Sentencia Social 47/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 343/2025 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Acciona el sindicato CGT frente a la empresa Enterprise Solutions ejercitando acción de tutela de derechos fundamentales, al considerar que la actuación empresarial, ha vulnerado su derecho de libertad sindical, al ser expulsado de la mesa de revisión de categorías, por negarse a no difundir comunicados y frenar las movilizaciones sindicales.

2.A dicha pretensión se opone la empresa demandada, manifestando que nunca se ha expulsado a CGT de las mesas. La empresa cuando se retira de la negociación, lo ha hecho con todos los sindicatos. No se cierra la puerta a volver a dialogar. Alega que CGT convierte las posiciones de la empresa en una vulneración de la paz social. No se impiden los comunicados de CGT pero la empresa lo que hace es evitarlos. A su juicio, no existe vulneración de derechos fundamentales del sindicato demandante.

CUARTO.-1. Debemos partir en este punto de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 7-11-2025, rec. 874/2002 y 11-4-2016, rec. 528/2014, en las que se dice lo siguiente:

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)].

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 1/1994, de 17 de enero, FJ 4; 13/1997, de 27 de enero, FJ 3, o 36/2004, de 8 de marzo, FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 44/2004, de 23 de marzo, FJ 3).

A ello debe añadirse que la STC de 7-11-2005, rec. 874/2002 reconoce que la libertad de información "constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (...) el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales...".

2.A la vista de los hechos declarados probados de los que debemos partir necesariamente, consta acreditado que el 30-1-2025 se alcanzó acuerdo entre la empresa y la RLT en la mesa de negociación de diálogo social para mejorar el marco de condiciones laborales aplicables a la prestación de servicios de las personas trabajadoras. Y en concreto, en uno de los puntos del acta de la reunión se indicaba que se procedería a la creación de una comisión para la revisión de categorías profesionales, integrada por cuatro miembros de la parte empresarial y once miembros por la parte social en la misma proporción representatividad sindical que ha sido acordada para la presente mesa de negociación de dialogo social. La comisión tendría por objeto revisar los grupos de actividad y categorías profesionales del convenio de consultoría.

3.Constituida la comisión de revisión de categorías profesionales el 10-2-2025, en el acta de la reunión mantenida se incidía expresamente en la metodología y plan de trabajo, y en el apartado "desarrollo y duración del proceso de revisión",constaba una mención que decía literalmente:

"Forma de proceso de revisión: Obligación de actuación con arreglo a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de información".

Y es en este momento donde debemos realizar una primera precisión: la demanda indica en su folio 4: "Así las cosas, el 10/02/2025 se constituye la mesa de negociación de categorías, hay que indicar que en ningún documento, acta o acuerdo previo, ni de la mesa de condiciones laborales (llamada por la empresa "de diálogo social") ni del acta de inicio de la mesa de categorías se pactó ninguna cláusula de paz social o de limitación de derechos".Afirmación que a la vista de lo expresado al inicio del presente apartado no es cierta, pues es claro que en la reunión de la constitución de la mesa de revisión de categorías, si se pactó que toda actuación de las partes debía quedar sujeta a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de la información.

4.A partir de aquí, y a la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, la argumentación del sindicato demandante debe ser estimada, pero con matizaciones. Y nos explicaremos.

Véase que apenas tres días después de celebrarse la reunión de constitución de la comisión de revisión, el 13-2-2025, a través del correo conjunto denominado intersindical, CCOO, CGT, US, IS, CSI y CNT remitieron un comunicado conjunto en el que todos ellos exponían los resultados de una encuesta a la plantilla de la empresa sobre medidas a adoptar ante el descontento con la pérdida del poder adquisitivo. En dicha comunicación, no se informaba únicamente sobre dichas opciones, sino que se indicaba expresamente que se iban a poner en marcha las opciones más votadas por las plantillas (entre las que se encontraba la publicación en prensa del conflicto y la información a los clientes de la situación en la empresa) además de la planificación de una concentración de delegados para hacer público el malestar de los trabajadores.

Comunicado que a nuestro juicio, en nada benefició al inicio de las conversaciones de la mesa de categorías profesionales en las que las partes, debían quedar sujetas a un deber de buena fe. Mal puede considerarse que la actuación de los sindicatos firmantes del comunicado remitido mediante la Intersindical permitiera el respeto a la paz social cuando nada más iniciarse las reuniones de la mesa de diálogo, se anunció no solo una concentración de delegados, sino la adopción de medidas más intensas de movilización.

5.Como colofón de lo anterior, el 28 de febrero siguiente, CGT emitió un comunicado informando de que "la empresa expulsa de la negociación a quién no ceda al chantaje",rechazando a todo sindicato que no acepte no realizar reivindicaciones por el poder adquisitivo de la plantilla, en un tono ciertamente contrario a la actitud empresarial, que no se comparte por el sindicato, e informando de la interposición de varias demandas en la Audiencia Nacional "por tantas vulneraciones de derechos fundamentales que no caben en este comunicado".Y concluye: "No sabemos si la empresa se ha pasado de frenada o ha aprovechado para marcar el terreno, pero lo que no va a tener es a todos los sindicatos comiendo de su mamo y actuando según sus reglas. Eso no va a pasar. Abran mesas de negociación para todo problema de la plantilla, hablemos y acordemos, ese es el camino".

QUINTO.- 1.Pese a la emisión de los comunicados anteriores, el 6-6-2025 se reunió de nuevo la comisión de revisión de categorías, tratando la empresa sobre la necesidad de paz social durante el desarrollo de la mesa de revisión, que a su juicio no había sido entendida por tres de las secciones sindicales presentes, siendo que CSI y CGT no renunciarían a la reivindicación sobre el poder adquisitivo, comunicándolo a la mesa en caso de pasar a la acción. I-CSI se sentó en la mesa, entendiendo lo que ello suponía y por parte de UGT y CCOO se manifestó que no se realizarían movilizaciones. RSTIC expresó su intención de hacer un esfuerzo para solucionar la situación. Y la empresa manifestó que si alguna sección sindical pasase a la acción, debería compartir esta situación con los miembros de la mesa de revisión, indicado que no continuaría sentada con los miembros que vayan a la colisión de actuaciones(el subrayado es nuestro).

2.Unos días después, CGT volvió a emitir un comunicado, esta vez poniendo en conocimiento de la plantilla la posición de la empresa en la mesa de revisión de categorías, en lo que concernía a la aplicación de la compensación y la absorción y exponía asimismo qué opciones proponía CGT. El 30-6-2025 emitió nuevo comunicado en el que se expresaba: "Categorías: la empresa no quiere que estés informado"y manifiesta:

"El pasado viernes, otra vez, la empresa ha anulado la Mesa de Negociación de Categorías porque un sindicato no se ha plegado a sus nuevas órdenes. Nosotros. En este caso la exigencia no ha sido que dejemos de movilizar por el poder adquisitivo. Ahora lo que ordenan a los sindicatos es: Todos callados hasta diciembre y no expliquéis a la plantilla el contenido de lo que estamos negociando

La gran ofensa ha sido el comunicado que os enviamos hace un par de semanas después de la primera reunión, informando de las posiciones existentes, así como la plataforma que presentamos como CGT. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida y pasa en cualquier empresa donde los sindicatos rindan cuentas a sus representados:Informar con transparenciade los avances o retrocesos de los procesos de negociación. La empresa le llama 'confidencialidad' porque mordaza es demasiado explícito. La CGT no ha firmado nunca, ni nunca lo hará, que ocultará información a la plantilla o que participará en reuniones de despacho ocultas a los y las trabajadoras.Lo que pase en reuniones así todos sabemos que no es de fiar".

3.Ante las peticiones de información sobre el cierre de la mesa de revisión de categorías, la empresa contestó a un correo electrónico remitido por don Alejandro que:

"El objetivo de esta comisión es la creación de grupos de trabajo donde se analizan áreas de actividad y categorías profesionales y una vez revisados estos datos se sacan las acciones que se van a llevar a efecto y esto es lo que se debería comunicar y no lo que comunico CGT el dia 13 de Junio que es una interpretación libre del contenido de la primera reunión que lo único que va a dar lugar es a generar confusión en las plantillas y es por ello que dada la diferencia de interpretación se indico que la no continuación de esta comisión de revisión ya que si no estamos de acuerdo en la acción de comunicación poco recorrido nos queda".

Igualmente, y si bien el representante de CGT Secundino, manifestó por medio de correo que no había podido acceder a las actas de la mesa de diálogo, finalmente comunicó que había accedido, no trascendiendo tales hechos.

SEXTO.- 1.La conclusión que alcanza esta Sala ante los hechos anteriormente relatados no es otra que entender que la conducta empresarial, manifestada mediante la negativa a sentarse en la mesa de diálogo tras la emisión de comunicados por parte de CGT, conculca el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho de información. Si bien es cierto que en el comunicado remitido a través de la Intersindical, se abordó la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones, no es menos cierto que la empresa pese a ello, volvió a convocar la mesa de diálogo, de lo que no puede desprenderse una conducta contraria a los derechos de libertad sindical de la parte ahora en lo que respecta al posible inicio de movilizaciones.

2.No compartimos la aseveración del sindicato por la que se dice que ha sido expulsado de la negociación, pues no ha existido un acto que corrobore tal circunstancia ni se ha probado que el diálogo en la mesa haya continuado con el resto de secciones sindicales, excluyendo al demandante. Tampoco compartimos la argumentación de la empresa atinente a la que la vulneración del derecho de libertad sindical solo resultaría concurrente si nos encontrásemos ante una mesa de negociación, no estando la empresa obligada a dialogar.

3.La conducta empresarial, reactiva a la conducta del sindicato una vez publicado el comunicado emitido tras la segunda reunión de la mesa de diálogo, informando de la posición de la empresa y la del sindicato demandante, conculca a nuestro juicio su derecho de libertad sindical. Como ya se adelantó, el derecho a la información constituye parte esencial del derecho fundamental aludido y permite el ejercicio efectivo y real de dicho derecho, de modo que condicionar la existencia de diálogo y posterior negociación a la ausencia de comunicados, transgrede y quebranta la acción del sindicato accionante. Al margen de que no puede obviarse, los principales perjudicados por dicha acción son tanto los propios negociadores (véase que se ha roto la negociación con todas las fuerzas sindicales), la propia empresa (que ve limitada su capacidad de alcanzar acuerdo y negociar con las representaciones de los trabajadores sobre aspectos esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales) y los propios trabajadores, destinatarios de la regulación que en su caso las partes acuerden.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada, declarando la vulneración del derecho de libertad sindical prevista en el art. 28.1 CE que se reclama en el escrito rector.

SÉPTIMO.- 1.En relación a la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales, la Sala Cuarta, en su sentencia de 8-11-2023, rco. 204/2021, con cita de la dictada el 5-10-2017 rcud. 2497/2015 ha dispuesto:

"Doctrina actual: en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Como subraya la STS 267/2023 de 12 abril (rec. 4/2021, Repsol Química), la doble finalidad de la indemnización (resarcitoria, disuasoria) viene siendo realzada por nuestra doctrina más reciente, al tiempo que la necesidad de atender a todas las circunstancias del caso. En tal sentido, por ejemplo, nuestras sentencias 356/2022 de 20 abril (rcud. 2391/2019) y 179/2022 de 23 febrero (rcud. 4322/2019) recalcan la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso. La primera de ellas (Viajes Halcón, Pleno) expone que "el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización".

2.Solicita el sindicato demandante una indemnización de 30.000 euros, conforme a lo previsto en los arts. 7.7 y 8.12 de la LISOS, en relación con el art. 40. 31 b) y c) del mismo texto legal, sosteniendo que la empresa ha incurrido en un incumplimiento reiterado durante seis meses. Esta Sala ha de pronunciarse sobre la indemnización solicitada, entendiendo que dado que el diálogo en la mesa apenas se había iniciado, habiéndose celebrado únicamente una reunión tras la publicación del primer comunicado conjunto, el daño moral infligido al sindicato es mínimo, sin que pueda advertirse como así se sostiene en la demanda que la conducta de la empresa es reincidente ni que se ha prolongado durante seis meses, esto es, el periodo a que debía constreñirse la apertura de la mesa de diálogo. Es el cierre tras la segunda reunión el que debe entenderse vulnerador del derecho fundamental y no la hipotética proyección sobre la duración de la mesa de diálogo que inicialmente quedó fijada en el acta de su constitución. Por todo ello, siendo la indemnización solicitada desproporcionada a los hechos acontecidos, nuestra decisión se dirige a condenar a la empresa demandada al abono de la cantidad de 150 euros en concepto de indemnización por daño moral, que resulta mínimo atendiendo a los concretos hechos enjuiciados.

No procede condenar a la empresa a la publicación de la sentencia en el tablón de anuncios de la empresa, y en el menú de RRHH de su página web, al no ser tales acciones exigidas por los arts. 182 y 183 LRJS.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Acciona el sindicato CGT frente a la empresa Enterprise Solutions ejercitando acción de tutela de derechos fundamentales, al considerar que la actuación empresarial, ha vulnerado su derecho de libertad sindical, al ser expulsado de la mesa de revisión de categorías, por negarse a no difundir comunicados y frenar las movilizaciones sindicales.

2.A dicha pretensión se opone la empresa demandada, manifestando que nunca se ha expulsado a CGT de las mesas. La empresa cuando se retira de la negociación, lo ha hecho con todos los sindicatos. No se cierra la puerta a volver a dialogar. Alega que CGT convierte las posiciones de la empresa en una vulneración de la paz social. No se impiden los comunicados de CGT pero la empresa lo que hace es evitarlos. A su juicio, no existe vulneración de derechos fundamentales del sindicato demandante.

CUARTO.-1. Debemos partir en este punto de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 7-11-2025, rec. 874/2002 y 11-4-2016, rec. 528/2014, en las que se dice lo siguiente:

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)].

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 1/1994, de 17 de enero, FJ 4; 13/1997, de 27 de enero, FJ 3, o 36/2004, de 8 de marzo, FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 44/2004, de 23 de marzo, FJ 3).

A ello debe añadirse que la STC de 7-11-2005, rec. 874/2002 reconoce que la libertad de información "constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (...) el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales...".

2.A la vista de los hechos declarados probados de los que debemos partir necesariamente, consta acreditado que el 30-1-2025 se alcanzó acuerdo entre la empresa y la RLT en la mesa de negociación de diálogo social para mejorar el marco de condiciones laborales aplicables a la prestación de servicios de las personas trabajadoras. Y en concreto, en uno de los puntos del acta de la reunión se indicaba que se procedería a la creación de una comisión para la revisión de categorías profesionales, integrada por cuatro miembros de la parte empresarial y once miembros por la parte social en la misma proporción representatividad sindical que ha sido acordada para la presente mesa de negociación de dialogo social. La comisión tendría por objeto revisar los grupos de actividad y categorías profesionales del convenio de consultoría.

3.Constituida la comisión de revisión de categorías profesionales el 10-2-2025, en el acta de la reunión mantenida se incidía expresamente en la metodología y plan de trabajo, y en el apartado "desarrollo y duración del proceso de revisión",constaba una mención que decía literalmente:

"Forma de proceso de revisión: Obligación de actuación con arreglo a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de información".

Y es en este momento donde debemos realizar una primera precisión: la demanda indica en su folio 4: "Así las cosas, el 10/02/2025 se constituye la mesa de negociación de categorías, hay que indicar que en ningún documento, acta o acuerdo previo, ni de la mesa de condiciones laborales (llamada por la empresa "de diálogo social") ni del acta de inicio de la mesa de categorías se pactó ninguna cláusula de paz social o de limitación de derechos".Afirmación que a la vista de lo expresado al inicio del presente apartado no es cierta, pues es claro que en la reunión de la constitución de la mesa de revisión de categorías, si se pactó que toda actuación de las partes debía quedar sujeta a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de la información.

4.A partir de aquí, y a la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, la argumentación del sindicato demandante debe ser estimada, pero con matizaciones. Y nos explicaremos.

Véase que apenas tres días después de celebrarse la reunión de constitución de la comisión de revisión, el 13-2-2025, a través del correo conjunto denominado intersindical, CCOO, CGT, US, IS, CSI y CNT remitieron un comunicado conjunto en el que todos ellos exponían los resultados de una encuesta a la plantilla de la empresa sobre medidas a adoptar ante el descontento con la pérdida del poder adquisitivo. En dicha comunicación, no se informaba únicamente sobre dichas opciones, sino que se indicaba expresamente que se iban a poner en marcha las opciones más votadas por las plantillas (entre las que se encontraba la publicación en prensa del conflicto y la información a los clientes de la situación en la empresa) además de la planificación de una concentración de delegados para hacer público el malestar de los trabajadores.

Comunicado que a nuestro juicio, en nada benefició al inicio de las conversaciones de la mesa de categorías profesionales en las que las partes, debían quedar sujetas a un deber de buena fe. Mal puede considerarse que la actuación de los sindicatos firmantes del comunicado remitido mediante la Intersindical permitiera el respeto a la paz social cuando nada más iniciarse las reuniones de la mesa de diálogo, se anunció no solo una concentración de delegados, sino la adopción de medidas más intensas de movilización.

5.Como colofón de lo anterior, el 28 de febrero siguiente, CGT emitió un comunicado informando de que "la empresa expulsa de la negociación a quién no ceda al chantaje",rechazando a todo sindicato que no acepte no realizar reivindicaciones por el poder adquisitivo de la plantilla, en un tono ciertamente contrario a la actitud empresarial, que no se comparte por el sindicato, e informando de la interposición de varias demandas en la Audiencia Nacional "por tantas vulneraciones de derechos fundamentales que no caben en este comunicado".Y concluye: "No sabemos si la empresa se ha pasado de frenada o ha aprovechado para marcar el terreno, pero lo que no va a tener es a todos los sindicatos comiendo de su mamo y actuando según sus reglas. Eso no va a pasar. Abran mesas de negociación para todo problema de la plantilla, hablemos y acordemos, ese es el camino".

QUINTO.- 1.Pese a la emisión de los comunicados anteriores, el 6-6-2025 se reunió de nuevo la comisión de revisión de categorías, tratando la empresa sobre la necesidad de paz social durante el desarrollo de la mesa de revisión, que a su juicio no había sido entendida por tres de las secciones sindicales presentes, siendo que CSI y CGT no renunciarían a la reivindicación sobre el poder adquisitivo, comunicándolo a la mesa en caso de pasar a la acción. I-CSI se sentó en la mesa, entendiendo lo que ello suponía y por parte de UGT y CCOO se manifestó que no se realizarían movilizaciones. RSTIC expresó su intención de hacer un esfuerzo para solucionar la situación. Y la empresa manifestó que si alguna sección sindical pasase a la acción, debería compartir esta situación con los miembros de la mesa de revisión, indicado que no continuaría sentada con los miembros que vayan a la colisión de actuaciones(el subrayado es nuestro).

