Sentencia Social 60/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 23/2024 de 31 de mayo del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- Interesa la parte actora del presente procedimiento en el presente conflicto colectivo que se reconozca el derecho adquirido de los pilotos a realizar actividades formativas en centros operacionales ATO (simuladores de vuelo) y otros centros formativos; la libertad de los pilotos para realizar actividades con terceros siempre que no sean operadores aéreos, sin necesidad de realizar una comunicación previa de dichas actividades; y todo ello, con declaración de nulidad de la nota informativa de fecha 24-11-2023.

Se sostiene por la demandada en primer término, y por ello habrá de resolverse en este momento, que los puntos dos y tres del suplico de la demanda constituyen un conflicto de intereses que no jurídico, cuestionándose de forma indirecta las cláusulas de dedicación exclusiva que existe en los contratos de los pilotos. Por ello y a su juicio no es posible analizar los derechos adquiridos pues sería preciso analizar caso por caso al no existir carta blanca para los pilotos para realizar lo solicitado en demanda. El art. 21.1 ET restringe cualquier tipo de actividad.

Como recuerda la STS 172/2023, de 7 de marzo, (rec. 42/2021), "Desde antiguo esta Sala viene recordando que, en el ámbito de los conflictos, la competencia jurisdiccional se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación ( SSTS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991 ; de 19 de mayo de 1997, rec. 2173/1996 ); de 7 de abril de 2003, rec. 148/2002 ; y de 12 de mayo de 2003, rec. 360/2001 , entre otras), explicando que el proceso resulta apto cuando no se intenta, en el mismo, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada. El objeto de la pretensión debe de ser de naturaleza eminente jurídica pues lo que el actor puede pretender, en un conflicto jurídico, es una declaración judicial que concrete el significado y alcance de normas preestablecidas ( STS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991 )). El conflicto jurídico presupone controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto que el conflicto de intereses o económico tiene como finalidad la modificación, bien a través de la supresión la adición, la reducción o la sustitución por otro del orden jurídico preestablecido, es decir, cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en Derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento para pacificar la situación ( SSTS de 19 de abril de 2000, rec. 2980/99 )-; de 21 de octubre de 2014, rec. 308/13 y de 20 de enero de 2015, rec. 207/13).

La excepción procesal antedicha debe ser desestimada. Ello es así porque si bien, las peticiones segunda y tercera del recurso se dirigen a obtener una declaración de derecho adquirido de los pilotos a realizar actividades formativas en simuladores, sin colisionar con la clausula de dedicación exclusiva que alguno de ellos tienen recogida en sus contratos, no es menos cierto que dichas pretensiones se conectan con la primera de las contenidas en el suplico, esto es, la nulidad de la nota informativa por la que se requiere a los pilotos para que preavisen en el supuesto de realizar actividades en simuladores, lo que podría colisionar con las actividades programadas así como las previsiones de la FTL aplicable. A juicio de la parte actora, dicho preaviso no puede ser requerido, por las razones expuestas en su demanda, que esta Sala habrá de analizar, decidiendo por ende si existe el derecho a la actividad de simuladores con carácter general, como se refiere en los puntos segundo y tercero del suplico, o si por el contrario, el preaviso exigido resulta justificado, existiendo por ende un conflicto jurídico que no de intereses.

Dicho lo anterior, como ha resultado acreditado en los hechos declarados probados la empresa remitió en fecha 24-11-2023 un comunicado al objeto de recordar la política existente en la compañía para la realización de actividades remuneradas. Con indicación expresa del Manual de Operaciones y la Normativa EASA, indica que la tripulación tiene el deber de informar a la empresa de los datos necesarios para programar las actividades de acuerdo con los requerimientos de la FTL aplicable; que la práctica en simuladores de vuelo debe tenerse en cuenta para la programación de horas de descanso y vuelo, al objeto de evitar colisiones entre dichas prácticas y las actividades de vuelo programadas; y que las horas de vuelo en simuladores quedan incluidas en la cláusula de plena dedicación cuando esté incorporada en los contratos de trabajo, debiendo existir un conocimiento y autorización previa por parte de la empresa.

