Sentencia Social 176/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 235/2024 de 16 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

TERCERO.-Expuestas las posiciones de las partes en el antecedente fáctico tercero, hemos de señalar que esta Sala ya se ha pronunció respecto de las mismas y en base a hechos similares en nuestra SAN de 1-10-2.024- proc. 310/2020 y acumulados - donde se resolvían, como en el presente caso, demandas de tutela de los derechos fundamentales interpuestas por CNT frente a diversas organizaciones sindicales como las hoy demandadas que encontrándose desfederadas de la CNT o no habiendo pertenecido nunca a la misma utilizaban sus siglas, denominación, y símbolos, así como en determinados casos sus locales, y todo ello bajo el paraguas de una entidad no constituida como sindicato denominada CNT-AIT.

Partiendo de lo anterior, los letrados de las demandadas se han remitido a la contestación a la demanda que efectuaron en el procedimiento anterior en cuanto a la cuestión de fondo que se suscita y en cuanto a la prescripción de la acción ejercitada, si bien, adaptándola al relato fáctico de las presentes actuaciones.

CUARTO.-Resulta preciso analizar en primer lugar la excepción de prescripción de la acción que se invoca por las demandados alegado que el plazo de prescripción de un año que por norma general tiene las acciones sociales debe computar a partir del momento en que los sindicatos demandados se desfederaron de CNT, abandonaron la misma o se constituyeron de forma independiente utilizado su denominación, pues es desde momento de cuando pudo ejercitarse la acción de tutela de la libertad sindical.

Como se ha anunciado dicha cuestión ya fue objeto de resolución en nuestra SAN de 1-10-2024 donde al respecto razonábamos lo siguiente:

"Recordemos en este punto que el ejercicio de la acción de tutela no está sujeto a un plazo especial de prescripción o caducidad, sino que se tienen en cuenta los plazos que estén previstos para las acciones derivadas de las conductas o actos en que se concreta la lesión del derecho fundamental o libertad pública. Los derechos fundamentales son permanentes e imprescriptibles, lo que es compatible con la circunstancia de que el ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción para reaccionar frente a su lesión ( TCo 7/1983 ). La prescripción juega sobre el ejercicio de la acción para reclamar frente a la lesión producida a los mismos. Los derechos son imprescriptibles y se pueden seguir haciendo valer en relación con cualquier otra lesión futura, pero no lo son las acciones de impugnación de los actos concretos que atentan contra ellos. El derecho fundamental no puede ser considerado en abstracto, sino en función de cada una de las situaciones jurídicas concretas en que entre en juego y por ello, en conexión con los ámbitos normativos que regula cada una de aquellas ( TCo 15/1983 ; 58/1984 ; 15/1985 ; 7/1989 ).

En el supuesto de que la conducta antisindical, o contraria a un derecho fundamental, se desarrolle de modo continuado, la producción de lesiones sucesivas implica el nacimiento de plazos también diferentes para accionar frente a las mismas. En los supuestos de actos que no deriven de los empresarios, sino que los actos estén causados por otros sujetos, no existe ninguna norma que concrete el plazo para el ejercicio de la acción de tutela. Se considera excesivo el plazo general de cinco años para las acciones que no tienen establecido plazo especial ( art.1964 CC ). La mayor adecuación la ofrece el plazo anual para las acciones derivadas del contrato de trabajo ( art.59 ET ). En ese sentido, debe fijarse analógicamente en un año el plazo de prescripción para el ejercitar ante la jurisdicción social las acciones derivadas de las relaciones entre el sindicato y sus afiliados que no tengan fijado otro plazo especial directa o analógicamente ( TS 2-11-99, rec. 4225/1998 ) y también para el caso de la relación colectiva entablada entre un sindicato y una entidad empleadora en el ejercicio de las funciones representativas del primero (TS 26-1-05, rec. 35/2003).

En ese mismo sentido se pronuncia la reciente Sentencia TS 11-6-24, rec. 14/2022 , por cuanto se indica que "La STS 524/2024 de 3 de abril (rcud. 5599/2022 ), seguida por otras, al resolver cuándo comienza a computar la prescripción ante un escenario en el que se está ante una conducta reiterada de vulneración de derecho fundamental -en ese caso a la igualdad retributiva- , entiende que deberá iniciarse desde el momento en que finalice tal quebranto, pues mientras "se siga produciendo la vulneración del derecho fundamental no habrá comenzado el cómputo del plazo de prescripción de las indemnizaciones derivadas de tal conducta"[...]".

Desde el momento en que la vulneración del derecho fundamental que se denuncia persiste en la actualidad como de hecho se reconoce por los demandados, la excepción de prescripción debe rechazarse.

QUINTO.-Resuelto lo anterior, la cuestión de fondo que se suscita no es otra que determinar si el uso de las siglas "CNT" en la denominación de los sindicatos demandados, así como el de sus símbolos, y la supuesta adhesión de todos ellos a una entidad denominada CNT AIT constituye una lesión del derecho a la libertad sindical de CNT, cuestión esta que ya fue resuelta en nuestra SAN de 1-10-2024 razonándose al efecto lo siguiente:

"Llegado s a este punto es preciso dar respuesta a la concreta acción ejercitada, que no es otra que la de tutela de derechos fundamentales. Se trata, por tanto, de determinar si la conducta de las demandas constituye o no un supuesto de vulneración de la libertad sindical del Sindicato demandante. A este respecto conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020 :

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas " CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante. De ahí que la demanda deba ser estimada."

Pues bien, siendo tales razonamientos perfectamente extrapolables a las presentes actuaciones en las que los sindicatos demandados o no han formado parte nunca de la actora, o bien se han desfederado de la misma o la han comunicado que la abandonan, resulta que el uso por parte de los mismos de la denominación CNT y el hecho de conformar entre todos ellos de facto una entidad que actúa a modo de "confederación" o "coalición" de facto, que gira sobre las mismas siglas vulnera el derecho a la libertad sindical de la actora.

SEXTO.-Constatada la lesión del derecho de libertad sindical dispone el art. 182.1 de la LRJS:

"1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183".

Por aplicación de este precepto procede estimar la demanda en el sentido de declarar la existencia de una vulneración del derecho a la libertad sindical de CNT y condenar a las demandadas al cese de tal conducta en los términos interesados (reflejados ahora en el Fallo).

Es preciso, por último, dar respuesta a la pretensión indemnizatoria recogida en cada una de las demandas acumuladas (por importe de 50.000 € a cada una de las demandadas). Al respecto y como hicimos en la SAN de 26-1- 2023- proc. 315/2022- hemos de señalar que:

"Respecto del resarcimiento de daños y perjuicios el art. 183.1 de la LRJS dispone que "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados".

En este sentido cabe señalar que la doctrina general de la Sala IV expresada en la STS de 24-10-2019 -rec 12/2019- con relación al resarcimiento de daños y perjuicios que expresa lo siguiente:

"Una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales es la que lleva a cabo la STS 13 de diciembre de 2018, Recurso: 3/2018 : tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 - rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 - rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente -, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el presente caso, y a falta de otras circunstancias que permitan afirmar la existencia de una mayor gravedad, resulta prudente, sin embargo, minorar el importe de la reclamación indemnizatoria recogida en la demanda. Esto es, la existencia de un enfrentamiento continuado en el tiempo entre las partes en relación al uso de denominaciones, siglas e, incluso, locales sindicales, así como la de discrepancias de naturaleza ideológica respecto del movimiento anarcosindicalista no permiten apreciar una conducta temeraria por parte de las demandadas que haga acreedor al Sindicato demandante de una indemnización como la pretendida en demanda. De ahí que la Sala estime proporcional a la gravedad de la conducta apreciada el reconocimiento de una indemnización derivada de la vulneración del derecho a la libertad sindical por importe de 2.000 € a cada una de las codemandadas.

SÉPTIMO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la presente resolución no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación