Sentencia Social 109/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 155/2026 de 18 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 l) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes.

TERCERO.-Como primer motivo de impugnación se refiere que el art. 13.2 del RD 416/2015 no justifica que la Autoridad Laboral deniegue el depósito de los estatutos de una asociación patronal porque incurran en ilegalidad alguna, sino que debe seguirse el trámite del art. 7 del referido RD, esto es, requerimiento y posterior inscripción tanto haya subsanación o no con posibilidad de promoverse por la autoridad laboral demanda de impugnación de los estatutos sindicales.

Consideramos que es necesario interpretar conjuntamente los arts. 7 y 13 del referido RD 416/2015 de 29 de mayo.

El art. 7 rubricado como "Modificaciones estatutarias" dispone lo siguiente:

"1. Serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.

2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

3. La modificación estatutaria que comporte la modificación del ámbito territorial de la organización dará lugar al traslado del expediente al depósito competente y a la baja de la misma una vez comunicada su inclusión en el nuevo depósito.

4. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente. En el caso de que el requerimiento no sea contestado, se dictará resolución rechazando el depósito y acordando la remisión del expediente al registro o depósito correspondiente.".

Por su parte el art. 13 rubricado como tramitación de procedimiento señala que:

"1. Recibida la solicitud de depósito de alguno de los actos previstos en los artículos 2 y 3, la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , o en la Ley 19/1977, de 1 de abril, según se trate respectivamente de una organización sindical o empresarial, así como en este real decreto.

Cuando se refiera a actos previstos en los apartados a y b del artículo 2 le asignará un código de depósito conforme a lo establecido en el anexo I.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos que se establecen en las citadas leyes y en el presente real decreto, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de depósito asignado, en los siguientes plazos a contar desde el día que se presente la solicitud o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.

b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.

Las notificaciones emitidas a través de la aplicación que desarrolle el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se realizarán mediante comparecencia electrónica en la sede, tal como regula el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución."

Debemos referir que además el art. 1 apartado "cuatro" de la Ley 19/1977 de asociación sindical refiere que:

"Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos.".

De la normativa expuesta se colige que el control de la Administración Laboral a la hora de inscribir una modificación estatutaria, no ha de implicar un minucioso control de la legalidad de los estatutos presentados o de la alteración presentada, sino únicamente de la concurrencia de aquellos aspectos que la Ley 19/1977 consideró como elementos esenciales del texto estatutario, que la denominación no induzca a error, y de que se ha aportado aquella documentación que el RD considera esencial, y solo en estos casos, si no se atiende el requerimiento se podrá denegar la inscripción.

Como se refiere por el actor el art. 7 ni aún el caso de que, a juicio de la Administración, la asociación patronal pierda sus fines laborales, se encuentra facultada para denegar el registro.

Y la razón de tal interpretación es clara pues tanto la fundación de los sindicatos ( art. 28 CE), como la de asociaciones patronales ( art. 22 CE) no son sino el legítimo ejercicio de derechos constitucionales que no puede condicionarse a un régimen de autorización gubernativa previa.

Consideramos, pues, que la referencia al régimen legal aplicable que se contenga en sus estatutos amén de ser una mención carente de contenido, pues el mismo será el que se deduzca de la legislación y no el que refieran los estatutos, siempre y cuando no altere el contenido esencial a que hace referencia el apartado cuatro del art. 1 de la Ley 19/1977 de los estatutos no es una cuestión sujeta al control administrativo previo a la inscripción de los mismos, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal al que el art. 124 de la CE o cualquier otra persona que acredite un interés pueda instar la impugnación por ilegalidad del texto estatutario con arreglo a los arts.173 y ss de la LRJS.

Por ello concluimos que la Administración al denegar el depósito estatutario se excedió en sus funciones de control, lo cual nos llevará a estimar la demanda resultando ocioso por innecesario al análisis del resto de los motivos de impugnación, si bien también resaltamos que la aplicación como supletoria de la Ley Orgánica 1/2022 a sindicatos y asociaciones patronales en lo previsto en su legislación específica es una mención que resulta acorde con la doctrina de esta Sala (SS AN 31-5-2.010- proc 84/2010-, 28-6-2.021- proc. 491/2020-, 2-12-2.021- proc. 269/2021- y de 17-2-2022- proc. 316/2021-).

CUARTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala y para la Sala IV del TS ( art. 205 de la LRJS)

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 l) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes.

TERCERO.-Como primer motivo de impugnación se refiere que el art. 13.2 del RD 416/2015 no justifica que la Autoridad Laboral deniegue el depósito de los estatutos de una asociación patronal porque incurran en ilegalidad alguna, sino que debe seguirse el trámite del art. 7 del referido RD, esto es, requerimiento y posterior inscripción tanto haya subsanación o no con posibilidad de promoverse por la autoridad laboral demanda de impugnación de los estatutos sindicales.

Consideramos que es necesario interpretar conjuntamente los arts. 7 y 13 del referido RD 416/2015 de 29 de mayo.

El art. 7 rubricado como "Modificaciones estatutarias" dispone lo siguiente:

"1. Serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.

2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

3. La modificación estatutaria que comporte la modificación del ámbito territorial de la organización dará lugar al traslado del expediente al depósito competente y a la baja de la misma una vez comunicada su inclusión en el nuevo depósito.

4. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente. En el caso de que el requerimiento no sea contestado, se dictará resolución rechazando el depósito y acordando la remisión del expediente al registro o depósito correspondiente.".

Por su parte el art. 13 rubricado como tramitación de procedimiento señala que:

"1. Recibida la solicitud de depósito de alguno de los actos previstos en los artículos 2 y 3, la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , o en la Ley 19/1977, de 1 de abril, según se trate respectivamente de una organización sindical o empresarial, así como en este real decreto.

Cuando se refiera a actos previstos en los apartados a y b del artículo 2 le asignará un código de depósito conforme a lo establecido en el anexo I.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos que se establecen en las citadas leyes y en el presente real decreto, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de depósito asignado, en los siguientes plazos a contar desde el día que se presente la solicitud o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.

b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.

Las notificaciones emitidas a través de la aplicación que desarrolle el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se realizarán mediante comparecencia electrónica en la sede, tal como regula el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución."

Debemos referir que además el art. 1 apartado "cuatro" de la Ley 19/1977 de asociación sindical refiere que:

"Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos.".

De la normativa expuesta se colige que el control de la Administración Laboral a la hora de inscribir una modificación estatutaria, no ha de implicar un minucioso control de la legalidad de los estatutos presentados o de la alteración presentada, sino únicamente de la concurrencia de aquellos aspectos que la Ley 19/1977 consideró como elementos esenciales del texto estatutario, que la denominación no induzca a error, y de que se ha aportado aquella documentación que el RD considera esencial, y solo en estos casos, si no se atiende el requerimiento se podrá denegar la inscripción.

Como se refiere por el actor el art. 7 ni aún el caso de que, a juicio de la Administración, la asociación patronal pierda sus fines laborales, se encuentra facultada para denegar el registro.

Y la razón de tal interpretación es clara pues tanto la fundación de los sindicatos ( art. 28 CE), como la de asociaciones patronales ( art. 22 CE) no son sino el legítimo ejercicio de derechos constitucionales que no puede condicionarse a un régimen de autorización gubernativa previa.

Consideramos, pues, que la referencia al régimen legal aplicable que se contenga en sus estatutos amén de ser una mención carente de contenido, pues el mismo será el que se deduzca de la legislación y no el que refieran los estatutos, siempre y cuando no altere el contenido esencial a que hace referencia el apartado cuatro del art. 1 de la Ley 19/1977 de los estatutos no es una cuestión sujeta al control administrativo previo a la inscripción de los mismos, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal al que el art. 124 de la CE o cualquier otra persona que acredite un interés pueda instar la impugnación por ilegalidad del texto estatutario con arreglo a los arts.173 y ss de la LRJS.

Por ello concluimos que la Administración al denegar el depósito estatutario se excedió en sus funciones de control, lo cual nos llevará a estimar la demanda resultando ocioso por innecesario al análisis del resto de los motivos de impugnación, si bien también resaltamos que la aplicación como supletoria de la Ley Orgánica 1/2022 a sindicatos y asociaciones patronales en lo previsto en su legislación específica es una mención que resulta acorde con la doctrina de esta Sala (SS AN 31-5-2.010- proc 84/2010-, 28-6-2.021- proc. 491/2020-, 2-12-2.021- proc. 269/2021- y de 17-2-2022- proc. 316/2021-).

CUARTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala y para la Sala IV del TS ( art. 205 de la LRJS)

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 l) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes.

TERCERO.-Como primer motivo de impugnación se refiere que el art. 13.2 del RD 416/2015 no justifica que la Autoridad Laboral deniegue el depósito de los estatutos de una asociación patronal porque incurran en ilegalidad alguna, sino que debe seguirse el trámite del art. 7 del referido RD, esto es, requerimiento y posterior inscripción tanto haya subsanación o no con posibilidad de promoverse por la autoridad laboral demanda de impugnación de los estatutos sindicales.

Consideramos que es necesario interpretar conjuntamente los arts. 7 y 13 del referido RD 416/2015 de 29 de mayo.

El art. 7 rubricado como "Modificaciones estatutarias" dispone lo siguiente:

"1. Serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.

2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

3. La modificación estatutaria que comporte la modificación del ámbito territorial de la organización dará lugar al traslado del expediente al depósito competente y a la baja de la misma una vez comunicada su inclusión en el nuevo depósito.

4. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente. En el caso de que el requerimiento no sea contestado, se dictará resolución rechazando el depósito y acordando la remisión del expediente al registro o depósito correspondiente.".

Por su parte el art. 13 rubricado como tramitación de procedimiento señala que:

"1. Recibida la solicitud de depósito de alguno de los actos previstos en los artículos 2 y 3, la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , o en la Ley 19/1977, de 1 de abril, según se trate respectivamente de una organización sindical o empresarial, así como en este real decreto.

Cuando se refiera a actos previstos en los apartados a y b del artículo 2 le asignará un código de depósito conforme a lo establecido en el anexo I.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos que se establecen en las citadas leyes y en el presente real decreto, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de depósito asignado, en los siguientes plazos a contar desde el día que se presente la solicitud o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.

b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.

Las notificaciones emitidas a través de la aplicación que desarrolle el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se realizarán mediante comparecencia electrónica en la sede, tal como regula el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución."

Debemos referir que además el art. 1 apartado "cuatro" de la Ley 19/1977 de asociación sindical refiere que:

"Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos.".

De la normativa expuesta se colige que el control de la Administración Laboral a la hora de inscribir una modificación estatutaria, no ha de implicar un minucioso control de la legalidad de los estatutos presentados o de la alteración presentada, sino únicamente de la concurrencia de aquellos aspectos que la Ley 19/1977 consideró como elementos esenciales del texto estatutario, que la denominación no induzca a error, y de que se ha aportado aquella documentación que el RD considera esencial, y solo en estos casos, si no se atiende el requerimiento se podrá denegar la inscripción.

Como se refiere por el actor el art. 7 ni aún el caso de que, a juicio de la Administración, la asociación patronal pierda sus fines laborales, se encuentra facultada para denegar el registro.

Y la razón de tal interpretación es clara pues tanto la fundación de los sindicatos ( art. 28 CE), como la de asociaciones patronales ( art. 22 CE) no son sino el legítimo ejercicio de derechos constitucionales que no puede condicionarse a un régimen de autorización gubernativa previa.

Consideramos, pues, que la referencia al régimen legal aplicable que se contenga en sus estatutos amén de ser una mención carente de contenido, pues el mismo será el que se deduzca de la legislación y no el que refieran los estatutos, siempre y cuando no altere el contenido esencial a que hace referencia el apartado cuatro del art. 1 de la Ley 19/1977 de los estatutos no es una cuestión sujeta al control administrativo previo a la inscripción de los mismos, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal al que el art. 124 de la CE o cualquier otra persona que acredite un interés pueda instar la impugnación por ilegalidad del texto estatutario con arreglo a los arts.173 y ss de la LRJS.

Por ello concluimos que la Administración al denegar el depósito estatutario se excedió en sus funciones de control, lo cual nos llevará a estimar la demanda resultando ocioso por innecesario al análisis del resto de los motivos de impugnación, si bien también resaltamos que la aplicación como supletoria de la Ley Orgánica 1/2022 a sindicatos y asociaciones patronales en lo previsto en su legislación específica es una mención que resulta acorde con la doctrina de esta Sala (SS AN 31-5-2.010- proc 84/2010-, 28-6-2.021- proc. 491/2020-, 2-12-2.021- proc. 269/2021- y de 17-2-2022- proc. 316/2021-).

CUARTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala y para la Sala IV del TS ( art. 205 de la LRJS)

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 l) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes.

TERCERO.-Como primer motivo de impugnación se refiere que el art. 13.2 del RD 416/2015 no justifica que la Autoridad Laboral deniegue el depósito de los estatutos de una asociación patronal porque incurran en ilegalidad alguna, sino que debe seguirse el trámite del art. 7 del referido RD, esto es, requerimiento y posterior inscripción tanto haya subsanación o no con posibilidad de promoverse por la autoridad laboral demanda de impugnación de los estatutos sindicales.

Consideramos que es necesario interpretar conjuntamente los arts. 7 y 13 del referido RD 416/2015 de 29 de mayo.

El art. 7 rubricado como "Modificaciones estatutarias" dispone lo siguiente:

"1. Serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.

2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

3. La modificación estatutaria que comporte la modificación del ámbito territorial de la organización dará lugar al traslado del expediente al depósito competente y a la baja de la misma una vez comunicada su inclusión en el nuevo depósito.

4. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente. En el caso de que el requerimiento no sea contestado, se dictará resolución rechazando el depósito y acordando la remisión del expediente al registro o depósito correspondiente.".

Por su parte el art. 13 rubricado como tramitación de procedimiento señala que:

"1. Recibida la solicitud de depósito de alguno de los actos previstos en los artículos 2 y 3, la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , o en la Ley 19/1977, de 1 de abril, según se trate respectivamente de una organización sindical o empresarial, así como en este real decreto.

Cuando se refiera a actos previstos en los apartados a y b del artículo 2 le asignará un código de depósito conforme a lo establecido en el anexo I.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos que se establecen en las citadas leyes y en el presente real decreto, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de depósito asignado, en los siguientes plazos a contar desde el día que se presente la solicitud o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.

b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.

Las notificaciones emitidas a través de la aplicación que desarrolle el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se realizarán mediante comparecencia electrónica en la sede, tal como regula el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución."

Debemos referir que además el art. 1 apartado "cuatro" de la Ley 19/1977 de asociación sindical refiere que:

"Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su funcionamiento de acuerdo con principios democráticos.".

De la normativa expuesta se colige que el control de la Administración Laboral a la hora de inscribir una modificación estatutaria, no ha de implicar un minucioso control de la legalidad de los estatutos presentados o de la alteración presentada, sino únicamente de la concurrencia de aquellos aspectos que la Ley 19/1977 consideró como elementos esenciales del texto estatutario, que la denominación no induzca a error, y de que se ha aportado aquella documentación que el RD considera esencial, y solo en estos casos, si no se atiende el requerimiento se podrá denegar la inscripción.

Como se refiere por el actor el art. 7 ni aún el caso de que, a juicio de la Administración, la asociación patronal pierda sus fines laborales, se encuentra facultada para denegar el registro.

Y la razón de tal interpretación es clara pues tanto la fundación de los sindicatos ( art. 28 CE), como la de asociaciones patronales ( art. 22 CE) no son sino el legítimo ejercicio de derechos constitucionales que no puede condicionarse a un régimen de autorización gubernativa previa.

Consideramos, pues, que la referencia al régimen legal aplicable que se contenga en sus estatutos amén de ser una mención carente de contenido, pues el mismo será el que se deduzca de la legislación y no el que refieran los estatutos, siempre y cuando no altere el contenido esencial a que hace referencia el apartado cuatro del art. 1 de la Ley 19/1977 de los estatutos no es una cuestión sujeta al control administrativo previo a la inscripción de los mismos, sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal al que el art. 124 de la CE o cualquier otra persona que acredite un interés pueda instar la impugnación por ilegalidad del texto estatutario con arreglo a los arts.173 y ss de la LRJS.

Por ello concluimos que la Administración al denegar el depósito estatutario se excedió en sus funciones de control, lo cual nos llevará a estimar la demanda resultando ocioso por innecesario al análisis del resto de los motivos de impugnación, si bien también resaltamos que la aplicación como supletoria de la Ley Orgánica 1/2022 a sindicatos y asociaciones patronales en lo previsto en su legislación específica es una mención que resulta acorde con la doctrina de esta Sala (SS AN 31-5-2.010- proc 84/2010-, 28-6-2.021- proc. 491/2020-, 2-12-2.021- proc. 269/2021- y de 17-2-2022- proc. 316/2021-).

CUARTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala y para la Sala IV del TS ( art. 205 de la LRJS)

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación