Sentencia Social 82/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 133/2024 de 08 de julio del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.j) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados son los que se desprenden de la prueba documental y expediente administrativo que consta en las actuaciones, reflejados en cada uno de los ordinales fácticos y que no han sido impugnados por ninguna de las partes.

TERCERO.- El objeto del presente procedimiento se circunscribe a examinar el uso de la expresión "equiparación ya" en la denominación del sindicato demandado, por entender la asociación JUSAPOL que ello infringe el art. 4.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues dicha expresión ha sido utilizada desde su creación por la citada asociación, induciendo a confusión. Se indica en la demanda, que dicha confusión a contribuido a obtener un mayor número de afiliados, instando dejar sin efecto cualquier uso de la citada expresión, en publicidad, campañas promocionales y página web del sindicato.

A dicha pretensión se opone el sindicato demandado, por entender que no se incurre en confusión alguna desde el momento en que JUSAPOL no es un sindicato sino una asociación que opera en un ámbito distinto al del demandado y que la expresión "#equiparacionya" no es de creación o uso exclusivo de dicha asociación, siendo utilizada desde los años 90 por los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil para conseguir la equiparación salarial con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ámbito autonómico.

Centrándonos así en la controversia, hemos de indicar que el presente procedimiento no puede desviarse de su objeto y que no es otros que la impugnación de la denominación del sindicato, ex art. 2.j) de la LRJS. Si bien en las actuaciones se ha documentado y así se ha reflejado en los hechos probados que existen distintas peticiones atinentes al registro de la marca #equiparación ya ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y que ello ha dado lugar a distintos procedimientos judiciales, este tribunal no tomará en consideración los aspectos mercantiles derivados del registro de la expresión, por ser ajenos a la controversia que se sigue ante la jurisdicción social. De suerte que únicamente, debemos resolver acerca de si la denominación del sindicato Equiparación YA (EYA), colisiona como así se dice en demanda con el art. 4.2 de la LOLS, anticipando ya que la respuesta ha de ser negativa.

Decimos esto por cuanto que hemos de partir en primer término de un hecho incontrovertido: la asociación JUSAPOL no es un sindicato, sino que la misma se creó al amparo de lo dispuesto en la LO 1/2022 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. A este respecto hemos de indicar que conforme al art. 7 CE, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Fruto del mandato constitucional, el art. 1 de la LOLS prevé que todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses y económicos y sociales, añadiendo el apartado 5 del mismo precepto que " el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos".

Y así, la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional en su art. 8 reconoce como derechos colectivos entre otros, la constitución de organizaciones sindicales de ámbito nacional para la defensa de sus intereses profesionales. Y en concreto el art. 88 prevé, respecto a la constitución de las organizaciones sindicales prevé:

"1. Para constituir una organización sindical en la Policía Nacional será preciso depositar los estatutos de la misma, acompañados del acta fundacional, en el registro especial de la Dirección General de la Policía.

2. Los estatutos deberán contener, al menos, las siguientes menciones:

a) Denominación de la organización sindical.

b) Fines específicos de la misma.

c) Domicilio.

d) Órganos de representación, gobierno y administración y normas para su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de cargos, que habrán de ajustarse a principios democráticos.

e) Requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen de modificación de sus estatutos y disolución de la organización sindical.

f) Régimen económico de la organización, que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica.

3. Sólo se podrán rechazar, mediante resolución motivada, aquellos estatutos que carezcan de los requisitos mínimos a que se refiere el apartado anterior cuyos defectos no hubieran sido subsanados en el plazo de diez días a partir del requerimiento practicado al efecto".

Como bien indicó el Ministerio Fiscal en sus conclusiones, la regulación específica de la constitución de los sindicatos en el Cuerpo Nacional de Policía, como es Equiparación YA no requiere tal y como se exige en el art. 4.2 a) de la LOLS que la denominación del sindicato no coincida ni induzca a confusión con otra legalmente registrada, por lo que si a la normativa concreta ha de acudirse, no puede invocarse como conculcados el art. 4.2.a) de la LOLS y art. 5.2.b.1º del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales. Pero aun cuando entendiéramos aplicables tales normas, la demanda tampoco podría ser estimada.

En primer término, porque JUSAPOL no es un sindicato legalmente registrado, por lo que difícilmente la denominación del demandado puede coincidir con la de una asociación que persigue fines distintos a la citada organización sindical, aun cuando en determinados aspectos puedan tener reivindicaciones coincidentes. Y en segundo lugar, porque del relato expuesto en la demanda parece desprenderse que ha sido JUSAPOL quien ha utilizado desde su creación la expresión #equiparación ya, cuando no es así. Baste analizar las noticias obrantes al descriptor 80 de las actuaciones para comprobar que ya desde los años 90, la equiparación salarial entre cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil y las policías autonómicas ha sido una reivindicación reiterada, siendo además un hecho público y notorio que dicha reivindicación continúa en la actualidad. Y no solo que ha sido una reivindicación constante, sino que el lema #equiparaciónya ha sido utilizado por distintos sindicatos policiales y de la Guardia Civil en sus movilizaciones.

De ello se infiere que de ningún modo puede inferirse que la denominación "Equiparación YA" con la que se ha registrado el sindicato demandado, conculque las previsiones del art. 4.2 c) LOLS, art. 5.2.b.1º del RD 416/2015 ni induzca a confusión con la actuación de la asociación JUSAPOL, por lo que la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

CUARTO.- Respecto a la multa por temeridad solicitada por el sindicato demandado y que también solicita sea impuesta el Ministerio Fiscal se ha de indicar que dispone el art. 97.3 LRJS que la sentencia podrá imponer motivadamente al litigante que obró con mala fe o temeridad una sanción pecuniaria dentro de los límites previstos en el art. 75.4 del mismo Texto legal.

La STS de 8-2-2022 (rec. 56/2020, ROJ: STS 429/2022 - ECLI:ES:TS:2022:429), analiza tal previsión afirmando que la sanción pecuniaria por temeridad constituye, desde cualquier punto de vista, una cualidad accesoria respecto al fondo del asunto ( SSTS 20/2018 de 16 enero (rcud. 969/2016) y 1173/2021 de 30 noviembre (rcud. 1793/2019), entendiéndose el adjetivo accesorio como algo secundario, según el diccionario de la RAE, que depende del principal, o que se le une por accidente.

Y que las SSTS 4 octubre 2001 (rcud. 4477/2000), 27 Junio 2005 (rec. 168/2004) y 15 febrero 2012 (rec. 67/2011), entre otras, explican que el precepto procesal (actual art. 97.3 LRJS) "concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia".

Atendiendo a la pretensión articulada en demanda, y a los motivos expuestos en la presente resolución que determinan el carácter infundado de la acción ejercitada, esta Sala impone a la asociación demandante una multa por temeridad de 300 euros.

QUINTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 208 LRJS) .

En virtud de lo expuesto