Sentencia Social 174/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 294/2024 de 16 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-El sindicato demandante impugna el laudo arbitral de fecha 16 de julio de 2024 por considerarlo contrario a la legalidad vigente. Y ello por tres argumentos diferenciados, que se concretan en la fundamentación jurídico-material expresada en la demanda. De una parte, por la vulneración del principio de legalidad del artículo 9.3 de la CE y de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003, al no concurrir los presupuestos exigidos en tal norma y, específicamente, dada la existencia de una normativa vigente (el Convenio de 2010 en situación de ultraactividad) junto con diversos Convenios de ámbito autonómico. De otra, la vulneración de la tutela judicial efectiva del art.24 de la Constitución y del derecho a la negociación colectiva del art.37.1 de ese mismo texto; al considerar que los pronunciamientos judiciales obtenidos en distintos territorios, con mención especial a la normativa convencional de Castilla y León, quedarían vaciados de contenido si se atendiera a lo resuelto por el laudo, sin que el mismo haya fundamentado la inexistencia de normativa convencional que justifique la aplicación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/003). Por último, en tercer lugar y en relación al contenido del laudo dictado en equidad, por vulneración del art.34 ET y de la Directiva 2003/88/CE. Y ello al reiterar que la normativa establecida por parte del árbitro choca frontalmente con aquella regulación al eludir la aplicación de la normativa convencional vigente.

A la vista de tales argumentos, que son los únicos expresados en el escrito que ha dado origen al presente procedimiento, y antes de examinar el fondo del asunto, es preciso dar respuesta a la excepción de variación de los términos de la demanda planteada por las representaciones de ANEA y AGETRANS. Y ello, fundamentalmente, dada la posición del sindicato que se ha adherido a la demanda y por si, con las alegaciones posteriores a tal alegación, se estuvieran introduciendo en el debate cuestiones no contenidas en la demanda de CGT.

Pues bien, recordemos a este respecto lo que ya señaló el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 24 de octubre de 2017, rec.107/2017, en materia de adhesión a la demanda:

"[...] En diversas sentencias (...) hemos precisado el alcance de la intervención adhesiva que nuestras leyes procesales permiten. Así, por ejemplo, en SSTS 2 diciembre 2014 (rec. 97/2013 ), 28 enero 2015 (rec. 16/2014 ) o 422/2017 de 12 mayo ( rec. 210/2015 ), se contiene la siguiente doctrina: La intervención, obviamente "adhesiva" (así es calificada por los propios sindicatos cuando en el acto del juicio, tal como constata el acta extendida al efecto, expresaron su adhesión a la demanda) pero no autónoma porque su acción propia podría incluso haber caducado, como también parecen admitir la sentencia recurrida y la empleadora en su escrito de impugnación, no obstante, les impone ciertas limitaciones: evidentemente, su posición está subordinada a la del demandante y, aunque podrán hacer las alegaciones que tengan por conveniente e incluso proponer pruebas, lo que no podrán hacer es, mediante ninguno de esos dos mecanismos (alegaciones y pruebas), variar el contenido de la pretensión ni hacer modificaciones sustanciales a la demanda, pues eso no lo puede hacer ni siquiera el propio demandante principal ( art. 85.1 in fine LRJS ). Lo contrario podría producir indefensión"[...].

Pues bien, a la vista de tales argumentos la excepción planteada debe ser estimada en relación a los argumentos que pretende hacer valer el sindicato CSIF. Así, las cuestiones relativas a la consideración de las ambulancias como centro de trabajo o como servicio, la normativa anterior a la Ley 55/2003 aplicable a los conductores de ambulancias o los requisitos de formación relativos a los mismos ya se expresaron por aquel sindicato ante el árbitro y fueron objeto de resolución expresa en el laudo arbitral (fundamento cuarto, págs.7 y 8). Y frente a tal decisión el sindicato CSIF no impugnó el laudo. La introducción sorpresiva de esos mismos argumentos en un procedimiento en el que se ventilan las pretensiones antes expresadas por CGT en la demanda (por mucho que esta última haga suyos los argumentos de CSIF en fase de conclusiones) no puede ser admitida pues con ello se generaría indefensión a las demandadas, que comparecen a la vista para oponerse a las pretensiones contenidas en la demanda y no para defender cualesquiera otras pretensiones relacionadas con el laudo y que no habían sido cuestionadas hasta el momento de la adhesión.

En definitiva, la presente resolución habrá de limitarse a las citadas pretensiones contenidas en la demanda, sin incluir cuestiones ajenas a la misma, como las planteadas por CSIF en su fase de alegaciones. Ahora bien, la estimación de la excepción no puede alcanzar a la CGT pues la misma matiza en la fase de contestación a la excepción su posición remitiéndose a los motivos de ilegalidad contenidos en la demanda misma (indebida aplicación al sector de la disposición adicional 2ª de la Ley 55/2003).

CUARTO.-Como cuestión previa al análisis de los tres motivos por los que se interesa la nulidad del laudo por infracción legal (relacionados todos ello, como veremos), hemos de determinar la normativa que resulta de aplicación paras resolver el presente litigio.

La primera norma a tener en cuenta es el apartado 4 del art. 65 LRJS que dispone que: "Las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se sustanciarán, a instancia de los interesados, por los trámites del procedimiento ordinario, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas . La acción caducará en el plazo de treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, desde la notificación del laudo".

Por otro lado, y a fin de dar cobertura a aquellas lagunas que pudiera presentar la normativa laboral, debemos señalar que resultan de aplicación supletoria los preceptos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, debiendo traerse a colación al respecto lo que argumentaba esta misma Sala en su sentencia de 2-11-2012 - proceso 178/2012 - donde referíamos: "La Ley 60/2003, de Arbitraje, no es aplicable a los arbitrajes laborales, porque así lo dispone expresamente el apartado cuarto de su art. 1. Sin embargo, el apartado tercero del mismo precepto indica que "Esta Ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras Leyes", precisando la Exposición de Motivos que "esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto, íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulación especial; pero también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad". Por tanto, está claro que hemos de acudir a esta norma para integrar las lagunas que presenta la parca y difusa regulación laboral del arbitraje. Su art. 24 contempla los principios de igualdad, audiencia y contradicción en la sustanciación de las actuaciones arbitrales, y sostiene que "deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos". En este sentido, la STSJ Navarra de 29-1-99 precisa que "el arbitraje laboral carece de una regulación sustantiva, limitándose en las leyes laborales el tratamiento de la cuestión a referencias al procedimiento arbitral, sin establecerse un régimen unitario de los recursos pertinentes frente a los Laudos arbitrales. (...) Pero por ser el laudo ejecutable ante la jurisdicción ordinaria ( artículo 52 de la Ley de Arbitraje ), y por producir efecto de cosa juzgada (artículo 37), la actividad arbitral está bajo la tutela de los Tribunales, que están llamados a controlar y velar por los principios básicos de procedimiento: el principio de contradicción, y el cumplimiento de las garantías sustanciales y formales del proceso, que son de Orden Público (artículo 45). En particular, está llamada la jurisdicción a controlar que no haya contravención del contrato de arbitraje, y a salvaguardar las garantías esenciales del procedimiento: referentes a los principios de contradicción, prueba suficiente, congruencia, e inmodificabilidad del laudo. "En la SAN de 1-11-04 se expresa que "la impugnabilidad de los laudos por el fondo no los hace inmunes a quebrantamientos formales generadores de indefensión, porque el laudo, para ser válido, deberá ajustarse a las prescripciones de la Ley 86/88 (hoy sustituida por la Ley 60/2003) -art. 3.1.0 - y cabe su anulación -art. 45 de la misma- en los supuestos que la propia norma prevé"[...]".

A la vista de dicha normativa debe decidirse sobre la infracción legal que se hace valer en la demanda en primer lugar por la aplicación, que se afirma indebida y no ajustada a derecho, de la disposición adicional segunda de la Ley 55/2003. Y para dar respuesta a tal cuestión el punto de partida ha de ser la situación el sector tras los pronunciamientos judiciales, de esta Sala y del Tribunal Supremo, al respecto tanto del Convenio estatal del año 2010 como del suscrito en el año 2020. El Convenio Colectivo de 2010, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2011, establecía en su capítulo VII una regulación de la jornada de trabajo en atención a las posibilidades que permitía el Real Decreto 1561/1995, sobre Jornadas Especiales de Trabajo, para el sector de Transporte Terrestre. Y ello teniendo en cuenta la necesidad de prestar el servicio 24 horas al día durante todos los días del año, al tratarse la actividad regulada en dicho convenio colectivo de ámbito estatal de un servicio esencial y crítico.

Tras la pérdida de vigencia del citado Convenio Colectivo se inició la negociación de un nuevo Convenio Colectivo de sector, que finalmente sólo fue firmado por uno de los Sindicatos mayoritarios que lo negociaron (UGT), y siendo impugnado por el Sindicato Comisiones Obreras, declarándose su naturaleza extraestatutaria por Sentencia de esta Sala de fecha 22 de julio de 2021. Tal resolución fue confirmada por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2024, rec. 328/2021. En cualquier caso, en ese Convenio de 2020 también se incluía una regulación de jornada vinculada a las posibilidades previstas en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre Jornadas Especiales.

Esto es, durante la vigencia de los indicados convenios colectivos se vino aplicando de manera pacífica la jornada pactada en línea con lo permitido por el citado RD 1561/1985, sobre Jornadas Especiales, estableciéndose una clara distinción entre los tiempos de prestación efectiva de trabajo y los tiempos de presencia ( art. 10.4 del RD 1561/1995, de 21 de septiembre). Es clara esa vinculación con la distinción entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia en el art.51.2 del Convenio de 2010.

Tal situación, sin embargo, cambia tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo iniciados con la Sentencia de 17 de febrero de 2022. A partir de este pronunciamiento, modificando el criterio seguido hasta esa fecha, declaró que no era de aplicación en el sector de ambulancias el citado RD 1561/1995 de manera que todos los tiempos de presencia que se estaban realizando dejaban de tener la cobertura prevista en la Subsección Segunda de la Sección cuarta del Capítulo segundo de la citada norma reglamentaria. Tal criterio se ha mantenido por el Alto Tribunal en Sentencias de 22 de noviembre de 2022, rec. 3318/2021, y de 7 de junio de 2023, rec. 221/2021.

Ese es el punto de partida examinado por el laudo que examina de forma detallada el alcance de aquellos pronunciamientos sobre la regulación del sector. Así puede observarse en los antecedentes (páginas 1 a 3) y en la fundamentación (página 6). Y, pese a la constitución de la comisión negociadora del convenio estatal en septiembre de 2022, no constan avances en dicha negociación, hasta el punto de que la Federación Nacional de Empresas de Ambulancias plantea demanda de Conflicto Colectivo ante esta misma Sala interesando la aplicación de lo dispuesto en la citada disposición adicional 2ª de la Ley 55/2003. En definitiva, si la normativa anterior vinculada al RD 1561/1995 no resulta aplicable, se trataría de determinar si cabe la aplicación al sector de lo dispuesto en materia de jornada en la disposición adicional 2ª de la citada Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El tenor literal de la citada disposición es el siguiente:

"Jornada y descansos de los centros del Sistema Nacional de Salud.

El régimen de jornada y de descansos establecido en la sección 1.a del capítulo X de esta ley será de aplicación al personal sanitario a que se refiere el artículo 6, sea cual sea el vínculo jurídico de su relación de empleo, de los centros y servicios sanitarios gestionados directamente por los servicios de salud.

Asimismo, dicho régimen será de aplicación, bien con carácter supletorio en ausencia de regulación sobre jornada y descansos en los convenios colectivos en cada caso aplicables, bien directamente si la regulación de esta ley resulta más beneficiosa que las previsiones de dichos convenios, al personal de los centros vinculados o concertados con el Sistema Nacional de Salud, cuando tales centros estén formalmente incorporados a una red sanitaria de utilización pública".

