Sentencia Social 5/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 283/2023 de 22 de enero del 2024

PRIMERO. - La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. - De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO. - La cuestión controvertida a resolver se centra en determinar si CGT ha visto vulnerado su derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, al no poder formar parte de la comisión negociadora para prorrogar o en su caso modificar, el acuerdo de homologación de las condiciones laborales de la plantilla de CEDIPSA, vigente en la empresa desde el 20-10-2015 y firmado entre la representación legal de la demandada y las secciones sindicales de los sindicatos CC.OO y UGT. No ha resultado controvertido que al momento de la firma del citado acuerdo, CGT no ostentaba representantes en la empresa, habiendo solicitado en 2022 su adhesión al acuerdo y en septiembre y octubre de 2023, la participación en la comisión negociadora, que le ha sido denegada.

La argumentación del sindicato demandante, gira sobre dos argumentos diferenciados: a) el primero de ellos, que el acuerdo, a diferencia de la calificación como extraestatutario que se otorga por todos los codemandados, ostenta el carácter de convenio colectivo, pues regula determinados aspectos no previstos en el convenio colectivo estatal de estaciones de servicio como pluses, horas extraordinarias, sistema de clasificación profesional y garantías sindicales, añadiendo que tiene una eficacia general; b) que al mismo tiempo que se admite la adhesión individual al pacto, por aquéllos trabajadores no afiliados a CC.OO y UGT, debería permitirse la adhesión del sindicato a su art. 13, regulador de los derechos sindicales.

Comenzando por la primera de las cuestiones, debe analizarse en primer término la naturaleza del acuerdo de homologación. Debe traerse a colación doctrina reiterada de la Sala Cuarta relativa a la diferencia entre los convenios colectivos estatutarios del Título III del Estatuto de los Trabajadores y los acuerdos o pactos de empresa, carentes de dicho valor. Baste traer a colación la STS de 27-10-2021, rcud. 4312/2018 ( ROJ: STS 4094/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4094 ), en la que el Alto Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

"La solución al caso debe venir, lógicamente, de la mano de nuestra previa doctrina acerca del modo en que se articula el juego del pacto extraestatutario (en este caso de ámbito empresarial) con el previo convenio colectivo (en este caso sectorial y estatal).

La doctrina que sigue reproduce lo expuesto en numerosas sentencias, recopiladas por la STS 16 julio 2014 (rec. 110/2013), que a su vez aparece extensamente citada tanto en la sentencia de contradicción cuanto en el propio recurso que ahora resolvemos.

1. Delimitación de los pactos extraestatutarios.

[...] la doctrina y la jurisprudencia (constitucional y ordinaria), viene admitiendo la realidad de la existencia y eficacia, si bien limitada, de otros acuerdos adoptados entre los representantes de los trabajadores y empresarios, al margen de las normas estatutarias (denominados pactos, acuerdos o convenios extraestatutarios o de eficacia limitada), los que gozan también de soporte en el art. 37.1 CE, aunque sin el carácter "erga omnes" del convenio estatutario.

[...]

Por último en cuanto a los sujetos a los que se aplican y, en su caso, a la extensión a otros sujetos, se ha afirmado, por una parte, que solamente se aplican a los representados por el sindicato firmante y que, por tanto, "para aplicarlos a los representados por el sindicato que lo firma es preciso conocer a sus afiliados" y "existe un deber de sigilo profesional por ambas partes, y no se trata de un conocimiento de datos para publicarlos, ni tan siquiera en el ámbito de la empresa" ( STC 145/1999 de 22-julio); y, por otra parte, que "La extensión de los convenios de eficacia limitada más allá del círculo personal de quienes lo suscribieron, no puede hacerse, ciertamente, por procedimientos o vías que no cuenten con la voluntad de quienes en él no participaron, pero la adhesión de éstos, como adhesión libre, no puede ser en ningún caso cuestionada, ni necesita para ejercerse que el convenio mismo la prevea, por lo que en ningún caso puede imputarse a tales cláusulas, jurídicamente irrelevantes, la lesión de un derecho ajeno" ( STC 108/1989 de 8-junio)."

2. Eficacia.

[...] La naturaleza meramente contractual de estos pactos implica su sometimiento a la jerarquía de las fuentes de la relación laboral establecida en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo respeto a la ley, a los reglamentos y a los convenios colectivos estatutarios o de eficacia general".

Tal y como ha venido reiterando la doctrina de esta Sala [...]su regulación se rige, en esencia por la normativa civil de obligaciones y su valor es obligacional, no normativo, ya que dichos pactos de eficacia limitada no se integran en el sistema de fuentes de la relación laboral, al no estar incluidos en el artículo 3.1 ET.

3. Interacción con los convenios colectivos.

Es claro que un pacto de eficacia limitada no puede prevalecer ni contradecir los derechos fundamentales, ni las disposiciones de un convenio colectivo estatutario, por razones de jerarquía, al igual que no puede hacerlo el contrato de trabajo individual, como expresión de la voluntad de las partes y fuente de los derechos y obligaciones que integran la relación laboral, de modo que carecen de virtualidad en lo que respecta a las cláusulas y condiciones que impliquen, en perjuicio de los trabajadores, posiciones menos favorables que las establecidas en disposiciones de superior rango, legales, reglamentarias o convencionales, y eso es justamente lo que se dice en el artículo 3.1, c) al condicionar la validez de la voluntad de las partes manifestada en el contrato, a que su objeto sea lícito "y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.

4. Ineficacia de los pactos en masa.

La STS 853/2021 de 6 septiembre (rec. 65/2020) ha recapitulado la extensa doctrina (en buena medida de orden constitucional) sobre límites de los pactos individuales en casos como el presente. "De prevalecer la autonomía de la voluntad individual de los trabajadores sobre la autonomía colectiva plasmada en un convenio legalmente pactado entre los sindicatos y la representación empresarial, quebraría el sistema de negociación colectiva configurado por el legislador, cuya virtualidad viene determinada por la fuerza vinculante de los convenios constitucionalmente prevista en el art. 37.1 CE".

Es decir que de la doctrina anterior lo que se infiere no es que el pacto de empresa extraestatutario carezca de eficacia, sino que el mismo despliega sus efectos de forma limitada, pues "la ausencia de valor normativo según ha expresado también la Sala Cuarta "no impide que el acuerdo pueda tener una eficacia personal general a través del mecanismo específico de la representación laboral, como ocurre en los acuerdos que acaban de citarse, en los que los representantes de los trabajadores -- en la doble vía de la representación unitaria o de la sindical -- adoptan compromisos que vinculan a los trabajadores afectados, sin perjuicio de que éstos, como aquí sucede, puedan impugnarlos cuando los consideren contrarios a las normas legales o colectivas" ( STS 24-05-2004, rec. 1631/2003)".

No es cierto, como se dice por el sindicato actor, que el acuerdo de homogeneización de condiciones laborales de CEDIPSA tenga el carácter de convenio colectivo. En primer lugar no puede obviarse que el mismo no se sujeta en ningún caso a las normas previstas en los arts. 82 y ss. de Estatuto de los Trabajadores, ni consta su registro y publicación conforme a lo exigido en el art. 90.2 y 3 del mismo texto legal, para otorgarle el carácter de convenio colectivo estatutario. No es cierto tampoco como se dice por el demandante, que dicho acuerdo tenga una eficacia general y se aplique a toda la plantilla, pues ha quedado acreditado que, el pacto se aplicaba a todos aquellos trabajadores afiliados a UGT o CCOO y a los trabajadores no afiliados que expresamente se adhirieran al mismo. Ha quedado además constatado a través de la testifical practicada, que trabajadores afiliados a los referidos sindicatos han renunciado a quedar afectados por el acuerdo, lo que descarta la pretendida generalidad que se alega.

A mayor abundamiento, esa naturaleza extraestaturaria ya se refleja expresamente en el texto del acuerdo, y si bien per se, la propia denominación o descripción de la naturaleza del mismo llevada a cabo por las partes firmantes, no determina la misma, las cláusulas que lo componen corroboran la regulación de aspectos complementarios, adecuándolos a las especiales circunstancias concurrentes en la relación de los empleados de CEDIPSA. Véase que el acuerdo, en su art. 1 especifica que nace con vocación de completar el contenido normativo de los convenios de estaciones de servicio aplicables en todo el ámbito nacional adecuándose a las necesidades de CEDIPSA; y en lo no previsto, sería de aplicación lo dispuesto en aquéllos, lo que implica que el pacto alcanzado no desplaza ni elimina a la norma convencional, sino que la complementa en determinados aspectos.

Así ocurre con el complemento de mantenimiento y limpieza, a abonar a los trabajadores de las estaciones de servicio que deseen asumir las funciones de limpieza y mantenimiento de los aseos (art. 7); el plus de liquidación o relevo, por la ejecución de las especiales funciones realizadas por los trabajadores que cierran el turno, ajenas al desempeño ordinario de un empleado de una estación de servicio (liquidación manual del turno, retirada de extintores, medición de las alturas de los tanques, entre otras..., art. 8); el pacto de horas extraordinarias, que no desvirtúa ni es contrario a lo previsto en el art. 31 del convenio colectivo; o el sistema de promoción profesional, que tampoco desvirtúa el sistema de clasificación profesional del convenio y persigue adaptar el sistema de promoción profesional al perfil requerido por la Compañía para consolidar el puesto de Responsable de Estación de Servicio. Y por lo que respecta a las previsiones del acuerdo atinentes al Comité de Seguridad y Salud así como la Comisión de seguimiento del plan de igualdad, aquéllas se materializan al amparo de lo dispuesto en los arts. 38 y 39 de la LPRL, así como en el propio plan de igualdad de la empresa suscrito en 2013, sin que tales circunstancias permitan mutar la naturaleza del acuerdo a la expresada por el demandante.

Pero es que, en cualquier caso, aún cuando considerásemos que el acuerdo tiene naturaleza de convenio colectivo, tampoco ostentaría CGT derecho a participar en la comisión de prórroga o modificación del mismo. No puede obviarse que la representatividad del citado sindicato en la empresa es del 1,87%, tal y como su representación letrada admitió en el acto de juicio, ostentando 4 representantes de un total de 213.

Cita el sindicato CGT la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 12-4-2023, rco. 4/2021 ( ROJ: STS 1631/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1631) cuya doctrina, avalaría su posición. Sin embargo, este tribunal no alcanza la misma conclusión. Tras un estudio pormenorizado de la legitimación para negociar convenios de empresa, el doble canal de representatividad para ostentar la misma y referencia a distintas resoluciones de la Sala Cuarta y del Tribunal Constitucional sobre la materia, emite las siguientes conclusiones:

"A) Concretando los términos en que nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical (art. 28.1) y a la negociación colectiva ( art. 37.1), la LOLS reconoce a las secciones sindicales de los sindicatos con presencia en los órganos de representación unitaria el derecho a negociar convenios colectivos (art. 8.2.b), en los términos previstos legalmente.

B) El Estatuto de los Trabajadores permite que negocien convenios de empresa (o ámbito inferior) "las secciones sindicales si las hubiere", condicionándolo a que "en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité" ( art. 87.1.I ET).

En la división empresarial de Repsol Química ha quedado acreditado que existen varias secciones sindicales con audiencia electoral, que la USO es una de ellas, y que entre todas poseen la mayoría de cuantas personas han sido elegidas por la plantilla.

C) El legislador ha prescrito que "todo sindicato [...]que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora" ( art. 87.5 ET) y que "el reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en proporción a su representatividad" ( art. 88.1 ET).

Siendo la USO sindicato legitimado y estando en juego su derecho fundamental a la acción sindical ( arts. 28.2 CE y 2.2.d LOLS) la restricción que comporta el que no acceda a la comisión negociadora habría de estar especialmente justificada.

D) En función del debate suscitado ante esta Sala, en el pasado hemos legitimado alguna situación como la presente ( STS 5 diciembre 2000; rec. 4374/1999). Así resultaba del juego combinado de dos líneas argumentales: libertad para fijar el número de integrantes de la Comisión y aplicación pura de la proporcionalidad.

Sin embargo, a la vista de los argumentos ahora desplegados y del enfoque asumido por el recurrente, entendemos que esa doctrina debe ceder ante la ya adelantada: no existiendo fuerte obstáculo para ello, hay que combinar esas dos premisas de modo que se posibilite el ejercicio del derecho a negociar a todo sujeto colectivo a quien se lo haya reconocido el legislador.

E) Tanto el recurso cuanto alguna de las impugnaciones se esfuerzan en realizar operaciones matemáticas para respaldar sus respectivas tesis. Incluso en alguna ocasión esta Sala ha convalidado sentencias que indicaban el número exacto de negociadores que correspondía a cada sindicato.

Consideramos que esa no es la mejor forma de resolver, en el ámbito judicial, una cuestión que el legislador ha remitido a la autonomía colectiva. Nuestro papel no es el de indicar cómo deben realizarse las operaciones de proporcionalidad (o no) o de establecer el número de personas que integran cada representación (que puede ser dispar). Hemos de limitarnos a comprobar si se ha incumplido alguna exigencia inderogable y a exigir que se restablezca, con la mínima intrusión posible pues ya hemos visto que cabe múltiples formulas en esta materia (incluso la atribución de puestos en número idéntico, dado que el voto de cada sección está ponderado).

F) La doctrina constitucional ( STC 137/1991) admite que una sección legitimada para intervenir en la negociación quede sin representación cuando ello "pueda ser impracticable por las limitaciones numéricas". En nuestro caso, puesto que no existe un número de secciones sindicales legitimadas para negociar que convierta en especialmente disfuncional la presencia de todas en la comisión negociadora y la USO es una de ellas, la estimación del recurso resulta obligada.

Esa misma jurisprudencia rechaza que la Sección o Secciones con mayoría de la representación unitaria puedan excluir válidamente a las restantes. Tal es, justamente, lo que aquí acaece."

El supuesto que ahora se analiza no es sustancialmente idéntico al resuelto por la Sala Cuarta. Decimos esto por cuanto que, en nuestro caso, ya se componga la comisión negociadora de un total de 5 miembros, como así se ha acordado, ya se alcance el número máximo de trece previsto en el art. 88.4 ET, la escasa representatividad del sindicato accionante hace que, como apunta la doctrina constitucional, sea impracticable que el citado sindicato tenga cabida en la comisión negociadora, por una cuestión puramente numérica. No ocurría así en el supuesto analizado por la Sala Cuarta en la que USO, sí accedería a la comisión negociadora del convenio de empresa si se ampliase el número de miembros, acordado inicialmente en diez y del que fue excluida. La doctrina mantenida por el Tribunal Supremo no altera la expresada por STCo de 20-6-1991, recurso de amparo 906/1008, lo que hace que deba desestimarse la argumentación de la parte demandante.

En cuanto a la aplicación del art. 13 del acuerdo de homogeneización, el mismo otorga los medios necesarios para que las secciones sindicales firmantes del acuerdo puedan llevar un correcto seguimiento de su aplicación, reservándose por ende estas últimas, sin que pueda extenderse a CGT, que ni firmó el acuerdo, ni ostenta del derecho a participar en la comisión negociadora de su prórroga o modificación.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS).

En virtud de lo expuesto