2.Unos días después, CGT volvió a emitir un comunicado, esta vez poniendo en conocimiento de la plantilla la posición de la empresa en la mesa de revisión de categorías, en lo que concernía a la aplicación de la compensación y la absorción y exponía asimismo qué opciones proponía CGT. El 30-6-2025 emitió nuevo comunicado en el que se expresaba: "Categorías: la empresa no quiere que estés informado"y manifiesta:

"El pasado viernes, otra vez, la empresa ha anulado la Mesa de Negociación de Categorías porque un sindicato no se ha plegado a sus nuevas órdenes. Nosotros. En este caso la exigencia no ha sido que dejemos de movilizar por el poder adquisitivo. Ahora lo que ordenan a los sindicatos es: Todos callados hasta diciembre y no expliquéis a la plantilla el contenido de lo que estamos negociando

La gran ofensa ha sido el comunicado que os enviamos hace un par de semanas después de la primera reunión, informando de las posiciones existentes, así como la plataforma que presentamos como CGT. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida y pasa en cualquier empresa donde los sindicatos rindan cuentas a sus representados:Informar con transparenciade los avances o retrocesos de los procesos de negociación. La empresa le llama 'confidencialidad' porque mordaza es demasiado explícito. La CGT no ha firmado nunca, ni nunca lo hará, que ocultará información a la plantilla o que participará en reuniones de despacho ocultas a los y las trabajadoras.Lo que pase en reuniones así todos sabemos que no es de fiar".

3.Ante las peticiones de información sobre el cierre de la mesa de revisión de categorías, la empresa contestó a un correo electrónico remitido por don Alejandro que:

"El objetivo de esta comisión es la creación de grupos de trabajo donde se analizan áreas de actividad y categorías profesionales y una vez revisados estos datos se sacan las acciones que se van a llevar a efecto y esto es lo que se debería comunicar y no lo que comunico CGT el dia 13 de Junio que es una interpretación libre del contenido de la primera reunión que lo único que va a dar lugar es a generar confusión en las plantillas y es por ello que dada la diferencia de interpretación se indico que la no continuación de esta comisión de revisión ya que si no estamos de acuerdo en la acción de comunicación poco recorrido nos queda".

Igualmente, y si bien el representante de CGT Secundino, manifestó por medio de correo que no había podido acceder a las actas de la mesa de diálogo, finalmente comunicó que había accedido, no trascendiendo tales hechos.

SEXTO.- 1.La conclusión que alcanza esta Sala ante los hechos anteriormente relatados no es otra que entender que la conducta empresarial, manifestada mediante la negativa a sentarse en la mesa de diálogo tras la emisión de comunicados por parte de CGT, conculca el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho de información. Si bien es cierto que en el comunicado remitido a través de la Intersindical, se abordó la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones, no es menos cierto que la empresa pese a ello, volvió a convocar la mesa de diálogo, de lo que no puede desprenderse una conducta contraria a los derechos de libertad sindical de la parte ahora en lo que respecta al posible inicio de movilizaciones.

2.No compartimos la aseveración del sindicato por la que se dice que ha sido expulsado de la negociación, pues no ha existido un acto que corrobore tal circunstancia ni se ha probado que el diálogo en la mesa haya continuado con el resto de secciones sindicales, excluyendo al demandante. Tampoco compartimos la argumentación de la empresa atinente a la que la vulneración del derecho de libertad sindical solo resultaría concurrente si nos encontrásemos ante una mesa de negociación, no estando la empresa obligada a dialogar.

3.La conducta empresarial, reactiva a la conducta del sindicato una vez publicado el comunicado emitido tras la segunda reunión de la mesa de diálogo, informando de la posición de la empresa y la del sindicato demandante, conculca a nuestro juicio su derecho de libertad sindical. Como ya se adelantó, el derecho a la información constituye parte esencial del derecho fundamental aludido y permite el ejercicio efectivo y real de dicho derecho, de modo que condicionar la existencia de diálogo y posterior negociación a la ausencia de comunicados, transgrede y quebranta la acción del sindicato accionante. Al margen de que no puede obviarse, los principales perjudicados por dicha acción son tanto los propios negociadores (véase que se ha roto la negociación con todas las fuerzas sindicales), la propia empresa (que ve limitada su capacidad de alcanzar acuerdo y negociar con las representaciones de los trabajadores sobre aspectos esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales) y los propios trabajadores, destinatarios de la regulación que en su caso las partes acuerden.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada, declarando la vulneración del derecho de libertad sindical prevista en el art. 28.1 CE que se reclama en el escrito rector.

SÉPTIMO.- 1.En relación a la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales, la Sala Cuarta, en su sentencia de 8-11-2023, rco. 204/2021, con cita de la dictada el 5-10-2017 rcud. 2497/2015 ha dispuesto:

"Doctrina actual: en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Como subraya la STS 267/2023 de 12 abril (rec. 4/2021, Repsol Química), la doble finalidad de la indemnización (resarcitoria, disuasoria) viene siendo realzada por nuestra doctrina más reciente, al tiempo que la necesidad de atender a todas las circunstancias del caso. En tal sentido, por ejemplo, nuestras sentencias 356/2022 de 20 abril (rcud. 2391/2019) y 179/2022 de 23 febrero (rcud. 4322/2019) recalcan la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso. La primera de ellas (Viajes Halcón, Pleno) expone que "el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización".

2.Solicita el sindicato demandante una indemnización de 30.000 euros, conforme a lo previsto en los arts. 7.7 y 8.12 de la LISOS, en relación con el art. 40. 31 b) y c) del mismo texto legal, sosteniendo que la empresa ha incurrido en un incumplimiento reiterado durante seis meses. Esta Sala ha de pronunciarse sobre la indemnización solicitada, entendiendo que dado que el diálogo en la mesa apenas se había iniciado, habiéndose celebrado únicamente una reunión tras la publicación del primer comunicado conjunto, el daño moral infligido al sindicato es mínimo, sin que pueda advertirse como así se sostiene en la demanda que la conducta de la empresa es reincidente ni que se ha prolongado durante seis meses, esto es, el periodo a que debía constreñirse la apertura de la mesa de diálogo. Es el cierre tras la segunda reunión el que debe entenderse vulnerador del derecho fundamental y no la hipotética proyección sobre la duración de la mesa de diálogo que inicialmente quedó fijada en el acta de su constitución. Por todo ello, siendo la indemnización solicitada desproporcionada a los hechos acontecidos, nuestra decisión se dirige a condenar a la empresa demandada al abono de la cantidad de 150 euros en concepto de indemnización por daño moral, que resulta mínimo atendiendo a los concretos hechos enjuiciados.

No procede condenar a la empresa a la publicación de la sentencia en el tablón de anuncios de la empresa, y en el menú de RRHH de su página web, al no ser tales acciones exigidas por los arts. 182 y 183 LRJS.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Acciona el sindicato CGT frente a la empresa Enterprise Solutions ejercitando acción de tutela de derechos fundamentales, al considerar que la actuación empresarial, ha vulnerado su derecho de libertad sindical, al ser expulsado de la mesa de revisión de categorías, por negarse a no difundir comunicados y frenar las movilizaciones sindicales.

2.A dicha pretensión se opone la empresa demandada, manifestando que nunca se ha expulsado a CGT de las mesas. La empresa cuando se retira de la negociación, lo ha hecho con todos los sindicatos. No se cierra la puerta a volver a dialogar. Alega que CGT convierte las posiciones de la empresa en una vulneración de la paz social. No se impiden los comunicados de CGT pero la empresa lo que hace es evitarlos. A su juicio, no existe vulneración de derechos fundamentales del sindicato demandante.

CUARTO.-1. Debemos partir en este punto de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 7-11-2025, rec. 874/2002 y 11-4-2016, rec. 528/2014, en las que se dice lo siguiente:

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)].

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 1/1994, de 17 de enero, FJ 4; 13/1997, de 27 de enero, FJ 3, o 36/2004, de 8 de marzo, FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 44/2004, de 23 de marzo, FJ 3).

A ello debe añadirse que la STC de 7-11-2005, rec. 874/2002 reconoce que la libertad de información "constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (...) el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales...".

2.A la vista de los hechos declarados probados de los que debemos partir necesariamente, consta acreditado que el 30-1-2025 se alcanzó acuerdo entre la empresa y la RLT en la mesa de negociación de diálogo social para mejorar el marco de condiciones laborales aplicables a la prestación de servicios de las personas trabajadoras. Y en concreto, en uno de los puntos del acta de la reunión se indicaba que se procedería a la creación de una comisión para la revisión de categorías profesionales, integrada por cuatro miembros de la parte empresarial y once miembros por la parte social en la misma proporción representatividad sindical que ha sido acordada para la presente mesa de negociación de dialogo social. La comisión tendría por objeto revisar los grupos de actividad y categorías profesionales del convenio de consultoría.

3.Constituida la comisión de revisión de categorías profesionales el 10-2-2025, en el acta de la reunión mantenida se incidía expresamente en la metodología y plan de trabajo, y en el apartado "desarrollo y duración del proceso de revisión",constaba una mención que decía literalmente:

"Forma de proceso de revisión: Obligación de actuación con arreglo a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de información".

Y es en este momento donde debemos realizar una primera precisión: la demanda indica en su folio 4: "Así las cosas, el 10/02/2025 se constituye la mesa de negociación de categorías, hay que indicar que en ningún documento, acta o acuerdo previo, ni de la mesa de condiciones laborales (llamada por la empresa "de diálogo social") ni del acta de inicio de la mesa de categorías se pactó ninguna cláusula de paz social o de limitación de derechos".Afirmación que a la vista de lo expresado al inicio del presente apartado no es cierta, pues es claro que en la reunión de la constitución de la mesa de revisión de categorías, si se pactó que toda actuación de las partes debía quedar sujeta a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de la información.

4.A partir de aquí, y a la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, la argumentación del sindicato demandante debe ser estimada, pero con matizaciones. Y nos explicaremos.

Véase que apenas tres días después de celebrarse la reunión de constitución de la comisión de revisión, el 13-2-2025, a través del correo conjunto denominado intersindical, CCOO, CGT, US, IS, CSI y CNT remitieron un comunicado conjunto en el que todos ellos exponían los resultados de una encuesta a la plantilla de la empresa sobre medidas a adoptar ante el descontento con la pérdida del poder adquisitivo. En dicha comunicación, no se informaba únicamente sobre dichas opciones, sino que se indicaba expresamente que se iban a poner en marcha las opciones más votadas por las plantillas (entre las que se encontraba la publicación en prensa del conflicto y la información a los clientes de la situación en la empresa) además de la planificación de una concentración de delegados para hacer público el malestar de los trabajadores.

Comunicado que a nuestro juicio, en nada benefició al inicio de las conversaciones de la mesa de categorías profesionales en las que las partes, debían quedar sujetas a un deber de buena fe. Mal puede considerarse que la actuación de los sindicatos firmantes del comunicado remitido mediante la Intersindical permitiera el respeto a la paz social cuando nada más iniciarse las reuniones de la mesa de diálogo, se anunció no solo una concentración de delegados, sino la adopción de medidas más intensas de movilización.

5.Como colofón de lo anterior, el 28 de febrero siguiente, CGT emitió un comunicado informando de que "la empresa expulsa de la negociación a quién no ceda al chantaje",rechazando a todo sindicato que no acepte no realizar reivindicaciones por el poder adquisitivo de la plantilla, en un tono ciertamente contrario a la actitud empresarial, que no se comparte por el sindicato, e informando de la interposición de varias demandas en la Audiencia Nacional "por tantas vulneraciones de derechos fundamentales que no caben en este comunicado".Y concluye: "No sabemos si la empresa se ha pasado de frenada o ha aprovechado para marcar el terreno, pero lo que no va a tener es a todos los sindicatos comiendo de su mamo y actuando según sus reglas. Eso no va a pasar. Abran mesas de negociación para todo problema de la plantilla, hablemos y acordemos, ese es el camino".

QUINTO.- 1.Pese a la emisión de los comunicados anteriores, el 6-6-2025 se reunió de nuevo la comisión de revisión de categorías, tratando la empresa sobre la necesidad de paz social durante el desarrollo de la mesa de revisión, que a su juicio no había sido entendida por tres de las secciones sindicales presentes, siendo que CSI y CGT no renunciarían a la reivindicación sobre el poder adquisitivo, comunicándolo a la mesa en caso de pasar a la acción. I-CSI se sentó en la mesa, entendiendo lo que ello suponía y por parte de UGT y CCOO se manifestó que no se realizarían movilizaciones. RSTIC expresó su intención de hacer un esfuerzo para solucionar la situación. Y la empresa manifestó que si alguna sección sindical pasase a la acción, debería compartir esta situación con los miembros de la mesa de revisión, indicado que no continuaría sentada con los miembros que vayan a la colisión de actuaciones(el subrayado es nuestro).

