Sentencia Social 142/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 159/2023 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, así como en la prueba testifical practicada en el acto de juicio.

TERCERO.- Con carácter previo a la resolución del fondo de la cuestión controvertida, debe este tribunal realizar un pronunciamiento sobre las excepciones procesales que opusieron en el acto de juicio por las empresas demandadas, y frente a las que se mostraron disconformes los sindicatos demandantes, por las razones expuestas en los antecedentes de hecho de la presente resolución, que en aras a su brevedad, damos por reproducidas. Las excepciones son las siguientes:

1ª.- Inadecuación de procedimiento: Se sostiene que la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales no es la adecuada para ventilar la pretensión objeto de este procedimiento, pues se solicita la tutela por los sindicatos actuantes si bien las conductas que se concretan en el suplico se proyectan sobre el derecho individual del derecho de huelga. Hay una parte del mismo, en el que se incluye una acción de cesación del derecho de huelga individual, debiendo ventilarse las pretensiones por la modalidad de conflicto colectivo. Se añade que ha habido alegatos de legalidad ordinaria como es el derecho a la desconexión digital, citando SAN 61/2011, de 4 de abril.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 177 LRJS, cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

El suplico de la demanda persigue que esta Sala declare que las conductas descritas en el cuerpo del escrito rector son vulneradoras del derecho de libertad sindical así como del derecho de huelga. Algunas de dichas conductas se proyectan sobre los trabajadores que secundaron la huelga, pero ello no comporta como así se sostiene por las demandadas, que deba iniciarse un proceso de conflicto colectivo en el que estén presentes los trabajadores afectados por las mismas. No se persigue aquí solucionar una controversia que afecta a un grupo genérico de trabajadores, ex art. 153 LRJS, sino determinar si las conductas empresariales incidieron sobre el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga, siendo la modalidad procesal elegida correcta. Sorprende a esta Sala que se plantee esta excepción cuando en fecha 17-3-2021, proceso 307/2020 se ha dictado sentencia en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, frente a las mismas empresas, y por los mismos sindicatos demandantes, en la que la cuestión debatida versaba igualmente sobre determinadas conductas empresariales, proyectadas sobre los trabajadores que ejercieron su derecho a la huelga en una convocatoria anterior, confirmada por el Tribunal Supremo en fecha 13-4-2023, rco. 217/2021 ( ROJ: STS 1610/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1610 ), en la que ninguna duda se planteó acerca de la adecuación de la modalidad procesal elegida.

Tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, "el art. 28.2 CE define el derecho de huelga el ser un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la convocatoria o llamada, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales" ( STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11)

En consecuencia, el procedimiento elegido es el adecuado y la excepción debe ser desestimada.

2ª.- Falta de legitimación activa del sindicato SITCPLA: Como segunda excepción, se sostiene que el sindicato SITCPLA carece de legitimación activa, pues no tiene ninguna representación en el ámbito del conflicto, al no presentarse a las últimas elecciones sindicales.

Esta excepción tampoco puede tener favorable acogida pues aun cuando el sindicato SITCPLA ya no tenga representantes en la empresa (así se deriva del hecho probado decimoquinto, al no presentar candidaturas en las últimas elecciones sindicales), la huelga fue convocada tanto por el sindicato USO como por el sindicato SITCPLA, de suerte que las conductas empresariales a examinar tuvieron potencial afectación en los derechos fundamentales que se indican, lo que deberá ser objeto de análisis en la presente resolución. Ostenta por ende el sindicato SITCPLA legitimación activa para accionar, desestimándose también la excepción procesal aducida por las codemandadas.

3º.- Falta de legitimación pasiva de las codemandadas CREWLINK IRELAND LTD y WORKFORCE INTERNATIONAL CONTRACTORS LTD: Se sostiene por estas empresas que todas las conductas que se reflejan en demanda se refieren a actuaciones de la demandada Raynair DAC, empleándose el término "demandadas" y que las denuncias se han dirigido frente a Ryanair DAC, de suerte que ninguna vulneración de derechos fundamentales puede apreciarse respecto a las mercantiles que oponen la excepción, debiendo apreciarse la falta de legitimación pasiva alegada.

Esta petición también debe correr una suerte desestimatoria, pues la huelga según consta en sus convocatorias, tenía como destinatarios tanto los trabajadores de Raynair DAC como aquéllos que prestaban servicios en ella contratados a través de las codemandadas, de suerte que las conductas descritas en demanda, también se proyectaron sobre los mismos, lo que convierte a Crewlink Ireland LTD y Workforce International Contractors LTD en parte pasiva del presente procedimiento, ostentando por ende legitimación pasiva, por las razones que en la fundamentación jurídica se dirán.

CUARTO.- Con carácter previo también ha de resolver este tribunal acerca de la admisión o no de la prueba aportada por Ryanair DAC obrante a los descriptores 212 a 219 (parte de ellos, mediante CD), consistente en las grabaciones de las Asambleas celebradas por el sindicato USO y su transcripción. El sindicato USO solicitó en el acto de la vista que la prueba fuera inadmitida por vulneración de derechos fundamentales, al ser obtenida vulnerándose el derecho a la intimidad. Por su parte la empresa alegó que la asamblea se hizo por telegram, abierta al público y que en el anuncio de la asamblea se incluía un enlace, por lo que ninguna vulneración de derechos fundamentales se ha producido.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.1 LOPJ, " en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales". Asimismo el art. 90.2 LRJS apunta que " no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas".

