apreciarse vulneración del derecho a la libertad sindical porque la empresa "haya dilatado" la evaluación específica de dicho tipo riesgos como refiere la actora en su demanda.

En efecto, el art. 16.2 a) de la LPRL impone al empresario el deber de evaluar los riesgos "para la seguridad y salud" de los trabajadores, pero dicho precepto en modo alguno señala que dicha evaluación deba ser objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores o con los delegados de prevención y sin perjuicio del los derechos de participación e información que en materia de prevención de riesgos laborales los arts. 34 y ss de la LPRL otorgan a los Delegados de prevención, y en el mismo sentido el art. 3 del RD 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2º.- Por otro lado, se refiere en la demanda de modo genérico que la empresa impide la participación de los delegados de Prevención de CESICA y que les niega información a la que tienen derecho en materia de riegos psicosociales, imputación esta que se realiza de forma vaga y harto genérica, lo que en cierto modo genera indefensión a la codemandada, sin que los correos que se han dado por reproducidos en el HP 4º puedan ser indiciarios de una situación de existencia de la vulneración del derecho a la libertad sindical, máxime si los mismos se cotejan con las actas del Comité Intercentros de Seguridad y Salud, que evidencian la existencia de una efectiva participación de los Delegados de Prevención en la actividad preventiva de la empresa.

QUINTO.- En lo que se refiere a la supuesta discriminación que se dice que ejerce la empresa respecto de los liberados sindicales de CESICA a los que se dice que se niega el derecho a consultar sus datos personales obrantes en la intranet de la compañía tales como nóminas, `permisos, ausencias.. desde su propio domicilio, nuevamente, hemos de descartar la existencia de la vulneración denunciada.

La única prueba que se aporta al respecto es un correo reclamando un ordenador portátil con conexión VPN que realizan los delegados de CESICA y la denegación de la empresa de tal medio informático, y dicha prueba en modo alguno puede suponer un indicio de la supuesta discriminación por cuanto que:

a.- nada se dice de los medios informáticos de que disponen el resto de liberados adscritos a otro sindicatos, ni siquiera de los que la empresa proporciona al resto de la plantilla, lo que hace no exista un elemento claro de comparación a efectos de verificar la existencia de un trato desfavorable;

b.- las partes han convenido en señalar que existe un acuerdo de medios tecnológicos suscrito en 2.007 que regula los medios informáticos que la empresa debe proporcionar a las secciones sindicales y a sus integrantes, y que el mismo fue revisado en 2.009, pero sólo constan en las actuaciones el acuerdo de revisión de 2.009 que habilita a las secciones sindicales- no a los liberados a título individual- a acceder a la intranet de la compañía, sin que el mismo refiera que cada uno de los liberados deba disponer de los instrumentos informáticos que ahora se reclaman.

SEXTO.- Por el contrario si consideramos que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical de CESICA en su vertiente de derecho a la información en el hecho de que la empresa desde el mes julio de 2.021 no haya proporcionado información alguna respecto del registro de jornada, sin que conste que haya adoptado medida alguna para facilitar el acceso al mismo por parte de las Secciones sindicales.

En efecto, el art. 34.9 del ET dispone los siguiente:

"9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.".

Por otro lado, el Acuerdo de registro de jornada vigente en la empresa del que se da oportuna cuenta en el hecho probado séptimo de la presente resolución señala lo siguiente:

"Se habilitará el sistema necesario para que la representación legal de los trabajadores pueda acceder al registro diario de las personas trabajadoras en cualquier momento y una vez cerrado el marcaje anterior".

Desde dicho acuerdo y hasta el mes de julio de 2.021 tal acceso al registro se canalizaba por la empresa mediante el envío mensual de los datos del mismo a las secciones sindicales, sin que conste que desde esa fecha se haya facilitado de otro modo el acceso de la representación social a los datos de dicho registro de jornada.

La empresa aduce que a raíz del proceso de fusión con Liberbank dicho acceso resulta informáticamente imposible, lo cual ni si quiera acredita, y aún en el caso de que lo acreditase, en modo alguno operaria como una justificación objetiva y razonable de su conducta, toda vez que el desarrollo de un proceso de fusión, en tanto en cuanto en cuanto de que se trata de una decisión adoptada por los máximos órganos directivos de las sociedades que se fusionan, en modo alguno puede operar como causa de exoneración de estas de los deberes que legalmente se les imponen en orden a proporcionar información y documentación a la parte social.

Y dicha merma de información, como hemos dicho lesiona el derecho a la libertad sindical de CESICA, ya que le priva de elementos necesarios para el eficaz ejercicio de la acción sindical en la empresa ( art. 2. 2 de la LOLS) en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales a los que se refiere el art. 7 de la CE.

SÉPTIMO.- Con relación al deber de entregar copia básica de los contratos de trabajo que se celebren dispone el apartado 4 del art. 8 del E.T lo siguiente:

" El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pudiera afectar a la intimidad personal. El tratamiento de la información facilitada estará sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos.

La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo."

Y hemos de concluir que la empresa demandada ha incumplido con el deber que impone tal precepto legal por cuanto que los ordinales 12º a 14 º de la presente resolución exponen lo siguiente:

- el día 10 de junio de 2.022 por parte de CESICA se remitió correo a la dirección de la demandada en la que señalaba que la última entrega de documentación relativa a contratación de personal era de fecha 6/9/2021, y que no se había entregado censo de los trabajadores integrados de LIBERBANK, ni de los contratados por empresas externas;

- en la Comisión de relaciones laborales de la entidad que tuvo lugar el día 19-7-2.022 se denunció por las secciones sindicales que la última información relativa a contratación de nuevo personal que se había proporcionado era de fecha 6/9/2021;

- el día 21-7-2.022 CESICA formuló denuncia ante la ITSS por este motivo;

- el día 21 de octubre de 2.022 la empresa remitió correo electrónico a las secciones sindicales, incluida la de CESICA, en la que se informaba de las finalizaciones de contrato y contrataciones realizadas entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2.022, adjuntando copia básica de los nuevos contratos resultando que: tres de los nuevos contratos habían sido suscritos el día 1 de junio de 2.022, dos el 26 de julio de 2.022. otro el 1 de agosto de 2.022, otro el 1 de septiembre de 2.022, otro el 15 de septiembre de 2.022, otro el 26 de septiembre de 2.022, y otro el 3 de octubre de 2.022.

Ello evidencia que a la fecha de presentación de la demanda - 10 de octubre de 2.022- la empresa había incumplido totalmente con la obligación de entregar copia básica de los contratos celebrados, y dicho incumplimiento no queda subsanado por un posterior incumplimiento tardío, el cual por su demora, merma la efectividad del desarrollo de la acción sindical en la empresa por parte de la organización sindical.

OCTAVO.- Si bien tanto en la demanda como en el acto del juicio se consideró que vulneraba el derecho a la libertad sindical de CESICA el hecho de estar excluida de la Comisión de seguimiento del Despido colectivo, en el escrito de conclusiones se ha desistido de dicha denuncia, la cual, siendo las funciones de la Comisión de seguimiento de marcado carácter aplicativo o de administración del acuerdo, carecía de sustento alguno, máxime cuando además de las actas aportadas no cabe deducir que en el seno de la misma se haya desarrollado proceso negociador alguno, debiéndonos remitir al efecto a cuanto se razonaba en la SAN de 16-3-2.021- autos 515/2020- y a la doctrina de la Sala IV que se cita en el cuarto de sus fundamentos de derecho. Ello además conllevará la absolución de las organizaciones sindicales demandadas en su condición de integrantes de la Comisión de Seguimiento.

Mantiene, no obstante, su denuncia respecto de que debe tener conocimiento tanto de la información que la empresa proporcione a la Comisión de seguimiento, como de las actas de la misma y que su falta de entrega vulnera su derecho a la libertad sindical. Tales argumentos no pueden ser compartidos por la Sala por cuanto que la información que se proporciona a los integrantes de dicha comisión tiene por finalidad abordar las reuniones que en la misma se abordan, y, en todo caso, por cuanto que la empresa tal y como se plasma en los hecho probados 16º y 17º ha informado puntualmente a CESICA de las extinciones contractuales derivadas de la aplicación del Acuerdo de 3-12-2.021 de despido colectivo, así como del cierre de oficinas llevado a cabo.

NOVENO.- En atención a lo expuesto procede considerar que se ha vulnerado la libertad de CESICA por dos razones, a saber: la falta de facilitación de información o acceso alguno a los datos del registro de jornada y la falta de entrega en tiempo hábil de las copias básicas de los contratos celebrados.

Constatada la lesión del derecho de libertad sindical dispone el art. 182.1 de la LRJS :

"1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.".

Por aplicación de este precepto procede estimar la demanda parcialmente en el sentido de declarar la existencia de una vulneración del derecho a la libertad sindical de CESICA y condenar a la misma a que proceda, a poner a disposición de la organización sindical demandante la información y documentación relativa a la copia básica de los contratos de trabajo, así como al registro horario de jornada.

DÉCIMO.- Igualmente se solicita en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios que se publique la sentencia que estime la presente demanda en los tablones de anuncios de la empresa y en su página web y que se abone a CESICA una indemnización por daños y perjuicios, que cautelarmente se cuantifica en 66.157 euros.

Respecto del resarcimiento de daños y perjuicios el art. 183.1 de la LRJS dispone que "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados."

En este sentido cabe señalar que la doctrina general de la Sala IV expresada en la STS de 24-10-2019 - rec 12/2019 - con relación al resarcimiento de daños y perjuicios que expresa lo siguiente:

"Una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales es la que lleva a cabo la STS 13 de diciembre de 2018, Recurso: 3/2018 : tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

De conformidad con lo anterior, habrán de ser atendidas las circunstancias concurrentes en este supuesto, no exentas de complejidad. Así, la necesaria interpretación de los acuerdos de cobertura en aras de determinar la razonabilidad o no de la justificación ofrecida de la empresa, junto a la reparación, que se acaba de acordar, en la gestión del crédito derivado de la participación en la huelga y paros parciales de los representantes del sindicato -tampoco aquí ha resultado probado que la negativa empresarial produjera ningún efecto disuasorio, ni impidiera el seguimiento-, conducen a fijar la indemnización en cuantía de 3.000 euros, cifra comprensiva de un resarcimiento suficiente y de la contribución a la finalidad de prevenir el daño, de conformidad con la determinación prudencial que perfila en art. 183 LRJS .

Recordemos -lo recoge el pronunciamiento últimamente citado, en el pasaje que analiza la referencia a la LISOS para el método de cuantificación- que "-es reiterada ya nuestra doctrina, que lo acoge en tanto que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006 ). Señalamos, no obstante, que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo "una aplicación sistemática y directa de la misma", sino que nos ceñimos "a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental" ( STS/4ª de 15 febrero 2012 -rec. 67/2011 -, 8 julio 2014 -rcud. 282/2013 - y 2 febrero 2015 - rcud. 279/2013 -, entre otras)."-, pero consideramos que las circunstancias descritas conllevan en el actual supuesto la necesaria ponderación de la petición indemnizatoria que postulaba la parte actora. "..

Consideramos de un lado, que la publicación de la presente sentencia, resarce el daño moral ocasionado a CESICA por lo que estimaremos este punto del suplico de la demanda, y que debemos acudir a la LISOS para cuantificar el resarcimiento económico por la lesión ocasionada, e incardinándose la conducta de la demandada en la falta prevista en el art. 7 apartado 7 de dicha norma, que se sanciona en su grado medio con multa de 1501 euros a 6250, grado que estimamos adecuado en atención al volumen de trabajadores de la demandada y a la gravedad del incumplimiento, fijaremos un montante indemnizatorio total de 3.002 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,