2.Unos días después, CGT volvió a emitir un comunicado, esta vez poniendo en conocimiento de la plantilla la posición de la empresa en la mesa de revisión de categorías, en lo que concernía a la aplicación de la compensación y la absorción y exponía asimismo qué opciones proponía CGT. El 30-6-2025 emitió nuevo comunicado en el que se expresaba: "Categorías: la empresa no quiere que estés informado"y manifiesta:

"El pasado viernes, otra vez, la empresa ha anulado la Mesa de Negociación de Categorías porque un sindicato no se ha plegado a sus nuevas órdenes. Nosotros. En este caso la exigencia no ha sido que dejemos de movilizar por el poder adquisitivo. Ahora lo que ordenan a los sindicatos es: Todos callados hasta diciembre y no expliquéis a la plantilla el contenido de lo que estamos negociando

La gran ofensa ha sido el comunicado que os enviamos hace un par de semanas después de la primera reunión, informando de las posiciones existentes, así como la plataforma que presentamos como CGT. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida y pasa en cualquier empresa donde los sindicatos rindan cuentas a sus representados:Informar con transparenciade los avances o retrocesos de los procesos de negociación. La empresa le llama 'confidencialidad' porque mordaza es demasiado explícito. La CGT no ha firmado nunca, ni nunca lo hará, que ocultará información a la plantilla o que participará en reuniones de despacho ocultas a los y las trabajadoras.Lo que pase en reuniones así todos sabemos que no es de fiar".

3.Ante las peticiones de información sobre el cierre de la mesa de revisión de categorías, la empresa contestó a un correo electrónico remitido por don Alejandro que:

"El objetivo de esta comisión es la creación de grupos de trabajo donde se analizan áreas de actividad y categorías profesionales y una vez revisados estos datos se sacan las acciones que se van a llevar a efecto y esto es lo que se debería comunicar y no lo que comunico CGT el dia 13 de Junio que es una interpretación libre del contenido de la primera reunión que lo único que va a dar lugar es a generar confusión en las plantillas y es por ello que dada la diferencia de interpretación se indico que la no continuación de esta comisión de revisión ya que si no estamos de acuerdo en la acción de comunicación poco recorrido nos queda".

Igualmente, y si bien el representante de CGT Secundino, manifestó por medio de correo que no había podido acceder a las actas de la mesa de diálogo, finalmente comunicó que había accedido, no trascendiendo tales hechos.

SEXTO.- 1.La conclusión que alcanza esta Sala ante los hechos anteriormente relatados no es otra que entender que la conducta empresarial, manifestada mediante la negativa a sentarse en la mesa de diálogo tras la emisión de comunicados por parte de CGT, conculca el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho de información. Si bien es cierto que en el comunicado remitido a través de la Intersindical, se abordó la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones, no es menos cierto que la empresa pese a ello, volvió a convocar la mesa de diálogo, de lo que no puede desprenderse una conducta contraria a los derechos de libertad sindical de la parte ahora en lo que respecta al posible inicio de movilizaciones.

2.No compartimos la aseveración del sindicato por la que se dice que ha sido expulsado de la negociación, pues no ha existido un acto que corrobore tal circunstancia ni se ha probado que el diálogo en la mesa haya continuado con el resto de secciones sindicales, excluyendo al demandante. Tampoco compartimos la argumentación de la empresa atinente a la que la vulneración del derecho de libertad sindical solo resultaría concurrente si nos encontrásemos ante una mesa de negociación, no estando la empresa obligada a dialogar.

3.La conducta empresarial, reactiva a la conducta del sindicato una vez publicado el comunicado emitido tras la segunda reunión de la mesa de diálogo, informando de la posición de la empresa y la del sindicato demandante, conculca a nuestro juicio su derecho de libertad sindical. Como ya se adelantó, el derecho a la información constituye parte esencial del derecho fundamental aludido y permite el ejercicio efectivo y real de dicho derecho, de modo que condicionar la existencia de diálogo y posterior negociación a la ausencia de comunicados, transgrede y quebranta la acción del sindicato accionante. Al margen de que no puede obviarse, los principales perjudicados por dicha acción son tanto los propios negociadores (véase que se ha roto la negociación con todas las fuerzas sindicales), la propia empresa (que ve limitada su capacidad de alcanzar acuerdo y negociar con las representaciones de los trabajadores sobre aspectos esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales) y los propios trabajadores, destinatarios de la regulación que en su caso las partes acuerden.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada, declarando la vulneración del derecho de libertad sindical prevista en el art. 28.1 CE que se reclama en el escrito rector.

SÉPTIMO.- 1.En relación a la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales, la Sala Cuarta, en su sentencia de 8-11-2023, rco. 204/2021, con cita de la dictada el 5-10-2017 rcud. 2497/2015 ha dispuesto:

"Doctrina actual: en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Como subraya la STS 267/2023 de 12 abril (rec. 4/2021, Repsol Química), la doble finalidad de la indemnización (resarcitoria, disuasoria) viene siendo realzada por nuestra doctrina más reciente, al tiempo que la necesidad de atender a todas las circunstancias del caso. En tal sentido, por ejemplo, nuestras sentencias 356/2022 de 20 abril (rcud. 2391/2019) y 179/2022 de 23 febrero (rcud. 4322/2019) recalcan la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso. La primera de ellas (Viajes Halcón, Pleno) expone que "el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización".

2.Solicita el sindicato demandante una indemnización de 30.000 euros, conforme a lo previsto en los arts. 7.7 y 8.12 de la LISOS, en relación con el art. 40. 31 b) y c) del mismo texto legal, sosteniendo que la empresa ha incurrido en un incumplimiento reiterado durante seis meses. Esta Sala ha de pronunciarse sobre la indemnización solicitada, entendiendo que dado que el diálogo en la mesa apenas se había iniciado, habiéndose celebrado únicamente una reunión tras la publicación del primer comunicado conjunto, el daño moral infligido al sindicato es mínimo, sin que pueda advertirse como así se sostiene en la demanda que la conducta de la empresa es reincidente ni que se ha prolongado durante seis meses, esto es, el periodo a que debía constreñirse la apertura de la mesa de diálogo. Es el cierre tras la segunda reunión el que debe entenderse vulnerador del derecho fundamental y no la hipotética proyección sobre la duración de la mesa de diálogo que inicialmente quedó fijada en el acta de su constitución. Por todo ello, siendo la indemnización solicitada desproporcionada a los hechos acontecidos, nuestra decisión se dirige a condenar a la empresa demandada al abono de la cantidad de 150 euros en concepto de indemnización por daño moral, que resulta mínimo atendiendo a los concretos hechos enjuiciados.

No procede condenar a la empresa a la publicación de la sentencia en el tablón de anuncios de la empresa, y en el menú de RRHH de su página web, al no ser tales acciones exigidas por los arts. 182 y 183 LRJS.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes.

TERCERO.- 1.Acciona el sindicato CGT frente a la empresa Enterprise Solutions ejercitando acción de tutela de derechos fundamentales, al considerar que la actuación empresarial, ha vulnerado su derecho de libertad sindical, al ser expulsado de la mesa de revisión de categorías, por negarse a no difundir comunicados y frenar las movilizaciones sindicales.

2.A dicha pretensión se opone la empresa demandada, manifestando que nunca se ha expulsado a CGT de las mesas. La empresa cuando se retira de la negociación, lo ha hecho con todos los sindicatos. No se cierra la puerta a volver a dialogar. Alega que CGT convierte las posiciones de la empresa en una vulneración de la paz social. No se impiden los comunicados de CGT pero la empresa lo que hace es evitarlos. A su juicio, no existe vulneración de derechos fundamentales del sindicato demandante.

CUARTO.-1. Debemos partir en este punto de lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 7-11-2025, rec. 874/2002 y 11-4-2016, rec. 528/2014, en las que se dice lo siguiente:

"Aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse la restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España -en este caso, Convenios de la Organización Internacional del Trabajo núms. 87 y 98, señaladamente-, que la enumeración de derechos efectuada en el primeramente referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) establece que la libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)].

Junto a los anteriores los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos, que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre tantas otras, por ejemplo, SSTC 173/1992, de 29 de octubre, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 1/1994, de 17 de enero, FJ 4; 13/1997, de 27 de enero, FJ 3, o 36/2004, de 8 de marzo, FJ 3). Estos derechos adicionales, en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical ( SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 44/2004, de 23 de marzo, FJ 3).

A ello debe añadirse que la STC de 7-11-2005, rec. 874/2002 reconoce que la libertad de información "constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical (...) el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales...".

2.A la vista de los hechos declarados probados de los que debemos partir necesariamente, consta acreditado que el 30-1-2025 se alcanzó acuerdo entre la empresa y la RLT en la mesa de negociación de diálogo social para mejorar el marco de condiciones laborales aplicables a la prestación de servicios de las personas trabajadoras. Y en concreto, en uno de los puntos del acta de la reunión se indicaba que se procedería a la creación de una comisión para la revisión de categorías profesionales, integrada por cuatro miembros de la parte empresarial y once miembros por la parte social en la misma proporción representatividad sindical que ha sido acordada para la presente mesa de negociación de dialogo social. La comisión tendría por objeto revisar los grupos de actividad y categorías profesionales del convenio de consultoría.

3.Constituida la comisión de revisión de categorías profesionales el 10-2-2025, en el acta de la reunión mantenida se incidía expresamente en la metodología y plan de trabajo, y en el apartado "desarrollo y duración del proceso de revisión",constaba una mención que decía literalmente:

"Forma de proceso de revisión: Obligación de actuación con arreglo a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de información".

Y es en este momento donde debemos realizar una primera precisión: la demanda indica en su folio 4: "Así las cosas, el 10/02/2025 se constituye la mesa de negociación de categorías, hay que indicar que en ningún documento, acta o acuerdo previo, ni de la mesa de condiciones laborales (llamada por la empresa "de diálogo social") ni del acta de inicio de la mesa de categorías se pactó ninguna cláusula de paz social o de limitación de derechos".Afirmación que a la vista de lo expresado al inicio del presente apartado no es cierta, pues es claro que en la reunión de la constitución de la mesa de revisión de categorías, si se pactó que toda actuación de las partes debía quedar sujeta a los principios de buena fe, confidencialidad y reserva de la información.

4.A partir de aquí, y a la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, la argumentación del sindicato demandante debe ser estimada, pero con matizaciones. Y nos explicaremos.

Véase que apenas tres días después de celebrarse la reunión de constitución de la comisión de revisión, el 13-2-2025, a través del correo conjunto denominado intersindical, CCOO, CGT, US, IS, CSI y CNT remitieron un comunicado conjunto en el que todos ellos exponían los resultados de una encuesta a la plantilla de la empresa sobre medidas a adoptar ante el descontento con la pérdida del poder adquisitivo. En dicha comunicación, no se informaba únicamente sobre dichas opciones, sino que se indicaba expresamente que se iban a poner en marcha las opciones más votadas por las plantillas (entre las que se encontraba la publicación en prensa del conflicto y la información a los clientes de la situación en la empresa) además de la planificación de una concentración de delegados para hacer público el malestar de los trabajadores.

Comunicado que a nuestro juicio, en nada benefició al inicio de las conversaciones de la mesa de categorías profesionales en las que las partes, debían quedar sujetas a un deber de buena fe. Mal puede considerarse que la actuación de los sindicatos firmantes del comunicado remitido mediante la Intersindical permitiera el respeto a la paz social cuando nada más iniciarse las reuniones de la mesa de diálogo, se anunció no solo una concentración de delegados, sino la adopción de medidas más intensas de movilización.

5.Como colofón de lo anterior, el 28 de febrero siguiente, CGT emitió un comunicado informando de que "la empresa expulsa de la negociación a quién no ceda al chantaje",rechazando a todo sindicato que no acepte no realizar reivindicaciones por el poder adquisitivo de la plantilla, en un tono ciertamente contrario a la actitud empresarial, que no se comparte por el sindicato, e informando de la interposición de varias demandas en la Audiencia Nacional "por tantas vulneraciones de derechos fundamentales que no caben en este comunicado".Y concluye: "No sabemos si la empresa se ha pasado de frenada o ha aprovechado para marcar el terreno, pero lo que no va a tener es a todos los sindicatos comiendo de su mamo y actuando según sus reglas. Eso no va a pasar. Abran mesas de negociación para todo problema de la plantilla, hablemos y acordemos, ese es el camino".

QUINTO.- 1.Pese a la emisión de los comunicados anteriores, el 6-6-2025 se reunió de nuevo la comisión de revisión de categorías, tratando la empresa sobre la necesidad de paz social durante el desarrollo de la mesa de revisión, que a su juicio no había sido entendida por tres de las secciones sindicales presentes, siendo que CSI y CGT no renunciarían a la reivindicación sobre el poder adquisitivo, comunicándolo a la mesa en caso de pasar a la acción. I-CSI se sentó en la mesa, entendiendo lo que ello suponía y por parte de UGT y CCOO se manifestó que no se realizarían movilizaciones. RSTIC expresó su intención de hacer un esfuerzo para solucionar la situación. Y la empresa manifestó que si alguna sección sindical pasase a la acción, debería compartir esta situación con los miembros de la mesa de revisión, indicado que no continuaría sentada con los miembros que vayan a la colisión de actuaciones(el subrayado es nuestro).