A juicio de la parte demandante la empresa no puede requerir a los pilotos para que informen acerca de esas actividades en simuladores, pues no constituyen actividad sujetas a las FTL (normativa aeronáutica que regula la actividad de vuelo) al ser una actividad de carácter formativo y que se lleva a cabo en centros de formación (ATOS), aportando la parte actora consulta a la AEASA que refrenda su posición. Por otro lado y en relación con la clausula de exclusividad de los pilotos, manifestó en el juicio que es una condición habitual en los contratos de los pilotos, que no puede resultar afectada por los tiempos de vuelo en simuladores, al no constituir como tal "operaciones de vuelo" y que notificar con 45 días de antelación las formaciones que se tienen previstas, supondría dejar a la empresa la facultad de poder autorizar o no las mismas, afectando incluso al derecho a la intimidad de los pilotos.

Las causas de oposición a la demanda se han referido en los antecedentes de hecho de la presente resolución, pero básicamente se centran en un aspecto fundamental: la regulación contenida en el manual de operaciones de la compañía que impone un deber a la empresa de determinar los tiempos de descanso y computar los tiempos efectivos de actividad, a la hora de gestionar de forma adecuada la fatiga de los mismos, evitando que se produzca. A juicio de la parte actora, la comunicación remitida por la empresa no es más que un recordatorio de las previsiones del Manual de Operaciones que inciden en estas cuestiones, siendo que la empresa viene autorizando de forma recurrente las formaciones en simuladores, siempre que no colisionen con los tiempos de actividad programados a los pilotos. Por ello solicita la desestimación íntegra de la demanda.

Vistas ambas posiciones, la demanda ha de se desestimada. Hemos de indicar en primer término que la lectura que ofrece la parte actora de la comunicación remitida por la empresa es sesgada pues se centra únicamente en uno de los aspectos expresados en la misma: la colisión de los tiempos de vuelo en simuladores con la normativa que regula las operaciones de vuelo. Es cierto y así se declara probado en el ordinal octavo que ante consulta realizada por la parte actora a AEASA, consta que: " La norma establece en CAT.GEN.MPA.100 (b) (5) (ii) la responsabilidad de los tripulantes de que, cuando ejerzan funciones en varios operadores, proporcionen a cada operador los datos necesarios para planificar las actividades conforme a los requisitos FTL aplicables.

Cabe entender que, puesto que una organización de entrenamiento aprobada no es nombrada en la norma como "operador", no existe una obligación legal explícita de proporcionar los datos de actividad en estas organizaciones".

Ahora bien, centrarnos únicamente en esta argumentación supone desdeñar el otro aspecto por el que la empresa, recuerda la necesidad de avisar de los tiempos de vuelo realizados en simuladores: la práctica o docencia en simuladores de vuelo es una actividad computable y que debe tenerse en cuenta para la programación de horas de descanso y vuelo. Y este es el elemento relevante que a nuestro juicio, hace decantar nuestra conclusión a la desestimación de la demanda.

Ha resultado acreditado que la empresa cuenta con un Manual de Operaciones que obra al descriptor 50, cuyo capítulo 7º regula las "limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso". Dicho manual recoge puntos que ostentan una relevancia a efectos de nuestra decisión:

1º.- El manual establece los requisitos que debe cumplir Alba Star y sus tripulaciones con respecto a las limitaciones de tiempo y de vuelo y de actividad y a los requisitos de descanso para los miembros de la tripulación (apartado 7.1.1.2).

2º.- Dentro del concepto de "actividad", punto 7.1.2, se recoge expresamente dar o recibir entrenamiento.

3º.- Se impone a la empresa un responsabilidad expresa atinente a la notificación de los cuadrantes de actividades con 14 días de antelación, así como garantizar la organización de la actividad de vuelo para evitar que los miembros de la tripulación se encuentren libres de fatiga (apartado 7.1.3).

4º.- Junto a dicha responsabilidad, el apartado 7.1.3.2 regulador de las " Responsabilidades de los tripulantes" impone como obligación a los miembros de la tripulación el cumplir con las limitaciones de los tiempos de vuelo y servicio y periodos de descanso contemplados en los requisitos aplicables de la FTL y proporcionar al responsable de operaciones de vuelo los datos necesarios para programar actividades de acuerdo con los requisitos aplicables de la FTL.

En caso de realizar tareas para más de un operador, deberán mantener registros individuales en cuanto a tiempos de vuelo y servicio y periodos de descaso contemplados en los requisitos aplicables de la FTL y proporcionar al responsable de operaciones de vuelo los datos necesarios para programar actividades de acuerdo con los requisitos de la FTL. Y estas obligaciones se reiteran en los apartados 7.1.12.12 y 7.1.12.13.

Es decir que de todo lo anterior se desprende que la necesidad de notificar con suficiente antelación los tiempos de formación en simuladores resulta plenamente justificado, teniendo en cuenta su consideración como actividad de vuelo y la necesaria conjugación entre los tiempos empleados en dicha actividad, los vuelos estrictamente "operacionales" y los tiempos de descanso, con evitación de la fatiga.

De hecho, en la propia comunicación de la AEASA, tras indicarse que los tiempos de vuelo en simulador no están sujetos a las normas de la FTL, se apunta a continuación lo siguiente: "No obstante, el operador aéreo tiene unas responsabilidades en relación con la fatiga (ORO.FTL.110) y para poder cumplirlas podría solicitar datos a los tripulantes sobre actividades profesionales de vuelo fuera de las operaciones de transporte aéreo comercial, como interpreta EASA en la respuesta a una pregunta frecuente (...)".

Véase además que el apartado 7.1.6 del Manual de Operaciones, regulador de los periodos de actividad de vuelo, refuerza nuestra conclusión anterior, pues se otorga un coeficiente de mayoración de 1.5 al tiempo de instrucción en simulador, cuando el mismo preceda a un tiempo de vuelo, lo que revela la evidente incidencia de los tiempos invertidos en actividades formativas a efectos de cómputo de tiempos de actividad y como no podía ser de otra manera, incidencia de dichos tiempos en la fatiga y salud del piloto implicado en ambas operaciones.

El tiempo de antelación para el aviso de dicha actividad, considera este tribunal que es lo suficientemente razonable para que la empresa tenga conocimiento con tiempo suficiente de dichos tiempos de formación, teniendo en cuenta que conforme al Manual de Operaciones, las programaciones de vuelo deben comunicarse a los pilotos con 14 días de antelación. Y ello resulta conforme igualmente para el necesario respeto de los tiempos de descanso previstos en el apartado 7.1.10 del Manual de Operaciones. No atisba la Sala intención torticera alguna por parte de la empresa en orden a efectuar un control de la actividad de los pilotos, ni que dicha comunicación afecte a su esfera privada o intimidad, máxime cuando de la lectura de los correos electrónicos obrantes al descriptor 52 se desprende que la empresa no prohíbe o deniega a los pilotos que lo soliciten de forma sistemática o infundada la realización de prácticas en simuladores. De los citados correos se desprende que o bien la empresa contesta manifestando su conformidad si dicha actividad no interfiere en la actividad programada del piloto y las FTL aplicables o bien requiere para que se concreten los horarios de las actividades de simulación al existir la posibilidad e impactar de forma directa con el descanso mínimo exigible, según la normativa FTL y la programación de vuelo. Descanso mínimo que se vuelve a reiterar y que constituye la base de la petición de autorización previa, que es plenamente justificada, dada la actividad desempeñada y la necesaria seguridad que ha de imperar en la misma.

En consecuencia, la nota informativa no puede ser declarada nula, ni se puede declarar un derecho adquirido e incondicionado de los pilotos a realizar las actividades de formación en simuladores desligada de cualquier autorización como se pretende en el punto segundo del suplico, en contra de las normas de prevención de riesgos laborales que inciden de forma directa en los tiempos de descanso y actividad, como tampoco declarar el derecho adquirido a realizar otras actividades con terceros que no sean operadores aéreos, sin que conste en ningún caso la negativa de la empresa a la realización de actividades en centros formativos (ATOS). Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto