Sentencia Social 8/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 337/2025 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo previsto en los artículos 2 g) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación:

Los Hechos Primero, Segundo y Tercero son hechos conformes al ser reconocidos por ambas partes.

El Hecho Cuarto de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 3 a 7.

El Hecho Quinto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 67.

El Hecho Sexto de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 9.

El Hecho Séptimo de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 69 a 73.

El Hecho Octavo de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 10, 11 y 74.

El Hecho Noveno de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 12 y 13.

El Hecho Décimo de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 83 y 84.

El Hecho Decimoprimero de la fuente de prueba documental obrante en los descriptores 85 y 86.

El Hecho Decimosegundo de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 14.

TERCERO.-La cuestión objeto de controversia radica, a juicio del sindicato demandante, en el establecimiento de forma unilateral por parte de la empresa de unos criterios de llamamiento y de factores de ponderación de los mismos para los contratos fijos discontinuos distintos de los establecidos en el convenio colectivo de aplicación, que son los que deben ser aplicados, de suerte que, estando establecidos convencionalmente tanto los criterios como su ponderación, no puede la empresa modificarlos y, menos, de forma unilateral.

La empresa demandada se opone alegando que la pretensión contenida en la demanda parte de una doble premisa errónea, a saber: primera, ni se establecen criterios distintos, ni se introduce variaciones en su ponderación, como se sostiene de contrario, sino que los criterios de llamamiento y su ponderación se establecen para un supuesto no contemplado en el convenio colectivo, dado que éste último solo establece criterios de llamamiento para dos de los tres supuestos contemplados en la regulación del contrato fijo-discontinuo en el artículo 16 del ET, las actividades de campaña y los servicios en contratas y subcontratas, pero no se contempla en el convenio el supuesto de las actividades intermitentes; segunda, estos criterios de llamamiento y su ponderación no se imponen unilateralmente, sino que hay un proceso de negociación que no fructifica y, ante el bloqueo negocial que revela un evidente abuso de derecho, tras analizar las distintas posturas mantenidas en las reuniones, se establecen los criterios y ponderación controvertidos con carácter provisional.

Centrada la cuestión controvertida en los términos ut supra expuestos debemos analizar, en primer lugar, si la regulación convencional en materia de llamamiento y factores de ponderación se refiere o no a todos los posibles supuestos que permiten acudir al contrato fijo-discontinuo; y, en segundo lugar, debemos pronunciarnos sobre si es posible su imposición unilateral por parte del empresario.

El apartado 1º del artículo 16 del ET al configurar el contrato fijo-discontinuo distingue tres supuestos objetivos y uno subjetivo. En efecto, dejando a un lado el supuesto subjetivo consistente en la utilización de esta figura contractual por las empresas de trabajo temporal, en la delimitación objetiva se puede acudir a este tipo de contratos en los siguientes supuestos

a) "para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada";

b) "para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminado";

c) "para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas".

El III Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, que rige las relaciones laborales en la empresa, en su artículo 13 al regular el contrato fijo discontinuo establece, en su apartado 4º, que "la empresa que utilice la modalidad de contratos fijos discontinuos vinculados a campañas y servicios creará una bolsa de llamamiento a la que se incorporarán aquellas personas que se encuentren en situación de inactividad";explicitando un baremo y su ponderación para efectuar el llamamiento que está "compuesto por tres factores: a) 50% antigüedad, b) 10% formación c) 40% evaluación del desempeño que se aplicará de la siguiente manera: El llamamiento de las personas trabajadoras que formen parte de la bolsa de personal fijo discontinuo, se realizará en función del turno y jornada. En caso de igualdad de estas condiciones entre dos personas, se procederá al llamamiento de aquella que obtenga mayor puntuación en el baremo anteriormente descrito".

La confrontación de los supuestos previstos legalmente con los supuestos contemplados en el convenio colectivo, obliga a esta Sala a realizar una labor interpretativa de lo dispuesto en el artículo 13.4 del III Convenio colectivo estatal de contact center, teniendo presente la jurisprudencia sobre interpretación de convenios, expresada, entre otras muchas, en las SSTS de 11 de septiembre y 20 de marzo de 2024, ( Recs. 254/2022 y 76/2022), 19 de julio de 2023 (Rec. 16/2021), 104/2020, 21 y 15 de diciembre de 2020 ( Recs. 76/2019 y 80/2019), 13 de octubre de 2020 (Rec. 132/2019), 1 de julio de 2020 (Rec. 223/2018) y 5 de febrero de 2020 (Rec. 3174/2017), con relación al "carácter mixto del convenio colectivo -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- cuya interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la interpretación de los contratos, esto es: los artículos 3 , 4 y 1281 a 1289 Código Civil ( CC ), junto con el principal de atender a las palabras e intención delos contratantes, pues no hay que olvidar que el primer canon hermenéutico en la exégesis de los contratos -naturaleza atribuible al convenio colectivo - es "el sentido propio de sus palabras" [ artículo 3.1 CC ], el "sentido literal de sus cláusulas" [ artículo 1281 CC ], que constituyen "la principal norma hermenéutica -palabras e intención de los contratantes-" ( STS 01/07/94 -rec. 3394/93 -), de forma que cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación. Atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y normade origen contractual), su interpretación debe hacerse utilizando los siguientes criterios: 1º) La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( artículos 3.1 y 1281 CC ). 2º) La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( artículos 3.1 y 1285 CC ). 3º) La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( artículos 3.1 y 1282 CC ). 4º) La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( artículos 3.1 , 1281 y 1283 CC ).5º) No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable. 6º) Los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el espigueo".

Si nos fijamos en el artículo 13.4 del convenio estatal de contact center, el baremo y su ponderación se establece, literalmente, para los contratos fijos-discontinuos vinculados "a campañas y servicios",delimitación objetiva amplia que, a juicio de esta Sala, permite incluir los tres supuestos objetivos previstos en el artículo 16.1 del ET.

El término "campaña"tanto se puede referir a los "trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada"-primer supuesto legal-, habiéndose denominado tradicionalmente a algunos de los trabajos de naturaleza estacional o de temporada también trabajos de campaña, como a "trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas"-tercer supuesto legal-, no siendo infrecuente recurrir a esta modalidad contractual para la prestación de servicios para una campaña concreta.

El término genérico "servicios"sin mayor concreción puede referirse tanto a trabajos que "siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminado"-segundo supuesto legal- como a trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas"-tercer supuesto legal-. La interpretación sostenida por la empresa de no contemplarse en el convenio el supuesto de las prestaciones intermitentes se basa en la asimilación del término "servicio"exclusivamente al supuesto de la utilización del contrato fijo-discontinuo en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de una contrata; pero esta interpretación solo sería admisible si en el precepto convencional se estableciese expresamente que la bolsa de llamamiento se creará cuando el contrato se "vincula a servicios en el marco de la ejecución de contratas",pero eso no es lo que dice el precepto convencional que solo habla de contratos fijos-discontinuos vinculados a "servicios"; expresión genérica que no puede circunscribirse única y exclusivamente a los servicios prestados en el marco de una contrata, sino que permite incluir, como ya hemos indicado, los servicios realizados en trabajos de prestación intermitente.

Además, en contra de lo alegado por la representación letrada en el acto de la vista oral, los criterios de llamamiento y los factores de ponderación establecidos unilateralmente por la empresa no lo son únicamente para el supuesto de prestaciones intermitentes, porque la literalidad del procedimiento comunicado finalmente establece que "[...] viene a establecer los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas contratadas de acuerdo a lo establecido en el párrafo primero del art. 16 del Estatuto de los Trabajadores , esto es, el de aquellas personas contratadas para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados";es decir, se establecen para los dos supuestos legales ya referenciados ut supra, las actividades estacionales o de temporada y las prestaciones intermitentes.

Descartada que la decisión empresarial se encuentre ajustada a Derecho por lo expuesto ut supra, ex abundatia, ante las alegaciones de la empresa demandada, tendentes a justificar la validez de su decisión, concretadas en que tras la apertura de un proceso de negociación para el establecimiento de una serie de criterios y su ponderación para llevar a cabo el llamamiento en los supuestos de contratos fijos-discontinuos para prestaciones intermitentes, se produce un bloqueo negocial que denota un negociación de mala fe porque, en esencia, algunas representaciones mostraron una postura inmovilista alegando que lo que se trataba de negociar ya estaba contemplado en el convenio sectorial y otras representaciones solicitaron el reconocimiento de cuestiones ajenas al objeto de la negociación; de suerte que solo después de constatarse ese bloqueo negocial, la empresa decide establecer los criterios y su ponderación con carácter provisional; esta Sala debe realizar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, debemos advertir que los criterios de llamamiento y su ponderación no se comunican a la representación social con carácter provisional sino que se consideran definitivos, como se desprende del correo remitido el 19 de septiembre de 2025 por el Departamento de Relaciones Laborales a la representación de los trabajadores en el que se comunica que "una vez finalizado el periodo de consultas, y tras haber revisado los informes recibidos, se adjunta procedimiento definitivo que se aplicará a partir de la próxima semana al personal contratado bajo esta modalidad";no encontrándose a lo largo de dicho correo ninguna manifestación expresa de que dichos criterios y su ponderación fueran provisionales.

En segundo lugar, debe llamarse la atención que no se aprecia del contenido de las actas del proceso negociador la mala fe y abuso de derecho que se imputa a las representaciones de los trabajadores que originan el supuesto bloqueo negocial, concretadas en su inmovilismo a no negociar; dado que lo que sucede es que desde la primera reunión la mayoría de las representaciones manifiestan que el supuesto ya está contemplado en el convenio sectorial estatal y consideran que ya no es necesario una regulación, asistiéndoles el derecho a sostener dicha interpretación sin que ello suponga una actitud inmovilista, estamos ante una actitud amparada en un razonamiento jurídico, que podrá ser discutido por la empresa, pero que no es ni arbitrario ni ilógico.

En tercer lugar, tampoco parece ilógico que en el devenir de la negociación algún sindicato haga propuestas no vinculadas con el objeto de la negociación si tenemos en cuenta que estos sindicatos parten de la premisa de considerar que el supuesto ya estaba regulado, de suerte que es perfectamente entendible pensar que si un sindicato considera que no es necesario negociar los criterios de llamamiento y, la empresa si lo considera necesario, aquel traiga a la negociación otros aspectos que sí entiende necesarios negociar, y a la empresa le pueda parecer que no son necesarios.

Finalmente debemos señalar que el hecho de que la empresa incorpore a su decisión final alguna de las propuestas formuladas durante la negociación por alguna de las representaciones sociales no enerva la falta de acuerdo exigida en el artículo 16 del ET para la fijación de los criterios de llamamiento, porque lo cierto y probado es que dicho acuerdo no se alcanzó y, existiendo ya regulación convencional habrá que estar a ella.

En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, esta Sala debe concluir que la regulación convencional sectorial estatal establece los criterios de llamamiento y los factores de ponderación para todos los supuestos legales previstos en el artículo 16.1 del ET, lo que nos conduce a estimar la demanda por cuanto que los criterios comunicados por la empresa ya están previstos en el convenio sectorial estatal de contac center, y no han sido objeto de acuerdo, sino establecidos unilateralmente por el empresario.

CUARTO.-Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS.

En virtud de lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación