Sentencia Social 134/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 257/2023 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Los hechos se declaran probados de acuerdo con los siguientes elementos de convicción:

- hecho 1º: no es controvertido

- hecho 2º: no hubo oposición de la demandada acerca de los datos sobre la actividad empresarial referidos en la demanda y soportados por los documentos a los D17, 18 y 19 que han sido reconocidos.

- hecho 3º: se acredita por las resoluciones a los D3D23

- hecho 4º: conforme el D24

- hecho 5º: se alega en demanda el silencio administrativo tras la STS dictada, lo que no es rebatido de adverso

- hecho 6º: D30

- hecho 7º: D31

SEGUNDO.- La resolución administrativa de 6-4-2020, impugnada, razonaba la denegación de la solicitud de suspensión de contratos por FM indicando:

en el presente supuesto, el análisis de la documentación aportada por la empresa y demás obrante en el expediente nos lleva a concluir que no se constata la existencia de la fuerza mayor, al no haber quedado suficientemente acreditada la imposibilidad temporal de continuar con la actividad empresarial con base en alguna de las causas a), b) c) o d) descritas en el fundamento de derecho segundo de esta Resolución, toda vez que:

-No se ha probado por el solicitante que la actividad de la empresa se encuentre entre las afectadas por las medidas de contención contempladas en el articulado y en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE del 18).

- No hay prueba evidente de la vinculación directa entre las pérdidas de actividad alegadas y

las circunstancias a que se refiere la letra c) del Fundamento de derecho segundo, no siendo suficiente a los efectos de su calificación como determinantes de una situación de fuerza mayor las referencias a la pérdida de clientela, a las expectativas desfavorables, la caída de pedidos u otras razones similares, que necesariamente han de ser reconducidas a las causas técnicas, organizativas o de producción definidas legalmente.

TERCERO.- El RD Ley 8/2020 en la redacción vigente al momento de la solicitud empresarial indicaba en su art. 22.1:

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

CUARTO.- Sobre la procedencia o improcedencia de suspensiones temporales de contratos con causa en FM derivada de la COVID19 se ha desarrollado una numerosa literatura judicial que descansa esencialmente en la STS Sala General de 15-12-2021 rec. 179/21 cuyos argumentos vamos a emplear para la solución de la actual controversia.

La fuerza mayor definida en el art. 22.1 del RD Ley 8/2020 constituye un supuesto especial cuya definición se vincula a unas circunstancias concretas establecidas en la propia norma .

Así el RDL 8/2020, en su artículo 22.1 , dispone que las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, siempre que tales circunstancias queden debidamente acreditadas

Por tanto es precisa la acreditación por parte del empresario de la concurrencia de estas circunstancias por lo que la prueba de la situación le corresponde íntegramente a la empresa solicitante, de suerte que su falta impedirá a la autoridad laboral constatar la concurrencia de fuerza mayor. Lo que no cabe, como pretende el recurso, es que la administración supla esa falta de actividad probatoria, la falta de acreditación de las circunstancias que configuran la fuerza mayor que prevé el precepto. En algunas ocasiones, la acreditación será sencilla en la medida en que la propia declaración del estado de alarma conllevó expresamente la restricción de determinadas actividades; pero en otras, como la que nos ocupa, resultará necesario que la empresa solicitante evidencie que las restricciones en el transporte, en la movilidad de personas o mercancías o la falta de suministros impedían de forma grave la continuación de la actividad empresarial.

QUINTO.- En el presente caso la empresa lo que alega y acredita es una disminución en su actividad productiva debida a la constricción de la economía nacional y mundial como consecuencia de la pandemia, pero no acredita, lo que a ella correspondía, que esa pérdida de actividad tuviera causa directa en ella en los términos del citado art. 22.1 y dado que ni se suspendieron sus actividades, ni se cerraron los locales empresariales o donde se desarrollaba la actividad, ni se limitó la movilidad de las personas o mercancías, ni existieron razones urgentes por contagio o necesidad de aislamiento de la plantilla.

En consecuencia, siendo cierta la disminución de la actividad empresarial, pero no ser ello consecuencia directa de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, el empresario demandante tuvo la posibilidad de reajustar la plantilla al decrecimiento de su actividad a través de la suspensión de contratos por causas ETOP; pero no así por vía de FM como solicita.

SEXTO.- Se alega en la demanda una actuación de la administración demandada que se define como discriminatoria por cuanto en otros supuestos referidos a otras empresas del mismo grupo, tal como consta en los HP 6º y 7º, se apreció la concurrencia de FM.

Es cierto que así se apreció y que a estos empresarios se les vino a reconocer la suspensión de contratos por causa de FM.

Pero así aconteció porque como se aprecia de dichas resoluciones, cuando estas se dictaron había vencido el plazo máximo para resolver de cinco días desde la solicitud previsto en el art. 22.2.c) por lo que operaban los efectos positivos del silencio de la administración frente a la solicitud. En este sentido STS de 23-6-2022 rec, 1014/21.

Por ello no cabe establecer un juicio comparativo entre la resolución hoy recurrida y las referidas en los HP 6º y 7º que deban dar lugar a la equiparación por tales razones pretendida.

SÉPTIMO.- Contra esta sentencia cabe recurso de casación conforme el art. 206.1 LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,