2.Unos días después, CGT volvió a emitir un comunicado, esta vez poniendo en conocimiento de la plantilla la posición de la empresa en la mesa de revisión de categorías, en lo que concernía a la aplicación de la compensación y la absorción y exponía asimismo qué opciones proponía CGT. El 30-6-2025 emitió nuevo comunicado en el que se expresaba: "Categorías: la empresa no quiere que estés informado"y manifiesta:

"El pasado viernes, otra vez, la empresa ha anulado la Mesa de Negociación de Categorías porque un sindicato no se ha plegado a sus nuevas órdenes. Nosotros. En este caso la exigencia no ha sido que dejemos de movilizar por el poder adquisitivo. Ahora lo que ordenan a los sindicatos es: Todos callados hasta diciembre y no expliquéis a la plantilla el contenido de lo que estamos negociando

La gran ofensa ha sido el comunicado que os enviamos hace un par de semanas después de la primera reunión, informando de las posiciones existentes, así como la plataforma que presentamos como CGT. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida y pasa en cualquier empresa donde los sindicatos rindan cuentas a sus representados:Informar con transparenciade los avances o retrocesos de los procesos de negociación. La empresa le llama 'confidencialidad' porque mordaza es demasiado explícito. La CGT no ha firmado nunca, ni nunca lo hará, que ocultará información a la plantilla o que participará en reuniones de despacho ocultas a los y las trabajadoras.Lo que pase en reuniones así todos sabemos que no es de fiar".

3.Ante las peticiones de información sobre el cierre de la mesa de revisión de categorías, la empresa contestó a un correo electrónico remitido por don Alejandro que:

"El objetivo de esta comisión es la creación de grupos de trabajo donde se analizan áreas de actividad y categorías profesionales y una vez revisados estos datos se sacan las acciones que se van a llevar a efecto y esto es lo que se debería comunicar y no lo que comunico CGT el dia 13 de Junio que es una interpretación libre del contenido de la primera reunión que lo único que va a dar lugar es a generar confusión en las plantillas y es por ello que dada la diferencia de interpretación se indico que la no continuación de esta comisión de revisión ya que si no estamos de acuerdo en la acción de comunicación poco recorrido nos queda".

Igualmente, y si bien el representante de CGT Secundino, manifestó por medio de correo que no había podido acceder a las actas de la mesa de diálogo, finalmente comunicó que había accedido, no trascendiendo tales hechos.

SEXTO.- 1.La conclusión que alcanza esta Sala ante los hechos anteriormente relatados no es otra que entender que la conducta empresarial, manifestada mediante la negativa a sentarse en la mesa de diálogo tras la emisión de comunicados por parte de CGT, conculca el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho de información. Si bien es cierto que en el comunicado remitido a través de la Intersindical, se abordó la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones, no es menos cierto que la empresa pese a ello, volvió a convocar la mesa de diálogo, de lo que no puede desprenderse una conducta contraria a los derechos de libertad sindical de la parte ahora en lo que respecta al posible inicio de movilizaciones.

2.No compartimos la aseveración del sindicato por la que se dice que ha sido expulsado de la negociación, pues no ha existido un acto que corrobore tal circunstancia ni se ha probado que el diálogo en la mesa haya continuado con el resto de secciones sindicales, excluyendo al demandante. Tampoco compartimos la argumentación de la empresa atinente a la que la vulneración del derecho de libertad sindical solo resultaría concurrente si nos encontrásemos ante una mesa de negociación, no estando la empresa obligada a dialogar.

3.La conducta empresarial, reactiva a la conducta del sindicato una vez publicado el comunicado emitido tras la segunda reunión de la mesa de diálogo, informando de la posición de la empresa y la del sindicato demandante, conculca a nuestro juicio su derecho de libertad sindical. Como ya se adelantó, el derecho a la información constituye parte esencial del derecho fundamental aludido y permite el ejercicio efectivo y real de dicho derecho, de modo que condicionar la existencia de diálogo y posterior negociación a la ausencia de comunicados, transgrede y quebranta la acción del sindicato accionante. Al margen de que no puede obviarse, los principales perjudicados por dicha acción son tanto los propios negociadores (véase que se ha roto la negociación con todas las fuerzas sindicales), la propia empresa (que ve limitada su capacidad de alcanzar acuerdo y negociar con las representaciones de los trabajadores sobre aspectos esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales) y los propios trabajadores, destinatarios de la regulación que en su caso las partes acuerden.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada, declarando la vulneración del derecho de libertad sindical prevista en el art. 28.1 CE que se reclama en el escrito rector.

SÉPTIMO.- 1.En relación a la indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales, la Sala Cuarta, en su sentencia de 8-11-2023, rco. 204/2021, con cita de la dictada el 5-10-2017 rcud. 2497/2015 ha dispuesto:

"Doctrina actual: en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Como subraya la STS 267/2023 de 12 abril (rec. 4/2021, Repsol Química), la doble finalidad de la indemnización (resarcitoria, disuasoria) viene siendo realzada por nuestra doctrina más reciente, al tiempo que la necesidad de atender a todas las circunstancias del caso. En tal sentido, por ejemplo, nuestras sentencias 356/2022 de 20 abril (rcud. 2391/2019) y 179/2022 de 23 febrero (rcud. 4322/2019) recalcan la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso. La primera de ellas (Viajes Halcón, Pleno) expone que "el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización".

2.Solicita el sindicato demandante una indemnización de 30.000 euros, conforme a lo previsto en los arts. 7.7 y 8.12 de la LISOS, en relación con el art. 40. 31 b) y c) del mismo texto legal, sosteniendo que la empresa ha incurrido en un incumplimiento reiterado durante seis meses. Esta Sala ha de pronunciarse sobre la indemnización solicitada, entendiendo que dado que el diálogo en la mesa apenas se había iniciado, habiéndose celebrado únicamente una reunión tras la publicación del primer comunicado conjunto, el daño moral infligido al sindicato es mínimo, sin que pueda advertirse como así se sostiene en la demanda que la conducta de la empresa es reincidente ni que se ha prolongado durante seis meses, esto es, el periodo a que debía constreñirse la apertura de la mesa de diálogo. Es el cierre tras la segunda reunión el que debe entenderse vulnerador del derecho fundamental y no la hipotética proyección sobre la duración de la mesa de diálogo que inicialmente quedó fijada en el acta de su constitución. Por todo ello, siendo la indemnización solicitada desproporcionada a los hechos acontecidos, nuestra decisión se dirige a condenar a la empresa demandada al abono de la cantidad de 150 euros en concepto de indemnización por daño moral, que resulta mínimo atendiendo a los concretos hechos enjuiciados.

No procede condenar a la empresa a la publicación de la sentencia en el tablón de anuncios de la empresa, y en el menú de RRHH de su página web, al no ser tales acciones exigidas por los arts. 182 y 183 LRJS.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto