Sentencia Social 119/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 233/2023 de 31 de octubre del 2023

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.2 y 2 n) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se deducen de los descriptores que se indican en cada uno de los ordinales fácticos, haciéndose constar que este tribunal ha acudido al mandato del art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en orden a la presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras, en cuanto a los hechos apreciados por la Inspectora actuante en la visita de inspección de la que derivan las actuaciones.

TERCERO.- Se impugna por la empresa demandada la sanción impuesta a la misma por resolución de fecha 28-6-2023, dictada por el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, por Delegación de la Ministra de Trabajo, derivada del Acta de Infracción levantada por la Inspección de Trabajo número I32022000254652 por obstrucción a la labor inspectora, derivada de la visita girada por la Inspectora actuante a las instalaciones de la empresa sitas en la Avenida de la Industria número 16 de Cox, Alicante.

Ha quedado acreditado, en virtud de la presunción de veracidad que se deriva de las actas de infracción levantadas por la Inspección de trabajo, en orden a los hechos advertidos de forma directa por el Inspector actuante que el día 17 de octubre de 2022, la Inspectora actuante se personó en el centro de trabajo objeto de inspección entrando en el mismo, comprobando que estaba compuesto por una nave y una oficina.

Dentro de la nave había cajas de frutas y hortalizas apiladas por diferentes zonas, un trabajador manipulando una carreterilla eléctrica con la que transportaba diferentes cajas de frutas y hortalizas y una zona destinada a la separación y manipulado de las frutas y hortalizas. La funcionaria actuante constata la realización de actividad laboral, en dicha zona de la nave, a diez trabajadores de la empresa, distribuidos, la mayoría de ellos en la maquinaria destinada al manipulado de las frutas y hortalizas, otros moviendo cajas de frutas y hortalizas para ser apiladas y otro conduciendo la carretilla eléctrica. La funcionaria actuante se identificó y requirió a cada uno de ellos que se identificasen, comenzando estos a abandonar el centro de trabajo, por una zona abierta que había junto a la maquinaria de manipulado de las frutas y hortalizas que daba hacia la calle.

La actuante Inspectora advirtió a los trabajadores sobre la obligatoriedad de identificarse pero aquéllos no se identificaron, abandonando la nave. La Inspectora salió a la calle intentando que los trabajadores se identificasen, constatando el abandono del centro de trabajo por parte de los diez trabajadores. En la distancia, la funcionaria les requirió de nuevo para que se identificaran, y algunos de los diez trabajadores manifestaron que abandonaban el centro de trabajo como lo estaban haciendo los demás.

Tras la negativa a identificarse por parte de los diez trabajadores de la empresa, la actuante se dirige hacia la oficina de la nave, en la que se encontraban dos trabajadoras de la empresa, ejerciendo actividad laboral de administrativas, con el fin de interrogarlas sobre la realización de actividad laboral de los diez trabajadores de la empresa. Una de las trabajadoras, tras solicitar la actuante el listado de los trabajadores presentes en el centro de trabajo, entre risas, declaró no saber nada sobre quién realizaba actividad laboral en la empresa dicho día, sin que existiera un control sobre dichos trabajadores. Estas dos trabajadoras no estaban en alta en el Régimen General de la Seguridad Social, consecuencia de lo cual se levanta acta de infracción número I32022000254450 proponiendo la imposición a la empresa de una sanción de 9.000 euros, que no es objeto del presente procedimiento.

De conformidad con el art. 13 de la Ley Reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los Inspectores de Trabajo ostentan la condición de autoridad pública y están facultados para entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo, practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la función y entre ellas: a) Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado; b) Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante -art. 13.3 a) y b)-.

En consonancia con lo anterior, en orden al buen resultado de la actividad inspectora, el empresario, por mor de lo dispuesto en el art. 18 de la citada norma, está obligado cuando sea requerido:

a) A atender debidamente a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y a los Subinspectores Laborales.

b) A acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de trabajo.

c) A colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectoras.

d) A declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Quienes representen a los sujetos inspeccionados deberán acreditar documentalmente tal condición si la actuación se produjese fuera del domicilio o centro de trabajo visitado.

Por su parte, el art. 50 LISOS regula las infracciones por obstrucción a la labor inspectora, tipificando su apartado 4 a) como infracción muy grave las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad. A dicha infracción se anundan las sanciones previstas en el art. 40 de la LISOS que para el caso de la empresa demandada fue rebajada de 120.000 euros a 60.000 al tomar en consideración las alegaciones efectuadas por la empresa.

En definitiva se opone la empresa a la citada sanción, por entender que la misma se impone por obstrucción a la labor inspectora en dos momentos diferenciados: a) en el centro de trabajo, durante la visita de la Inspección; b) en las oficinas de la Inspección, cuando se presentó el representante legal de la empresa. Aduce el letrado de esta última que el representante presentó la documentación que se le requirió, no constando en la citación para comparecencia que debía acudir con la debida identificación de los trabajadores que prestaban servicios en la nave ni sus pasaportes, por lo que no procedería sancionar a la empresa.

Los argumentos anteriores han de ser rechazados de plano. De los hechos expresados en el acta de infracción se comprueba que al momento de girarse la visita inspectora, los 10 trabajadores que estaban prestando servicios, se negaron a identificarse, abandonando las instalaciones. Y no sólo una vez, pues la Inspectora actuante les requirió incluso fuera de las instalaciones para que se identificaran adecuadamente, recordándoles la obligación que tenían frente a ella, en su condición de autoridad pública. No sólo se hizo caso omiso por los directamente afectados, sino que las dos trabajadoras que se encontraban en las oficinas, y que por ende, llevaban a cabo una actividad eminentemente administrativa de la actividad, tampoco procedieron a identificar a las personas que se encontraban en la nave. Falta de identificación que conforma ya la conducta infractora y que no puede verse paliada por el hecho de que no fuera requerido in situ ningún representante de la empresa, pues como ya se adelantó, el art. 18 de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impone el deber de colaboración con la Inspección no solo al empresario, sino también a los trabajadores y representantes de ambos.

Pero no solo eso. Una vez que compareció el representante legal de la empresa a las oficinas de la Inspección, presentando la documentación que se le había requerido, se negó de nuevo a identificar a los citados trabajadores, manifestando desconocer los hechos y alegando que el día de la visita, sólo prestaban servicios en la empresa las dos trabajadoras que estaban en la oficina, que por otro lado no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

No puede pretenderse ahora dejar sin efecto la sanción impuesta so pretexto de que en la diligencia de citación levantada por la Inspectora, no se requirió a la empresa para que presentara la documentación atinente a la identificación de los trabajadores y sus pasaportes. La obstrucción ya se había cometido el día de la visita y se reitera el día de comparecencia en las oficinas, pues aun cuando en la diligencia no conste efectivamente como documentación requerida la ya apuntada, tendente a facilitar la identificación de los trabajadores, bien pudo manifestar el representante legal de la empresa su voluntad o intención de proceder a su identificación si fuera posible en un momento posterior. Nada de esto se hizo, reiterando su conducta negacionista a conseguir una identificación de las personas que estaban prestando servicios en la nave de la empresa.

La entrega de la documentación requerida, como así ha sido, ha modulado el importe de la sanción impuesta, rebajándose la misma en la resolución sancionadora de 120.000 euros a 60.000, pero no sirve para revocarla, confirmándose por ende la resolución impugnada.

CUARTO.- En cuanto a la medida cautelar solicitada, dado que la presente resolución confirma la sanción, sin posibilidad de que la sentencia sea recurrida en casación, dada la cuantía de aquélla, no procede adoptar la medida cautelar solicitada, al no concurrir ya por ende la apariencia de buen derecho que podría sustentar aquélla, habiendo perdido toda eficacia jurídica la adopción de la medida solicitada tendente a paralizar la vía de apremio hasta la resolución de la demanda de impugnación de la sanción, que finalmente ha sido desestimada.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución y hágase saber que contra la misma NO cabe interponer recurso alguno ( art. 206.1 LRJS), dada la cuantía de la sanción impuesta (60.000 euros).

En virtud de lo expuesto