Sentencia Social 135/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 259/2023 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- La demanda iniciadora del presente procedimiento se encuadró en la modalidad procesal de impugnación de convenio colectivo por lesividad, frente al acta de la comisión paritaria del IV convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal, suscrita el 4 de abril de 2023, en virtud de la cual se resolvía si las empresas de trabajo temporal podían estar homologadas como servicios de prevención mancomunado por la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el Empleo (FMF).

Con base en la decisión adoptada, la citada fundación suspendió la homologación otorgada a la empresa demandante con fecha de efectos 1-5-2023, alzándose la empresa frente al acta de la comisión paritaria sobre la que se sustentó dicha decisión por considerarla contraria a derecho, por las razones expuestas en el cuerpo del escrito rector. A instancia de este tribunal, y dado que la citada acta no había sido objeto de depósito, registro y publicación, la parte actora recondujo el procedimiento a la modalidad procesal de conflicto colectivo, manteniéndose las pretensiones ejercitadas en la demanda inicial.

Se opone en primer término por todas las representaciones letradas de las demandadas las excepciones de inadecuación de procedimiento y falta de legitimación activa de la empresa demandante, pues a su juicio, no se cumplen los presupuestos para ejercitar la acción de conflicto colectivo, al no afectar la cuestión controvertida a un grupo homogéneo y genérico de trabajadores, sino a los intereses particulares de la empresa demandante, que no tiene encaje por ende, en los presupuestos expuestos por la doctrina, delimitando los contornos del conflicto colectivo. A ello se anuda por ende, la falta de legitimación activa de la demandante y se cita en apoyo de dicha argumentación, sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 3-7-2023, procedimiento 131/2023, en la que, analizándose la pretensión ejercitada por la asociación patronal de las ETTS ASEMPLEO atinente al reconocimiento de las referidas entidades a acceder a su homologación por la Fundación del Metal para la Formación (FMF) respecto a la formación en materia preventiva, en interpretación del art. 95 del convenio colectivo, que también se cita en la presente demanda, se desestimó la demanda con base precisamente en la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo. La parte actora se opuso a la citada excepción alegando que concurren los presupuestos para accionar a través de la citada modalidad procesal, con cita de STS de 21-9-2021.

Dispone el art. 153.1 LRJS que se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo (...) siendo sujetos legitimados para promover los citados procesos, conforme a lo dispuesto en el art. 154, entre otros:

a) Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto.

b) Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.

c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.

Atendiendo a los referidos presupuestos, hemos de traer a colación las consideraciones expresadas en nuestra sentencia precedente de fecha 3-7-2023 antes apuntada, en la que realizábamos las siguientes afirmaciones:

"Esta modalidad procesal se enmarca en las controversias que puedan suscitarse entre empresarios y trabajadores consecuencia del contrato de trabajo que presenten una dimensión colectiva que la norma define, diferenciándolas de los conflictos individuales o los llamados plurales, como las que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual.

Para comprender la dimensión de esta modalidad procesal citaremos la STS de 21/09/2021 rec 45/20 de la que se infiere que puede tratarse de una controversia colectiva por afectar a un grupo genérico de trabajadores susceptible o no de determinación individual, siendo lo relevante la presencia de un interés común del colectivo de trabajadores El conflicto colectivo requiere que el grupo de trabajadores que lo integra no sea un mero agregado más o menos arbitrario, sino que constituya una unidad por poseer un elemento común que confiere un perfil unitario al grupo debiendo quedar afectados los trabajadores por su pertenencia a tal colectivo, y no por propias condiciones y características singulares

Pues bien, a efectos de resolver el presente litigio, nos interesa dejar sentada la premisa de que en todo caso, sea un sindicato o una asociación empresarial quien ejercita la acción, el objeto controvertido ha de encontrarse directa y necesariamente vinculado a un interés común de un colectivo de trabajadores.

En el presente caso el objeto de la controversia no afecta a ningún colectivo de trabajadores, sino que lo que se ventila es el derecho de las ETT representadas por ASEMPLEO a acceder a su homologación por la FMF respecto de la formación en materia preventiva que impartan a los trabajadores destinados a empresas usuarias.

Considera el tribunal que la modalidad procesal de conflicto colectivo no puede emplearse para resolver intereses de un colectivo empresarial, en este caso el de las ETT representadas por ASEMPLEO por lo que se ha utilizado para ejercitar la pretensión un cauce procesal inadecuado que conduce a la desestimación plena de la demanda.

Incluso si se alegara, nada de ello se dice en el acto de juicio, que la pretensión ejercitada afecta al colectivo de trabajadores de las ETT puestos a disposición de las empresas del metal, la respuesta seguiría siendo negativa, en tal caso porque ASEMPLEO no estaría como asociación patronal legitimada para la defensa de los intereses de estos trabajadores".

Las argumentaciones anteriores son plenamente extrapolables al supuesto que ahora nos ocupa, por cuanto que:

1) En la demanda se ventila una pretensión atinente a los intereses particulares de la empresa de trabajo temporal demandante, a la que se ha suspendido la homologación que ostentaba para llevar a término actividad formativa en materia de prevención de riesgos laborales.

2) No afecta dicha pretensión a un grupo genérico de trabajadores, ni tampoco como se afirmó por la letrada de la empresa en el acto de juicio, al grupo de trabajadores puestos a disposición por la ETT, pues estos últimos, pueden obtener la formación de servicios de prevención ajenos, distintos de la ETT, que sí ostenten el carácter de entidades homologadas para impartir la citada formación. El conflicto subyace respecto al interés particular de la ETT, para actuar como entidad homologada, que si bien se proyecta sobre los trabajadores puestos a disposición que no pueden ser formados por aquélla, no les convierte en los destinatarios del conflicto, por el motivo anteriormente expresado. Es la ETT la directamente afectada por la decisión de la FMF, y no los citados trabajadores.

3) En cualquier caso, y ahondando en esta última cuestión, este tribunal entiende que la decisión de la comisión paritaria no se ejecuta, como así se sostuvo por la empresa en el juicio, por la FMF. Es la propia decisión la que a nuestro juicio debe ser impugnada, vía cauce del procedimiento ordinario, resolviéndose si la misma se ajusta a la legalidad vigente, por contravenir las previsiones del art. 95 del convenio colectivo, aun cuando la misma venga precedida de la decisión de la comisión paritaria, que conforma su antecedente lógico. Si se anulara la conclusión alcanzada por la comisión paritaria, ello no comportaría a nuestro juicio la nulidad automática y mecánica de la decisión de la FMF. Es por ello, que declarada la inadecuación del presente procedimiento, queda abierta la posibilidad antedicha, que resolvería la controversia desde un punto de vista global y completo.

Por todo ello, no cumpliéndose los presupuestos exigidos para entender que nos encontremos ante un conflicto colectivo, procede sin más a desestimar la demanda interpuesta, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, con reserva de acciones para la parte demandante, al objeto de acudir a la modalidad procesal adecuada para examinar el objeto de su pretensión, en consonancia con lo expresado en la presente resolución. Dada la conclusión alcanzada, no procede examinar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario opuesta también en el acto de juicio.

En virtud de lo expuesto