Sentencia Social 115/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 228/2023 de 30 de octubre del 2023

PRIMERO.-, La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ,

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hechos conformes o se deducen de cada uno de los descriptores que en los mismos señalan.

TERCERO.- Expuestas las posiciones de las partes en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución, debemos resolver la excepción opuesta por el letrado de las empresas demandadas de conflicto de intereses, por cuanto que se dice se pretende modificar los términos del Acuerdo de la Comisión Negociadora de 27-6-2018.

Como esta Sala puso de manifiesto en las Ss. AN 5-6-2.023- autos 92/2023- y de 26-9-2.023- autos 152/2023- l a STS de 3-11-2.021- rec. 31/2.020- explica la diferencia entre el conflicto colectivo jurídico o interpretativo, propio del conflicto colectivo, y el conflicto económico o regulatorio, que no puede canalizarse por la vía del conflicto colectivo, sino a través de la negociación colectiva en los términos siguientes:

" los conflictos jurídicos, esto es, aquéllos que se suscitan sobre una norma ya existente respecto a la que se litiga en relación con su interpretación y aplicación y que, en tanto la controversia se centra en derechos ya existentes, admiten una solución jurisdiccional; y de otro lado, se sitúan los conflictos de intereses -o económicos o de regulación-, es decir, aquéllos en que la pretensión de las partes es bien modificar una norma o acuerdo existente, procediendo a su sustitución, o bien crear una nueva norma donde no existe, estando en cualquiera de los casos ante un conflicto de creación de derecho, que por tal razón queda fuera de las competencias de los órganos judiciales y cuya resolución debe alcanzarse por vía extrajudicial. Así, los conflictos jurídicos son aquellos que se basan en la realidad de un pretendido derecho que trata de ampararse en una norma preexistente, que se quiera sirva de fundamento a su pretensión, y donde la discrepancia entre las partes respecto de la aplicación o interpretación de dicha norma constituye precisamente la razón de ser del conflicto; y, en cambio, el conflicto económico o de intereses o regulatorio es el que no descansa sobre la existencia de una norma previa, cuyo significado, alcance o cumplimiento se reclama, sino que surge del propósito de modificar el ordenamiento existente a través del cambio de condiciones que integran ese ordenamiento o de crear condiciones nuevas inexistentes hasta la fecha.

La consecuencia es que los únicos conflictos colectivos que pueden ser conocidos por la jurisdicción laboral son los de carácter jurídico -y no los de intereses o regulatorios-. Expresamente, lo ha querido dejar sentado el legislador en el art. 153.1 LRJS , al ceñir el proceso judicial de conflicto colectivo a los litigios "sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo..., o de una práctica de empresa". Y de igual modo lo hemos confirmado, desde antiguo, al señalar que el proceso de conflicto colectivo se caracteriza por la "admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación" ( SSTS de 24 de febrero de 1992, rec. nº. 1074/1991 ; de 19 de mayo de 1997, rec. nº. 2173/1996 ; de 7 de abril de 2003, rec. nº. 148/2002 ; y de 12 de mayo de 2003, rec. nº. 360/2001 ). De forma más extensa, hemos explicado que el proceso de conflicto colectivo resulta apto cuando "no se trata de una mera interpretación del contenido y alcance de los preceptos cuestionados..., sino que, en realidad, se quiere por la recurrente que judicialmente se integre y complemente, con carácter general, la normativa reglamentaria y convencional existente para regular un supuesto de hecho no expresamente contemplado" ( SSTS de 15 de diciembre de 1997, rec. nº. 1398/1997 ; de 5 de julio de 2002 , rec. nº. 1277/2001, de 14 de mayo de 2009 , rec. nº. 89/2008, de 13 de diciembre de 2018 , rcud. nº. 1857/2017 y nº. 2262/2017 , y de 12 de marzo de 2019 , rcud. nº. 3228/2017, de 6 de marzo de 2019 , rec. nº. 65/2018 , entre muchas otras). ".

Examinada la pretensión del actor en la que pretende se declare el derecho del Personal de Conducción adscrito a los Cuadros de Servicio de Mercancías de las residencias de Irún y Portbou a devengar el incremento adicional en la PVT de 8,74 €/día, o la parte proporcional en su caso, (o el valor que corresponda por futuras actualizaciones) mientras realicen servicios transfronterizos, y su causa de pedir que no es otra que considerar que al colectivo afectado por el presente conflicto le resulta de aplicación el Acuerdo de 27-6-2.018 en cuanto que realiza servicios que van más allá de frontera de Francia.

Por lo tanto, la cuestión que se plantea es de carácter jurídico, pues descansa no en la creación de una norma jurídica nueva, sino en la interpretación de un pacto vigente.

CUARTO.- Y resuelto lo anterior la cuestión que debe resolverse no es otra que determinar si a los trabajadores afectados por el presente conflicto les ha de resultar de aplicación el Acuerdo de 27-6-2.018 de la Comisión Negociadora del I Convenio colectivo del Grupo Renfe, o si el mismo está circunscrito, como se sostiene por las demandadas a aquellos que han optado a una plaza de maquinista transfronterizo con Francia.

