Sentencia Social 22/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 398/2024 de 13 de febrero del 2025

PRIMERO.-,La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ,en los términos que procederemos a desarrollar en el fundamento de derecho tercero.

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hechos conformes o se deducen de cada uno de los descriptores que en los mismos señalan.

TERCERO.-Se ha cuestionado por parte de CGT la competencia objetiva de esta Sala por considerar que la misma se encuentra atribuida a los Juzgados de lo Social de Madrid, pues las denominada Hoja del Viernes, donde se contienen las expresiones que los sindicatos actores- CCOO y ATP SAe- únicamente tienen difusión en el centro de trabajo de Getafe.

Mientras que el Ministerio Fiscal respalda la posición de CGT, los sindicatos actores consideran que la lesión al derecho al honor y a la libertad sindical que se denuncia en la demanda se proyecta en general sobre toda la actividad sindical que realizan ambos en el Grupo de Empresas Airbus, y en particular sobre la que desarrollaron negociando, acordando y administrando el VII Convenio colectivo del Grupo de Empresas.

El art. 8.1 de la LRJS en el primero de sus párrafos dispone que: "La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.".

Este precepto ha venido siendo interpretado por los Autos del TS de 8-5-2.024 - cuestión de competencia 5/2023- y de 22-7-2014- cuestión de competencia 1/2014- que la Audiencia Nacional carece de competencia en aquellas demandas individuales o plurales de tutela de los derechos fundamentales pues la lesión se proyecta en la esfera individual de cada uno de los demandantes.

Consideramos, que tratándose de sujetos colectivos la lesión al derecho fundamental que se invoca tiene que cohonestarse con el ámbito de actuación del sujeto en el que se desarrolla el derecho fundamental. En nuestro caso, la actuación continuada que se imputa a CGT y que se dice lesiva de los derechos fundamentales al honor y a la libertad sindical de las organizaciones actoras, si bien en determinados casos solo tiene difusión en el centro de Getafe, incide en la actuación que aquellas desarrollan en la totalidad de las empresas del Grupo Airbus, con relación a cuestiones que afectan principalmente a la negociación del VII Convenio de Grupo, lo que hace que debamos considerar que los efectos que pudiera producir la lesión que se enjuicia se proyecta sobre la actuación e los sindicatos en las empresas del Grupo Airbus lo que excede del territorio de una Comunidad Autónoma. Tal razonamiento, contrariamente, a lo argumentado por CGT es el que subyace en la asunción de competencia por el TSJ de Cataluña en la su Sentencia de 23-4-2.015- autos 68/2014- confirmada por la STS de 15-12-2016- rec. 287/2015- en la que se resuelve una demanda de tutela de derecho al honor interpuesta por UGT Catalunya contra el Sindicato Fasga con relación a unas expresiones vertidas por este último con relación a elecciones a representantes de personal desarrolladas en las provincias de Barcelona y Tarragona.

La proyección de lo expuesto en el presente caso, debe llevarnos a apreciar parcialmente nuestra falta de competencia objetiva, pues con arreglo a lo dicho, no podemos pronunciarnos sobre las supuestas vulneraciones de los derechos al honor y a la libertad sindical de D. Emilio - sobre cuya persona se dice que versa el poema satírico contenido en el hecho probado 19 º publicado en la hoja del viernes del del día 8 de noviembre de 2024- ni a la de los representantes legales y la de los y afiliados a título particular de cada uno de los sindicatos actores.

CUARTO.-Resuelto lo anterior y expuestos los términos del debate en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución hemos de señalar que la principal cuestión que debemos resolver consiste en determinar si todas o algunas de las 12 expresiones que se refieren en la demanda interpuesta vulneraron el derecho al honor y a la libertad sindical de los sindicatos actores, como se sostiene por los mismos y por el Ministerio Fiscal o, si por el contrario, como se defiende por CGT están amparadas por su derecho a la libertad de expresión en el marco de su ejercicio a la libertad sindical.

Las expresiones que se denuncian son las siguientes:

1.- que en la hoja del viernes del 12-4-2.024 el hecho de referirse a ATP como a tus pies y a CCOO y ATP como "el duo dinámico" y a los dirigentes de ambos como arrastracueros, bebecharcos, belloto, cernícalo, fulastre, mentecato, panarra, (hombre simple, tonto) y samugo ( persona terca y poco locuaz)"

2.- que el 31 de mayo de 2024 en la misma "Hoja del Viernes", a raíz de un conflicto que surge por el comedor en la empresa, se acusa a COMISIONES OBRERAS de querer trasladar el conflicto al convenio colectivo llamándoles "jetas" afirmando que ellos, es decir los representantes de COMISIONES OBRERAS, sí pueden seguir, así como por calificar a COMISIONES OBRERAS de ser portavoz de la empresa y considerar a sus representantes como sindicalistas por título nobiliario y por herencia afirmando que para lo único que sirven es para "chafardeo sindical".

3.- que en la "Hoja del Viernes" de fecha 12 de julio de 2024 se expresa : "cuando la ley dicta unos requisitos y unos plazos la clase trabajadora gana, pero cuando la ley dicta que la empresa y la parte social pueden acordar CCOO, UGT y ATP-SAe te joderan"

4.- que mediante comunicado de fecha de 15 de julio de 2024, CGT arremete contra la figura de los liberados sindicales en una clara alusión a los representantes de CCOO como firmantes del convenio acusándoles de no pisar el centro de trabajo, de firmar el convenio para obtener "liberaciones a tutiplén", de tener más medios y horas sindicales por firmar el convenio, es decir de vender a los trabajadores;

5.- que en el comunicado de CGT en el Grupo AIRBUS, el de 16 de julio de 2024 no tiene desperdicio, se acusa COMISIONES OBRERAS y en este caso también a UGT de robo, estafa y atropello a la clase trabajadora, aduciendo que cobran millones de euros por la gestión de los planes de pensiones y fondos de inversión; afirmando que la empresa premia a los representantes del plan de pensiones con liberados y puestos en la federación "lo que viene siendo una vida plena, cómoda y muy feliz" resaltando "la desvergüenza tanto de la empresa como de los sindicatos que a ello se prestan, por saltarse la ley en cuanto al derecho a la negociación";

6.- que el 19 de julio de 2024 en la "Hoja del Viernes" se dice textualmente:

"después de varias décadas sujetas a convenios colectivos, Ertes, Plan de Desvinculación, Ere Encubierto dicho por Daniel -en referencia a Alexander Secretario General de la Sección Sindical de CCOO) y un largo etc., nos hicieron creer que el delegar en los sindicatos colaboracionistas sería lo más ventajoso para los trabajadores de esta empresa. Y bien, atendiendo a los resultados ya vemos que no nos representan, además de estar lejos de la convivencia y los problemas de cada trabajadora de AIRBUS. ¡Se quieren pirar de vacaciones dándole otra estocada a los 13.000 empleados...basta ya de mentiras y falsedades sujetos a bienes privados del ejército¡ de liberados!"., y en esa fecha y en otro artículo titulado "Esquiroles, no gracias", vuelve a llamar ladrones a los dirigentes de CCOO y de boicotear cualquier reivindicación de no sean las propias.

7.- que en fecha de 26 de julio de 2024 de nuevo en la "Hoja del Viernes" se acusa a COMISIONES OBRERAS, como sindicato negociador del convenio de robar, ningunear, menospreciar a la plantilla y de prepotentes y soberbios.

8.- que en UN comunicado sin fecha, posterior al período vacacional, se acusa a COMISIONES OBRERAS de mentir, manipular, hacer trucos de magia baratos, insultar la inteligencia de toda la plantilla al más puro estilo Carlos III, al más puro estilo del Despotismo Ilustrado. Se acusa también a COMISIONES OBRERAS de sentar las bases de una "pérdida de derechos sin freno para no perder sus privilegios".

9.- que en la "Hoja del Viernes" de fecha de 25 de octubre de 2024 se recoge en referencia a los representantes de COMISIONES OBRERAS de: "... a los traidores con sus amos: ¡¡QUÉ SE JODAN!! Que la chupen y que la sigan chupando" y que en esa misma hoja y bajo el título "EL GRAN CIRCO MUNDIAL", a los representantes de COMISIONES OBRERAS se les acusa de vendebiblias.

10.- -que la "hoja del viernes" del día 8 de noviembre de 2024, se hace alusión personal y directa al Presidente de ATP-SAe, D. Emilio, en los siguientes términos: "Hay mucho marisco y nunca viene mal, existe Emilio de campo y Emilio sindical. Toca lo que toca si no sacia el del mar, otras prebendas toca pescar. Emilio pesca que te pesca, también jubilación maldita la herencia, tu descendencia ya cogió el sillón. Descendencia colocada decencia perdida, ni aun sufriendo mil males hará justicia tu vida. Adiós Armando sindical a tus pies seguirás, pero...vida bajo múltiples pies llevaste y llevarás. No conoce el honor, rata ladrona de dos patas... hasta la muerte será. Roba y traiciona por riqueza personal... Ese ser despreciable es...el Emilio sindical."

11.- que el 13 de noviembre de 2024 la CGT emite un comunicado en el que textualmente expresa: "nos están robando sin el más mínimo pudor ni disimulo, el atraco es con violencia, no hay guante blanco, hay butrón, rodillas rojas y bolsillos llenos mirando a los ojos de la dirección. Ya es un hecho, está fuera de debate...". "¿Es posible cambiar las condiciones de esta gran estafa?"

12.- que el 15 de noviembre el "editorial" de la "Hoja del Viernes" tiene este contenido: EL PODER ILIMITADO DE DAR ASCO SIN LÍMITES "Empiezan prontito a intentar disimular la gran estafa que supone el VII convenio de coco y a tus pies, la mayor montaña de excrementos jamás conocida. Aquí Epi y Blas lanzan un comunicado conjunto declarando varios aspectos..", así como otro artículo en que bajo el título "NEGOCIA MEJOR Y EL EDIFICIO ES TUYO" se dice "Últimas negociaciones. Imagino el reparto de lo "extraviado" a los trabajadores en 50% para la empresa y 50% para los firmantes (si son tan buenos negociadores como afirman). Hipótesis con números redondos aproximados: 12.000 trabajadores; Sueldo medio 50.000€ anual; Banda promedio V.2 (10% de objetivos promedio). Aquí los resultados. Sexto Convenio: Pérdida de poder adquisitivo acumulado (IPC) de 11,6%, unos 69.600.000€ anuales de recorte, al cambio, 696 liberados sindicales anuales extra. Séptimo Pre-convenio: Bajada paga de Objetivos del 105% al 100%, unos 2.857.142,85€ anuales de recorte = 29 liberados sindicales anuales extra.... Y así podría seguir punto por punto. Que no negociéis bien para vuestros representados puede pasar... Pero es que os tendrían que poner un edificio entero sólo para los liberados extra que se pueden pagar con la mitad del recorte, EXIGIDLO.", considerando que se acusa a CCOO y ATP-SAe de repartirse con la empresa un hipotético ahorro por el bajo incremento de los salarios y de obtener 696 más liberados sindicales, lo que se tacha de falso;

13.- que finalmente el 29 de noviembre de 2024 la CGT en la "Hoja del viernes" emite un comunicado en el que textualmente expresa: "a estos firmantes del banco social se las meten dobladas (inútiles), o deliberadamente lo saben y callan (bellacos y bellacas).

Siendo estos los hechos denunciados hemos de señalar que en el presente caso nos encontramos en una situación de colisión de los derechos fundamentales de las partes, de un lado el derecho de CGT a la actividad sindical como parte del derecho fundamental a su libertad sindical ( arts. 20 y 28.1 CE) y, de otro lado, el derecho de los sindicatos actores al honor ( art. 18.1 CE) y a la indemnidad por el ejercicio del derecho a la libertad sindical 8 art. 28.1 CE) . Al respecto la Doctrina que el TC viene manteniendo al respecto aparece reproducida en la STC 89/2018 de la forma siguiente:

la STC 89/2018 ha reiterado la doctrina constitucional que refiere la anterior resolución del Tribunal Supremo en el sentido siguiente:

"resulta conveniente: a) delimitar el contenido de la libertad de expresión en el ámbito de la relación laboral; b) precisar en qué medida queda afectada la misma cuando se ejercita por quienes ostentan la representación de los trabajadores para defender sus derechos e intereses y, c) finalmente, determinar de qué modo se ve modulado su contenido cuando dicha libertad opera, a la vez, como un mecanismo de participación en el debate público sobre asuntos de la misma naturaleza. Siguiendo el orden indicado procede señalar: a) Según jurisprudencia consolidada, el derecho a la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4 ,y 204/2001, de 15 de octubre ,FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática' ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental" ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre ; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3 ; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5 ; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 ; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5 ;y 148/2001, de 15 de octubre , FJ 4). En el presente caso se plantea ante este Tribunal la cuestión relativa a la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión frente al ejercicio del poder disciplinario empresarial en el seno de una relación de trabajo, si bien con los dos matices ya indicados: el sancionado es representante de los trabajadores y, además, la protesta se dirigía frente a los representantes públicos cuya pasividad, ante una situación de conflictividad laboral en la contrata de vigilancia y seguridad del ayuntamiento, se cuestionaba. Por lo que se hace preciso, como punto de partida, exponer nuestra doctrina y recordar que la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como también que la libertad de empresa ( art. 38 CE )no legitima que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas (por todas, STC 80/2001, de 26 de marzo ,FJ 3, con cita de la STC 88/1985, de 19 de julio ,FJ 2). Es cierto que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE ]reviste matices específicos cuando su ejercicio se realiza en el ámbito de las relaciones laborales, pues la relación contractual laboral genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que pueden modular el ejercicio de los derechos fundamentales, de manera que manifestaciones de los mismos que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo necesariamente dentro del ámbito de esa relación contractual ( SSTC 106/1996, de 12 de junio, FJ 5 ; 1/1998, de 12 de enero, FJ 3 ; 90/1999, de 26 de mayo, FJ 3 ,y 241/1999, de 20 de diciembre ,FJ 4). De este modo, nos hemos referido al principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo como "condicionamiento" impuesto por la relación laboral en el ejercicio del derecho constitucional ( SSTC 106/1996, de 12 de junio ; 1/1998, de 12 de enero ; 90/1999, de 26 de mayo ; 241/1999, de 20 de diciembre ; 20/2002, de 28 de enero ,o 56/2008, de 14 de abril ,FJ 6). Ahora bien, ni dicho principio, ni tampoco el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador pueden servir en ningún caso para limitar indebidamente derechos fundamentales (por todas, STC 181/2006, de 19 de junio ,FJ 6), dada su posición preeminente en nuestro ordenamiento jurídico, que, en cuanto "proyecciones de los núcleos esenciales de la dignidad de la persona" ( art. 10.1 CE )y fundamento del propio Estado democrático proclamado en el art. 1 CE (entre otras, STC 56/2008, de 14 de abril ,FJ 4), operan como límites infranqueables que el empresario no puede rebasar en ejercicio de su poder de dirección. De modo que, frente al ejercicio de un derecho fundamental, solo otro derecho fundamental o interés constitucionalmente relevante puede ser opuesto como límite. b) Como hemos adelantado, los términos del debate constitucional suscitado en la demanda obligan a abordar la libertad de expresión en el ámbito de la acción sindical, y centrándonos en la eventual vulneración del artículo 28.1 CE ,conviene precisar que los derechos y obligaciones recíprocos generados por la relación contractual laboral, cuando se residencian en representantes de los trabajadores, también delimitan el ejercicio de los derechos fundamentales. De manera que manifestaciones de los mismos que en otro ámbito pudieran ser ilegítimas no tienen por qué serlo cuando su actuación se concreta en el ejercicio de las facultades que específicamente se asigna a estos cuando actúan en la defensa de los derechos de los trabajadores a quienes representan. En tales casos, el logro de la efectividad de los derechos del trabajador en el interior de las organizaciones productivas conlleva necesariamente el reconocimiento de un mayor ámbito de libertad y protección en la actuación de los representantes de los trabajadores. De este modo, este Tribunal ha venido reiterando, desde la temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre ,que la legítima actuación en el seno de la empresa, para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, necesitan de garantías frente a todo acto de injerencia, impeditivo u obstante del ejercicio de esa libertad. Y entre ellas figura la de la indemnidad, esto es, el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa, "lo que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores" (por todas, SSTC 200/2007, de 24 de septiembre, FJ 2 ;y 257/2007, de 17 de diciembre ,FJ 2). El derecho a la libertad sindical queda así menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza, lo que no solo repercute en el representante que soporta dicho menoscabo sino que, por su potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales, se proyecta asimismo sobre la organización correspondiente, afectando, en su caso, a las tareas de defensa y promoción de los intereses de los trabajadores que la Constitución encomienda a los sindicatos ( STC 191/1998, de 29 de septiembre , FJ 5). c) Por último, conviene perfilar -y en este aspecto centrábamos la especial trascendencia constitucional de la demanda-, el modo en que se ven afectados los límites del ejercicio de la libertad de expresión en relación con la libertad sindical, cuando se ejerce frente a personas que realizan funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, pudiendo adelantarse que en estos casos el ejercicio del derecho alcanza el nivel máximo de protección, convirtiéndose en prácticamente inmune a restricciones que en otros ámbitos serían admisibles constitucionalmente. En tal sentido, al mayor ámbito de libertad y protección reconocida a la libertad de expresión en el ámbito sindical cuando se ejerce por representantes de los trabajadores, se le añade la existencia de un contexto de debate útil para la formación de la opinión pública. Cuando este concurre, cualifica el contenido y el alcance de la libertad de expresión, que adquiere entonces, "si cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro contexto", y deviene "especialmente resistente, inmune a la restricciones que es claro en otro contexto habrían de operar" ( SSTC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5 ; 136/1999, de 20 de julio, FJ, 13 ; 39/2005, de 28 de febrero ,FJ 2, y ATC 231/2006, de 3 de julio ). De ese modo, la jurisprudencia constitucional ha destacado que el máximo nivel de protección se produce cuando dicho derecho se ejerce en relación con personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos resulten afectados por opiniones ( STC 107/1988, de 8 de junio ,FJ 2). En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha afirmado que "los límites de la crítica admisibles son más amplios respecto a un hombre político, contemplado en ese carácter, que los de un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, debe mostrar una mayor tolerancia" ( STEDH de 14 de marzo de 2013, asunto Eon c. Francia , § 59)".

Por otro lado debemos resaltar que la Sala IV del TS abordó un supuesto en el que se denunciaba la vulneración del derecho al honor por un sindicato con relación a las expresiones y manifestaciones de otro en el marco de unas elecciones sindicales en la ya citada STS de 16-12-2016- rec. 287/2015- reflexionando al respecto lo siguiente:

"1ª) El artículo 20.1.a) CE reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Por su parte el apartado 1. d) del mismo precepto reconoce y protege igualmente el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, derechos que tienen todos los ciudadanos. Ahora bien, en el ámbito laboral, estos derechos han de considerarse inherentes a la actividad sindical que desarrollan los sindicatos, y en cuanto instrumento de la acción sindical, su eventual vulneración constituirá un atentado a la acción a la libertad sindical, razón ésta, por la que desde la perspectiva de la libertad sindical, hemos de llevar a cabo el enjuiciamiento de la colisión que puede producirse cuando colisionan con los derechos o intereses, en principio del empresario, pero también cuando -como aquí acontece- el enfrentamiento se produce como consecuencia de la actividad sindical de otro Sindicato. La doctrina constitucional ( STC 281/2005, de 7 de noviembre , fundamento jurídico cuarto), ha señalado que, "como expresión de la acción sindical, el derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales. En definitiva, constituye un «elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical» ( STC 94/1995, de 19 de junio , FJ 3), una expresión central, por tanto, de la acción sindical y, por ello, del contenido esencial del derecho fundamental". No obstante, como todo derecho fundamental, los derechos de libertad de expresión e información, deben ejercerse dentro de su ámbito legítimo por lo que debe ponderarse, en cada caso, si estos derechos se han ejercido, frente al "contrario", dentro del ámbito, constitucionalmente protegido, o si por el contrario la conducta excede de los límites constitucionalmente admisibles, teniendo en cuanto el marco -laboral- y el contexto -elecciones sindicales- en donde, en el presente caso, se han ejercido estos derechos y se ha producido el conflicto;

2ª) Además de la jurisprudencia citada ya por la Sala de instancia en su resolución, conviene reproducir la doctrina general, que con respecto a los derechos de información y del honor -al que también se refiere el Sindicato recurrente- ha sentado la sentencia de la Sala I de este Tribunal de 3 de marzo de 2011 (recurso 1777/2008 ), en su fundamento jurídico tercero : "A) El art. 20.1.a ) y. d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el art. 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de expresión, reconocida en el art. 20 CE , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero, FJ 2 , 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3). Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y sólo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante ( STC 107/1988, de 8 de junio , 105/1990 y 172/1990).

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 13 de enero de 1999 , 29 de julio de 2005 , 21 de julio de 2008, RC n.º 3633/2001 , 2 de septiembre de 2004, RC n.º 3875/2000 , 22 de julio de 2008 , 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 , 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 , 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 , 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005 ).

B) La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ); (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero , F. 5; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde esta perspectiva, (i) la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de la libertad de expresión e información es más intenso, como establece el artículo 8.2.A LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias; (ii) la libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones; (iii) la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre , F. 2; 134/1999, de 15 de julio , F. 3; 6/2000, de 17 de enero , F. 5; 11/2000, de 17 de enero , F. 7; 110/2000, de 5 de mayo , F. 8; 297/2000, de 11 de diciembre , F. 7; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero ).

En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el art. 2.1 LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor).

La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las SSTS de 19 de febrero de 1992 , 26 de febrero de 1992 y 29 de diciembre de 1995 ( campaña electoral ); 20 de octubre de 1999 ( clímax propio de campaña política entre rivales ); 12 de febrero de 2003 (mitin electoral; se consideró la expresión «extorsión» como mero exceso verbal); 27 de febrero de 2003, 6 de junio de 2003, 8 de julio de 2004 (las tres sobre polémica política).

Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las SSTS de 9 de septiembre de 1997 (que se refiere a expresiones de cierta agresividad permisibles en el contexto de la estrategia o dialéctica sindical); 13 de noviembre de 2002 (situaciones de tensión y conflicto laboral); 19 de julio de 2006 (sobre falsa imputación a otro sindicato de haber solicitado el voto para un partido político, entonces legal, que suscita un fuerte rechazo social por atribuírsele sintonía con una banda terrorista), 7 de julio de 2004 (a propósito de una rivalidad entre peñas deportivas), 23 de febrero de 2006, RC n.º 3718/2001 (a propósito de un comunicado en que se imputaba a un medio de comunicación haber exigido un canon periódico por mejorar la información de un Ayuntamiento, 2 de junio de 2009, RC nº 1532/2005, sobre un caso similar)" ;

3ª) La aplicación de esta doctrina -que ha sido ratificada por la sentencia de la misma Sala I de este Tribunal de 29/02/2012 (recurso 1378/2010 )- a las ya expuestas circunstancias del caso que aquí enjuiciamos, nos llevan a compartir el criterio y decisión de la sentencia de instancia, en cuanto a considerar, que si bien el contenido de las expresiones utilizadas por el Sindicato FAGSA con respecto al Sindicato UGT de Cataluña, en hojas informativas distribuidas a los trabajadores durante la campaña electoral sindical en los centros de trabajo de "El Corte Inglés", constituyen una crítica acerba, al hacerse eco de informaciones recogidas en medios de comunicación pero de forma más exagerada -y por ello, añadimos, conducta reprobable-, dichas expresiones, en el marco y contexto expuestos -no constituyendo un insulto "informal" de suficiente gravedad-, quedan también disminuidas en su carácter ofensivo, por lo que a juicio de la Sala no se ha producido la vulneración de los derechos y libertades fundamentales puestos en cuestión; y,

4ª)No obstante ello, la Sala no puede pasar por alto, las circunstancias -acreditadas- de que el Sindicato demandado FAGSA ha utilizado el logo y el diseño de la hoja editada por Sindicato UGT, cambiando su contenido por el de las ya señaladas "expresiones" origen de las presentes actuaciones, lo que no sólo es reprobable, sino también ilegítimo, por lo que, sin perjuicio de la ya señalada inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, cabe reservar al Sindicato recurrente la acción que en su caso pudiera ejercer por la vía del procedimiento ordinario."

La aplicación de las consideraciones expuestas al supuesto enjuiciado nos ha de llevar a descartar la vulneración de los derechos fundamentales que se denuncian sobre la base de las siguientes consideraciones:

1ª.- Consideramos, en primer lugar, que se parte por parte de los sindicatos actores de un error de enfoque en la demanda a la hora de denunciar la supuesta vulneración de su derecho al honor y a la libertad sindical, pues se pretende focalizar la cuestión en expresiones concretas que se contienen en determinados artículos y comunicados difundidos por CGT descontextualizándolos por completo en muchos casos, del resto del artículo satírico o del comunicado, y en todos los casos de la situación de conflicto laboral y sindical en el seno de la cual se profieren los mismos.

El correcto enfoque pasa, pues, por valorar las publicaciones y comunicados no sólo en su conjunto, sino también en el marco de la situación de conflicto laboral que se producen, esto es, en el seno de las negociaciones de un Convenio colectivo, fuertemente cuestionadas por CGT y otras representaciones sindicales en la consideración de que se recortan derechos de los trabajadores.

2ª.- Aun cuando en opinión de esta Sala apreciemos muchas de las expresiones que se contienen en los textos difundidos por CGT superan los límites del decoro y de la cortesía que, en un principio, sería conveniente que rigiesen las relaciones entre sindicatos, a nuestro juicio, dichas expresiones por muy inapropiadas que nos parezcan no aparecen desligadas de la situación de conflicto laboral en el seno de la cual se profieren como exige la doctrina constitucional arriba referida para que se exceda de los límites del derecho a la libertad de expresión en relación la libertad sindical.

Así a modo de ejemplo y descendiendo a examinar las calificaciones denunciadas siendo todas ellas del mismo patrón hemos de señalar que cuando al sindicato ATP SAe es referido en la Hoja del Viernes con el término "A tus pies", lo que se quiere, con mayor o menor acierto, es describir de forma irónica cual es, a opinión de CGT, cual es la disposición del referido sindicato a la hora de negociar con la empresa, igualmente, consideramos que referirse a los dos sindicatos actores como el "Duo Dinámico" por el hecho de mostrar una misma posición, o de utilizar términos descalificativos de "ladrones" o "jetas" cuando se denuncia que, a juicio de CGT, están priorizando los intereses de cada una de las organizaciones criticadas sobre los intereses de los trabajadores, no se están utilizando insultos ajenos a la situación de conflicto.

3ª.- Otra cuestión que debe ponerse de relieve es que los sindicatos, si bien no son entes públicos, son personas jurídicas a las que nuestro sistema constitucional otorga funciones esenciales para el normal desarrollo de nuestro sistema democrático - arts. 7, 28 y 37 CE- en orden a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, lo que hace que se actuación deba considerarse especialmente sujeta a la crítica, por muy mordaz que esta pueda ser, y al escrutinio público. Este argumento se refuerza aún más en el caso de CCOO al que dada su condición de sindicato más representativo a nivel estatal, el art. 6.3 de la LOLS le otorga una especial relevancia a su capacidad de actuación.

Enmarcándose pues en los hechos enjuiciados en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión de CGT no procede apreciar vulneración alguna de los derechos al honor y a la libertad sindical de los sindicatos actores, y ello, dejando al margen, pues no es competencia de esta Sala las imputaciones y calificaciones que recogen en el relato fáctico como efectuadas a título individual a personas concretas como son las contenidas en el HP 19º cuya valoración, como se ha razonado en el anterior fundamento derecho, excede la competencia objetiva de esta Sala.

QUINTO.-P or lo tanto, declararemos nuestra falta de competencia respecto de los pedimentos relativos a la tutela de los derechos de personas de personas individuales que se contienen en la demanda, y desestimando la demanda en cuanto al resto de peticiones.

SEXTO.-C ontra esta resolución cabe interponer con arreglo al art. 205 de la LRJS recurso de casación ordinario.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación