Sentencia Social 100/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 98/2023 de 18 de septiembre del 2023

PRIMERO.-, La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.2 y 2 n) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos que se declaran probados se deducen del expediente administrativo.

Cuestionándose por la actora los datos fácticos contenidos en el acta de infracción, así como el volumen de negocio de la entidad, hemos de destacar que el art. 50.2 de la LISOS dispone lo siguiente: " Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.". Tal presunción de certeza se reitera en el art. 23 de la Ley de Ordenación de la ITSS, así como en el art. 151.8 de la LRJS.

Tal y como señala la STS de 4-5-2.021- procedimiento 4/2019- Reiterada doctrina de la Sala Contencioso-administrativa del TS sistematiza la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo:

"La presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización, que en principio, debe reconocerse al Inspector actuante [...] presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE ), ya que los citados preceptos se limitan a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. Y es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma [...] tal presunción no excluya un control jurisdiccional de los medios empleados por el Inspector -así, en sentencias de 29 de enero y 11 de marzo de 1992, de la Sección Séptima -, exigiéndose, asimismo, que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determinen las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración [...] no se reconoce la presunción de certeza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas" ( sentencia de la Sala Contencioso- administrativa del TS de 4 de diciembre de 2009, recurso 292/2008 , y las citadas en ella). "

En las presentes actuaciones, por la actora se ha intentado cuestionar cuanto se consigna en el acta mediante prueba testifical, compareciendo al efecto, el vigilante de seguridad a que se hace referencia en el acta, así como el miembro de la dirección deportiva. Y la Sala considera que tales testimonios no desvirtúan la presunción de certeza del acta por las siguientes razones:

1ª.- se trata de testimonios prestados por personas directamente implicados en los hechos, concurriendo en los mismos el mismo interés que la actora en que los mismos queden desvirtuados, pues la eventual responsabilidad de la actora como persona jurídica deriva de su propia actuación, como personas al servicio de la misma;

2ª.- y en todo caso, tales testimonios no resultan sustancialmente divergentes del relato de hechos que se contiene en el acta pues ambos coinciden en que las inspectoras actuantes se les dijo que no podían acceder al campo de entrenamiento mientras el mismo se estaba desarrollando, ofreciéndoles, transcurrido un tiempo la posibilidad de permanecer en el graderío anexo al campo de fútbol.

En cuanto al volumen de negocio, por parte de la entidad demandante se señala que el mismo es inferior basándose en datos del último impuesto de sociedades siendo los mismos de 53. 763.168 euros, que se aporta al expediente administrativo, dato que se refiere al ejercicio 2.020 y que la Sala tiene por acreditado.

TERCERO.- Fijados los hechos hemos de analizar si la infracción objeto de sanción ha sido debidamente tipificada.

Al respecto el art. 50 de la LISOS señala lo siguiente:

"1. Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora se califican como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido y de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme se describe en los números siguientes.

2. Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora que se calificarán como graves, excepto los supuestos comprendidos en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Tendrán la misma consideración las conductas señaladas en el párrafo anterior que afecten al ejercicio de los cometidos asignados a los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , en sus actuaciones de comprobación en apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3. Son infracciones leves:

a) Las que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas obligaciones sean requeridas en el curso de una visita de inspección y estén referidas a documentos o información que deban obrar o facilitarse en el centro de trabajo.

b) La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el centro de trabajo.

4. Se calificarán como infracciones muy graves:

a) Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad.

b) Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social así como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves.

c) El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social .

d) El incumplimiento del deber de colaboración con los funcionarios del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al no entregar el empresario en soporte informático la información requerida para el control de sus obligaciones en materia de régimen económico de la Seguridad Social, cuando esté obligado o acogido a la transmisión electrónica de liquidaciones de cuotas o de datos de cotización.

5. Las obstrucciones a la actuación inspectora serán sancionadas conforme a lo establecido en la presente Ley, por la autoridad competente en cada caso en función del orden material de actuación del que traiga causa o se derive la obstrucción.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso necesario la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar de la autoridad competente o de sus agentes el auxilio oportuno para el normal ejercicio de sus funciones.".

De los hechos que hemos considerado como probados se aprecia con claridad que por tres personas diferentes se impide a las funcionarias de la inspección de trabajo el acceso a instalaciones del club, impidiendo el legítimo ejercicio de la facultad que en su consideración de autoridad pública les reconoce el art. 13.1 de la Ley de Ordenación de la ITSS ("1 . Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. ..."), y reteniéndoles en el aparcamiento obviando, contraviniendo dicho precepto legal, por lo tanto, la tipificación de la infracción ha sido realizada de forma correcta en sede administrativa.

CUARTO.- En orden a la proporcionalidad de la sanción impuesta hemos de partir de lo siguiente:

El art. 40.1 c) de la LISOS prevé que las infracciones muy graves se sancionen con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

Por su parte, el art. 39.2 de la misma norma en orden a graduar tales sanciones refiere lo siguiente:

" Calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta ley, las sanciones se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida"

Consideram os que en el presente caso la cifra de negocio de la empresa, aun tomando la declara en el impuesto de sociedades, hace que la sanción deba cuantificarse en su grado medio, pues de imponer el mínimo, dados los recursos económicos de la sociedad sancionada, la multa quedaría privada de cualquier efecto disuasorio.

Y partiendo de lo anterior, consideramos, que atendiendo a las particularidades del caso, el número de afectados ( miembros del cuerpo técnico) no es un porcentaje considerable de los trabajadores que se supone que emplea la entidad, y que, debe tomarse en consideración que no se ha apreciado ánimo defraudatorio alguno en la conducta, ni de ocultar eventuales lesiones que se estuviesen produciendo a los afectados con relación a sus derechos laborales o de seguridad social , sino más bien a que los hechos se debieron a un exceso de celo de los implicados en preservar la intimidad del entrenamiento del equipo, mostrándose con posterioridad a tales hechos la entidad colaboradora con labor inspectora, lo que hace que, aun debiendo sancionarse la infracción en la cuantía mínima prevista para tal grado medio, esto es, en la cuantía de 30.001 euros.

QUINTO.- Con arreglo al art. 151. 9 c) de la LRJS procede estimar parcialmente la demanda y reducir el importe de la sanción a la cantidad de 30.001 euros.

SEXTO.- Por mor de lo señalado en el art. 206.1 de la LRJS contra esta sentencia no cabe recurso alguno al ser la cuantía económica del litigio inferior a 150.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,