El referido acuerdo establece una mejora en la retribución variable general que se percibe para un determinado colectivo en los siguientes términos:

"Tratamiento específico para los cuadros de servicio transfronterizos con Francia de Renfe Mercancías.

Atendiendo a las peculiaridades del Cuadro de Servicio transfronterizo con Francia de Renfe Mercancías y para compensar las especiales condiciones que requiere la conducción en dichas infraestructuras; y en base, al tratamiento específico recogido en la cláusula 14.6 del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe, los trabajadores adscritos al mismo percibirán un montante adicional a la PVT por valor de 8 €/día, siempre que la media de minutos tren por trabajador en la residencia al año alcance los 24.000 minutos

(*). El abono y liquidación de este montante adicional se realizara con los mismos criterios que la prima variable"

Tratándose, pues de la interpretación de un pacto colectivo, hemos de recordar, como hacemos en tantísimas resoluciones de esta Sala la doctrina que viene reiterando la Sala IV del TS en orden a la interpretación de los Convenios colectivos por lo que debemos recordar como hace la STS de 21-12- 2020, - rec.76/2019- la doctrina constante de la Sala IV del TS , reiterada entre otras en las SSTS de 13 de octubre de 2020- rec.. 132/2019 - , y de 23 de febrero de 2021- rec ec. 60/201 - con relación a los criterios hermenéuticos a tener en cuenta para la interpretación de los convenios señalando que " atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), aquélla se efectuará utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 ".

Partiendo de lo anterior, se debe señalar que el acuerdo en cuestión no hace definición alguna de cuando un cuadro de servicio debe reputarse transfronterizos con Francia de Renfe Mercancías, como tampoco lo hace la Cláusula 14.6 del I Convenio colectivo(" Para los trabajadores en cuadros de servicios transfronterizos, habrá un compromiso de permanencia en los mismos de hasta 36 meses. En el ámbito de negociación del Convenio Colectivo del Grupo Renfe se negociará, para estos cuadros de servicio un tratamiento específico."), donde únicamente se refiere a que los mismos han de tener un compromiso de permanencia en tales cuadros de hasta 36 meses, que es lo que justifica que sean tratados de forma diferenciada del resto.

Para la interpretación sistemática de la norma debemos acudir como apunta el Letrado de las demandadas a la conceptuación que en la normativa sectorial se efectúa respecto a los denominados "servicios de interoperabilidad transfronteriza"

En este sentido, el R:D 1579/2008, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector del transporte ferroviario, en su artículo único dio una nueva redacción a la Disposición Adicional 7ª del RD 1561/1995 de jornadas especiales de forma que el apartado 1 de la misma queda redactado de la forma siguiente:

" La presente disposición se aplicará a las condiciones de trabajo que se regulan en los siguientes apartados de los trabajadores móviles del ferrocarril que realicen servicios de interoperabilidad transfronteriza prestados por las empresas ferroviarias. En lo no previsto en esta disposición será de aplicación la subsección 3.ª de la sección 4.ª del capítulo II de este real decreto, relativa al transporte ferroviario.

Las condiciones de trabajo aquí reguladas no serán de aplicación respecto al tráfico de viajeros transfronterizo local y regional ni al tráfico de mercancías transfronterizo que no supere los quince kilómetros más allá de la frontera.

Tampoco serán de aplicación, por considerarse como una operación de transporte nacional, res pecto a los trenes de relaciones transfronterizas, cuyo inicio y finalización tenga lugar en la infraestructura ferroviaria española aunque utilicen la infraestructura de otro Estado sin efectuar paradas."

Parece claro que de la interpretación correcta del acuerdo es requisito necesario para devengar la mejora que en el mismo se contempla el sindicato actor necesitaría acreditar:

1º.-Que el colectivo afectado realiza cuadros de servicios transfronterizos en Francia, lo que implica utilizar la infraestructura ferroviaria de aquel Estado y circular por la misma más de 15 kilómetros;

2º.- Haber asumido un compromiso de permanencia de hasta 36 meses en tales cuadros.

Pues bien, ALFERRO no ha acreditado que el personal afectado por el presente conflicto colme con carácter general dichas circunstancias, ya que no se ha practicado prueba alguna al respecto, pues lo único que se ha acreditado es que los afectados que prestan servicios en Irún puntualmente se les asignan servicios hasta Hendaya y a los que los prestan en Port Bou a la vecina localidad francesa de Cerbere, sin que conste en forma alguna que para realizar dichos servicios de utilice la infraestructura ferroviaria propia de dicho estado, ni que los mismos supongan circular por territorio francés más de 15 kilómetros, y ni que tengan asumido un compromiso de permanencia alguno.

Por ello dictaremos una sentencia desestimatoria de la demanda.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,