Sentencia Social 21/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 309/2023 de 23 de febrero del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.j) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados son los que se desprenden de la prueba documental y expediente administrativo que consta en las actuaciones, reflejados en cada uno de los ordinales fácticos y que no han sido impugnados por ninguna de las partes.

TERCERO.- Se impugna en el presente procedimiento la resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 20-11-2023 por la que se deniega el depósito de la modificación de los estatutos de la organización sindical demandante, por las causas que se expresa en la misma y que han sido recogidas en el hecho probado cuarto de la presente resolución. Hemos de indicar en primer término que por la parte actora se ha procedido a subsanar la errata existente en los estatutos en el art. 20, en relación con el art. 18, y así se acreditó aportando la rectificación a los descriptores 31 y 32 de las actuaciones, confiriéndose traslado al Abogado del Estado antes de la celebración del juicio para su conocimiento, sin que se formulara oposición alguna a la misma por lo que tal defecto se entiende corregido, sin que sea objeto de análisis en la presente resolución.

La parte actora en el acto de juicio, al hilo de lo expresado en el hecho quinto de su demanda, refiere que los aspectos objeto de impugnación se centran en tres aspectos diferenciados:

1) La falta de corrección de la errata del art. 20 en relación con el art. 18.9 d de los estatutos a la que se aludió anteriormente.

2) Inexistencia de especificación expresa de la carencia de ánimo de lucro en los fines y en su régimen económico.

3) Cambio de domicilio del sindicato.

Sin embargo y tal y como se advirtió por el Abogado del Estado, el último apartado de la resolución impugnada, incluye defectos adicionales a los expuestos, de forma que la denegación del depósito de la modificación estatutaria, se fija en la resolución sobre los siguientes aspectos:

1) Identificación de los firmantes.

2) Referencia al pie de página en relación al domicilio y su modificación.

3) Especificación de la carencia de ánimo de lucro, fines laborales, destino del patrimonio en caso de disolución, destino de los recursos económicos y medios de conocimiento de la situación económica por parte de los afiliados.

4) Incongruencia en el artículo 20.

A excepción de este apartado 4º, el análisis de este tribunal ha de concretarse en los aspectos referenciados por la propia resolución, no sin antes indicar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

Pasaremos a analizar a continuación los defectos advertidos:

1.-Falta de identificación de los firmantes: según consta en el requerimiento de subsanación efectuado " en la última página del documento deberá identificarse a cada firmante con su cargo y con su nombre completo y apellidos, prescindiendo de indicar otro tipo de datos personales tales como el D.N.I., dado que los estatutos son de acceso público". Sin embargo, en la resolución impugnada, ninguna apreciación se realiza sobre tal circunstancia, limitándose la misma a indicar que no se ha subsanado el indicado defecto.

Si se procede a examinar los estatutos, que constan al descriptor 4, constan dos firmas en cada una de sus páginas, idénticas en todas ellas y a las que constan al final del documento, con la expresión de sus autores: don David (Secretario General de SI) y don Horacio (Secretario de Organización de SI). De ello se infiere que se ha subsanado el defecto advertido, con identificación de los autores de las firmas que constan en los estatutos, idénticas todas ellas. En consecuencia, tal defecto, no puede ser tomado en consideración para denegar el depósito de la modificación estatutaria.

2.-Referencia al pie de página; domicilio y su modificación: En el requerimiento de subsanación consta sobre este extremo que: " En la página 2/52 de los estatutos se ha añadido una nota al pie que dice: "El presente documento es propiedad íntegra del Sindicato Independiente, nunca podrá ser reproducido, almacenado o transmitido por ningún medio conocido o por conocer, bien sea en castellano u otro idioma, sin permiso específico del Sindicato Independiente." A este respecto cabe aclarar que, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical , y en el artículo 23 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo , sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, el texto de los estatutos es de acceso público y podrá ser examinado por cualquier persona, debiendo facilitar la oficina pública competente a quien así lo solicite copia auténtica de los mismos. Por tanto, dicha referencia incluida en los estatutos deberá o bien retirarse o bien adecuarse a lo establecido por la mencionada normativa.

Si se observa el documento 20 obrante al expediente administrativo, consta en la página 2 de los estatutos la nota a pie de página cuya subsanación se requirió, si bien la misma no consta en el texto de los estatutos obrantes al descriptor 4, documento que no fue impugnado por el Abogado del Estado, ni en el texto obrante al descriptor 32, cuando se habían incorporado las correcciones del art. 20 en relación con el art. 18.9, por lo que tal texto, al haber sido eliminado, no puede constituirse en causa de denegación del depósito solicitado.