Tal y como refiere la STC de 2-6-2022, rec. amparo 6313/2019 ( ROJ: STC 66/2022 - ECLI:ES:TC:2022:66 "el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE, estrechamente vinculado con el respeto a la dignidad de la persona ( art. 10.1 CE), implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. Además, el art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares ( STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21), el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, y de ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( STC 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, por todas) ( STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 14, en el mismo sentido STC 190/2013, de 18 de noviembre, FJ 2)".

Esta doctrina constitucional es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentada en relación con la noción de vida privada protegida por el art. 8.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En particular, en la STC de 30 de enero de 2012, recurso de amparo 4821/2009 ( ROJ: STC 12/2012 - ECLI:ES:TC:2012:12), FJ 5, resulta relevante, como criterio que debe tenerse en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas, el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno (...), añadiéndose que " no pueden abrigarse expectativas razonables al respecto cuando de forma intencional, o al menos de forma consciente, se participa en actividades que por las circunstancias que las rodean, claramente pueden ser objeto de registro o de información pública" ( SSTEDH de 25 de septiembre de 2001, P.G. y J.H. c. Reino Unido, § 57, y de 28 de enero de 2003, Peck c. Reino Unido, &58).

No se niega por el sindicato USO, que las asambleas de los trabajadores se convocaron de forma abierta, con acceso por medio de un enlace en la plataforma telegram, por lo que, si ello es así, ninguna vulneración del derecho fundamental a la intimidad se ha producido. Ahora bien, este tribunal no puede decir lo mismo respecto de la vulneración del derecho de libertad sindical.

El TC ha reiterado que "el art. 28.1 CE integra, además de la vertiente organizativa de la libertad sindical, los derechos de actividad y medios de acción de los sindicatos -huelga, negociación colectiva, promoción de conflictos- que constituyen el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Pero también que, junto a los anteriores, los sindicatos pueden ostentar también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos que se añadan a aquel núcleo esencial. Así el derecho fundamental se integra no sólo por su contenido esencial sino también por esos derechos o facultades adicionales, de modo que los actos contrarios a estos últimos son también susceptibles de infringir dicho art. 28.1 CE" ( STC 36/2004, de 8 de marzo, FJ3). A ello debe añadirse que el art. 2.1.d) de la LOLS dispone que el derecho de libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical, comprendiéndose también para los sindicatos, el ejercicio de dicha actividad, ex apartado 2 d) del mismo precepto legal.

Es evidente que la convocatoria de Asambleas informativas por parte de USO y SITCPLA durante el desarrollo de las jornadas de huelga, estaba dirigida a poner en valor, frente a sus afiliados, cuantas acciones, informaciones o actuaciones pudieran ejecutarse para llevar a cabo una eficacia efectiva de los paros convocados. Finalidad absolutamente legítima que no puede ser reprochada. Y eran los afiliados los destinatarios únicos y exclusivos de las citadas reuniones. El hecho de que la convocatoria se realizara de forma abierta no permite a nuestro juicio convalidar el acceso empresarial a una actividad vinculada necesariamente con el ejercicio de la actividad sindical, en la que la empresa no puede tener una participación ni activa ni pasiva. La grabación de las asambleas y su posterior presentación como prueba en el presente procedimiento, excede de los límites permitidos para contrarrestar la actividad sindical, y no permite que la prueba aportada pueda ser admitida ni valorada. Entiende este tribunal que con dicho acceso y grabación, se ha producido la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, en su vertiente de ejercicio de la actividad sindical y en concreto de la huelga convocada. Las asambleas se hallaban inexorablemente vinculadas a esta última, violentando la empresa con su actuación, un ámbito restringido a los sindicatos y a sus afiliados que merece el reproche jurídico descrito. Y ello conforme a doctrina del Tribunal constitucional que reconoce la utilización del derecho a la libertad de expresión y de información como instrumento de acción sindical ( SSTC 143/1991, de 1 de julio, FFJJ 5 y 6; 1/1998, de 12 de enero, FJ 6 ; 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4 ; y 185/2003, de 27 de octubre , FJ 6). Por ello, procede inadmitir y por ende valorar tanto las grabaciones como las transcripciones de las asambleas de trabajadores ya descritas, ex art. 11.1 LOPJ.

QUINTO.- Despejadas ya las cuestiones procesales previas, el presente fundamento de derecho tiene por objeto valorar las conductas empresariales al objeto de determinar si tal y como sostienen los sindicatos actuantes, se ha producido una vulneración de su derecho de libertad sindical, así como del derecho de huelga de los trabajadores que llevaron a cabo la misma, o si por el contrario, la actuación empresarial puede considerarse como "neutra", tal y como afirmó el letrado de la empresa Ryanair DAC.

Según jurisprudencia constitucional, el art. 28.1 CE integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensivo de todos los medios lícitos, y sin indebidas injerencias de terceros (por todas, SSTC 94/1995, de 16 de junio, FJ 2 ; 127/1995, de 25 de julio, FJ 3 ; 168/1996 de 29 octubre, FJ 1 ; 168/1996, de 29 de octubre, FJ 3 ; 107/2000, de 5 de mayo, FJ 6 , y 121/2001, de 4 de junio , FJ 2). Coherentemente con este contenido constitucional la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, establece en su art. 2.1 d) que la libertad sindical comprende "el derecho a la actividad sindical", y en el art. 2.2 d) que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho al "ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella".

Sin embargo, tal y como ha declarado también el Tribunal Constitucional, el ejercicio del derecho de huelga admite ciertas limitaciones pues ningún derecho constitucional es un derecho ilimitado. Se dice por el Alto Tribunal: "Como todos, el de huelga ha de tener los suyos, que derivan [...] no solo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente protegidos" ( STC 11/1981, FJ 9). "Como cualquier otro derecho, el de huelga ha de moverse dentro de un perímetro que marcan, por una parte, su conexión o su oposición respecto de otros derechos con asiento en la Constitución, más o menos intensamente protegidos y, por la otra, los límites cuyo establecimiento se deja a la ley, siempre que en ningún caso se llegue a negar o menoscabar su contenido esencial. Este, en principio, consiste en la cesación del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones, núcleo que implica a su vez la facultad de declararse en huelga, estableciendo su causa, motivo y fin y la de elegir la modalidad que se considera más idónea al respecto, dentro de los tipos aceptados legalmente" ( STC 123/1992, de 28 de septiembre, FJ 4). Por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga puede quedar sometido en virtud de la ley a procedimiento o a algún tipo de formalismo o formalidad "porque el art. 53. CE permite que el legislador regule las 'condiciones de ejercicio' de los derechos fundamentales, siendo preciso que tales procedimientos y formalismos no sean arbitrarios, tengan por objeto proteger bienes e intereses constitucionalmente protegidos y que no sean tan rígidos o difíciles de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio del deber" ( STC 332/1994, de 19 de diciembre, FJ 5). El procedimiento previsto por la ley para el ejercicio del derecho de huelga prevé la constitución de un comité de huelga cuya función es la de "participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto" ( art. 5 del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo".

No son hechos controvertidos que los sindicatos demandantes llevaron a cabo las tres convocatorias de huelga, que aparecen reflejadas en el hecho probado primero de la presente resolución. Por seguir un orden lógico y acorde con el relato de hechos de la demanda, analizaremos las conductas empresariales allí expuestas y que se revelan, según los actuantes como vulneradoras de los derechos fundamentales en liza:

1.- Falta de información al Comité de Huelga sobre los vuelos protegidos: Se dice por los sindicatos que tras la primera convocatoria de huelga, se solicitó determinada información sobre los "vuelos protegidos", vinculados con los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes, petición que no fue atendida por la empresa Ryanair DAC.

Consta acreditado al hecho probado sexto, por remisión a los descriptores 112 y 122 que en comunicación remitida por el Comité de Huelga a la empresa en fecha 23-6-2022, y reiterada el 29 siguiente, se solicitó información relativa a los servicios mínimos que habrían de cumplirse en las jornadas de huelga para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, requiriéndose la entrega de la siguiente comunicación:

1) Listado de vuelos protegidos desglosado por bases afectadas por la huelga .

2) Listado de trabajadores asignados a los servicios mínimos identificando además los vuelos protegidos asignados, igualmente desglosado por bases.

3) Listado de trabajadores a los que se les ha asignado el servicio de imaginaria indicando los vuelos protegidos a los que han sido adscritos , desglosado por bases afectadas por la convocatoria de huelga.

A los citados requerimientos, conforme al ordinal séptimo y los descriptores 48 a 58, se contestó por la empresa mediante correos remitidos el 23-6 2022, 29-6-2022, 10-7-2022, 22-7-2022, 5-8-2022, 19-08-2022, 31-8-2022, 30-9-2022, 28-10- 2022, 30-11-2022 y 30-12-2022 a en los que se decía:

" Adjuntamos la lista de vuelos protegidos de acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes de España de Servicios Mínimos recibida por la Compañía el 22 de junio. Esta lista contiene los vuelos programados para operar los días 24, 25 y 26 de junio que han sido designados como servicios mínimos protegidos y la tripulación asignada para operar estos vuelos está legalmente obligada a asistir al trabajo de acuerdo con los términos y condiciones de su contrato de trabajo. Todos los miembros de la tripulación de cabina asignados para operar estos servicios están siendo informados de sus deberes de vuelo, lo cual cumple plenamente con la orden de servicios mínimos. La tripulación que está asignada al servicio de aeropuerto o HSBY para garantizar la protección de los servicios mínimos debe presentarse a sus funciones asignadas (...)".

Si se observan los listados de vuelos adjuntados a los correos, que han sido dados por reproducidos, aquéllos están conformados con la identificación de los vuelos indicados por la empresa, identificándose la fecha, número de vuelo (FR xxx), origen, destino, hora de salida (local) y hora de llegada (local). Pero tal entrega de información no resulta a nuestro juicio ni suficiente ni adecuada a la legítima petición de los sindicatos. La mera identificación de unos vuelos, ni permite conocer qué tripulación ha sido asignada a los mismos (que ya se conocía, pues en la contestación de la empresa, se dice que se está comunicando a los TCP asignados a dichos vuelos la citada asignación), ni se desglosan las bases a la que están adscritos dichos vuelos, ni se indican qué trabajadores en imaginaria estaban adscritos a los servicios protegidos, que se derivaban de la Resolución del Ministerio.

Baste traer a colación los razonamientos efectuados en el fundamento de derecho quinto de nuestra sentencia de fecha 17-3-2021, en la que apuntábamos, en relación a conductas sustancialmente idénticas a las que aquí nos ocupan lo siguiente:

"No proporcionar esa información a los sindicatos convocantes de la huelga les impidió conocer hasta después de su inicio los vuelos programados y TCP en imaginarias designados para cumplir los servicios mínimos.

Esa falta de información les impedía saber el acomodo de las concretas decisiones empresariales a los porcentajes de vuelos protegidos por los servicios mínimos y con ello poder informar a los trabajadores, potenciales partícipes de la huelga promovida por los sindicatos, de sus concretas obligaciones y derechos.

La ausencia de esa información les impide además verificar si la conducta empresarial se acomoda a los servicios mínimos establecidos por la Administración y su uso abusivo, luego verificado por la Inspección, imponiendo la obligación de trabajar a más personas de las necesarias, perjudica la eficacia de la huelga convocada y minimiza los evidentes daños que ocasiona al empresario.

En consecuencia, con esta conducta el empresario pretende obtener una ventaja inapropiada en el conflicto que revierte negativamente en la potencialidad de la huelga como legítimo instrumento de presión de los trabajadores para la obtención de sus reivindicaciones.

Se atenta así a la huelga como medio clave para el ejercicio de la actividad sindical de los convocantes que se ha visto mermado.

Se ataca por tanto indebidamente al derecho de libertad sindical".

La aplicación de los citados razonamiento no resulta obstaculizada por el hecho de remisión de los listados indicados, a diferencia de lo que ocurrió en el asunto precedente, en el que la información no llegó hasta después de iniciada la huelga, pues tal y como hemos referido, los listados no cubrían la información mínima para ofrecer un adecuado control a la asignación de tripulantes a vuelos de servicios mínimos y a su acomodo a las resoluciones de fijación de aquéllos. Tampoco puede aducirse, como así se hizo por la empresa Ryanair, que la información solicitada era de imposible cumplimiento, pues disponía de los datos concretos para constatar los aspectos de información que fueron solicitados.

Además de todo ello hemos de decir que los hechos reflejados con anterioridad, también se reflejan por la Inspección de Trabajo en las actas de infracción recogidas a los descriptores 17 a 26, a cuya presunción de veracidad esta Sala debe atender, ex art. 23, de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Baste acudir a las actas levantadas por la Inspección Provincial de Alicante (d. 18) y Madrid (d. 22) para verificar que no se ha proporcionado información al comité de huelga, o se ha realizado con poca antelación. En concreto, en las actuaciones seguidas por la Inspección de Trabajo de Madrid se corrobora que "( s)e constató una falta de información al Comité de Huelga de datos que solo la empresa tenía en su poder como eran los listados de personal de guardia, modificaciones de estos servicios de guardia, listado de vuelos no protegidos", lo que hace refrendar nuestra conclusión.

2.- Asignación de vuelos protegidos, cambios y obligatoriedad de su aceptación: Se sostiene asimismo por los sindicatos demandantes que el derecho de huelga de los trabajadores quedó también afectado por la conducta empresarial atinente a la asignación de los vuelos protegidos, vinculados a los servicios mínimos que fueron objeto de cambios sin antelación suficiente, en periodos de descanso y con indicación empresarial de su necesaria aceptación, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias.

Teniendo en cuenta que la huelga convocada afectó al servicio aéreo, es menester traer a colación la doctrina constitucional atinente al ejercicio del derecho de huelga y mantenimiento de los servicios esenciales, como lo constituye el tránsito aéreo, ex RD 2878/1983, de 16 de noviembre, sobre garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en materia de Transporte Aéreo.

En STC de fecha 24-1-2022, recurso de amparo 3967/2019 ( Roj: STC 2/2022 - ECLI:ES:TC:2022:2), se argumenta lo siguiente:

"La posibilidad establecida en el art. 28.2 CE de que se regulen las gar-antías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad determina que el derecho de huelga puede ser limitado cuando su ejercicio sea susceptible de impedir u obstaculizar el funcionamiento de servicios que atienden la garantía o el ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. La consideración de un servicio como esencial no significa, sin embargo, la supresión del derecho de huelga de los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la previsión de las garantías precisas para su mantenimiento, lo que implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual. b) La determinación de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad no puede ponerse en manos de ninguna de las partes implicadas en el conflicto colectivo que supone la huelga, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial. Su atribución a la autoridad gubernativa es la manera más lógica de cumplir el mandato constitucional, si bien queda limitada por consideraciones materiales -las garantías establecidas no pueden vaciar de contenido el derecho de huelga o rebasar la idea de su contenido esencial- y formales -el control jurisdiccional de dichas decisiones sobre el mantenimiento de los servicios esenciales-, de todo lo cual se infiere que su establecimiento debe obedecer a un criterio restrictivo".

Hemos traído a colación esta jurisprudencia por cuanto que la empresa Raynair empleó un argumento recurrente para justificar los cambios en los servicios mínimos: el mantenimiento y operatividad de los vuelos protegidos. Sin embargo, a tenor de lo expuesto, la garantía de dichos vuelos, no puede restringir los derechos de los trabajadores que secundaron la huelga y que a nuestro juicio, resultaron conculcados con la conducta empresarial. Baste acudir en primer lugar a las comunicaciones empresariales, dirigidas a la plantilla de TCP adscritas a las bases españolas, y que obran a los hechos probados octavo y noveno para comprobar como la conducta empresarial perseguía a todas luces, boicotear la decisión de los TCP de ejercitar su derecho de huelga y obtener un resultado contrario a la intención de los convocantes.

En la primera de las comunicaciones se constata en su punto dos:

" 2. Varios vuelos que operan desde España en las fechas mencionadas han sido designados como vuelos protegidos por el Ministerio de Transporte. El término "vuelos protegidos" o "servicios mínimos de vuelo" se aplica a los vuelos cuya tripulación está obligada a operar de acuerdo con las indicaciones del Gobierno. Estos vuelos deben realizarse según el procedimiento estándar y de acuerdo con las obligaciones contractuales. En caso de que algún miembro de la tripulación se niegue a cumplir con este requisito obligatorio de prestar los servicios mínimos y presentarse a su turno de trabajo según lo previsto, se podrán tomar medidas disciplinarias. Tenga en cuenta que en anteriores huelgas se despidió a la tripulación que no cumplió con los servicios mínimos obligatorios, y el despido disciplinario fue confirmado como justo por los Juzgados de lo Social en España (dando lugar a no tener derecho a ninguna indemnización por despido ni a la reincorporación). El ejemplo más reciente es el caso 1076/2019 ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Tenerife en sentencia de 02 de junio de 2022. Incumplir este requisito obligatorio y no realizar un vuelo de servicios mínimos se considera una falta grave, ya que el Gobierno ha considerado esos vuelos esenciales para proteger los derechos de movilidad de los pasajeros y de la compañía. Ni los sindicatos ni los empleados pueden desautorizar esta decisión. Tenga en cuenta que puede ser llamado desde su estado de standby para operar un vuelo protegido o de servicios mínimos. De acuerdo con la resolución del Gobierno, la tripulación que opera los vuelos de servicios mínimos debe realizar el servicio a bordo para garantizar que nuestros clientes tengan pleno acceso a comidas y bebidas".

En esta comunicación ya se observa cómo la empresa acude a la indicación expresa de adopción de medidas disciplinarias caso de no aceptarse volar en vuelos protegidos. Vuelos que como más adelante se observará, fueron objeto de cambios indiscriminados por la empresa, notificados a través de mensajes a la aplicación IDP. Y no solo se informa de que pueden adoptarse medidas disciplinarias, sino que se advierte que en anteriores ocasiones, los tribunales han desestimado las reivindicaciones de los trabajadores, confirmando los ceses. La recepción de dicha comunicación produce una evidente influencia en la voluntad del trabajador, que ante la hipotética adopción de medidas disciplinarias, se ve mermado en su libertad de ejercitar su derecho fundamental.

La línea anterior no resulta un hecho aislado, pues consta al ordinal noveno que en posteriores fechas, los trabajadores recibieron de la empresa distintos "Memos" en los que se insistía:

1) En la obligatoriedad de asistir al trabajo de acuerdo con los términos y condiciones de su contrato, lo que incluye ser llamado desde el estado de standby para operar un vuelo, así como los cambios de funciones en el mismo día de trabajo de un vuelo de servicios mínimos a otro.

2) La tripulación no puede rechazar un cambio de funciones. Si un miembro de la tripulación estaba asignado a operar un vuelo protegido y ese vuelo se cambia por otro vuelo protegido, en ese caso el miembro de la tripulación está obligado a operar la nueva función asignada.

3) La no realización o negativa a realizar tareas asignadas como vuelos protegidos se considera una falta grave. Si se decide no operar vuelos de servicios mínimos "está poniendo potencialmente en riesgo su empleo". En huelgas anteriores se despidió a varios tripulantes que no operaron vuelos de servicios mínimos en circunstancias similares.

4) Si la tripulación no se presenta a los vuelos de servicios mínimos o si hay ausencias que ponen en riesgo el funcionamiento de los mismos, la compañía podrá recurrir a otros miembros de tripulación para operar dichos vuelos. Si se reciben llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook o cualquier otra comunicación social no deseada, se insta a ponerse en contacto con su Responsable de Base o con el departamento de RRHH y se investigará.

De nuevo la indicación del despido se despliega por la empleadora, ante la posible negativa de un TCP a aceptar un vuelo calificado como "protegido". Vuelos que según se constata en las actas de la Inspección de Trabajo, eran objeto de modificación sin respetar un periodo mínimo de antelación, en periodos de descanso y mediante la remisión reiterada de mensajes al trabajador afectado. Véase:

1) Que el acta de la Inspección de Alicante, obrante al descriptor 18, constata que los cambios en los vuelos afectados por servicios mínimos se producen con poca antelación, y asignándose vuelos diferentes a los inicialmente indicados.

2) Que el acta de la Inspección de Barcelona, obrante al descriptor 20, constata también los cambios en los vuelos asignados a servicios mínimos, con un envío masivo de comunicaciones para llevar a cabo los mismos.

3) Que el acta de la Inspección de Girona, obrante al descriptor 21, constata la remisión a los TCPs de escrito jurídico, con el objeto de justificar la aceptación de los cambios que se produzcan en los servicios mínimos, y posible adopción de medidas disciplinarias.

4) Que el acta de la Inspección de Madrid, obrante al descriptor 22, revela que los cambios en los servicios mínimos no respetan un mínimo de antelación suficiente, ni puede corroborarse que el nuevo vuelo asignado forma parte de los servicios mínimos.

5) Que el acta de la Inspección de Málaga, obrante al descriptor 23, constata que los cambios en los vuelos de servicios mínimos se comunicaron incluso en periodos de descanso de la tripulación.

6) Que el acta de la Inspección de Sevilla, obrante al folio 25, revela que dichos cambios se comunicaron en periodo vacacional y con una antelación inferior a 5 días.

7) Y que el acta de la Inspección de Valencia, obrante al descriptor 26, corrobora que los cambios en los vuelos de servicios mínimos asignados se reiteran hasta en seis ocasiones al día insistiéndose en la obligación de llevar a cabo los mismos, previa aceptación .

Las conductas anteriores, no pueden sino revelar una constante y retirada conducta empresarial destinada a la neutralización del derecho de huelga, pretendiendo la aceptación de vuelos que según expresa e indica, sin justificación alguna, están vinculados con el cumplimiento de los servicios mínimos, previa realización de cambios unilaterales por la compañía, sin mediar tiempo prudencial para su aceptación y comunicados a través de las aplicaciones telemáticas usadas de ordinario en el desempeño de la relación laboral.

A este respecto hemos de indicar que la empresa aportó informe pericial que abordaba la legitimidad y autenticidad de este sistema de comunicaciones, que fue ratificado en el acto de juicio por su autor (descriptor 136) y que trató de completarse con la testifical de don Alfredo, responsable de bases de Ryanair en España y Grecia. Ocurre que ambas pruebas resultan inanes al debate, pues no se discute en el presente procedimiento si la forma de comunicación empresa-TCP reunía los requisitos para ser considerado un medio fiable o hábil para llevar a cabo la comunicación de cambios de servicios mínimos, sino el modo en que dichos cambios fueron comunicados (que no identificamos con el medio de transmisión) y su incidencia en el derecho de huelga de los trabajadores, por lo que no han sido valorados a efectos de resolución de la controversia.

Como tampoco se entiende necesaria la práctica de diligencia final solicitada por el letrado de Ryanair DAC para ratificar el informe pericial obrante a los descriptores 91 y 189 atinente a la adecuación de la designación de vuelos considerados servicios mínimos- Es cierto que en demanda, se alude a que la fijación de los servicios mínimos por la empresa no se adecuó a las previsiones fijadas por las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Transportes, pero habida cuenta que dicha conclusión se sustenta en una interpretación de la citada resolución llevada a cabo por la Inspección de Trabajo, entiende este tribunal que no puede tenerse por acreditado un hecho atinente al exceso en la fijación de servicios mínimos, por lo que dicha controversia no ha sido valorada en la presente resolución, siendo innecesaria la práctica de diligencia final para ratificar la prueba pericial atinente a tal cuestión.

3.- Actuaciones constitutivas de esquirolaje: Señala la STS de 08 de noviembre de 2023, rco. 204/2021 ( ROJ: STS 4791/2023 - ECLI:ES:TS:2023:4791) que "El art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo establece que "en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo". La recordada prohibición en modo alguno supone que sí es posible la sustitución de quienes secundan la huelga por otras personas ya integradas en la empresa y que no lo hacen. Esta Sala del Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el llamado esquirolaje interno, tal y como recordamos en la STS 153/2021 de 3 febrero (rec. 36/2019)".

Asimismo, se añade en la citada resolución que "La literalidad del RDL 17/1977 impide la incorporación de personas que no secundan la huelga con la finalidad de sustituir a quienes sí lo hacen. Como expresa la doctrina constitucional, "Se prohíbe así la contratación de trabajadores que pasen a desempeñar las tareas dejadas de realizar por los huelguistas, lesionando, de tal manera los efectos de la medida adoptada por aquéllos, lo que se conoce con el nombre de esquirolaje externo".

De lo expuesto se infiere que la práctica del esquirolaje interno y externo constituye una conducta prohibida por el ordenamiento y proscrita por la doctrina ordinaria y constitucional.

De nuevo hemos de volver a los hechos constatados por la Inspección de Trabajo, sin tomar en consideraciones apreciaciones o valoraciones que incidan en la catalogación de las conductas reflejadas en las Actas de Infracción. En informe reflejado en el ordinal duodécimo se constata que Ryanair ha acudido al "refuerzo de los trabajadores de las bases, con funciones de programación y control de vuelos, con otros traídos de otros Estados miembros de la UE", constatándose incluso por la Inspección de Barcelona "el recurso a tripulaciones basadas en terceros Estados para operar vuelos programados que no han sido declarados servicios mínimos". La resolución de 8 de marzo de 2023, reflejada en el ordinal décimo tercero, revela que la Inspección Provincial de Valencia constató la sustitución de TCPs en situación de huelga con otros destinados en otras bases de la compañía fuera de España.

Dichas sustituciones se llevaban a término por la empresa Ryanair DAC, incluso acudiendo a métodos de dudosa legalidad, como ocurrió en el aeropuerto de Málaga en el que al folio 6 del acta obrante al descriptor 23 se refleja lo siguiente:

"Sirva esta doctrina como elemento introductorio, al hecho constado por la Inspectora actuante de como TCP,s procedentes de bases extranjeras y que no aparecían en los Daily Crew Sing -In Sheet que disponían los vigilantes de seguridad, accedían a la zona aire utilizando tarjetas de embarque que les facilitaba la compañía como si se tratase de cualquier pasajero ordinario, tras serle denegada la entrada por los vigilantes de seguridad .Dichos TCP, s carecían de la acreditación de AENA. Este hecho que pudo ser constatado el 01/07/2022 a las 15.40 horas por la actuante" (....). El resaltado es nuestro.

Y todo ello de nuevo, con un objetivo cierto y predeterminado: neutralizar los efectos de la huelga convocada.

4.- Uso abusivo del poder empresarial : Por si todo lo anterior resultase insuficiente para alcanzar una conclusión clara sobre la conducta de la empresa Ryanair, de la que no pueden desvincularse como así pretenden las agencias codemandadas (véase que en el memo de fecha 23-6-2023, obrante al descriptor 8, refleja que Ryanair ha dado instrucciones a estas últimas para el cobro de los salarios durante el periodo de huelga, lo que impide desvincularla de las conductas desplegadas por la empresa "principal"), el uso abusivo del poder empresarial se manifiesta en otros aspectos también reflejados por la Inspección de Trabajo y también constatados por este tribunal al valorar la prueba.

I.- En cuanto al primer grupo de actuaciones, reflejan las actas de infracción que el número de trabajadores de guardia se aumentó exponencialmente durante las jornadas de huelga, frente a los días de trabajo normal y se produjo en ocasiones, un cambio de la propia operativa del Manual de Operaciones de la Compañía. Así se refleja:

1) En el Acta de A Coruña (d. 17) que señala el cambio del lugar de celebración de los breafings previos al vuelo, para pasar necesariamente por la crewroom donde se anotaba la presencia del TCP para poder acudir posteriormente al breafing en la aeronave. Se añade que en las jornadas de huelga llegaron a designarse hasta 8 TCPs de guardia, cuando lo normal era la designación de un solo tripulante, en periodos de no huelga.

2) En el acta de Alicante (d. 18), se reconoce también el aumento de los TCPs de guardia a los folios 22 y 23 del acta y modificación de lugar del breafing.

3) En el acta de Barcelona (d. 20) se refleja en su página 28 que también se ha producido un incremento de trabajadores adscritos al servicio de guardia.

4) En el acta de Girona (d. 21), al folio 23, la Inspección refleja: " Respecto del personal en servicio de guardia durante el periodo de huelga, la empresa procedió a designar una cifra anómala por exceso de tripulantes en servicio de guardia en el aeropuerto (AD) en lugar de prestar sus servicios habituales desde su domicilio (HSBY), con el objeto de garantizar que dicho porcentaje del 100% de vuelos se encontraría siempre en disposición de volar. El motivo de la designación era facilitar la sustitución de personas trabajadoras huelguistas que pretendían ejercitar su derecho o ejercerlo ilícitamente, según la interpretación que da la empresa a la resolución del Ministerio. Por tanto, la empresa programó servicios excepcionales más gravosos para las personas trabajadoras en servicio de guardia, con el objeto de agilizar la sustitución potencial de personas trabajadoras huelguistas, obteniendo una ventaja dirigida a minimizar los efectos de la huelga. Con el mismo propósito, la empresa alteró el régimen ordinario de los briefing previos al vuelo, pasando a realizarse los mismos en la sala de tripulantes exclusivamente durante el período afectado por la huelga. La empresa también ha procedido a alterar el régimen habitual de presencia en el aeropuerto del supervisor/a, incrementándolo de uno/dos a todos los días".

5) En el Acta de Inspección de Madrid (d. 22): se disminuyen las guardias en casa y se aumentan las guardias en aeropuerto.

6) Acta de Inspección de Málaga (d. 23): Las páginas 9 y siguientes del acta abordan la cuestión atinente al personal de guardia, concluyendo que se produce un incremento de más de doble de trabajadores en guardia domiciliaria, es decir, se pasa de tres trabajadores programados a las 09.00 horas a siete trabajadores más en guardia domiciliaria el 15/07/2022.

7) Acta de Inspección de Sevilla (d. 25): Se constata el incremento de las guardias en aeropuerto en los tres días de huelga inspeccionados.

8) Acta de Inspección de Valencia (d. 26): Se corrobora la asignación de guardias, en cada turno de los días de huelga, a un número superior al único trabajador que realiza guardias en situación de normalidad (hay turnos en que hay siete trabajadores de guardia, incluidos sobrecargos).

Todo ello revela una actuación dirigida y coordinada, en todos las bases en las que opera la compañía y sus agencias, tendente a minimizar los efectos de la huelga, neutralizando los efectos negativos que el ejercicio del derecho fundamental de los trabajadores pudiera producir.

Y tal y como expresa la STS de 13-4-2023, rco. 217/2021 ( ROJ: STS 1610/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1610 ), "de conformidad con la jurisprudencia constitucional y de esta sala 4ª, es claro que vulnera el derecho de huelga, no solo la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores, sino también la utilización abusiva del poder de dirección empresarial cuando se está ejerciendo aquel derecho. Basta citar, por ejemplo, las SSTC 123/1992, de 28 de septiembre , 66/2002, de 21 de marzo , y 33/2011, de 28 de marzo , y las SSTS 237/2016, de 18 de marzo (rec. 78/2015 ) y 499/2021, de 6 de mayo (rcud 4975/2018 ).

II.- Y en cuanto al segundo tipo de actuaciones que aquí se examinan, los avisos de adopción de medidas disciplinarias no quedaron en simples advertencias, constatándose la existencia de múltiples despidos de TCPs, bajo el pretexto de incumplirse los servicios mínimos asignados, siendo que un número elevado de los despidos que llegaron a sede judicial por ser impugnados, han sido conciliados, reconociéndose por la empresa la improcedencia del cese, con el abono de la indemnización correspondiente. Baste examinar la documentación obrante a los descriptores 79, 125, 126 y 148 para comprobar que la facultad empresarial de dar por terminada la relación laboral alcanzó cotas inaceptables no respaldadas por una causa disciplinaria acreditada, llegándose incluso a despedir al Delegado Sindical don Abelardo, Delegado Sindical, y cuyo cese también ha sido impugnado, estando pendiente de resolución.

Se aporta en trámite de dictado de la sentencia por la empresa Ryanair sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga en fecha 11-12-2023, por la que se declaró la procedencia del despido de una trabajadora de la empresa por no acudir durante las jornadas de huelga a prestar servicios mínimos. No consta la firmeza de la citada resolución y la misma no desvirtúa nuestras consideraciones anteriores, acerca del elevado número de conciliaciones judiciales en procesos por despido motivados por la incomparecencia al trabajo en jornadas de huelga. En consecuencia, la citada sentencia ningún valor tiene ni a los efectos pretendidos, ni para este tribunal.

Como conclusión y en definitiva, de todo lo anteriormente expuesto, no puede sino declararse que la conducta de la empresa Ryanair DAC, secundada por las agencias CREWLINK IRELAND LTD y WORKFORCE INTERNATIONAL CONTRACTORS LTD durante los días de convocatoria de huelga, no sólo vulneró el derecho individual de huelga de los trabajadores afectados, destinatarios todos ellos de las acciones empresariales, sino también constituyó una vulneración de la libertad sindical de aquí los demandantes, siendo la huelga uno de los instrumentos esenciales de manifestación y puesta en valor de dicho derecho fundamental. Todo ello en consonancia con lo resuelto en sentencia previa de este Tribunal que no hace sino corroborar la voluntad reiterada de las codemandadas de no respetar el ejercicio de derechos fundamentales por parte de sus trabajadores.

En consecuencia, con estimación de la demanda procede declarar:

1) Que la conducta desplegada por las empresas demandadas ha vulnerado los derechos a la libertad sindical de los Sindicatos USO-STA y SITCPLA y el derecho de huelga de los trabajadores que participaron en las huelgas convocadas los días 24,25 y 26 de junio y 1 y 2 de julio; los días 12,13,14,15,18,19,20,21,25,26 y 27 de julio y la convocada el día 8 de agosto de 2022 hasta el 7 de enero de 2023.

2) La nulidad de las conductas adoptadas y llevadas a cabo por las demandadas durante las convocatorias de huelga, que se reflejan en la fundamentación jurídica de la presente resolución.

SEXTO.- Resta solo examinar la petición indemnizatoria instada en demanda. Solicitan los sindicatos demandantes ser indemnizados de forma solidaria en cuantía total de 187.515 euros, lo que supondría una cuantía para cada uno de ellos de 93.757,5 euros en concepto de daño moral. Se invoca como base de su petición, la aplicación del art. 7.7 y 8 de la LISOS en relación con el art. 40 del mismo texto legal.

El art. 182.d) LRJS exige que la sentencia que aprecie la vulneración de derechos fundamentales deberá resolver sobre la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183, fijándose la cuantía correspondiente que atenderá al daño moral o daños y perjuicios adicionales derivados.

La STS de 14-11-2023, rcud. 1975/2021 ( ROJ: STS 4848/2023 - ECLI:ES:TS:2023:4848), tras repasar la evolución de la doctrina en materia de cuantificación de daños morales ha declarado lo siguiente:

"6.- La más reciente doctrina jurisprudencial [por todas, sentencias del TS 853/2021, de 6 septiembre (rec. 65/2020); 1085/2021, de 3 noviembre (rec. 22/2020); 1097/2021, de 10 de noviembre (rec. 110/2020)], explica que, respecto del daño moral, "existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión [...] lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales" ( sentencia del TS de 18 de julio de 2012, recurso 126/2011). Esa doctrina jurisprudencial enlaza con la vigente LRJS en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

En resumen, la doctrina jurisprudencial sostiene que "los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental" [por todas, sentencias del TS 273/2023, de 13 abril (rec. 217/2021); 294/2023 de 25 abril (rec. 334/2021); y 503/2023, de 11 julio (rec. 243/2021].

7.- Reiterados pronunciamientos de este Tribunal sostienen que el art. 183.2 de la LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (restitutio in integrum), sino también la de prevención general [ sentencia del TS 860/2019 de 12 diciembre (rcud 2189/2017 y las citadas en ella)]"

Atendiendo al conjunto de consideraciones realizadas en la presente resolución, y en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal, que avaló la cuantía indemnizatoria reclamada por los sindicatos, esta Sala ha de estimar la petición articulada en demanda sobre tal extremo.

Lo elevado de la indemnización se apoya en dos aspectos sustanciales:

1) El primero, por la entidad de las conductas y el número de trabajadores afectados, incidiendo esta Sala en su gravedad, acudiéndose a comportamientos alejados de la legalidad vigente, con el fin de sortear el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento español, cercenando tanto el derecho de los trabajadores huelguistas, como de los sindicatos convocantes;

2) El segundo, la reiteración en las conductas vulneradoras de derechos fundamentales por parte de las codemandadas. Por mucho que Ryanair quisiera desvincularse de la sentencia previa dictada por esta Sala, lo cierto y verdad es que en aquélla ya se abordó una tipología de conductas similares a las que aquí nos ocupan que por su intensidad y objetivo, provocó la imposición de una sanción de 30.000 euros.

Como se ha apuntado anteriormente, la indemnización por daños morales no sólo tiene por objeto compensar el daño ocasionado sino que cumple una función de prevención ante futuros comportamientos vulneradores de derechos. Ocurre que la cuantía impuesta por este Tribunal a las empresas demandadas en la resolución precedente, ningún efecto positivo provocó en su conducta ulterior, volviendo de nuevo a incidir en el abuso del poder empresarial para dejar sin efecto la huelga convocada. A nuestro juicio, la petición de indemnización solicitada es acorde precisamente a esa finalidad preventiva que ningún efecto produjo anteriormente, sumada a la ya expuesta gravedad e incidencia en los trabajadores que secundaron los pagos.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada en su integridad.

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la presente resolución no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS).

En virtud de lo expuesto