Sentencia Social 58/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 87/2024 de 29 de mayo del 2024

PRIMERO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la relación de hechos probados descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en cada uno de ellos se señalan.

SEGUNDO.- A la vista de la excepción alegada por la demandada en el acto de la vista el paso previo ha de ser el examen de la competencia objetiva de esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

El artículo 2 de la LRJS señala que los órganos de la jurisdicción social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: " f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso...".

Por su parte el art. 8.1 de la misma norma, a la hora de determinar la competencia de esta Sala señala: " La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje".

Por su parte el art. 6.1 de la LRJS señala que " Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7 , 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal ", distribuyéndose la competencia territorial entre ellos conforme al art. 10.2 de la misma norma en el sentido siguiente:

" 2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso juzgado competente: ... f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artículo 2, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela".

Pues bien, a tenor de la prueba practicada no hay duda de la competencia de esta Sala para el conocimiento del asunto. Es cierto que los correos electrónicos de fechas 2 y 8 de febrero de 2024, aportados junto con el escrito de ampliación, son remitidos por la Gerencia de Producción de Fuencarral de la empresa RENFE Viajeros SME, SA y que los mismos están dirigidos a los trabajadores del centro de trabajo de Madrid-Fuencarral. Ahora bien, también lo es que los mensajes de SMS fueron enviados a los móviles corporativos del personal de distintos centros y localidades (la testifical propuesta por la demandante no deja duda al respecto al identificar tales SMS aportados como los recibidos en el Sindicato y procedentes de trabajadores de Málaga). Y a ello debe añadirse que la convocatoria de huelga cuyo preaviso también se aporta junto con la demanda lo era a nivel nacional. La excepción, por ello, debe desestimarse.

TERCERO.- Resuelta la cuestión relativa a la competencia objetiva es preciso examinar el fondo del asunto. Y expuestas las posiciones de las partes en el antecedente fáctico de tercero de la presente resolución, y encontrándonos ante una demanda que ha sido tramitada conforme a la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, hemos de fijar lo que, dentro de dicha modalidad procesal preferente y sumaria que trae causa del art. 53.2 CE, puede ser abordado por la Sala. Al respecto hemos de traer a colación la doctrina de la Sala IV del TS expuesta en la STS de 19-1-2022- rec. 205/2021-:

"Nuestra doctrina sobre la delimitación del ámbito objetivo, propio y exclusivo, de la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas que regulan los arts. 177 a 184 LRJS , así como de las consecuencias que de ello se derivan, se contiene en muchas sentencias ( SSTS de 18 de noviembre de 1991, rec. 828/1991 ; de 18 de mayo de 1992, rec. 1359/1991 ; de 21 de junio de 1994, rec. 2225/1993 ; de 24 de enero de 1996, rec. 629/1995 ; de 24 de septiembre de 1996, rec. 683/1996 ; de 6 de octubre de 1997, rec. 660/1997 ; de 14 de noviembre de 1997, rec. 697/1997 ; de 19 de enero de 1998, rec. 724/1997 ; de 15 de febrero de 2000, rec. 502/1999 ; de 20 de junio de 2000, rec. 4140/1999 ; de 24 de abril de 2001, rec. 2544/2000 y de 10 de julio de 2001, rec. 2800/2000 ; entre muchas otras). Y fue resumida por la STS de 6 de octubre de 2001, rec. 49/2001 y complementada, entre otras por la STS de 20 de octubre de 2009, rec. 82/2007 , de la forma siguiente:

A) La vía preferente y sumaria del proceso especial de tutela es optativa para sindicatos y trabajadores, que también pueden impugnar la conducta que entienden lesiva de su derecho fundamental por el cauce del proceso ordinario o de las otras modalidades procesales que enumera el artículo 184 LRJS ; pero en cada caso habrán de atenerse a las exigencias de la modalidad elegida. Ahora bien, por imperativos del artículo 178.1 LRJS y, como consecuencia del carácter de cognición limitada de esta modalidad procesal, su ámbito queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza, o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del derecho fundamental correspondiente.

B) Lo decisivo a efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho fundamental. Así lo declaró el Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias 12/1982 y 31/1984 . En la segunda de ellas -la 31/1984, FJ 5º- el Alto Tribunal afirma que "para deslindar el problema procesal y la cuestión de fondo, es preciso reconocer que basta con un planteamiento razonable de que la pretensión ejercitada versa sobre un derecho fundamental, lo que es bastante para dar al proceso el curso solicitado, con independencia de que posteriormente el análisis de la cuestión debatida conduzca o no al reconocimiento de la infracción del derecho constitucional invocado". Porque "si, ejercitándose una pretensión cualificada por la indicada fundamentación se niega el proceso, se está privando al que acciona de garantías jurisdiccionales de derechos o libertades fundamentales " ( STC 31/1984 , FJ 2º).

C) Tampoco afecta a la adecuación del procedimiento el hecho de que se introduzca en la controversia, junto a la alegación de la vulneración de un derecho fundamental, la denuncia de una infracción simple de la legalidad ordinaria sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental, o se aleguen fundamentos diversos a la tutela, o que el órgano judicial competente considere, de la simple lectura de la demanda, que no se ha producido la lesión del derecho fundamental invocado. En tales casos, la consecuencia será, de acuerdo con el principio de cognición limitada, la desestimación de la pretensión de tutela, sin examinar los restantes fundamentos diversos ni enjuiciar las cuestiones de legalidad ordinaria; y la conservación de la acción para que el actor pueda alegar la eventual existencia de la infracción de la legalidad ordinaria en otro proceso.

D) Las anteriores afirmaciones no implican el desconocimiento de la previsión del artículo 179.4 LRJS , encaminada a velar por la especificidad, preferencia y sumariedad del proceso especial. Pues conforme a tal precepto, solo es posible declarar la inadecuación de procedimiento y rechazar de plano la demanda en los supuestos excepcionales en que se aprecie, "prima facie" que la pretensión ejercitada queda de forma manifiesta fuera del ámbito de la modalidad procesal, bien porque la demanda contiene meras invocaciones pro-forma carentes de todo contenido, o no denuncia lesión alguna del derecho fundamental como exige el artículo 179.4 LRJS ; o bien porque se plantea únicamente un tema de legalidad ordinaria y por consiguiente sin "lesión directa" del derecho fundamental; o, en fin, cuando se acude por la parte al proceso preferente y sumario del artículo 177 LRJS en fraude de ley. En esos singulares casos sí debe aplicarse la prevención legal "porque corresponde a los poderes y responsabilidades del Tribunal constatar si, en principio, la pretensión que se anuncia y cuyos elementos indispensables configuradores de la pretensión a estos efectos deben ofrecerse en el escrito de demanda, es de aquellas para las que está previsto el tipo procesal especial" ( STC 31/84 ).

E) En referencia, al supuesto de conflictos colectivos, lo anterior no puede afectar a la tutela sustantiva, pues todos los pronunciamientos que contempla el artículo 182 LRJS pueden obtenerse, también, por los cauces procesales alternativos, incluso el procedimiento de conflicto colectivo, cuando éste pueda incluir acciones de condena".

La aplicación de la doctrina expuesta nos impide pronunciarnos respecto de cuestiones de legalidad ordinaria, las cuales únicamente podrán ser examinadas vía conflicto individual, plural o colectivo.

CUARTO.- Partiendo de lo anterior, la organización sindical actora considera que la empresa ha intentado desmovilizar a los trabajadores a fin de que los mismos no pudieran secundar la huelga convocada para el día 9 de febrero de 2024. Y ello a través, en primer lugar, del envío de mensajes a los móviles corporativos informando erróneamente de una desconvocatoria que nunca se produjo; y, en segundo lugar, mediante el envío de correos electrónicos avisando de la asignación de "turnos fantasma" para el caso de supresión de la circulación del tren asignado con motivo de la huelga. Se añade en el escrito de demanda que con tal comportamiento la entidad demandada no sólo vulnera el derecho de huelga de los trabajadores sino también el derecho de libertad sindical del Sindicato convocante.

Recordemos en este punto que según jurisprudencia constitucional, el art. 28.1 CE integra, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensivo de todos los medios lícitos, y sin indebidas injerencias de terceros (por todas, SSTC 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; 127/1995, de 25 de julio, FJ 3; 168/1996 de 29 octubre, FJ 1; 168/1996, de 29 de octubre, FJ 3; 107/2000, de 5 de mayo, FJ 6, y 121/2001, de 4 de junio, FJ 2). Coherentemente con este contenido constitucional la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, establece en su art. 2.1 d) que la libertad sindical comprende "el derecho a la actividad sindical", y en el art. 2.2 d) que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho al "ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella".

Sin embargo, tal y como ha declarado también el Tribunal Constitucional, el ejercicio del derecho de huelga admite ciertas limitaciones pues ningún derecho constitucional es un derecho ilimitado. Se dice por el Alto Tribunal: "Como todos, el de huelga ha de tener los suyos, que derivan [...] no solo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente protegidos" ( STC 11/1981, FJ 9). "Como cualquier otro derecho, el de huelga ha de moverse dentro de un perímetro que marcan, por una parte, su conexión o su oposición respecto de otros derechos con asiento en la Constitución, más o menos intensamente protegidos y, por la otra, los límites cuyo establecimiento se deja a la ley, siempre que en ningún caso se llegue a negar o menoscabar su contenido esencial. Este, en principio, consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones, núcleo que implica a su vez la facultad de declararse en huelga, estableciendo su causa, motivo y fin y la de elegir la modalidad que se considera más idónea al respecto, dentro de los tipos aceptados legalmente" ( STC 123/1992, de 28 de septiembre, FJ 4). Por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga puede quedar sometido en virtud de la ley a procedimiento o a algún tipo de formalismo o formalidad "porque el art. 53. CE permite que el legislador regule las 'condiciones de ejercicio' de los derechos fundamentales, siendo preciso que tales procedimientos y formalismos no sean arbitrarios, tengan por objeto proteger bienes e intereses constitucionalmente protegidos y que no sean tan rígidos o difíciles de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio del deber" ( STC 332/1994, de 19 de diciembre, FJ 5).

No es hecho controvertido que el Sindicato demandante convocó una huelga para el 9 de febrero de 2024. Y tampoco lo es que en los móviles corporativos del personal del grupo Renfe (en distintos territorios, como antes se ha indicado) y en las cuentas de correo electrónico de los trabajadores se recibieron diversas comunicaciones tendentes a la organización de la circulación ferroviaria tanto para el caso tanto del mantenimiento de la huelga como para el de su desconvocatoria. Así, a la vista de la prueba aportada, constan, en primer lugar, mensajes SMS remitidos sobre las 14:40 horas del día previo a la huelga a los teléfonos corporativos de los trabajadores indicando (y esto es literal) " Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico". La literalidad es este punto es determinante pues, a diferencia de lo que se indica en la demanda, tras las dos primeras palabras del mensaje no existe un punto, sino una coma. Esto es, no se afirma la desconvocatoria de huelga y se ordena la realización de los servicios del gráfico, sino que se informa de que, en el supuesto de desconvocarse la huelga, los servicios a realizar serán los del citado gráfico. Y tal interpretación viene, además, corroborada por el hecho de que, posteriormente, sobre las 15:11 horas del mismo día, se remitieron correos electrónicos a los trabajadores en los que se les instaba a estar pendientes del mantenimiento de la huelga o de su desconvocatoria durante la noche de ese día. El elemento cronológico es, por tanto, relevante, pues no cabe hablar de la existencia de un anuncio de desconvocatoria falso cuando consta la empresa informa de los posibles servicios para el caso de mantenimiento de la huelga. A ello debe añadirse que, en relación a los correos electrónicos citados en el escrito de ampliación -y con independencia del borrado de las direcciones de envío y destino-, los mismos responden a la necesidad de regular el tráfico ferroviario ante la incertidumbre del mantenimiento o no de la huelga (tal y como parece desprenderse del hecho segundo de la demanda). Esto es, el hecho de remitir dos hojas de servicios diferenciadas (con indicación de que una lo es para el supuesto de mantenimiento de la huelga y otra para el caso de su desconvocatoria) no puede ser considerado como indicio suficiente de vulneración de derechos fundamentales.

En definitiva, a la vista de las circunstancias acreditadas no cabe afirmar que la entidad demandada vulnerara con su conducta el derecho de huelga de sus trabajadores o la libertad sindical del Sindicato convocante. De ahí que la demanda deba ser desestimada, rechazándose tanto la declaración de vulneración de derechos fundamentales como la pretensión indemnizatoria acumulada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,