Y el laudo expone de manera detallada los argumentos que llevan a la aplicación provisional de tal disposición, en su apartado segundo, en materia de jornada y en el ámbito del Convenio colectivo estatal de transporte por carretera de enfermos y accidentados y en el marco de las relaciones contractuales que las empresas del sector mantengan con el Sistema Nacional de Salud. Y ello excluyendo, pues así lo pactaron todas las partes intervinientes en el procedimiento arbitral, cuestiones relacionadas con la concurrencia de otros Convenios de ámbito inferior al estatal. Tales argumentos deben ser compartidos por esta Sala. Esto es, el Tribunal Supremo ya ha resuelto que en este sector de ambulancias no son de aplicación las especialidades y excepciones en materia de jornada previstas tanto en el Reglamento de Jornadas Especiales como de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo previstas para el transporte por carretera. Pero ello no excluye la posibilidad de aplicación de la disposición adicional 2ª de la Ley 55/2003 al servicio de transporte por carretera de enfermos y accidentados si así se pacta en negociación colectiva (lo que en el ámbito estatal aún no ha sucedido) o si, con valor de Convenio colectivo, lo fija el laudo, como ha sucedido. Y ello sin que pueda compartirse el argumento contenido en la demanda relativo a la existencia de una normativa estatal vigente (el Convenio de 2010, en situación de ultraactividad) que excluya la aplicación de la citada disposición -y, por extensión, el régimen previsto en la sección 1.a de su capítulo X- a las empresas de transportes de ambulancias incluidas dentro del ámbito de aplicación del convenio estatal, en la medida en que tal regulación sea respetuosa con las previsiones contempladas en la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo. Resulta a este respecto significativo que el sindicato ahora demandante impugnara el Convenio del año 2010 ante esta misma Sala (autos nº 227/2022) precisamente en lo relativo a la jornada prevista en dicha norma. Y tampoco puede ser motivo de ilegalidad el hecho de que exista normativa convencional de ámbito autonómico distinta (hechos probados 11º y 12º) pues la cuestión relativa a la posible concurrencia de Convenios quedó expresamente excluida del compromiso arbitral.

Por lo expuesto, el primer bloque argumental contenido en la demanda debe ser rechazado.

Se alega por la demandante que el contenido del laudo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la negociación colectiva de los arts.24 y 37.1 CE. Y ello, en definitiva, al vaciar de contenido pronunciamientos judiciales anteriores. Pues bien, tal cuestión está directamente relacionada, como reconoce la parte, con la existencia o inexistencia de normativa convencional que justifique la aplicación de la Ley 55/2003. Y si existe un bloqueo negocial y pronunciamientos reiterados de la Sala IV que descartan la aplicación al sector del RD de Jornadas Especiales en materia de transporte por carretera, nada impide que las partes se sometan al arbitraje para resolver, de manera provisional y transitoria, el régimen de jornadas de trabajo de aquel personal en tanto se avanza en la negociación colectiva. Ello en nada afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de la parte o su derecho a participar, si se cumplen con los requisitos formales para ello, en la negociación del Convenio estatal. A ello debe añadirse que, como antes también se ha apuntado, el hecho de que existan pronunciamientos judiciales firmes relativos a los Convenios autonómicos no afecta a la regulación del Convenio estatal, directamente afectado por los pronunciamientos del Supremo que declaran como no aplicable la normativa en materia de jornada prevista en el sector del transporte por carretera. De ahí que el segundo argumento contenido en la demanda también deba ser rechazado.

Y, por último, se sostiene por el sindicato demandante que el régimen de aplicación indicado por el árbitro en la parte del laudo en equidad resulta contraria al art.34 ET y a la Directiva 2003/88/CE. Con independencia de que no se cite como infringido precepto alguno de esta última, lo cierto es que los criterios del laudo son claros al respecto. La Directiva permite para el servicio de ambulancias unas jornadas de trabajo y de su distribución más amplia a la general prevista para el conjunto de los sectores y actividades. En concreto, conforme al art. 17.3 de la Directiva, se admite que se establezcan excepciones a lo contemplado en los artículos 3 (descanso diario), 4 (pausas), 5 (descanso semanal), 8 (duración del trabajo nocturno) y 16 (período de referencia) de la misma Directiva. Eso habilita a que la Ley 55/2003 un régimen más amplio respecto de cada una de estas materias. Y si, como antes se ha señalado, nada impide la aplicación provisional de dicho régimen al sector del Convenio estatal no cabe afirmar, de forma genérica, que concurran infracciones que puedan determinar la anulación del laudo.

En definitiva, no apreciándose las causas de nulidad pretendidas en la demanda al laudo arbitral debe ser confirmado.

QUINTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto