Sentencia Social 64/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 105/2025 de 16 de mayo del 2025

PRIMERO.-,La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ,.

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que en las mismas se citan.

En orden a la motivación fáctica hemos de señalar que ninguna consecuencia en orden a la fijación de los hechos probados debe conceder la Sala a la testifical practicada a instancias del sindicato actor ya que las personas que han de puesto han reconocido su condición de afiliados al mismo y su manifiesto interés expresado en obtener una sentencia favorable a las peticiones del mismo.

TERCERO.-Expuestas las posiciones de las partes en el tercero de los antecedentes fácticos de la presente resolución la primera cuestión que debe ser resuelta es la excepción de falta de legitimación activa que se ha esgrimido por parte del Abogado del Estado respecto del sindicato actor pues considera que carece de una implantación suficiente en el ámbito del presente conflicto que se plantea que afecta a la totalidad de la sociedad mercantil estatal Logirail.

Para resolver la excepción y como hicimos en nuestra SAN de 6-11-2.024- proc. 268/2024- debe resaltarse que la doctrina de la Sala IV del TS- por todas Ss TS 15-6-2.021- rec 85/2019 -,y de 14-4-2.021- rec. 1/2020 -a la hora de interpretar el concepto de implantación a que se refieren los arts. 17.2 y 154 de la LRJS en orden a conceder legitimación a las organizaciones sindicales para promover conflictos colectivos, destaca que en cuanto que implican el desarrollo de parte del contenido esencial del derecho de libertad sindical ( art. 2.2 d) de la LOLS) cual es la promoción de conflictos colectivos, debe mantenerse una línea proactiva es orden a reconocer legitimación a cualquier organización sindical que acredite una mínima implantación en el ámbito del conflicto - así en la última de las resoluciones que se citan se reconoce legitimación, corrigiendo el previo criterio de esta Sala, a una organización que cuenta tan solo con un representante unitario en una empresa que explota 14 centros de trabajo.

La aplicación de tal doctrina hizo que en la resolución que acabamos de citar admitiésemos que un sindicato que ostentaba el 0.94 por ciento de la representación en una empresa tuviese legitimación para promover conflictos colectivos en dicho ámbito, por lo que elementales razones de respeto al propio precedente nos han de llevar a rechazar la excepción toda vez que el sindicato SFI según reconoce la propia LOGIRAIL es bastante superior a ese 0,94 por ciento alcanzando el 8 por ciento de los representantes electos.

CUARTO.-El primer argumento que se esgrime por SFI para postular la aplicación en la empresa LOGIRAIL del III Convenio colectivo de RENFE es que el mismo Convenio los incluye dentro de su ámbito de aplicación en su cláusula 2ª.

Si se tiene en cuenta que el art. 82.3 E.T encomienda a los sujetos negociadores la fijación del ámbito de aplicación de los Convenios colectivos, la primera cuestión que debemos resolver es si el meritado III Convenio colectivo de RENFE incluye en su ámbito de aplicación al personal de LOGIRAIL y para ello no basta con efectuar como se hace por SFI una lectura sesgada de las previsiones de la segunda de sus cláusulas, sino que la misma debe ponerse en relación con lo dispuesto en la cláusula precedente, y por ello procederemos a reproducir ambas:

"Cláusula 1.ª Objeto.

El presente convenio colectivo, denominado III Convenio colectivo del Grupo Renfe tiene por objeto regular las relaciones de trabajo del grupo laboral de empresas formado por la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Renfe Viajeros, S.M.E., SA, Renfe Mercancías S.M.E., SA, Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., SA, y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.M.E., SA (en adelante, Grupo Renfe), con las excepciones que se determinan en la cláusula 2.ª

Cláusula 2.ª Ámbito territorial y personal.

Este convenio colectivo es de ámbito estatal y afectará a todas las personas trabajadoras pertenecientes al Grupo Renfe.

Queda excluido del ámbito del convenio colectivo las personas trabajadoras pertenecientes (o encuadradas) en el colectivo de Estructura de Dirección.

La Estructura de Dirección se divide en dos niveles:

- Alta Dirección: Con carácter general no exclusivo, constituyen este nivel las personas que desempeñan puestos del primer nivel de responsabilidad del organigrama general del Grupo Renfe, en dependencia directa del Presidente. Son los Directores Generales de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora y los Directores Generales de las Sociedades Mercantiles Estatales. Todos los anteriores conforman el equipo directivo del Grupo Renfe.

- Dirección: Con carácter general no exclusivo, forman parte de este nivel las personas que, no conformando el equipo directivo, realizan tareas con iniciativa y responsabilidad directa sobre el área funcional que se les encomiende. Desempeñan puestos de gestión de Director, Gerente de Área, Gerente, Jefe de Área y Jefe, así como aquellos que, con otras denominaciones, puedan durante la vigencia del presente convenio colectivo sustituir o complementar a los citados.".

En orden a proceder a la interpretación de dichas cláusulas del Convenio colectivo debemos recordar la consolidada jurisprudencia, por todas SSTS de 21 de mayo de 2024 (rec. 93/2022 ), 14 de septiembre de 2023 (rec. 94/2021 ), 23 de febrero de 2021 (rec. 60/201 ), 13 de octubre de 2020 (Rec.132/2019 ), 22 de octubre de 2019 (rec. 78/2018 ), de la que no puede apartarse esta Sala, en relación a la interpretación de los Convenios colectivosque deberá operarse atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC) , al criterio sistemático, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) ; criterio histórico, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) , el criterio finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) y la realidad social del tiempo en que se han de aplicar ( art 3 CC) .

La aplicación de tales criterios nos ha de llevar a rechazar la interpretación que postula SFI que desde ya expresa la Sala que se aparta manifiestamente de lo estipulado por los negociadores del III Convenio colectivo del Grupo RENFE.

En efecto, circunscribiéndonos exclusivamente a una interpretación literal o gramatical de las cláusulas 1ª y 2ª del III Convenio del Grupo RENFE resulta que la misma se aplica únicamente a aquellos trabajadores que formen parte del grupo laboral de empresas definido en la cláusula 1ª entre las que no se encuentra Logirail pues expresamente se definen en tal precepto.

Por otro lado, y partiendo que el grupo laboral no es sino una subespecie del grupo mercantil de empresas al que hace referencia el art. 42 del Código de comercio, lo cierto es que ni de los hechos que se invocan en la demanda, ni del resultado de la prueba practicada ha resultado acreditado que Logirail conforme un Grupo laboral con las sociedades de la entidad RENFE operadora que participan en su accionariado.

Hemos de recordar al efecto la doctrina del Tribunal Supremo expresada en sentencia de 22-3-2022, rcud. 1389/2020 en la que el Alto Tribunal repasa las notas definitorias del grupo laboral de empresas, realizando las siguientes consideraciones:

"Desde la perspectiva laboral, el dato del que hay que partir es que el hecho de que varias empresas tengan vínculos entre sí no determina, directamente, ningún efecto; antes bien al contrario, en el caso de que varias empresas pertenezcan a un mismo grupo, hay que entender que cada una de ellas es independiente y, por tanto, cada una responde de las obligaciones con sus propios trabajadores pues no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales, porque los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son ( SSTS de 21 de diciembre de 2000, Rcud. 1870/1999 ; de 26 de septiembre de 2001 y de 23 de enero de 2002 , Rcud. 1759/2001 Rcud. 558/2001 , entre otras). Tales elementos adicionales han sido, tradicionalmente, enumerados por nuestra jurisprudencia de la forma siguiente, que no puede entenderse como acumulativa: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores.

Tales elementos han sido precisados por la Sala de la forma siguiente:

a).- Funcionamiento unitario con confusión de plantillas.- En los supuestos de prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos, generalmente, ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores; situaciones integrables en el artículo 1.2 ET que califica como empresarios a las personas físicas y jurídicas y también a las comunidades de bienes" que reciban la prestación de servicios de los trabajadores.

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso; y ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que no pueda reconstruirse formalmente la separación.

c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en la doctrina se ha calificado como "promiscuidad en la gestión económica" y que, al decir de la jurisprudencia, alude a la situación de permeabilidad operativa y contable, lo que no es identificable con las novedosas situaciones de "cash pooling" entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la creación de empresa aparente -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de pantalla para aquélla.

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.

Tras lo que finalmente concluimos que "En definitiva, el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad (así, SSTS de 20 de octubre de 2015, Rec. 172/14 ; de 30 de mayo de 2017, Rec. 283/2016 ; de 31 de octubre de 2017, Rec. 115/2017 ; de 8 de noviembre de 2017, Rec. 40 /2017 y de 10 de noviembre de 2017, Rcud. 3049/2015 ; entre otras)".

En el caso que nos ocupa es más que evidente que el hecho de publicitarse la empresa como integrante del grupo Renfe y presentar cuentas consolidadas con el resto de las sociedades del grupo en modo alguno es motivo para considerar que Logirail conforme un grupo laboral con el resto de las sociedades del grupo, máxime cuando la primera circunstancia que se acredita es real y la segunda no es sino el obligado cumplimiento de lo dispuesto en el art., 42.2 E.T. Y frente a ello, hemos de destacar en amplio esfuerzo probatorio desplegado por el Abogado del Estado del que se deduce con claridad que Logirail actúa como auténtica empresa diferenciada de aquellas que integran el Grupo Laboral Renfe.

Pero, es más, aun en el caso de que Logirail conformarse un Grupo Laboral con el resto de sociedades del Grupo Renfe, no podría aplicarse sin más el referido Convenio puesto que LOGIRAIL cuenta con una representación legal de los trabajadores propia que negocia su propio Convenio colectivo, sin que tales personas trabajadoras adscritas a Logirail se encuentren representadas por los representantes de los trabajadores del III Convenio del Grupo Renfe. Y elementales razones de aplicación del principio de correspondencia según el cual una representación no puede negociar cuestión alguna que exceda de su ámbito representativo ( Ss.TS de 22-2-2019- rec 226/2017-, 7-3-2.017- rec. 58/2016, 10-6-2.015- rec 175/2014- y 7-3-2.012- rec. 37/2011-), nos llevaría en todo caso a Logirail de su ámbito de aplicación.

Q UINTO.-Seguidamente se alegan por el sindicato actor una serie de argumentos además del ya analizado en el anterior fundamento que, a juicio de la Sala, coinciden con aquel en la ausencia de la más mínima consistencia jurídica y a los que daremos cumplida respuesta en aras a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, aun cuando entendemos que lo arriba razonado ya es de entidad suficiente como para desestimar la demanda en su totalidad, pues un Convenio que ha sido negociado por quién carece de representación en un ámbito determinado no puede ser aplicado en el mismo salvo en caso de adhesión expresada por los representantes económicos y sociales del mismo con legitimación al efecto y siempre que no se encuentren afectadas por otro Convenio colectivo ( art. 92.1 E.T), presupuestos que aquí no concurren.

Dicho lo anterior procederemos a exponer las razones por las que consideramos que lo aducido por SFI carece de relevancia alguna para aplicar a Logirail el III Convenio colectivo de RENFE:

1 .- Se invoca la Directiva 2001/23 y el principio de igualdad y no discriminación con relación al resto de trabajadores del Grupo Renfe a los que se aplica el III Convenio de dicho Grupo.

C on relación a la Directiva que tiene por objeto aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, regula las referidas situaciones, pero de los hechos probados de la presente resolución en modo alguno se infiere que en LOGIRAIL exista unidad económica alguna que preserve su identidad a la que en algún momento se le hubiese aplicado el III Convenio de Renfe.

No se alcanza a comprender pues la invocación de la referida Directiva que si fue aplicada en un conflicto relacionado con LOGIRAIL en una previa resolución de esta Sala (SAN 245/2021 de 19-11-2.021- proc. 152/2021-) en el que se examinaba la subrogación de personal ajeno a RENFE a la Sociedad Mercantil Estatal demandada, cuestión completamente extraña a la que ahora se debate.

Por otro lado, y con relación al principio de igualdad de trato y no discriminación, debemos descartar su aplicación por cuanto que la adscripción a sociedades diferentes de los trabajadores de una y otras empresas, las cuales negocian sus propios Convenios colectivos priva a los colectivos de la necesaria homogeneidad para apreciar trato discriminatorio, amén de que como referimos en el segundo de los fundamentos jurídicos la prueba tendente a acreditar tal situación- el testimonio de dos afiliados al sindicato actor- no ha resultado útil en orden a conformar la convicción de la Sala al respecto.

2.- Seguidamente y sin mencionar artículo alguno que resulte de aplicación se invoca la Directiva 2019/1152 sobre condiciones de trabajo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, respecto de la que se efectúan una serie alegaciones de carácter genérico y sin concreta aplicación al caso que nos ocupa.

3.- Igualmente se hace referencia al principio de unidad de empresa, que en modo alguno resulta aplicable a este caso pues se trata de un principio articulado para determinar la aplicación de un Convenio sectorial a una empresa que siendo susceptible de ser encuadrada en varios sectores de la actividad carece de Convenio propio, lo que no sucede en este caso, y que hace que consideramos poco acertada tal invocación.

P or todo ello no cabe sino el dictado de una sentencia desestimatoria de la demanda.

SEXTO.-Se ha sometido a la consideración de las partes la posible imposición de una sanción por temeridad al sindicato demandante, dada la inconsistencia de su argumentación tanto procesal como material para oponerse a la demanda. Al efecto conviene traer a colación cuanto se razona al respecto en la STS de 29-1-2.025- rec 274/2022- que avala una sanción impuesta por esta Sala razonando al efecto lo siguiente:

"Los artículos 75.4 y 97.3 LRJS habilitan al órgano judicial que conoce en instancia, como es el caso, a imponer una multa cuando aprecie la existencia de temeridad o mala fe.

El art. 97.3 LRJS dispone que "La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del art. 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros".

Por su parte, el art. 75.4 LRJS señala que "Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio...De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas".

Esta Sala, en la STS 1005/2024, de 10 de julio (rec. 1005/2024 ), recuerda que "El citado artículo 97.3 LRJS concede a los tribunales de instancia la facultad de imponer la multa a la que el precepto alude a aquel litigante que hubiera obrado de mala fe o con notoria temeridad. Ciertamente, el precepto procesal concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia ( SSTS 4 de octubre de 2001 -rec. 4477/2000 - y 27 de junio de 2005 -rec. 168/04 ).

La STS 432/2024, de 6 de marzo (rec. 304/2021 )también reitera doctrina, según la cual "el Tribunal de instancia tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LPL , valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984 ),que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquel precepto fue inadecuada" ( STS de 7 de diciembre de 1999 (Rec. 1946/1999 )".

Si bien esta Sala considera que el sindicato actor era perfecto conocedor de las pocas posibilidades de que su demanda fuera acogida por esta Sala, y que además lo aducido en pos de su principal argumento para postular la aplicación del III Convenio colectivo de Renfe cuál es su pertenencia al mismo grupo laboral disentía manifiestamente de la doctrina jurisprudencial aplicable, que la prueba desplegada para acreditarlo fue escasa y que el resto de argumentos son genéricos y fácilmente desarticulables, lo cierto es que no se nos escapa el carácter excepcionalísimo que la Sala IV del TS viene otorgando a este tipo de sanciones- al efecto cabe citar la reciente STS de 25-3-2.025 (rec 191/2023) que rechaza la imposición de la misma a un sindicato que impugna un precepto de un convenio colectivo existiendo una sentencia firme previa que ratifica la perfecta legalidad del mismo-, y que ninguno de los litigantes ha hecho suya la sugerencia efectuado, razones estas últimas que nos llevarán a no imponer multa alguna.

SÉPTIMO. -Contra esta resolución cabe interponer con arreglo al art. 205 de la LRJS recurso de casación ordinario.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación