Sentencia Social 59/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 97/2024 de 30 de mayo del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El presente fundamento de derecho tiene por objeto valorar la conducta empresarial al objeto de determinar si tal y como sostiene el Sindicato demandante, se ha producido una vulneración de su derecho de libertad sindical en alguna de sus vertientes (derecho a la transmisión de información a las personas trabajadoras de la empresa y derecho a la negociación colectiva a la vista del contenido del art.82 del Convenio de aplicación).

Según jurisprudencia constitucional, el art. 28.1 CE integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensivo de todos los medios lícitos, y sin indebidas injerencias de terceros (por todas, SSTC 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; 127/1995, de 25 de julio, FJ 3; 168/1996 de 29 octubre, FJ 1; 168/1996, de 29 de octubre, FJ 3; 107/2000, de 5 de mayo, FJ 6, y 121/2001, de 4 de junio, FJ 2). Coherentemente con este contenido constitucional la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical (LOLS), establece en su art. 2.1 d) que la libertad sindical comprende " el derecho a la actividad sindical", y en el art. 2.2 d) que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho al " ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella".

En particular, el art.10.3 LOLS prevé que, junto a la titularidad del derecho de información que ostentan los representantes unitarios y los delegados de prevención en las empresas, las secciones sindicales y los delegados sindicales en las empresas ostentan también dicha titularidad, que comprende como contenido esencial del mismo el derecho a la acción sindical ( TS 8-7-14), precisándose que la titularidad del derecho a recibir información y copia de documentos por parte del empresario pertenece a los delegados sindicales o a los representantes de los trabajadores y no a los sindicatos (TS 14-1-20,; 6-2-19). La transmisión de información a los trabajadores constituye un elemento esencial de la libertad sindical y siempre que se desarrolle fuera de las horas de trabajo y no perturbe la actividad normal de la empresa, aunque se realice en sus locales ( TCo 94/1995), no pudiendo exigirse a la empresa una actividad informativa superior a la impuesta por la norma (AN 3-12-07).

El derecho al uso de Internet y la posibilidad de acceder al correo electrónico no se regula en tal norma, pero se considera una derivación del derecho de información sindical integrado, con carácter más genérico, en el derecho fundamental a la libertad sindical que se lesiona al prohibir a un sindicato el acceso a Internet o al correo electrónico corporativo en igualdad de condiciones con los demás sindicatos (TS 23-7-08, 26-4-16 y 24-7-17).

En cuanto a la utilización de correo electrónico a través del servidor de la empresa, pesa sobre el empresario el deber de mantener al sindicato en el uso pacífico de los instrumentos adecuados para su acción sindical siempre que tales medios existan, su utilización no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respeten los límites y las reglas de uso ( TCo 281/2005 ). El derecho a distribuir información a través del correo electrónico de la empresa comprende el derecho a acceder a la lista de direcciones electrónicas de la plantilla por parte de los sindicatos (TS 14-7-16).

Se considera justificada la negativa empresarial a que los representantes sindicales utilicen los medios informáticos de la empresa para comunicarse con sus afiliados y con el resto de los trabajadores cuando su uso resulta perturbador, perjudicial y costoso (TS 22-6-11). El derecho de libertad sindical no es ilimitado y la empresa puede organizarlo de modo que no se bloquee por envíos masivos amoldándose a la capacidad de los equipos técnicos, sobre todo cuando ésta ha elaborado el documento de política de uso de correo electrónico corporativo (TS 24-3-15). Por el contrario, se vulnera la libertad sindical cuando la empresa niega de manera injustificada el acceso a la cuenta de correo electrónico ya preexistente, si queda acreditado que no se perturba con ello el normal funcionamiento de su actividad, y no supone la imposición de mayores cargas, gravámenes, o incremento de costes (TS 21-2-19 y 25-1-23). La empresa puede eliminar el correo electrónico como cauce para distribuir información sindical general para sustituirlo por una aplicación informática para dispositivos móviles (app) con superior funcionalidad y fácil accesibilidad, manteniendo la posibilidad de que el sindicato realice envío de correos electrónicos personalizados ( TS 12-9-23, rec. 100/2021).

El hecho de que una circular sindical con un contenido estrictamente laboral -información respecto a una huelga en otra empresa del grupo motivada por la orden empresarial de cesar en el teletrabajo- se publique en el tablón virtual de información sindical, no justifica la negativa empresarial a que dicha información se envíe a las direcciones de correo corporativas de toda la plantilla, porque se trata de dos canales distintos que no son excluyentes ( TS 25-4-23, rec. 334/2021).

Pues bien, en el presente supuesto la utilización de herramientas telemáticas por la representación legal de las personas trabajadoras viene expresamente recogida en el art.82 del Convenio (por razones de claridad expositiva se ha incluido en el hecho probado tercero). Y allí se prevé expresamente que las organizaciones sindicales más representativas con presencia en los órganos de representación de las personas trabajadoras en la empresa puedan acceder en el ejercicio y ámbito de sus funciones representativas a la utilización del correo electrónico para transmitir información de naturaleza sindical y laboral, respetando, en todo caso, la normativa de protección de datos de carácter personal. Y ello sin perjuicio de la existencia de un portal o carpeta de empleados (último párrafo del apartado 1 del citado artículo 82); o de la implantación de un tablón virtual de anuncios (apartado 2 del mismo artículo).

A tenor de la prueba practicada y vista dicha doctrina y la normativa convencional aplicable, lo que resulta acreditado es que la empresa ha obstaculizado, de forma injustificada, el ejercicio de la libertad sindical del Sindicato demandante al negarle el acceso al correo electrónico como cauce para distribuir información sindical general y sin que conste, por otra parte, un canal alternativo implantado para que los/as trabajadores/as que prestan servicios en la empresa puedan recibir la citada información general. Es más, la empresa niega el acceso a una cuenta de correo propia de la sección y advierte a sus integrantes, cuando transmiten aquel tipo de información a través de sus cuentas individuales, de la posible existencia de responsabilidades disciplinarias.

Esto es, aquel derecho integrante de la libertad sindical no puede verse limitado por una decisión unilateral de la empresa en relación a la aplicación de una determinada política impuesta de forma unilateral y en contra del tenor literal del propio Convenio Colectivo de aplicación ni puede verse sustituido por la existencia de un portal del empleado que requiere un acceso diferenciado o por la previsible (y futura) implantación de un tablón virtual (ofrecido por la empresa en el acto ante el SIMA y cuya instalación y puesta en funcionamiento no ha resultado acreditada por el momento). Es más, nada se alega o prueba respecto de la existencia de mayores costes de licencia o de gestión informática.

Es cierto que la remisión de información sindical a través de correo electrónico supone la realización de un tratamiento de datos (AEPD Informe 0101/2008). Ahora bien, en relación con las fórmulas informáticas de transmisión de información sindical a los trabajadores, existen procedimientos automatizados que pueden permitir la satisfacción del derecho a la libertad sindical sin necesidad de realizar una cesión y, por tanto, minimizando los riesgos y las obligaciones de cumplimiento normativo para el empresario y el sindicato. P.e., la utilización de listas de distribución permite que el sindicato remita la información a una dirección corporativa del tipo listasindical@empresa.es, sin acceso a los datos. Si la empresa trata datos personales, puede incorporar los derechos de información en la recogida de datos (LO 3/2018) en los pies de los correos y automatizar la cancelación y la oposición a los tratamientos mediante las bajas en las listas a petición del usuario. Y la comunicación de datos se limitará a los estrictamente necesarios.

Todo ello determina que deba apreciarse una vulneración del derecho a la Libertad Sindical en la vertiente de distribución de información sindical por parte de los integrantes de la Sección Sindical constituida. No así, sin embargo, respecto del derecho a la negociación colectiva del Sindicato demandante pues no se aportan indicios suficientes que permitan afirmar tal limitación más allá de la diferencia interpretación que realizan las partes del citado art.82 del Convenio y que, como hemos indicado, determinan una limitación del derecho de la sección Sindical de facilitar información a los/as trabajadores/as de la empresa. Recordemos en este punto que los sindicatos están facultados, como representación institucional de los trabajadores, para la negociación colectiva y negar u obstaculizar el ejercicio de dicha facultad ha de entenderse también violación de la libertad sindical ( TCo 108/1989). Ahora bien, el ámbito protegido es el de la propia negociación sin que integre lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de lo convenido, salvo que la actuación empresarial se dirija frontalmente a frustrar sus efectos (TS 26-6-98), lo que no ha resultado acreditado en el presente supuesto.

CUARTO.- Es preciso, por último, dar respuesta a la pretensión indemnizatoria recogida en la demanda. Al respecto y como hicimos en la SAN de 26-1- 2.023- proc. 315/2022- hemos de señalar que:

" Respecto del resarcimiento de daños y perjuicios el art. 183.1 de la LRJS dispone que "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados".

En este sentido cabe señalar que la doctrina general de la Sala IV expresada en la STS de 24-10-2019 -rec 12/2019- con relación al resarcimiento de daños y perjuicios que expresa lo siguiente:

" Una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales es la que lleva a cabo la STS 13 de diciembre de 2018, Recurso: 3/2018 : tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 - rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 - rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

Recordemos -lo recoge el pronunciamiento últimamente citado, en el pasaje que analiza la referencia a la LISOS para el método de cuantificación- que "- es reiterada ya nuestra doctrina, que lo acoge en tanto que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006 ). Señalamos, no obstante, que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo "una aplicación sistemática y directa de la misma", sino que nos ceñimos "a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental" ( STS/4ª de 15 febrero 2012 -rec. 67/2011 -, 8 julio 2014 -rcud. 282/2013 - y 2 febrero 2015 - rcud. 279/2013 -, entre otras)."-, pero consideramos que las circunstancias descritas conllevan en el actual supuesto la necesaria ponderación de la petición indemnizatoria que postulaba la parte actora. "..

En el presente caso, y a falta de otras circunstancias, resulta prudente el criterio seguido por UGT al cuantificar su indemnización por daño moral en una cantidad inferior a la cuantía mínima prevista en la LISOS para la multa con la que procedería sancionar este tipo de conductas- 7.501 euros- ( arts.8.5, 87.8 y 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). De ahí que proceda el reconocimiento de la indemnización solicitada de 6.250 €. Y ello al no apreciarse, como antes se ha indicado, vulneración de la libertad sindical en lo relativo al desarrollo de la negociación colectiva. De ahí la estimación parcial de la demanda.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,