En relación al domicilio, el requerimiento de subsanación expresaba:

" El artículo 4 de los estatutos de SI, relativo al domicilio social del sindicato, establece que "en cualquier momento, su Comisión Ejecutiva Nacional pueda acordar su traslado a cualquier otro lugar del territorio nacional, sin que ello signifique modificación de estos Estatutos". Al mismo tiempo, el artículo 18.7 de los estatutos atribuye al Congreso la competencia para aprobar, por la mayoría indicada en el artículo 20, las modificaciones estatutarias, sin que se establezcan excepciones. Cabe advertir al respecto que, constituyendo el domicilio un contenido mínimo y elemento esencial de los estatutos de sindicatos y asociaciones empresariales, los cambios que se produzcan en el mismo supondrán una modificación estatutaria. Por ello, deberán corregir lo contemplado en el artículo 4 de los estatutos de modo que el cambio de la sede legal se adopte por el órgano y conforme al procedimiento previsto para las modificaciones estatutarias o bien introducir alguna salvedad en el artículo 18 que se refiera a la competencia y a la mayoría necesaria para proceder al cambio de domicilio. En cualquier caso, la mención "sin que ello signifique modificación de estos Estatutos", introducida en el artículo 4 de los estatutos, deberá retirarse.

Véase que al documento 17 del expediente administrativo, consta la redacción de los estatutos del sindicato con su última modificación, y en concreto en su artículo se regula el domicilio en los siguientes términos:

" El Sindicato Independiente (SI) fija su domicilio en la calle OŽDonnell nº 77 -Torrespaña- 28007 Madrid. Sin perjuicio de que, en cualquier momento, su Comisión Ejecutiva Nacional pueda acordar su traslado a cualquier otro lugar del territorio nacional, sin que ello signifique modificación de estos Estatutos así como establecer los domicilios de los órganos de gobierno de una o varias partes de la estructura de este Sindicato".

La redacción es idéntica a la prevista en el art. 4 del nuevo texto de los estatutos que ahora se examina, sin que hasta dicho momento se hubiera puesto reparo alguno a la previsión "sin que ello signifique modificación de estos Estatutos" y sin que la nueva normativa de depósito prevista en el RD 416/2015 introduzca elemento novedoso alguno respecto a la regulación anterior, prevista en el RD 873/1977, de 22 de abril en el que ya constaba el domicilio como contenido mínimo y esencial del texto de los estatutos. Por otro lado no podemos pasar por alto que en el presente procedimiento, el objeto de depósito no son los estatutos de un sindicato en trámite de constitución, sino la modificación de los estatutos preexistentes y ya aprobados con anterioridad. Si ello es así, a juicio de este tribunal, no puede procederse a realizar un análisis conjunto del texto estatutario, al objeto de visar si el mismo se acomoda a la legalidad vigente, sino que únicamente en el trámite iniciado, podrán examinarse las modificaciones estatutarias producidas y su correspondencia con las exigencias del texto del RD 416/2015. En caso de existir artículos ya aprobados anteriormente, que no hayan sido objeto de modificación, y no se acomoden a la nueva regulación, deberá procederse a su impugnación por los trámites de los arts. 173 y ss. de la LRJS. Pero no puede convertirse el trámite de modificación en una suerte de examen conjunto de los estatutos como ahora se pretende, extendiendo los efectos de una modificación parcial al conjunto de los preceptos que conforman el texto estatutario. Por ende, el defecto que se dice advertido, que parte de un texto idéntico anteriormente convalidado y que no ha sufrido variación alguna, no puede ser estimado como causa para denegar el depósito de los estatutos enjuiciados.

3.- Especificación de la carencia de ánimo de lucro, fines laborales, destino del patrimonio en caso de disolución, destino de los recursos económicos y medios de conocimiento de la situación económica por parte de los afiliados: Sobre este último aspecto, indica el requerimiento de subsanación lo siguiente:

Según dispone el apartado quinto del artículo 5.2.b) del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, los estatutos aprobados deberán contener "el régimen de modificación de los estatutos, de fusión y de disolución del sindicato o de la asociación empresarial, así como, en este último caso, el destino del patrimonio de la asociación que no desvirtúe el carácter no lucrativo de las organizaciones sindicales y empresariales". Respecto al destino del patrimonio en caso de disolución, el artículo 71.2 de los estatutos dispone que "en el supuesto de que resultase un patrimonio líquido sobrante, se distribuirá entre los afiliados en proporción a las cuotas satisfechas o como haya determinado el Congreso". Para adecuar dicho artículo 71 a la normativa vigente deberán especificar el destino del patrimonio en caso de disolución que, además, no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la organización

En relación con el régimen económico del sindicato, según el artículo 5.2.b) del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, los estatutos aprobados deberán contener "el régimen económico del sindicato o de la asociación empresarial que establezca el carácter, la procedencia y el destino de los recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer su situación económica". Los estatutos presentados no recogen el destino, en su totalidad, de los recursos económicos ni contemplan los medios de conocimiento por parte de los afiliados, por lo que deberán regular específicamente estos aspectos dentro del régimen económico de la organización.

Los argumentos expresados en el apartado anterior, son plenamente extrapolables al supuesto ahora analizado, pues no siendo objeto de modificación el régimen económico previsto en los estatutos, su acomodo al Real Decreto que regula el depósito deberá examinarse a través del correspondiente procedimiento de impugnación que no de modificación estatutaria, no pudiendo servir de base para denegar el depósito.

En consecuencia, con estimación de la demanda interpuesta, procede declarar la nulidad de la resolución de fecha 20 de noviembre de 2023, acordando el depósito de los estatutos del Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI) con las modificaciones realizadas, condenando al Ministerio de Trabajo y Economía Social a estar y pasar por dicha declaración.

CUARTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS).

En virtud de lo expuesto